ALADI y MERCOSUR: Integración Latinoamericana

Es el órgano permanente de la ALADI que promueve acuerdos regionales, convoca al Consejo y la Conferencia, y representa a la Asociación ante otros países.

Es el órgano ejecutivo de la ALADI, encargado de la gestión administrativa y técnica.

Son acuerdos comerciales que abarcan a todos los países miembros de la ALADI.

Son acuerdos comerciales específicos que se establecen entre dos o más países miembros de la ALADI.

Es un enfoque de la ALADI que busca ayudar a los países miembros con menor desarrollo económico.

La ALADI es una organización intergubernamental que busca promover la integración económica entre los países de América Latina. Se fundó con el Tratado de Montevideo de 1980.

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es el órgano máximo de decisión de la ALADI. Se encarga de dirigir la organización y tomar las decisiones más importantes.

La Conferencia de Evaluación y Convergencia se encarga de analizar el avance de la integración económica y recomendar medidas para mejorarla. Se integra por plenipotenciarios y se reúne cada tres años.

ALADI tiene 13 Estados miembros, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela. También tiene 18 Estados observadores y 10 organismos observadores.

La ALADI reemplazó a la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) que se fundó en 1960. El Tratado de Montevideo de 1980 creó la ALADI.

Organización regional que promueve la integración económica entre sus miembros, buscando la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, la creación de un arancel externo común y la coordinación de políticas macroeconómicas.

Órgano máximo de decisión del MERCOSUR, compuesto por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros.

Tratado fundamental del MERCOSUR que establece los objetivos y las instituciones del bloque regional.

Comisión responsable de la aplicación de las políticas comerciales del MERCOSUR, encargada de negociar acuerdos comerciales con terceros países.

Organización compuesta por el Parlamento del MERCOSUR, la Secretaría Administrativa, el Tribunal Permanente de Revisión y el Foro Consultivo Económico-Social, creadas con el propósito de fortalecer la integración regional.

Protocolo que especifica que las normas emanadas de los órganos del MERCOSUR son obligatorias para los países miembros y deben ser incorporadas a sus ordenamientos jurídicos nacionales.

Unión política y económica formada por los países de Europa, basada en la libre circulación de bienes, personas, capitales y servicios dentro de sus fronteras.

El ALADI busca integrar a los países de América Latina a través de acuerdos de libre comercio y cooperación económica.

El AR.PAR Nº 4 establece una tasa básica de 5% en la preferencia arancelaria regional.

El AR.AM Nº 1 busca abrir mercados para Bolivia, otorgándole ventajas en el comercio regional.

Los AE.CE (Acuerdos de Complementación Económica) buscan fortalecer la integración entre países miembros a través de la reducción de barreras comerciales.

El Tratado de Asunción (1991) establece las bases para el MERCOSUR, creando un mercado común entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El Protocolo de Ouro Preto (1994) del MERCOSUR define la creación de un arancel externo común para los países miembros.

El MERCOSUR se fundamenta en el principio de reciprocidad de derechos y obligaciones entre sus miembros.

El Tratado de Asunción del MERCOSUR reconoce diferencias de ritmo en la implementación de algunos acuerdos para Paraguay y Uruguay en función de sus necesidades.

El sistema de división de espacios marítimos se expandía antes de las Conferencias de Ginebra, incluyendo solo el mar territorial y la alta mar.

El desarrollo del Derecho del Mar, con nuevas figuras jurídicas como la zona económica exclusiva, se originó en las Conferencias de Ginebra y en la CONVEMAR, marcando un cambio importante en la legislación marítima.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) fue el resultado de la tercera conferencia sobre el Derecho del Mar y se conoce como la Convención de Montego Bay.

El objetivo de codificar y desarrollar progresivamente el derecho internacional llevó a la CDI (Comisión de Derecho Internacional) a elegir el derecho del mar como tema a tratar.

La tercera conferencia sobre el Derecho del Mar fue crucial, ya que dio como resultado la adopción de la Convención de Montego Bay (CONVEMAR).

La Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrada en Ginebra en 1958, culminó con la firma de cuatro convenciones que abordaban temas como el Mar Territorial y la Zona Contigua, la Alta Mar, la Pesca de los recursos vivos de la alta mar y la Plataforma Continental.

La Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua no logró establecer una anchura uniforme para el mar territorial debido a la falta de una regla clara para la delimitación.

La Convención sobre la Alta Mar define este espacio como la parte que no pertenece al mar territorial o a las aguas interiores de un estado, dejando abierta a todos los estados la libertad de navegación, pesca, colocación de cables y tuberías submarinas, y sobrevuelo.

La Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de Alta Mar establece principios y mecanismos para la ordenación racional de las pesquerías en alta mar.

Esta convención aborda la delimitación de la Plataforma Continental y los derechos de los estados sobre los recursos naturales que se encuentran allí.

