Artículo 3 de la Carta de la ONU

El uso de fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad o independencia política de otro Estado, o en cualquier forma incompatible con la Carta de la ONU.

Se refiere a una acción militar de un Estado contra otro Estado, con el objetivo de defender sus intereses, pero sin la intención de afectar la integridad territorial o la independencia política del otro Estado.

Prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, es decir, un Estado contra otro.

Un conjunto de normas y principios que rigen las relaciones entre los Estados.

Los Estados, organizaciones internacionales, los pueblos (bajo dominio colonial o agresión racista), la Santa Sede y sujetos beligerantes, son ejemplos de sujetos de derecho internacional.

Aquellos que poseen la capacidad de influir en el ámbito internacional, pero sin derechos reconocidos en el derecho internacional.

Las normas imperativas del Derecho Internacional que no están sujetas a excepciones y tienen un carácter vinculante universal.

Derecho derivado de la práctica de los Estados, establecido por la costumbre y aceptado por la comunidad internacional.

Un Estado utiliza la fuerza armada en contravención de la Carta de las Naciones Unidas. Es una prueba inicial (prima facie) de un acto de agresión.

La responsabilidad por un acto de agresión recae en el Estado, no en individuos.

El Consejo de Seguridad de la ONU puede determinar que un acto de agresión no está justificado, incluso si las consecuencias no son graves.

La invasión, ataque o anexión del territorio de otro Estado por fuerzas armadas constituye un acto de agresión.

El bombardeo aéreo o el uso de armas contra el territorio de otro Estado también se considera un acto de agresión.

El bloqueo de puertos o costas de un Estado por fuerzas armadas constituye un acto de agresión.

El uso de las fuerzas armadas de un Estado en territorio extranjero, sin el consentimiento del país anfitrión o después de que el acuerdo expiró, constituye agresión.

Permitir que el territorio de un Estado sea utilizado para perpetrar un acto de agresión contra otro Estado es un acto de agresión.

Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, todo tratado es nulo si se opone a una norma de ius cogens.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) se aplica en tiempos de guerra y establece las normas mínimas que regulan los conflictos armados.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) se aplica tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto, protegiendo los derechos fundamentales de las personas.

El DIH y el DIDH se complementan y trabajan juntos para proteger a las personas en todas las situaciones.

La protección de los derechos humanos, según el Derecho Internacional, no cesa en caso de conflicto armado, a menos que existan disposiciones especiales de suspensión.

El DIH y el DIDH pueden abarcar algunos campos de protección específicos.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha reconocido que la protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sigue siendo válida en caso de conflicto armado, salvo que existan disposiciones especiales de suspensión.

Se refiere a la ayuda mutua entre Estados en caso de ataque armado, donde el Estado que presta ayuda se convierte en "cobeligerante". Esta condición solo se aplica cuando hay una intervención directa en las hostilidades o un nexo directo con las operaciones bélicas contra el agresor. La simple entrega de armas o financiación no califica.

Es una respuesta legítima y proporcional a un ataque armado que cumple con tres requisitos: necesidad, proporcionalidad e inmediatez. Se aplica tanto a la legítima defensa individual como a la colectiva.

Se refiere a un ataque armado inminente que aún no se ha producido, pero que existe un alto riesgo de que ocurra. Este concepto aún está en desarrollo y no existe una definición unificada a nivel internacional.

Aquellos actos que no constituyen un ataque armado completo, pero que pueden generar responsabilidades internacionales. No dan lugar al derecho a la legítima defensa.

Son ejemplos de usos menores del uso de la fuerza que no justifican la legítima defensa. Incluyen incidentes fronterizos, suministro de armas, apoyo logístico, entrenamiento de grupos armados y ataques a embarcaciones o aeronaves.

El derecho internacional no permite tomar medidas militares preventivas. La legítima defensa solo se aplica a ataques armados ya en curso. No se puede actuar en defensa de un ataque futuro potencial.

Para ejercer el derecho a la legítima defensa, el ataque armado debe ser actual y en curso. No se permite actuar en defensa de un ataque pasado.

Este concepto se refiere a los tres requisitos que deben cumplirse para que la legítima defensa sea considerada legítima: necesidad, proporcionalidad e inmediatez.

