Módulo 4. PDF - Estado, Sociedad y Universidad - CINO 2020

Universidad Nacional de las Artes CINO 2020 Estado, Sociedad y Universidad Cátedra Montero Unidad II: Modelos de Universidad y procesos históricos en la Argentina del s.XX y s.XXI Módulo 4 De...

Universidad Nacional de las Artes CINO 2020 Estado, Sociedad y Universidad Cátedra Montero Unidad II: Modelos de Universidad y procesos históricos en la Argentina del s.XX y s.XXI Módulo 4 De la Edad de Oro al Cordobazo: la Universidad entre la democracia y el autoritarismo Introducción Después de la polémica e inédita relación entablada entre el Estado y la Universidad durante el peronismo, y de una profunda y novedosa experiencia simbólica entre aquel y la sociedad, le siguió una etapa histórica radicalmente diferente. Sobre todo, porque fue un golpe cívico-militar el que derrocó al presidente Perón en 1955 y dispuso la proscripción del peronismo, que no sería totalmente anulada hasta 1973. Se abrió así una fase de nuestra república identificada como una democracia débil o incluso “semidemocracia”, caracterizada por su inestabilidad y alta conflictividad política y social. La legitimidad de los gobiernos que sí eran electos era poca y cuestionable, ya que las elecciones se llevaban a cabo sin el principal partido político popular, y porque los militares ejercían un constante control sobre aquellos. Esta “tutela militar” que presionaba su accionar e intervenía estableciendo presidentes de facto se volvió un elemento fundamental del escenario político, en conjunto con la noción de un “juego imposible” para los gobiernos de Frondizi (1958-1962) e Illia (1963-1966). Éstos por sí solos no tenían una base de poder suficiente, necesitaban conseguir el apoyo peronista al mismo tiempo que contentar al Ejército que ordenaba esa proscripción. Cabe destacar que el contexto internacional era el de la Guerra Fría, en el cual la disputa entre los bloques capitalista, encabezado por EE.UU., y el comunista, por la U.R.S.S., por establecer su hegemonía mundial, condicionaba la política exterior e interior de los países. En América Latina, esto llevó a que la lectura de cualquier manifestación crítica de la ciudadanía fuera la de una amenaza al orden occidental, capitalista y cristiano. Las FF.AA., en ese sentido, fueron formándose, sobre todo en la década del ’60 y ’70, para combatir esos “enemigos internos”.  En este cuarto módulo vamos a trabajar los modelos de Universidad que las cambiantes condiciones políticas entre 1955 y 1969 fueron delineando. Lo haremos necesariamente a partir del repaso histórico de la Revolución Libertadora, el gobierno de Frondizi, el de Illia y la Revolución Argentina, pues sin conocer los proyectos de país que cada uno de ellos estableció es difícil comprender qué sucedió dentro de la institución que nos atañe. Más que “modelos” terminados, lo que en realidad ocurrió fue que la Universidad se convirtió en espejo de esas coyunturas: fueron arena de contraposiciones, resistencia e imaginario de un sistema más justo. Como el título lo indica, sufrieron los vaivenes de la democracia y el autoritarismo, que constantemente intentó la intervención sobre ellas pero no logró desarmar la organización que tenían. Asimismo, dividimos esta lectura en dos partes. La primera abarca la llamada Edad de Oro más el debate Laica-Libre, pasando por el desarrollismo frondizista. La segunda, analizará la Revolución Argentina en conjunto con la “politización” de las universidades. Un hilo conductor de todo el período bien podría ser la creciente activación del estudiantado y la transformación del marco interpretativo de su acción colectiva (Gordillo, 2003). Con ello, el nuevo paradigma para comprender el papel de la universidad como centro de pensamiento crítico e impulsor del cambio social a la par de las demás luchas de la época. Parte 1: Universidad Reformista y el proyecto desarrollista – El debate Laica o Libre La “Revolución Libertadora” En septiembre de 1955 tuvo lugar la autodenominada “Revolución Libertadora”, que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón e inició un nuevo período dictatorial en la historia argentina. El golpe