Constitución Española de 1978: Principios Fundamentales

Un texto que reúne todas las reglas fundamentales de un país, escritas en un solo documento.

Un texto que es largo y detallado, con muchas reglas.

Un sistema político donde el poder se divide entre diferentes grupos, como partidos políticos.

Una ley muy importante que cambia los puntos principales de un sistema político.

Votar para decidir si una ley nueva es aceptada o no.

La Constitución Española, como la mayoría de las constituciones europeas y americanas, tiene un preámbulo, una parte dogmática, una parte orgánica, una sección sobre las garantías de su mantenimiento, una parte sobre los procedimientos para su reforma y una sección dedicada a la estructura socioeconómica del Estado.

La Constitución Española se compone de 169 artículos, divididos en un Título Preliminar y otros títulos adicionales.

La Constitución Española tiene un preámbulo que sirve como introducción y establece los principios y valores que sustentan el ordenamiento jurídico.

La Constitución Española incluye una parte dogmática que define los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

La Constitución Española incluye una parte orgánica que establece la estructura y organización del Estado, como poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

La Constitución Española, promulgada en 1978, es la norma jurídica suprema del país. Establece los principios fundamentales del ordenamiento jurídico, los derechos y libertades de los ciudadanos, la organización del Estado y sus poderes.

Este principio establece que toda actuación de la Administración Pública debe estar basada en la ley. Es decir, que ningún órgano o funcionario del Estado puede actuar sin tener un marco legal que lo permita.

La Constitución Española reconoce una serie de derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de conciencia, la inviolabilidad del domicilio, etc.

El derecho a la autodeterminación, reconocido en la Constitución Española, permite que las comunidades autónomas puedan ejercer sus propios poderes en áreas como la educación, la cultura o los servicios sociales.

El derecho a la libertad de expresión, reconocido en la Constitución Española, garantiza el derecho de las personas a comunicar libremente sus ideas, opiniones y pensamientos.

Este derecho, reconocido en la Constitución Española, permite a las personas reunirse pacíficamente para expresar sus opiniones o para cualquier otro fin lícito.

El derecho a la libertad de asociación, reconocido en la Constitución Española, permite formar asociaciones sin fines de lucro o partidos políticos para defender intereses comunes.

El derecho a la educación, reconocido en la Constitución Española, garantiza el acceso a la educación para todos los ciudadanos. Este derecho engloba tanto la educación obligatoria como la educación superior.

El derecho al trabajo, reconocido en la Constitución Española, garantiza el derecho a buscar trabajo, a elegir libremente la profesión y a recibir protección contra el desempleo.

La independencia del poder judicial, establecida en la Constitución Española, garantiza que los jueces y magistrados actúen con total libertad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

El preámbulo es la introducción de la Constitución Española, que presenta los valores y principios fundamentales que inspiran el ordenamiento jurídico.

El Título I de la Constitución Española trata de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, incluyendo derechos civiles, políticos, económicos y sociales.

El Título II de la Constitución Española regula la figura del Rey, la Corona y sus funciones, así como la sucesión al trono y la regencia.

El Título VII de la Constitución Española trata de la economía y las finanzas del Estado, incluyendo la organización del sistema financiero y la gestión del presupuesto.

El Título VIII de la Constitución Española regula la organización territorial del Estado, estableciendo el principio de autonomía y la existencia de las Comunidades Autónomas.

El Título Tercero de la Constitución Española se centra en la estructura y funcionamiento de las Cortes Generales, el órgano legislativo del país. Trata temas como la organización del Congreso de los Diputados y el Senado, el proceso de creación de leyes y la participación de España en tratados internacionales.

El Título Cuarto de la Constitución Española habla sobre el Gobierno y la Administración. Define cómo se compone el Gobierno, sus funciones, su nombramiento, su responsabilidad y cómo se relaciona con las Cortes Generales.

El Título Quinto de la Constitución Española explica cómo se relacionan el Gobierno y las Cortes Generales. Describe la responsabilidad política del Gobierno, los mecanismos de control parlamentario (mociones, interpelaciones, preguntas) y los estados de excepción.

El Título Séptimo de la Constitución Española se enfoca en la Economía y Hacienda. Define el Derecho Constitucional Socioeconómico, osea, cómo la Constitución regula aspectos básicos de la economía y las finanzas del país.

El Título Octavo de la Constitución Española define la organización territorial del Estado. Divide el país en diferentes niveles de gobierno (municipios, provincias, comunidades autónomas) y define sus competencias. Se enfatiza la relación entre el Estado y las comunidades autónomas.

Toda persona tiene derecho a la protección judicial de sus derechos.

Nadie puede ser castigado por actos u omisiones que no estaban definidos como delitos en el momento en que ocurrieron.

Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de defender España.

Los ciudadanos tienen derecho a formar y unirse a sindicatos.

Este derecho es esencial para la participación ciudadana en la vida política. Garantiza la libertad de formar partidos políticos y participar en elecciones.

El derecho a la privacidad protege a los individuos de intromisiones no autorizadas en su vida personal y familiar. Se protege la intimidad del hogar, la comunicación, la imagen y los datos personales. Se busca equilibrio entre protección de la privacidad y la seguridad del Estado.

Este derecho garantiza que nadie puede ser detenido arbitrariamente. Para detener a alguien, se necesitan pruebas y una orden judicial. Además, el detenido debe ser informado de sus derechos y de las razones de su detención.

Este derecho garantiza la igualdad jurídica para hombres y mujeres al contraer matrimonio, incluyendo aspectos como formas de matrimonio, edad y capacidad para contraerlo, derechos y deberes de los cónyuges, causas de separación y disolución y el procedimiento a seguir en casos de nulidad, separación y divorcio.

Garantiza el derecho a la propiedad privada, reconociendo su función social y la posibilidad de expropiación por causa justificada de utilidad pública o interés social, siempre con la correspondiente indemnización.

Este derecho permite la creación de fundaciones para fines de interés general. Se regula por la Ley de Fundaciones y la Ley de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

La ley protege el derecho de trabajadores y empresarios a negociar colectivamente, creando acuerdos vinculantes entre representantes de trabajadores y empresarios, asegurando la participación en la toma de decisiones laborales.

Este derecho protege los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y busca orientar la política para facilitar su retorno a España.

Incluye medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios, educación física, deporte y ocio para garantizar un buen estado de salud.

Este derecho garantiza el acceso a la cultura, la ciencia e investigación científica y técnica para todos los ciudadanos.

Promueve la utilización racional de los recursos naturales y busca proteger y mejorar la calidad de vida mediante la solidaridad colectiva.

Este derecho garantiza la seguridad e higiene en el trabajo, incluyendo la prevención de riesgos laborales según la ley.