Según el artículo 2.1 de los Convenios de Ginebra, un ataque armado contra el territorio, población civil y bienes de un Estado, sin dirigirlo directamente a las fuerzas armadas del enemigo, constituye un conflicto armado internacional.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) considera que la existencia de un conflicto armado internacional no depende de que los objetivos del ataque sean parte del gobierno del Estado atacado, sino que se refiere a la lucha entre Estados.

La derrota del gobierno de un Estado no elimina la naturaleza internacional del conflicto armado, incluso si se establece un gobierno títere por la potencia victoriosa.

Un nuevo gobierno que asume el control tras la derrota del gobierno anterior debe ser efectivo y consentir las operaciones militares extranjeras en su territorio para que se considere un cambio en la naturaleza del conflicto armado.

La efectividad de un gobierno se basa en su capacidad de ejercer las funciones propias dentro de los límites del territorio del Estado, como el mantenimiento de la ley y el orden.

El artículo 3 común a los 4 Convenios de Ginebra se refiere a la aplicación de los derechos en situaciones de conflicto armado sin un carácter internacional, que surgen dentro del territorio de un Estado contratante.

El artículo 3 de los Convenios de Ginebra no define el concepto de conflicto armado sin carácter internacional, este término se refiere a los conflictos internos dentro de un país.

El artículo 3 de los Convenios de Ginebra se aplica a los "conflictos armados sin carácter internacional" que ocurren en el territorio de una de las Altas Partes contratantes.

Los sistemas de armas autónomos (SAA) son aquellos que toman decisiones sobre objetivos y acciones de forma independiente, sin intervención humana directa.

Los SAA se diferencian de los drones armados porque estos últimos aún necesitan de un operador humano para tomar decisiones críticas como seleccionar objetivos y ejecutar acciones.

Las operaciones cibernéticas que causan efectos similares a las operaciones cinéticas tradicionales, como la destrucción de propiedad o la muerte de personas, se consideran un conflicto armado internacional.

Los ciberataques pueden perturbar el funcionamiento de infraestructuras militares o civiles sin causar daños físicos. En este caso, la clasificación como un conflicto armado aún no se ha definido claramente.

Los sistemas de aprendizaje automático (ML) son una forma de Inteligencia Artificial (IA) que aprende a partir de datos y mejora su rendimiento con el tiempo.

El ML se está utilizando en armamento militar, especialmente en sistemas robóticos no tripulados, ya que permite mayor autonomía en la toma de decisiones.

El ML en ciberguerra se utiliza para encontrar vulnerabilidades en sistemas informáticos, defenderse de ataques y lanzar contraataques.

La proliferación de información falsa creada con IA es otro campo de aplicación del ML. La suplantación de identidades virtuales de figuras importantes es una amenaza potencial.

Es el derecho de un Estado a defenderse de un ataque armado actual e inminente, ya sea por sí mismo o en cooperación con otros Estados.

Son los tres requisitos que deben cumplirse para considerar legítima la legítima defensa: necesidad, proporcionalidad e inmediatez.

El Consejo de Seguridad de la ONU puede pedir a los miembros de la ONU que tomen medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales.

El Consejo de Seguridad puede tomar medidas provisionales como la imposición de embargos o sanciones.

El Consejo de Seguridad puede adoptar medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada, como embargos, boicots o la ruptura de relaciones diplomáticas.

El Comité de Estado Mayor está formado por los jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y otros países necesarios para el desempeño de sus funciones.

Las resoluciones del capítulo VII de la Carta de la ONU son siempre obligatorias y permiten el uso de la fuerza armada para mantener la paz.

El Consejo de Seguridad puede autorizar el uso de la fuerza armada por otros Estados.

Las operaciones de mantenimiento de la paz son esfuerzos para evitar que los conflictos armados se intensifiquen.

Los cascos azules son fuerzas neutrales y no están capacitados para luchar.

En el contexto de las acciones militares, implica evaluar la gravedad de la amenaza, la probabilidad de éxito de otros medios distintos a la fuerza, y la proporcionalidad de la respuesta militar.

Se refiere a la posibilidad de que un ataque armado esté a punto de ocurrir, aunque aún no haya comenzado.

Es una excepción a la legítima defensa tradicional, que permite tomar medidas defensivas antes de que un ataque armado se materialice.