El régimen de la plataforma continental se basa en proclamaciones desde 1945, y la convención sobre la plataforma continental 'cristaliza' este proceso de formación de una norma consuetudinaria.

Las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar han sido cruciales para la evolución del Derecho Internacional del Mar.

La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1960) se centró en debatir la anchura del mar territorial y los límites de las zonas de pesca, sin llegar a un acuerdo.

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1973-1982) culminó con la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en Montego Bay (Jamaica).

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) establece un conjunto de normas para regular las actividades en los océanos, como la navegación, la pesca, la exploración de los recursos marinos y la protección del medio ambiente marino.

El interés especial del Estado ribereño frente a las pesquerías en la alta mar adyacente a su mar territorial se reconoce en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982).

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) preve un procedimiento de solución de controversias para todas las normas del tratado.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay (Jamaica) en 1982, es un acuerdo crucial que define las reglas de uso y gestión de los océanos.

Esta convención, resultado de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, fusionó disposiciones previas y añadió nuevas, como el régimen de la zona económica exclusiva.

La zona económica exclusiva es una franja de 200 millas náuticas desde la costa de un país, en la que tiene derechos exclusivos para la exploración y explotación de recursos.

El mar territorial de un país se extiende hasta 12 millas náuticas desde su costa.

La zona contigua es una franja de 24 millas náuticas (más allá del mar territorial), donde un país tiene derecho a controlar el cumplimiento de sus leyes aduaneras, migratorias y sanitarias.

Esta conferencia, celebrada entre 1973 y 1982, fue clave para la creación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La Tercera Conferencia introdujo la zona económica exclusiva y amplió el mar territorial hasta 12 millas.

El Tratado de Lima, firmado en 1929, resolvió la disputa entre Perú y Chile sobre las provincias de Tacna y Arica establecidas en el Tratado de Paz y Amistad de 1883.

El Tratado de Lima estableció que Tacna pertenecería a Perú y Arica a Chile. La frontera comenzaría en un punto de la costa llamado 'Concordia', ubicado a 10 kilómetros al norte del puente del Río Lluta.

Concordia, un punto clave en la frontera entre Perú y Chile, se encuentra a 10 kilómetros al norte del puente del Río Lluta, no a 10 kilómetros al norte del hito quinto. Aunque ambas referencias se mencionan en el Tratado, solo la distancia al puente del Río Lluta determina Concordia.

La línea fronteriza demarcada en el Tratado de Lima parte del Océano Pacífico y llega a la cordillera andina. Conecta el punto Concordia con el hito quinto de la antigua línea divisoria entre Chile y Bolivia.

La delimitación terrestre entre Perú y Chile se acordó en 1929, y la demarcación se llevó a cabo al año siguiente. Este proceso finalizó la disputa territorial.

El Acta Final de la Comisión de Límites, firmada en 1930 por Perú y Chile, enfatiza la diferencia entre el punto Concordia y los hitos. La diferencia está definida por la distancia al puente del Río Lluta.

El Tratado de Lima y su Protocolo Complementario resolvieron la controversia sobre las provincias de Tacna y Arica, estableciendo las condiciones para determinar al dueño final de las provincias y el pago de 10 millones de dólares.

El Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929 fue un acuerdo adicional que se negoció para resolver ciertos problemas de derechos de uso del agua y tierras entre Perú y Chile.

En el Tratado de Lima de 1929, Perú y Chile acordaron que ninguno de ellos podría ceder sus territorios a terceras potencias sin el consentimiento del otro.

El tratado de Lima estipula que Chile deberá otorgar a Perú un derecho de servidumbre a perpetuidad sobre los canales de Uchusuma y Mauri.

El Artículo 5 del Tratado de Lima establece que Chile deberá conceder a Perú el derecho de operar ciertos establecimientos y zonas ubicados en el territorio chileno.

El Hito Nro. 1, conocido como el Punto Concordia, marca el punto donde la frontera terrestre entre Perú y Chile llega al mar.

Existe controversia sobre si el Hito Nro. 1 es un punto válido para determinar el inicio de la frontera terrestre entre Perú y Chile.

El Hito Nro. 1 no puede ser considerado como el punto de inicio de la frontera terrestre debido a una controversia sobre su ubicación y delimitación.

La controversia sobre el Hito Nro. 1 se concentra en su ubicación y delimitación. Perú y Chile tienen diferentes interpretaciones sobre dónde comienza la frontera terrestre.

La Real Cédula del 15 de julio de 1802 fue un decreto del Rey de España que, en el contexto de la creación de la Comandancia General de Maynas, marcó el inicio del reconocimiento formal del Perú sobre las regiones de Tumbes, Jaén y Maynas. Este documento se convirtió en un pilar fundamental para defender la posición del Perú en las disputas territoriales con el Ecuador.