contó con el apoyo de todo el arco político opositor a aquel y de las principales instituciones: ambas facciones de la Unión Cívica Radical, el socialismo, el comunismo, los conservadores, grupos nacionalistas, empresariales, la Iglesia Católica y los militares (Tcach, 2002). ¿En qué sentido los partícipes del golpe querían realizar una gran transformación? Pretendían terminar con una forma de hacer política y diseñar un nuevo modelo de “república posible” basada en la participación de todos los partidos y grupos de interés menos del que había sido – y todavía era– la fuerza mayoritaria (Gordillo, 2003). El peronismo fue proscripto, perseguido e intentado borrar de la política desde el principio. Es así que por parte del peronismo, se nombró a esta “Revolución” como “Fusiladora”, debido a los asesinatos perpetrados contra varios de sus referentes y la feroz represión desatada. La presidencia fue primero ocupada por Eduardo Lonardi y luego Pedro Eugenio Aramburu. Estos dos generales presentaron los aspectos que caracterizaron los tres años de autoritarismo: el fuerte nacionalismo y clericalismo y, particularmente el segundo, el propósito de “desperonizar” la política y la sociedad argentinas. Mientras que el primero había intentando una propuesta más conciliadora y pretendía que el nuevo régimen instaurado durase lo mínimo necesario para reorganizar el país (“ni vencedores ni vencidos” exclamó al principio), Aramburu disolvió el partido peronista, inhabilitó a sus integrantes a trabajar en el Estado, a quienes habían ocupado cargos sindicales los excluyó de su representación gremial e intervino por decreto la CGT (Confederación General del Trabajo), además de prohibir el uso de todos sus símbolos (Tcach, 2002). Recordemos que ésta había entablado una estrecha y simbólica relación con el gobierno de Perón y especialmente con Evita, por eso constituyó uno de los principales blancos. El objetivo era el de “reeducar a las masas” para que esa identidad construida alrededor del peronismo se diluyera hasta desaparecer. Lo cierto es que, a pesar de la represión, no fue posible borrar de la memoria popular esa experiencia reciente de conquistas sociales, reconocimiento simbólico a los más humildes y organización obrera: apareció la resistencia peronista en diversas formas. De huelgas, reuniones clandestinas, a escribir los muros urbanos, difusión discreta de folletos, hasta incluso la colocación de bombas, se produjo un refuerzo y una reconstitución de la identidad peronista (Gordillo, 2003). El escenario ya no era el mismo en el cual había surgido y conformado anteriormente, por eso el resultado fue otro. Este período de proscripción no desarticuló al movimiento sino que lo transformó. Además, lo consolidó como fuerza política influyente, con poder de veto y chantaje. Es decir, a la hora de llamar a elecciones o de negociar a nivel sindical, contar con su apoyo otorgaba legitimidad a quien lo hiciera, no conseguirlo limitaba las opciones y perderlo enfraquecía (al estar proscripto desde ya que todo ello ocurría "en off"). Su líder desde el exilio enviaba directrices de acción y además la idea de su regreso funcionó como elemento aglutinante de esa militancia crecientemente diversa (Gordillo, 2003). Veremos cómo fueron surgiendo reinterpretaciones de la ideología peronista, tanto desde la izquierda como la derecha, y en diferentes sectores sociales y generacionales. La expresión institucional de la “Revolución Libertadora” fue desestimar la Constitución Nacional establecida por Perón en 1949 y restaurar la de 1853, pero incorporando el artículo 14 bis en el que figura el derecho a huelga. Cabe destacar que en las elecciones de los constituyentes, el peronismo participó a través del voto en blanco, resultando en un 24,3% de votos de este tipo, porcentaje similar al de las dos facciones de la UCR (Unión Cívica Radical Intransigente / del Pueblo). Esta Convención reformadora no perduró mucho más justamente por la falta de quórum. Por otra parte, tuvo lugar la implementación de medidas económicas en favor del libre mercado y la apertura externa, ingresando nuestro país al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. La