8. Derechos de Socios y Modificaciones Estatutarias

El artículo 346 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) otorga un derecho legal de separación a los socios que no voten a favor de ciertas modificaciones estatutarias. Estas incluyen la sustitución o modificación del objeto social, la creación, modificación o extinción de las prestaciones accesorias, y la modificación del régimen de transmisión de las participaciones.

Los socios que voten en contra de la transformación de una sociedad por cambio de tipo, definida en el artículo 24 del Real Decreto Ley 5/2023, tienen derecho a separarse. Esto también aplica a los accionistas sin derecho a voto.

La separación es automática en caso de transformación de tipo (art. 24 RDL 5/2023) si la sociedad asume responsabilidad personal.

Los socios disidentes tienen derecho a separarse en caso de modificaciones estructurales transfronterizas, según el artículo 86 del Real Decreto Ley 5/2023, si la sociedad se sujeta a una ley extranjera.

Los socios que no voten a favor de la supresión o modificación de la causa de separación por falta de distribución de dividendos (art. 348 bis LSC) tienen derecho a separarse.

El consentimiento de todos los socios es requerido para modificar los estatutos de una sociedad, incluyendo la modificación de la causa de separación por falta de distribución de dividendos.

Se necesita el consentimiento unánime de todos los socios para prohibir la transmisión inter vivos de acciones (art. 108.3 LSC).

En caso de afectación a los derechos de los socios, se debe coordinar el derecho de separación con los remedios disponibles.

La acción de impugnación permite cuestionar la validez de los acuerdos sociales tomados por una sociedad.

La acción de impugnación se basa en la ley, las normas internas de la sociedad y el principio de buena fe.

Los acuerdos impugnables son aquellos que se pueden cuestionar judicialmente, mientras que los acuerdos nulos de pleno derecho son inválidos desde el principio.

Un acuerdo social que contraviene la ley es un motivo válido para impugnarlo. Es decir, si el acuerdo viola las leyes, se puede impugnar.

La ley Sociedad de Capital establece que los acuerdos que se toman sin seguir los procedimientos establecidos son impugnables. Es decir, si se salta el protocolo, se puede impugnar el acuerdo.

Si se toma un acuerdo social perjudicando a los accionistas o a la sociedad, este acuerdo puede ser impugnado. Es decir, si el acuerdo es desfavorable, se puede impugnar.

Si se toma un acuerdo social sin que los accionistas tengan toda la información necesaria, el acuerdo puede ser impugnado. Es decir, si se oculta información, se puede impugnar el acuerdo.

Los acuerdos sociales que se toman sin respetar los derechos de los minoritarios pueden ser impugnados. Es decir, las pequeñas participaciones no pueden ser ignoradas.

La adquisición de acciones propias por parte de la misma sociedad.

La compra de acciones propias puede tener un impacto negativo en el patrimonio de la sociedad, ya que la sociedad estaría invirtiendo en sí misma.

Cuando la sociedad compra acciones propias, se puede alterar el equilibrio del poder de voto entre los accionistas, lo que puede generar conflictos.

La compra de acciones propias puede afectar el precio de las acciones en el mercado, lo que puede crear confusión y desventajas para los demás accionistas.

La adquisición de acciones propias permite a la sociedad ejecutar operaciones corporativas como fusiones, compras de activos o liquidaciones.

La compra de acciones propias puede generar estabilidad en la sociedad, repartiendo las acciones y protegiéndola de intentos de control externos.

Las acciones propias se consideran una inversión a largo plazo que puede regularizar las fluctuaciones en el precio de las acciones.

Las sociedades anónimas y limitadas no pueden comprar sus propias acciones.

La asistencia financiera prohibida ocurre cuando una sociedad proporciona ayuda financiera a un tercero para adquirir acciones o participaciones de la sociedad o su sociedad dominante. Esta prohibición busca evitar que los accionistas usen los recursos de la empresa para beneficiarse de la compra de sus propias acciones.

Las siguientes situaciones no son consideradas asistencia financiera prohibida:

a) Asistencia al personal de la empresa.

b) Operaciones ordinarias de bancos con cargo a bienes libres (pero reserva indisponible).

Si se descubre una asistencia financiera prohibida, la operación es nula (art. 6 CC) y la sociedad puede enfrentarse a otras sanciones según el régimen general sancionador (art. 153 LSC).

En las sociedades limitadas (S.L.), la adquisición de acciones propias o de su dominante fuera de los casos permitidos por la ley es nula de pleno derecho. Por ejemplo, si una S.L. adquiere sus propias acciones sin que se cumplan las condiciones del artículo 140 de la LSC.

Las sociedades anónimas (S.A.) pueden adquirir autocartera en varios casos, como la reducción de capital o la subrogación en el remate. Sin embargo, hay límites: la autocartera no podrá ser superior al 20% del capital social (10% en cotizadas). Si se supera ese límite, la autocartera se considera ilegal.

Una sociedad puede otorgar garantías como prenda o hipoteca sobre sus activos para obtener un préstamo. Sin embargo, no puede usar estos activos propios para garantizar la adquisición de sus propias acciones.

Un aumento de capital mixto, donde se utiliza reservas y aportaciones dinerarias de los socios, no es una asistencia financiera prohibida.

Si una S.A. adquiere autocartera en un caso no permitido (por encima del límite del 20% o sin causa legal válida), la autocartera se considera ilegal y debe ser amortizada o enajenada en un plazo de tres años.

Ofrecer declaraciones y garantías en una compraventa de acciones o pagar los gastos del comprador no se considera asistencia financiera prohibida.

En una S.L., la adquisición de acciones propias o de su dominante solo es válida si se ajusta a los casos expresamente permitidos por la ley (por ejemplo, reducción de capital, adjudicación judicial, subrogación en el remate).

Las sociedades anónimas pueden adquirir autocartera para reducir su capital social o en caso de obtener patrimonio a título universal. Además, se permite la adquisición judicial sin consentimiento de la junta.

Las sociedades no pueden utilizar sus propios recursos para comprar acciones de sus propias filiales o sus propias participaciones recíprocas. Esto puede ser considerado asistencia financiera prohibida.

Las S.L. pueden adquirir autocartera por adjudicación judicial, gratuita (acciones liberadas) o cuando la junta lo autorice con cargo a reservas libres en caso de cláusulas restrictivas de transmisión o muerte de socios.

La adquisición de acciones propias (autocartera) puede ser un instrumento para reducir el capital social de una sociedad.

Las normas que regulan las operaciones con las propias acciones o participaciones de una sociedad, incluyendo las sanciones por incumplimiento.

La Ley de Sociedades de Capital (LSC) define una multa como sanción por incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones relacionadas con las operaciones sobre acciones/participaciones.

La gravedad del incumplimiento y los daños causados ​​determinan la cantidad de la multa por incumplimiento de las normas de acciones/participaciones.

Los administradores de una sociedad son responsables de cumplir las normas de las operaciones con acciones/participaciones.

El plazo para iniciar acciones legales por incumplimiento de las normas de acciones/participaciones es de 3 años.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) son responsables del cumplimiento del régimen sancionador en los casos de S.A y S.L. respectivamente.

Las normas sobre operaciones de acciones/participaciones se aplican incluso si la sociedad involucrada no es española, pero opera sobre acciones o participaciones de una sociedad dominante española.

Las operaciones con acciones de una sociedad dominante española deben seguir las normas establecidas en la Ley de Sociedades de Capital, independientemente de la nacionalidad de la sociedad que realiza la operación.