Constitución Española: Artículos Clave

El principio rector de la protección de la familia y los hijos se encuentra en el artículo 39 de la Constitución Española, el cual establece la responsabilidad de los poderes públicos en la creación de las condiciones necesarias para la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

Según el artículo 40.2 de la Constitución Española, el estado tiene la obligación de promover y fomentar la formación y la readaptación profesionales para adaptar a la población a las necesidades del mercado laboral.

El artículo 41 de la Constitución Española establece la obligación del estado de garantizar un sistema público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, proporcionando asistencia y prestaciones sociales suficientes en situaciones de necesidad.

El artículo 43 de la Constitución Española obliga al estado a promover y proteger la salud de la población, incluyendo la organización y tutela de la salud pública, el fomento de la educación sanitaria y el deporte.

En virtud del artículo 47 de la Constitución Española, el estado tiene la obligación de promover y garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos, evitando la especulación y el abuso en el mercado inmobiliario.

El artículo 50 de la Constitución Española establece la obligación del estado de garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas y actualizadas, promoviendo así su bienestar.

El artículo 51 de la Constitución Española obliga al estado a defender los intereses de los consumidores y usuarios, garantizando su protección y defensa ante prácticas comerciales abusivas.

Todos los ingresos y gastos del Estado deben aparecer en el presupuesto sin compensaciones. No se permiten valores netos que oculten la situación financiera real.

Asegura que ningún ingreso o gasto del Estado quede fuera del control del Parlamento.

Las Cortes Generales tienen la facultad de aprobar sus propios presupuestos de forma independiente.

El Rey tiene la facultad de distribuir libremente la asignación que recibe para su Familia y Casa Real.

El Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, y Consejo General del Poder Judicial no poseen autonomía presupuestaria explícita en la Constitución.

La capacidad de un Estado para mantener su economía en equilibrio, evitando desequilibrios macroeconómicos.

Este principio guía las acciones de los países miembros de la UE y las instituciones europeas, y es clave para la coordinación de políticas económicas.

El Estado y las Comunidades Autónomas deben mantener un déficit estructural dentro del límite establecido por la UE para evitar desequilibrios económicos.

El pago de la deuda pública es prioritario en los Presupuestos Generales del Estado, asegurando el pago de intereses y capital de la deuda.

La capacidad de las administraciones públicas para financiar sus compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda establecidos.

La autorización presupuestaria está limitada por tres dimensiones: cualitativa, cuantitativa y temporal.

Cada partida debe estar claramente identificada para un fin específico, asegurando que los fondos públicos se utilicen solo para los propósitos descritos en el presupuesto aprobado.

No se pueden comprometer gastos ni generar obligaciones que superen el importe autorizado en el presupuesto.

Los créditos presupuestarios deben utilizarse dentro del ejercicio fiscal para el que fueron aprobados.

Los recursos del Estado deben satisfacer todas las obligaciones, a menos que una ley disponga lo contrario.

La transparencia garantiza que todos conozcan el destino y procedencia de los fondos públicos.

Se refiere a la capacidad de las administraciones públicas para financiar sus compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda establecidos.

La autorización presupuestaria está limitada por tres dimensiones: cualitativa, cuantitativa y temporal.

Cada partida debe estar claramente identificada para un fin específico, asegurando que los fondos públicos se utilicen solo para los propósitos descritos en el presupuesto aprobado.

El Tratado de la Unión Europea (TUE) introdujo el principio de solidez financiera, limitando los déficits excesivos. Esto marcó un cambio significativo en las políticas presupuestarias de los países miembros de la UE.

El Artículo 135 del Tratado de la Unión Europea (TUE) formalizó el principio de estabilidad presupuestaria, lo que significa que los países miembros deben tener presupuestos equilibrados y sostenibles.

La reforma del Artículo 135 del TUE dio más poder a las instituciones europeas (Comisión, Consejo y Banco Central Europeo) en materia financiera. Esto implica que los países miembros cedieron parte de su soberanía para cumplir con las normas de estabilidad presupuestaria.

El modelo de Hacienda Múltiple en España divide las competencias financieras entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, creando un sistema complejo de gestión financiera.

Las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen la capacidad de gestionar sus recursos financieros a través de leyes orgánicas, como la Ley Orgánica 8/1980 (LOFCA).

Un tratado que activa automáticamente un mecanismo corrector cuando un Estado se desvía significativamente de su objetivo de déficit a medio plazo.

El Tribunal de Justicia de la UE se asegura de que las reglas de equilibrio presupuestario se apliquen correctamente en las Constituciones de los países miembros.

Una multa del 0.1% del PIB se aplica a los países que no cumplen con las reglas de estabilidad presupuestaria.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado necesita la aprobación de todas las fases parlamentarias.

Las comisiones legislativas aprueban las Leyes de Comisión, excepto los Presupuestos Generales, que necesitan la aprobación de todo el Parlamento.

El Parlamento tiene limitaciones para cambiar el Presupuesto sin el consentimiento del Gobierno.

Las enmiendas sobre créditos para el pago de la deuda pública están prohibidas.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene prioridad y se tramita de forma urgente.

El Tribunal de Cuentas controla las cuentas públicas y el cumplimiento de las leyes financieras.

Las comunidades autónomas tienen competencias financieras y deben seguir el principio de estabilidad presupuestaria.