conjunción de estos dos aspectos evidenció un fuerte cambio de rumbo respecto a la política anterior de independencia económica y de justicia social. No obstante se sanciona el mencionado artículo de protesta, el impacto de este modelo liberal-capitalista y conservador, se sintió en la totalidad del sistema que se fue volviendo más en favor de los exportadores agroganaderos, del empresariado sobre todo extranjero, sujeto a las exigencias de la deuda externa. La Edad de Oro de la universidad argentina (1955-1966) Ahora que conocemos un poco mejor qué ocurrió en 1955, tenemos presente el contexto en el cual inicia, según la historiografía clásica de la universidad, la conocida Edad de Oro que ésta tuvo en nuestro país. Comprendió un período de gran desarrollo del sistema universitario y científico; fue la época dorada de la enseñanza, investigación y producción de conocimiento; con reconocimiento nacional e internacional; con la expansión de la matrícula y de la creación de nuevas instituciones. A primera vista, podemos ver que el punto de partida fue el derrocamiento de un gobierno democrático, el de Perón.. El de finalización también – la deposición de Illia – tema que estudiaremos en la segunda sección del módulo. En ese sentido, el recorte temporal no sólo se sustenta en los aspectos mencionados (párrafo previo), sino también en lo que implicaron esos golpes de Estado en relación a la organización y funcionamiento de la vida universitaria. No es materia de coincidencia, al contrario, se trata de las profundas diferencias en las etapas que éstos abrieron, hacia dentro y hacia afuera de la institución. En continuación con lo detallado respecto a la Revolución Libertadora, la proscripción del peronismo establecida tuvo como una de sus consecuencias, la anulación de la Ley Universitaria de Perón. Recordemos que había sido fuertemente criticada por limitar la autonomía universitaria y suspender el autogobierno. Por lo tanto, su derogación fue muy bien recibida por el reformismo universitario y los miembros de la comunidad académica, quienes habían denunciado lo que a sus ojos había sido el “empobrecimiento” intelectual de la universidad durante el peronismo – profesores partidarios designados y contenidos afines. Tengamos en cuenta también la identificación que se había construido de este movimiento político como filo fascista, por lo que su destitución simbolizaba para estos sectores el triunfo democrático y del libre pensamiento. Que la Edad de Oro se inaugure con este proceso puede llegar a sugerir cierto sesgo en la lectura historiográfica como “desconfiado” del peronismo. Al menos, de su vínculo con la universidad. Nosotros, a 20, 30 años de los aportes de esa perspectiva, contamos con otras herramientas para revisar esa relación, sobre todo en clave del derecho a la universidad, concepción a la cual el peronismo aportó. De hecho, la expansión de la matrícula universitaria que ocurrió antes y durante este período bajo análisis tiene que ver con sus políticas. Por otra parte, entonces, tenemos la cuestión de cuándo termina esta Edad de Oro. 1966 es el año en que ocurre la “Revolución Argentina” y con ella, un gran atropello contra el mundo del pensamiento a través de la represión e intervención sobre las universidades. Lo trabajaremos más adelante en este módulo, sólo vamos a adelantar que esto despertó un nuevo proceso de subjetivación política en el movimiento estudiantil que desplazó la identificación reformista. En otras palabras, las nuevas condiciones llevaron a los estudiantes a repensar su rol como tales, sus valores, motivos por los cuales luchar, mucho más allá de la universidad en sí, entendiéndose como protagonistas de un cambio social. Esta radicalización política del estudiantado, en conjunto con el deterioro de la situación académica por las medidas autoritarias, marcaron una nueva etapa en la historia. Ciertamente, esta Edad de Oro tuvo su correlato nacional y global. Los niveles de empleo, mejor distribución de la riqueza, menor grado de desigualdad, daban los mejores indicadores en este momento acá y en el mundo. El capitalismo se hallaba en