El principio de uti possidetis iuris es una norma fundamental en el derecho internacional, especialmente en la delimitación de fronteras. Este principio establece que un estado conserva los límites que tenía en el momento de su independencia. En el contexto del Perú y el Ecuador, este principio se aplica a la situación territorial existente al momento de la independencia de ambos países.

El Tratado de Amistad y Alianza firmado entre Perú y Ecuador en 1832, a través de su artículo XIV, reafirmó el respeto por los límites territoriales existentes hasta que se llegara a un acuerdo formal. Esto implicaba el reconocimiento del control del Perú sobre Tumbes, Jaén y Maynas, y sentó las bases para futuros acuerdos de límites.

El Tratado de Mapasingue, firmado en 1860, fue un punto de giro en la disputa limítrofe entre Perú y Ecuador. En este tratado, Ecuador reconoció la validez de la Real Cédula de 1802 y el principio del uti possidetis. Además, se acordó la formación de una comisión para demarcar los límites, si bien este proceso no se completó de manera efectiva.

El Acta de Lima firmada en 1936, aunque no definió formalmente la frontera, estableció una línea de demarcación como punto de referencia para futuros acuerdos. Si bien este acto fue un paso positivo en la resolución de la controversia, la disputa seguía sin resolverse completamente.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es un órgano judicial de las Naciones Unidas que resuelve controversias legales entre estados.

La Declaración de Santiago de 1952 no estableció límites marítimos laterales entre Perú, Ecuador y Chile, lo que generó incertidumbre en la delimitación marítima.

El Perú presentó una demanda ante la CIJ en 2008 para resolver la disputa marítima con Chile, argumentando que ambos países no habían acordado una delimitación y que el derecho internacional debía aplicarse.

El Perú argumentó que la Declaración de Santiago no había establecido límites marítimos laterales, y que una línea equidistante, que divide el mar por la mitad, debería utilizarse para delimitar la zona marítima.

El Perú solicitó a la CIJ que reconociera sus derechos soberanos exclusivos sobre un área marítima dentro de sus 200 millas marinas, incluso en zonas fuera de las 200 millas de Chile.

El Pacto de Bogotá de 1948, que establece mecanismos de solución pacífica de controversias entre Estados americanos, fue invocado por el Perú como base para la demanda ante la CIJ.

La línea equidistante es un método para delimitar espacios marítimos, dividiendo el mar en partes iguales entre dos países con base en la distancia desde sus costas.

El derecho internacional es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los Estados. Se basa en tratados, costumbres internacionales y principios legales.

El "acuerdo tácito" se refiere a una comprensión tácitamente aceptada entre Perú y Chile, aunque no haya un acuerdo formal escrito, basado en la práctica y comportamiento de ambas naciones en el pasado. Esto se evidenció en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, donde ambas naciones reconocieron la delimitación marítima.

El Tratado de Lima de 1929 delimitó la frontera terrestre entre Perú y Chile. El Punto Concordia se estableció como el punto de inicio de la frontera terrestre entre Perú y Chile.

El Hito Nro. 1, ubicado en la frontera terrestre entre Perú y Chile, se identificó como el punto de inicio de la frontera marítima. Sin embargo, Perú argumenta que este punto no coincide con el punto de inicio establecido en el Tratado de Lima de 1929.

La controversia marítima entre Perú y Chile se refiere a la disputa que ha dado lugar a un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia sobre la determinación de los límites marítimos entre ambos países. En este caso, Perú argumenta que el Hito Nro. 1 no debe ser reconocido como el punto de inicio de la frontera terrestre.

El fallo de la Corte Internacional de Justicia en el 2014 sobre el caso Perú vs. Chile determinó que la Declaración de Santiago no era un acuerdo sobre límites marítimos, y que el Convenio de 1954 no establecía un límite de 200 millas náuticas como se argumentaba. Se determinó que el límite marítimo no estaba definido de manera clara y se dejó la responsabilidad de la delimitación a las partes involucradas.

La Declaración de Santiago fue un acuerdo firmado por Perú y Chile en 1952, donde se establecieron algunos principios generales sobre la delimitación marítima

El Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 fue un acuerdo firmado por Perú y Chile para crear una zona especial fronteriza marítima. Este acuerdo fue usado como evidencia de un "acuerdo tácito" entre ambos países.

La extensión de la franja marítima que ambos países podían reclamar era uno de los puntos centrales de la controversia. Se argumentó que el Convenio de 1954 podría haber implicado un límite de 200 millas náuticas. La Corte determinó, sin embargo, que no se podía concluir esto y que las prácticas pesqueras de la época no llegaban a esa distancia, estableciendo un límite de 200 millas.

En el fallo de la Corte, se estableció que el límite marítimo no podía definirse con precisión a partir del Convenio de 1954, lo que dejaba la responsabilidad a ambas partes de delimitar la frontera de acuerdo con las normas del Derecho Internacional.