En el ámbito internacional, la legítima defensa solo se aplica a ataques llevados a cabo por estados, no a grupos no estatales o terroristas.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) establece que las armas deben enviarse o ser controladas por otro estado para que se considere un ataque armado.

La mayoría de la doctrina considera que la legítima defensa no aplica a ataques de grupos paramilitares con capacidad similar a un estado, ya que no están bajo el control de un estado.

La legítima defensa solo se puede ejercer ante un ataque armado actual y en curso; no se permite actuar en defensa de un ataque futuro potencial.

En la práctica, la aplicación de la legítima defensa es compleja y la doctrina aún no ha definido claramente qué implica un ataque inminente y su gravedad.

Las fuerzas de interposición son despliegues militares internacionales bajo el mando de la ONU, que se implementan para mantener la paz después de un conflicto armado. Su función principal es monitorear y supervisar el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Se refiere al derecho de veto que poseen los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia). Este derecho les permite bloquear cualquier resolución que no les convenga.

Es un órgano principal de la ONU que se encarga de mantener la paz y la seguridad internacionales. Tiene la autoridad para tomar decisiones vinculantes para todos los estados miembros.

Es un órgano principal de la ONU que reúne a todos los estados miembros y se encarga de discutir y aprobar resoluciones que no son vinculantes, pero tienen un valor moral y político significativo.

El jefe de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU, nombrado por el Secretario General. Es responsable de supervisar la operación y presentar informes al Secretario General sobre el desarrollo y progreso de la misión.

Esta resolución (377 (V) "Unión Pro Paz") otorgó a la Asamblea General de la ONU la capacidad de funcionar como un "Consejo de Seguridad temporal" en casos donde este último no funciona correctamente debido al ejercicio del derecho de veto. Esto permite a la ONU tomar decisiones en situaciones de emergencia cuando el Consejo de Seguridad está bloqueado.

La imparcialidad en las misiones de la ONU se basa en responder de manera igualitaria a las acciones de todas las partes en conflicto, sin importar quién sea responsable, sino la naturaleza de sus acciones.

Las misiones de la ONU no están diseñadas para luchar contra un Estado, sino para realizar tareas de policía y solo usar la fuerza en defensa propia o para cumplir su mandato.

Se refiere al uso autorizado de la fuerza para llevar a cabo la misión, donde las fuerzas de la ONU se convierten en parte del conflicto.

Son directrices que establecen cómo usar la fuerza legítimamente, gradual y proporcionalmente en las operaciones militares.

Las ROE se originan en las directrices del ejército estadounidense de 1954 y se han extendido a otros ejércitos occidentales, pero no son parte del Derecho Internacional Humanitario.

Las ROE no son derecho internacional, pero pueden tener carácter normativo si existe un acuerdo entre las partes.

Las ROE representan un camino intermedio entre el uso de la fuerza permitido por el derecho internacional y los principios que rigen los conflictos armados.

Las ROE son directrices sobre el uso de la fuerza, un componente esencial para las fuerzas armadas y otras organizaciones involucradas en operaciones militares.

El Pacto de la Sociedad de Naciones (1919), un intento temprano de regular la guerra, se basaba en dos pilares: la seguridad colectiva y el arreglo pacífico de controversias.

El Tratado de París o Tratado Briand Kellogg (1928) prohibió el uso de la fuerza, marcando un hito hacia la regulacion del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

La Carta de las Naciones Unidas (1945) estableció la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y por primera vez, incluyó un mecanismo de control, marcando un hito clave en el derecho internacional.

El Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, pero no define explícitamente qué tipo de fuerza se prohíbe.

La presión económica, política o de otra índole no armada, en principio, no está incluida en la prohibición del Artículo 2.4. Solo se prohíbe el uso de la fuerza militar.

El Artículo 2.7 de la Carta de la ONU prohíbe las acciones que obliguen a un estado a actuar contrariamente a sus principios.

El derecho a la guerra, conocido como 'ius ad bellum', era el derecho de los estados a recurrir a la guerra para defender sus intereses. Sin embargo, con el avance del derecho internacional, este derecho se ha ido restringiendo hasta ser casi completamente eliminado.

La guerra se consideraba lícita, sin embargo, la 'guerra justa' surgió como una construcción doctrinal que establecía ciertas condiciones para que la guerra fuera considerada lícita.