Derechos Fundamentales y Justicia en la Constitución

Este principio establece que todos los actos de los poderes públicos deben estar basados en la ley y que cualquier actuación contraria a la legalidad será impugnable.

Este artículo reconoce y protege el derecho a la libertad de expresión y el derecho a recibir información, fundamentales en una democracia.

Protege el derecho fundamental a la libertad y seguridad de las personas, esencial para una sociedad libre.

Este artículo establece el principio de legalidad y la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico.

Establece la dignidad humana como base del ordenamiento jurídico y reconoce los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Los derechos reconocidos en la Constitución se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La dignidad de la persona es inviolable, y se basa en el respeto de los derechos fundamentales.

Este artículo es fundamental porque establece que todos los derechos y libertades en la Constitución deben interpretarse de acuerdo con los principios de la dignidad humana, haciendo referencia a normas internacionales.

Se refiere a la distribución equitativa de bienes y recursos entre los miembros de una sociedad.

Se centra en la equidad en las transacciones entre individuos, asegurando que cada uno reciba un valor equivalente al que entrega.

Busca una ética en el sistema político, priorizando las necesidades y los intereses de la sociedad, especialmente los más vulnerables.

Es un conjunto de normas que buscan establecer un orden social, pero no necesariamente garantizan la justicia.

Se basa en la idea de que existen principios morales universales e inmutables, por encima de las normas legales.

Son los derechos básicos que cualquier individuo posee por el simple hecho de ser humano.

Se refiere a la capacidad de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones ante la ley.

Son las organizaciones o entidades que, a pesar de no ser personas físicas, poseen derechos y deberes legales.

El Defensor del Pueblo es una figura independiente que protege los derechos y libertades de los ciudadanos frente a las administraciones públicas.

Su función es investigar y defender los derechos de los ciudadanos ante posibles abusos de las administraciones públicas.

El Defensor del Pueblo no depende ni del gobierno ni del parlamento, lo que le permite actuar con total independencia.

En situaciones de crisis o emergencia, ciertos derechos y libertades pueden ser suspendidos de forma temporal para proteger la seguridad nacional.

La suspensión de derechos debe ser aprobada por las autoridades competentes y sujeta a control judicial.

En situaciones de emergencia se permite limitar temporalmente algunos derechos, siempre bajo control judicial, para proteger al país de amenazas graves.

La Constitución Española fija una serie de derechos fundamentales que garantizan la libertad individual y el respeto a la dignidad humana.

El Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional son mecanismos claves para garantizar el respeto a los derechos humanos.

La norma fundamental del ordenamiento jurídico español, que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones.

La parte de la Constitución que define los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

La parte de la Constitución que regula la organización y funcionamiento del Estado y sus instituciones.

El proceso por el cual se pueden modificar los artículos de la Constitución.

Procedimiento de aprobación de la reforma constitucional que requiere un voto favorable de dos tercios de ambas cámaras del Parlamento y la posterior ratificación mediante referéndum.

Procedimiento de aprobación de la reforma constitucional que requiere un voto favorable de dos tercios de ambas cámaras del Parlamento y la posterior ratificación mediante referéndum.

Procedimiento de aprobación de la reforma constitucional que requiere un voto favorable de dos tercios de ambas cámaras del Parlamento y la posterior ratificación mediante referéndum.

Procedimiento de aprobación de la reforma constitucional que requiere un voto favorable de dos tercios de ambas cámaras del Parlamento y la posterior ratificación mediante referéndum.

El proceso de interpretar las leyes y normas para aplicarlas a casos concretos. Incluye métodos como la consulta a fuentes del derecho, la resolución de conflictos normativos, la interpretación extensiva y analógica, entre otros.

Las normas se basan en normas de mayor jerarquía, desde la Constitución hasta leyes de menor rango. Cada norma se legitima por la que está por encima.

La norma fundamental es la base de todo el ordenamiento jurídico, y se basa en el poder constituyente: el grupo revolucionario o el poder actual.

El control social se lleva a cabo a través de principios generales y reglas que regulan la conducta de las personas, sus acciones y las circunstancias.

Existen situaciones que las leyes no cubren, generando dudas sobre cómo aplicarlas. Las diferentes posturas filosóficas sobre cómo solucionar estas lagunas se resumen en: - Realismo ingenuo: La vida es creativa y presenta casos imprevisibles. - Empirismo científico: "Lo que no está prohibido está permitido." - Solución ecléctica: El Derecho va más allá de la ley positiva. - Kelsen: No existen lagunas; el juez determina el deber.

La interpretación legal puede ser subjetiva y depender del contexto y de decisiones judiciales. Los vacíos legales se llenan con precedentes judiciales y consultas vinculantes.

El Poder Judicial español es una rama del poder estatal, junto al Legislativo y el Ejecutivo, responsable de administrar justicia.

El Derecho como un sistema de normas necesita interpretación para aplicarse a situaciones específicas, sin perder la coherencia con las normas generales.

La justicia formal se basa en principios como "suum cuique" (a cada uno lo suyo), proporcionalidad (aritmética y geométrica), y trato igual para iguales y desigual para desiguales.

La política se refiere a las acciones o estrategias que se toman para alcanzar un objetivo específico, como una política educativa o una política económica.

El derecho como manifestación de la política del poder público busca resolver conflictos sociales a través de normas y leyes, estableciendo obligaciones y deberes para todos.

La moral, la política y el derecho son tres dimensiones del comportamiento humano que se entrelazan y se complementan para lograr una sociedad justa y armoniosa.

Existen distintas teorías sobre cómo se forman las ideas del derecho natural. Algunas teorizan que se basan en las inclinaciones naturales del ser humano, otras en la naturaleza misma del mundo, otras en el conocimiento innato de lo que es correcto o incorrecto, y otras en la esencia misma del ser humano.

El derecho natural se fundamenta en la idea de que el hombre es el fin último del derecho, y que las leyes deben servir a los seres humanos y no al revés. Es por esto que el derecho positivo puede contener injusticias y necesita ser corregido por los principios del derecho natural.