Constitucionalismo y sus Antecedentes

La democracia griega (s.V-IV) y la república romana (s.VI-I a.c) mostraron un interés inicial en controlar la sociedad, sentando las bases para la idea moderna de control, derechos y libertades.

En la Edad Media, se intentó equilibrar el poder mediante pactos estamentales (feudales y rex-regnum) para limitar el poder absoluto y establecer deberes para ambas partes. Sin embargo, esta división social condujo a un poder inestable.

El surgimiento del Estado moderno en el siglo XV marcó un punto de inflexión, pues antes, la noción de estado no existía como concepto.

El liberalismo e iusnaturalismo racionalista (siglo XVIII), con sus ideas sobre la libertad individual, el control de poderes, y los derechos humanos, proporcionaron una base ideológica para el Estado constitucional.

Revoluciones como la inglesa (siglo XVII), la americana (siglo XVIII) y la francesa (siglo XVIII) impulsaron el Estado constitucional al defender la soberanía popular, la separación de poderes y los derechos fundamentales.

Dos elementos clave para la formación de una Constitución completa y funcional:

La historia del constitucionalismo es un proceso de acumulación, expansión, no linealidad y focalización en experiencias específicas, como la estadounidense y la europea.

Es la comunidad política en sí misma, la soberanía. No está limitada por el derecho, es su origen.

Un conjunto de personas elegidas para crear una constitución. Es el proceso para elaborar y redactar la constitución.

Es el proceso de elaboración y redacción de una constitución.

Es el texto que define la organización política de una sociedad, incluyendo derechos y deberes de los ciudadanos.

Son los poderes creados por la Constitución, como el Parlamento y Gobierno.

Es la ley fundamental de un estado que limita el poder del gobierno y reconoce derechos individuales.

Las constituciones que se basan en la realidad y tienen un alto grado de cumplimiento.

Las constituciones que tienen poca realidad práctica, se centran en la educación y aspiración a un futuro.

Las constituciones que se usan para encubrir sistemas autoritarios o injustos.

La Constitución Española (CE) es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, estableciendo las bases para el funcionamiento del Estado, la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, la organización de los poderes públicos y la delimitación de sus competencias.

La CE impone a todos los poderes públicos el deber de respetar los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en el Capítulo segundo del Título I.

La CE tiene la capacidad de eliminar las normas previas que sean incompatibles con su propio contenido, asegurando la coherencia del ordenamiento jurídico.

La CE se autorregula, estableciendo la obligatoriedad de cumplir con sus preceptos y la consecuencia de su infracción: un acto antijurídico.

La CE establece que los ciudadanos y los poderes públicos deben someterse a sus reglas y al resto del ordenamiento jurídico.

La Constitución Española de 1978 superó los problemas que enfrentaron las Constituciones anteriores.

La falta de consenso en el marco constitucional era un problema común en las Constituciones anteriores a 1978.

La falta de un poder civil fuerte y la influencia del ejército en los cambios de régimen eran obstáculos para la estabilidad constitucional.

La falta de separación entre la Iglesia Católica y el Estado era un problema que las Constituciones anteriores no habían resuelto.

Las Constituciones anteriores a 1978 no tomaban en cuenta las diferencias territoriales, lo que generó tensiones.

Las Constituciones anteriores a 1978 tenían más un carácter político que jurídico, lo que las debilitaba.

La Constitución Española de 1978 es un texto jurídico supremo que vincula a todos los ciudadanos y poderes públicos.

La CE 1978 se basa en el consenso, lo que explica la rigidez constitucional.

Las Constituciones de monarquía parlamentaria, como las españolas, tienen ciertas similitudes, como la regulación de la Corona.

La Constitución Española de 1978 se inspiró en la Constitución republicana de 1931.

Los procedimientos que garantizan que las declaraciones constitucionales de derechos sean efectivas y reales. Esto significa que los derechos no solo se declaran, sino que se pueden hacer valer en la práctica.

Las garantías constitucionales pueden ser jurisdiccionales, a través de los tribunales, y no jurisdiccionales, como el Defensor del Pueblo.

Tanto los poderes públicos como los ciudadanos están sujetos a la Constitución y el ordenamiento jurídico. Esto asegura que todos actúen dentro de la ley y respeten el marco legal.

La Constitución de España reconoce y protege los derechos individuales como la vida, la libertad y la igualdad. Sin embargo, los derechos sociales, como la vivienda y la seguridad social, tienen un nivel de protección menos fuerte y están más dependientes de las leyes.

El pueblo español es soberano, lo que significa que tiene el poder de decidir sobre su gobierno. Esta soberanía se refleja en la Constitución y en la configuración de los poderes del Estado.

La Jefatura del Estado en España está separada de los tres poderes del Estado. El Rey tiene un papel de integración política y moderación, simbolizando la unidad y la continuidad del Estado.

La Corona es una institución independiente del gobierno. El Rey no tiene poderes políticos reales, pero simbolizando la unidad y la continuidad del Estado.

Las funciones del Rey están definidas por la Constitución. Estas funciones incluyen la representación del Estado, la sanción de las leyes y el nombrar a los ministros.

Estas funciones no se pueden negar al Rey, están establecidas por la Constitución.

La monarquía se regula en el Título II de la Constitución Española. Esto significa que este título describe específicamente cómo funciona la Corona y cuáles son sus funciones.