Derecho Constitucional y Derechos Humanos

Un proceso en el que se revisa si una ley o norma cumple con la Constitución. Se puede iniciar por individuos, organizaciones o el propio Tribunal Constitucional.

Un proceso en el que el Tribunal Constitucional decide si una ley nacional es compatible con el derecho de la Unión Europea. Es importante para garantizar la correcta aplicación del derecho comunitario en España.

Un juicio en el que se discute si una ley o norma vulnera los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Es un mecanismo para proteger los derechos individuales de los ciudadanos.

Un procedimiento en el que el Tribunal Constitucional resuelve un conflicto entre diferentes órganos del Estado (p.ej., entre el Gobierno y una Comunidad Autónoma) sobre quién tiene la competencia para tomar una decisión.

El poder del Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica. Esto significa que la norma deja de tener validez.

Se refiere a las orientaciones que emite el Tribunal Constitucional para que el Gobierno resuelva un problema sistemático que afecta al Estado. Son como recomendaciones para encontrar soluciones a problemas generales.

Es el derecho a que la imagen de una persona no se publique ni se difunda sin su consentimiento. Está protegido por el artículo 18 de la Constitución.

El derecho a expresar libremente tus opiniones, ideas y pensamientos. Está protegido por el artículo 20 de la Constitución.

El principio de control ultra vires se refiere a la limitación de la actuación de los órganos públicos a las competencias que les han sido conferidas por la ley. En otras palabras, un órgano público actúa ultra vires cuando toma decisiones que están fuera de su ámbito de actuación.

La garantía de la identidad constitucional se refiere a la necesidad de que las acciones de la Unión Europea respeten los principios fundamentales de la Constitución alemana. Esto significa que la integración europea no puede socavar los valores y principios básicos del ordenamiento jurídico alemán.

Los derechos fundamentales de la ley federal alemana son los derechos individuales que están protegidos por la Constitución alemana y que deben ser respetados por la Unión Europea. Esto incluye derechos como la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de movimiento y el derecho a un juicio justo.

El estado social regula y garantiza el bienestar de sus ciudadanos. Esto se traduce en políticas públicas que promueven la igualdad y libertad, y facilitan la participación ciudadana en la vida económica y social del país.

La Ley Fundamental alemana es la primera constitución europea en consagrar el concepto de estado social. En el artículo 9, párrafo 2, se define el compromiso del estado con la promoción de la igualdad y libertad, y la participación ciudadana en la vida política, económica y social.

El derecho a la propiedad privada no es absoluto, debe servir al interés general y social.

La riqueza nacional debe estar al servicio del bien común, priorizando las necesidades de la sociedad.

La Constitución española busca promover el progreso social y económico, asegurando una distribución justa de la riqueza.

La Constitución española reconoce y protege a la familia y los niños, dotándolos de seguridad social, económica y jurídica.

El pluralismo político permite la existencia de diferentes ideas y corrientes políticas, lo que enriquece la vida política y garantiza que las minorías no sean ignoradas.

Los valores superiores de la Constitución Española son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos valores deben ser la guía para la interpretación de la Constitución.

La soberanía reside en el pueblo español, que es el origen del poder del Estado.

El Estado Social de Derecho se define por la existencia de reglas claras que delimitan el poder del Estado y protegen los derechos individuales.

La Constitución Española (CE) establece que las Cortes Generales no pueden aprobar leyes que limiten la potestad reglamentaria del Gobierno, garantizando que éste pueda ejercer sus funciones de manera efectiva.

Es necesario que el Gobierno apruebe las propuestas de ley y enmienda que impliquen un aumento de los gastos, pues las Cortes solo pueden decidir sobre el monto total del presupuesto y no sobre la distribución específica.

El concepto de "eficacia habilitante" se refiere a la capacidad del Gobierno para utilizar el presupuesto aprobado por las Cortes Generales para ejecutar políticas y proyectos concretos.

La regla "pacta sunt servanda" significa que las promesas y acuerdos deben cumplirse. En el contexto del art. 134.6 CE, esta regla implica que las Cortes no pueden aprobar iniciativas que impidan al Gobierno utilizar el presupuesto según lo aprobado.

Los reglamentos del Congreso y del Senado son leyes que regulan su propio funcionamiento interno.

Los Reglamentos de la Unión Europea son leyes con aplicación directa en los Estados miembros.

El Gobierno tiene la facultad de dictar normas con rango inferior a la ley, llamadas reglamentos, para complementar y desarrollar las leyes.

La ley orgánica no puede ser incluida en un decreto ley. Esto significa que la ley orgánica debe seguir su procedimiento de aprobación específico, sin atajos.

Un decreto legislativo ultra vires es un decreto que excede los límites de la delegación otorgada por la ley de bases. Es decir, el gobierno se excede en el ejercicio de sus poderes legislativos.

Si un decreto legislativo es ultra vires, es nulo. Esto significa que no tiene efectos legales y no se puede aplicar.

Los decretos legislativos están sujetos a un control más estricto que las leyes ordinarias. Esto se debe a que se trata de una delegación de poderes.

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del gobierno, debe ser consultado en la elaboración de proyectos de decretos legislativos.

El Tribunal Constitucional puede revisar la delegación legislativa para garantizar que se cumplen los requisitos constitucionales.

El Tribunal Constitucional puede rechazar la revisión de un decreto legislativo si considera que la cuestión es controlable por los tribunales ordinarios.

Los tribunales administrativos son competentes para revisar los decretos legislativos que excedan los límites de la delegación.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece el control del poder judicial sobre los decretos legislativos.

La Ley Orgánica del Consejo de Estado establece que este órgano debe ser consultado en la elaboración de proyectos de decretos legislativos.

La Ley de Bases establece los límites de la delegación legislativa, y el decreto legislativo no puede exceder estos límites.

Un texto legal que regula un tema específico. Puede ser una ley ordinaria, una ley orgánica o una ley autonómica.

Una comunidad autónoma no puede crear una ley que contradiga o reduzca los derechos fundamentales.

Se refiere a la fuerza de la ley orgánica sobre las leyes de las comunidades autónomas (CC.AA). Las CC.AA. deben seguir lo establecido en la ley orgánica.

Cuando dos leyes de distinto rango pueden tener injerencia en un mismo tema. Por ejemplo, ley orgánica y ley autonómica.

El Estado español tiene la obligación de asegurar la igualdad entre todos los españoles. Si una ley autonómica limita los derechos de participación política, el Estado está obligado a intervenir.

Una ley propuesta por una comunidad autónoma puede ser declarada inconstitucional si se demuestra que:

1. Limita el derecho de participación política.
2. Crea desigualdad entre españoles.
3. Viola el principio de igualdad.

Se origina en el Gobierno, con la aprobación del Consejo de Ministros. Se presenta primero en el Congreso de los Diputados.

Su elaboración se inicia en el Senado, la Comunidad Autónoma, o el Congreso de los Diputados.

Es un tipo de ley con un procedimiento más rápido de aprobación y se utiliza en casos de urgencia. Es aprobado por el Consejo de Ministros.

Se requiere un análisis exhaustivo de los impactos que la ley tendría en diferentes ámbitos. Se realiza un estudio de la viabilidad y las consecuencias de la ley.