una fase exitosa en occidente, por y gracias a esta integración de todas las clases sociales en el desarrollo económico. A su vez, este período conllevó una alta conflictividad política, hecho que a simple vista parece contradictorio. De acuerdo con algunos análisis de las ciencias sociales, la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora preparó el terreno para agendas más ambiciosas o más reivindicaciones. Cuando se empezaron a percibir obstáculos en esa mejoría, se volvió propicio incluso para radicalizar esas posturas. La universidad, por lo tanto, representó tanto ese éxito del modo de producción capitalista trasladado a la ciencia – también su complementariedad – como el campo donde se gestaron importantes cuestionamientos a su capacidad de perdurar con esos estándares. Según Buchbinder (2005), los hitos de la Edad de Oro de la universidad argentina comprendieron: el crecimiento de la matrícula de 159 mil estudiantes a 333 mil en 10/15 años; la creación en 1958 del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y de EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires); el exponencial aumento de docentes con dedicación exclusiva, de 9 a 500; la conformación de más de 20 universidades nuevas en el país; los premios internacionales a científicos argentinos. El hecho de que más y más diversas personas decidieron emprender una carrera; la construcción colectiva de ese organismo experto que asegura desde el Estado la producción de conocimiento para su función social; la consolidación de un medio para registrarla y difundirla; la posibilidad de rentar profesores a tiempo completo, hecho que eleva el prestigio y hasta modifica el perfil institucional, de uno profesionalista a otro investigador científico. Ubicar el fin de esta época en un nuevo gobierno autoritario que anuló la estructura de autogobierno tripartito, al igual que identificar su inicio con la instalación de ésta, señala que se entienden a las condiciones democráticas como fundamentales para la libre producción de conocimiento. En la mirada de nuestra tradición universitaria, la política, el activismo, la asamblea, no son obstáculos a la universidad sino características que la posibilitan. Las banderas reformistas y luego la efervescencia política de los 60, expresan una marca de identidad, la democracia puertas adentro y afuera es una garantía para hacer ciencia en libertad: poder leer, criticar, discutir de manera colectiva todo tipo de fuentes y aportar a la sociedad. Vemos que el producto de un período que se valió de ello fue distintivo y exitoso. La presidencia de Arturo Frondizi – el proyecto desarrollista Volvamos al telón de fondo de nuestra historia, ciertamente no decorativo sino parte constitutiva de la performance que estamos mirando. En 1958, se llevaron a cabo elecciones presidenciales con el peronismo proscripto. Arturo Frondizi, candidato de la UCR Intransigente (del otro lado era Balbín), resultó vencedor, en gran parte gracias al pacto realizado con Perón. Éste le garantizó los votos de sus simpatizantes («La orden es: Frondizi el 23» escribía la resistencia en las paredes) y aquel prometió levantar la proscripción cuando asumiera el cargo. Según lo relata César Tcach (2002) el nuevo presidente despertó un gran entusiasmo entre diversos sectores sociales por su retórica catch all – amplia e inclusiva– que exaltaba a trabajadores y a empresarios, causaba simpatía entre los universitarios e intelectuales y no ofendía a la Iglesia Católica. En sus primeros cuatro meses de gobierno, se aprobó una ley de amnistía y derogación de las inhabilitaciones gremiales, anuló las prohibiciones de simbología peronista y aprobó un aumento salarial del 60%; se sancionó la ley 14.455 de asociaciones profesionales (basado en un viejo decreto de 1945 derogado por la Revolución Libertadora); dio paso a la negociación laboral por industria a través de sus mayorías que eran peronistas y autorizó su control de las obras sociales. Sin embargo, el camino que le abrió al peronismo obstruyó el de las FFAA: éstas realizaron más de 30 “planteos” o intervenciones de presión a lo largo de su gobierno. En el aspecto