Responsabilidad Patrimonial

En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la resolución debe pronunciarse sobre la existencia de una relación causal entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.

La resolución en procedimientos de responsabilidad patrimonial debe incluir la valoración del daño causado, la cuantía de la indemnización y el modo de pago.

Si transcurren seis meses desde el inicio del procedimiento sin que se dicte una resolución expresa o se formalice un acuerdo, se puede entender que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial en la Administración General del Estado se resuelven por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros.

En el ámbito autonómico y local, la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial corresponde a los órganos de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local.

Las Entidades de Derecho Público pueden establecer los órganos responsables de resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

El artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece los criterios para calcular y abonar la indemnización en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

El plazo para que los particulares presuntamente afectados presenten alegaciones, documentos o información para el reconocimiento de sus derechos es de diez días.

El procedimiento de responsabilidad patrimonial se seguirá incluso si los afectados no se presentan en el plazo establecido.

Para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial, el derecho a reclamar debe estar vigente, no puede haber prescrito.

El plazo de prescripción para reclamar responsabilidad patrimonial es de un año a partir del hecho o acto que causa el daño.

En caso de daños físicos o psicológicos, el plazo de prescripción comienza a contar desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

El plazo de prescripción para reclamar por anulación de un acto o disposición general es de un año a partir de la notificación de la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

En casos de responsabilidad por normas declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, el plazo de prescripción es un año desde la publicación en el BOE o el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia que lo declara.

En la solicitud para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial, se deben detallar los daños, la relación causal, la evaluación económica y el momento del daño, junto con alegaciones, documentos e información.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, es obligatorio solicitar un informe al servicio responsable de la presunta lesión. Este informe debe emitirse en un plazo máximo de diez días.

Cuando la indemnización reclamada sea igual o superior a 50.000 euros o la cantidad establecida en la legislación autonómica, se requiere un dictamen del Consejo de Estado o el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

El órgano instructor debe enviar una propuesta de resolución al Consejo de Estado o al órgano consultivo dentro de los 10 días siguientes a la finalización del trámite de audiencia.

El dictamen del Consejo de Estado o el órgano consultivo debe emitirse en un plazo de dos meses y debe determinar la relación de causalidad entre el servicio público y la lesión, así como la cuantía de la indemnización.

En casos de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, se necesita un informe del Consejo General del Poder Judicial.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial que involucran contratos públicos, es necesario dar audiencia al contratista.

El contratista puede exponer sus argumentos y proponer medios de prueba durante el procedimiento de responsabilidad patrimonial.

La anulación de un acto administrativo no implica automáticamente el derecho a una indemnización. El daño debe ser real, cuantificable y específico a una persona o grupo.

Las Administraciones Públicas deben indemnizar a los particulares por los daños causados por la aplicación de leyes no expropiatorias, cuando dichas leyes lo establezcan.

El Estado legislador puede ser responsable por daños causados por leyes declaradas inconstitucionales, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Para que haya indemnización por una ley declarada inconstitucional, debe haber una sentencia firme desestimatoria en un recurso contra la actuación administrativa, donde se alegara la inconstitucionalidad.

El Estado puede ser responsable por daños causados por leyes que infringen el Derecho de la Unión Europea, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Para obtener la indemnización por una ley que infringe el Derecho de la Unión Europea, se necesita una sentencia firme desestimatoria que haya alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea.

Para que haya indemnización por una ley que infringe el Derecho de la Unión Europea, la norma debe otorgar derechos a los particulares, el incumplimiento debe ser claro y debe haber una relación directa entre el incumplimiento y el daño.

Este procedimiento se activa cuando el órgano competente considera que existe una relación clara entre el funcionamiento del servicio público y el daño causado, y ya se ha determinado la valoración del daño y la cantidad de la indemnización.

Este principio establece que las Administraciones Públicas deben indemnizar a los particulares por cualquier daño a sus bienes o derechos causado por el funcionamiento del servicio público, salvo en casos de fuerza mayor o cuando el particular está obligado a soportar el daño por ley.

Se refiere a la situación donde la ley establece que un particular debe tolerar o soportar un daño específico.

Esta ley define las bases legales para el funcionamiento de las Administraciones Públicas, incluyendo la responsabilidad y la sanción, así como la organización de la Administración General del Estado y su sector público.

Aquellos procedimientos administrativos que se basan en la ley vigente al momento de su inicio.

Se aplica cuando la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su contradicción con el Derecho de la Unión Europea causa un daño a un particular.

Se consideran finalizados los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial una vez emitida la resolución administrativa, independiente del tipo de relación (pública o privada) que originó el daño.

Se refiere a la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido por un particular.

En casos de responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, la competente para iniciar, instruir y resolver el procedimiento será la que se determine en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. Si no existen, la competencia la tendrá la Administración con mayor participación en la financiación del servicio.

Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad patrimonial, la Administración competente debe consultar a las demás Administraciones implicadas para que puedan exponer sus puntos de vista en un plazo de quince días.

Solo se pueden indemnizar situaciones en las que el particular haya sufrido daños que, de acuerdo con la ley, no tiene el deber de soportar.

Los daños causados por hechos o circunstancias que no se podían prever o evitar con los conocimientos existentes en el momento del incidente, no se pueden indemnizar, independientemente de las prestaciones asistenciales o económicas establecidas por la ley.

En los casos de responsabilidad patrimonial relacionados con la inconstitucionalidad de una norma o con una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, los daños producidos en los cinco años anteriores a la sentencia que declara la inconstitucionalidad o invalidez son indemnizables.

La indemnización se calcula usando los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y otras normas relevantes.

En casos de muerte o lesiones corporales, se pueden usar los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social como referencia para la valoración.

La cantidad de la indemnización se determina en base a una cuidadosa valoración del daño causado tomando en cuenta los criterios establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y otras normas relevantes.