Administración Pública

Principios Generales de la Administración Pública Española

• La Administración Pública española sirve los intereses generales con objetividad, siguiendo principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Debe someterse plenamente a la ley y al Derecho.
• Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados por ley.
• El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública (basado en mérito y capacidad), las peculiaridades de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en su trabajo, están regulados por ley.

Ley 40/2015 - Régimen Jurídico del Sector Público

• Esta ley establece bases para el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, sistemas de responsabilidad, potestad sancionadora, organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y su sector público.
• Las Administraciones Públicas deben servir los intereses generales con objetividad, basándose en los principios mencionados, y respetando:
  • Servicio efectivo a los ciudadanos
  • Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos
  • Participación, objetividad y transparencia
  • Racionalización y agilidad de procedimientos y gestión
  • Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
  • Responsabilidad por la gestión pública
  • Planificación y dirección por objetivos, control de la gestión y evaluación de políticas públicas
  • Eficacia en el cumplimiento de objetivos
  • Economía, suficiencia y adecuación de medios a los fines institucionales
  • Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos
  • Cooperación y coordinación entre Administraciones Públicas.
• Las Administraciones Públicas deben relacionarse preferentemente a través de medios electrónicos para garantizar interoperabilidad, seguridad y protección de datos. Se prioriza la prestación conjunta de servicios.
• Cada Administración Pública tiene personalidad jurídica única.

Principios de Intervención de las Administraciones Públicas

• Cuando las Administraciones Públicas limitan derechos individuales o colectivos, o exigen requisitos para actividades, deben aplicar el principio de proporcionalidad, la medida menos restrictiva, la motivación para la protección del interés público y justificar su adecuación a los fines. Se deben evaluar periódicamente los resultados.
• Las Administraciones Públicas deben verificar el cumplimiento de requisitos legales, pudiendo inspeccionar y comprobar hechos, actos, etc., dentro de los límites de la legislación de protección de datos.

Abstención y Recusación

• Las autoridades y personal de la Administración Pública deben abstenerse de intervenir en procedimientos cuando se cumplen ciertas condiciones.
• Motivos de abstención incluyen:
  • Interés personal en el asunto.
  • Relaciones familiares con interesados.
  • Amistad/enemistad manifiesta con interesados
  • Haber intervenido como perito o testigo.
  • Relación de servicio o prestación de servicios profesionales en los dos años previos a interesados.
• Supremos superiores pueden ordenar abstención en casos de circunstancias sospechosas.
• La actuación con motivos de abstención no invalida necesariamente los actos.
• La falta de abstención conlleva responsabilidad.
• Recusación puede ser promovida por interesados en cualquier momento del procedimiento. Recusaciones se realizan por escrito. Recusado se pronunciará en 24hs y superior resolverá en 3 días (informes y comprobaciones según sea el caso).