económico, Frondizi se inscribió en la línea del desarrollismo, paradigma cuyo punto de partida era el siguiente diagnóstico: la dependencia económica de Argentina de las exportaciones primarias era la causa de sus recurrentes crisis y estancamiento. Los precios de las materias primas siempre terminan cayendo debido al encarecimiento y mejor calificación de los productos secundarios, por ende cada vez costaba más insertarse favorablemente en el mercado internacional al no tener bienes competitivos para ofrecer – lo que llamaban deterioro de los términos de intercambio. Por lo tanto, había que transformar esa estructura desventajosa a través de la industria estratégica como del petróleo, la petroquímica, la siderúrgica y la tecnificación del campo, que generaban más ganancias y complejizaban la base material nacional. La cuestión estaba en la inversión inicial para desarrollarlas, para lo cual se recurrió al capital extranjero (Breslin, 2021). En ese sentido, Frondizi sancionó una normativa que no estuvo exenta de críticas y polémica. Para poder alcanzar el autoabastecimiento energético – y dejar de importarlo– se le permitió al capital extranjero la exploración y explotación de las reservas petrolíferas. La ley de su radicación, y también la de promoción industrial, disponían un tratamiento impositivo preferencial y la repatriación de capitales y ganancias. Si bien el objetivo era concebido como nacionalista –no depender de las importaciones sino generar acá los recursos– los medios adoptados fueron percibidos como una traición (Tcach, 2002). Además, por otro lado, para su segundo año de gobierno Frondizi lanzó un plan de estabilización económica y de austeridad que provocó protestas entre los sectores obreros y populares. Éste incluía la reducción del gasto público, liberación de precios y limitación de los aumentos salariales (ídem). Las huelgas y otras formas se volvieron más frecuentes e intensas, al igual que el accionar represivo sobre ellas. En los conflictos intervenían las FF. AA. en el marco del llamado Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado): se les otorgó jurisdicción para la represión de las protestas y para juzgar y encarcelar dirigentes. Aunque su función constitucional comprende la defensa del territorio y la garantía de seguridad frente a ataques extranjeros, pudo basarse formalmente en la Ley N° 13.234 de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra aprobada por la Cámara de Diputados en 1948 (sin debates previos) la cual otorgaba facultades judiciales al Poder Ejecutivo Nacional y permitía a las FFAA reprimir en asuntos internos (Tcach, 2002). La cuestión universitaria fue otro de los elementos en los cuales Frondizi tomó un camino inesperado, o mejor dicho, contradictorio con todo el apoyo que ese sector le había brindado. El proyecto de la Revolución Libertadora, por su afinidad con la Iglesia Católica, había sido el de formalizar las universidades privadas y otorgarles la potestad de emitir títulos profesionales. No obstante, no llegó nunca a reglamentar el decreto que lo disponía, por lo que el tema quedó pendiente y fue algo de lo que el nuevo gobierno radical debió hacerse cargo, y/o le convenía hacerlo para evitar conflictos con el actor poderoso que era en ese entonces la Iglesia. Así fue que propuso la legislación de todo lo referido al funcionamiento de las universidades privadas. Esto causó la indignación hasta del hermano del presidente, Risieri Frondizi, rector en ese momento de la mismísima UBA. De esa forma se disparó la pugna que da título a este módulo. De acuerdo con César Tcach (2002), este acuerdo con los defensores de la educación privada es una muestra más de una política de “atracción a los factores de poder” que el presidente procuró hacer; podríamos pensar, dentro de un complejo escenario siempre al borde de desmoronarse por un nuevo golpe de Estado. Al fin y al cabo, en 1962 Frondizi fue depuesto y en su lugar fue colocado José María Guido. Las causales más directas de esa decisión están relacionadas con el mencionado contexto internacional: desde el éxito de la Revolución en Cuba y su ruptura con Estados Unidos la llamada “lucha antisubversiva” se intensificó en todos los países latinoamericanos. Por eso, el principio de no intervención en la política interna de otros Estados defendido por Frondizi, la oposición a expulsar a Cuba de la OEA (Organización de Estados Americanos) y su entrevista con el Che Guevara fueron detonantes para su remoción del cargo; todas posturas que iban a contracorriente de lo que los demás países estaban haciendo por la influencia de la potencia occidental. Antes también se había reunido con los otros exponentes del desarrollismo brasileño, los presidentes Juscelino Kubitschek y Jânio Quadros, con la intención de mejorar esa relación bilateral y emprender políticas comunes (conversaciones en la Conferencia de Uruguayana, 1961). Quadros se había entrevistado recientemente con el Che Guevara también, lo que fue visto con malos ojos por los militares. Las Fuerzas Armadas realizaron entonces un “planteo” que esta vez tenía tres posibilidades de salida: renunciar, aplicar la ley de acefalía, deponer al presidente. Los militares para este momento se habían empezado a dividir entre antiperonistas e institucionalistas, siendo las FFAA las que adoptaron la primera postura y aceleraron el derrocamiento de Frondizi, quien recientemente le había permitido al peronismo presentarse a elecciones provinciales bajo otro nombre. El breve período a cargo de Guido (hasta ese entonces presidente del Senado) estuvo entonces marcado por una reafirmación de la tradición liberal en lo económico y el conservadurismo político (Tcach, 2022). Los miembros del gabinete representaron esa ortodoxia: contó con Álvaro Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz. Las provincias fueron intervenidas y desconocidos los resultados de las últimas elecciones. El debate “Laica o Libre” Hecho este repaso histórico, queda más claro cuál era el contexto en el cual se desenvolvió uno de los más apasionantes debates de nuestra sociedad. “Laica o Libre” es el nombre con el que quedó registrado en la historia argentina la discusión política sobre la posibilidad de habilitar la existencia de universidades privadas, que tuvo lugar en 1958. Fue significativo para el escenario de ese entonces pero también implicó un punto de inflexión en la trayectoria de la educación superior en el país, ya que hasta ese momento, las únicas universidades con potestad de emisión de títulos profesionales eran aquellas financiadas por el presupuesto público. Simbólicamente, esto representaba que era una función específica del Estado la formación y autorización de personas capacitadas para desempeñar las diversas ocupaciones que la sociedad requería. No podemos pasar por alto que una cuestión que el peronismo, la Revolución Libertadora y el desarrollismo frondizista compartieron fue la centralidad del rol del Estado para reordenar la sociedad, no obstante cada uno le atribuyó propósitos diferentes. Bueno, la visión que cada uno tenía del aspecto educativo también difería (recordemos el módulo anterior sobre la ley de Perón), aunque todos coinciden en que se necesitan ciertas políticas estatales para regularla. Como adelantamos, el conflicto se remontaba al artículo 28 del decreto 6403/1955 de la descrita Revolución Libertadora, el cual facultaba a “la iniciativa privada a crear universidades libres, que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes, siempre que se sometan a las reglamentaciones que se dictarán oportunamente”. El decreto en sí iba más allá: consagraba la autonomía universitaria y el gobierno tripartito con participación estudiantil, que eran las causas del reformismo; llevaba al terreno universitario las políticas de “desperonización” impulsadas por Aramburu, ya que eliminaba la estructura impuesta por las leyes peronistas; respondía, por último, a los intereses de quienes querían quebrar el monopolio estatal. El punto es que se permitió la creación de universidades privadas pero no se reglamentó. Varias se fueron conformando, ideando, pero sin saber todavía si iban a poder expedir los títulos de sus graduados. Cabe destacar que el ministro de Educación que lo suscribió, Atilio dell´Oro Maini, estaba vinculado a la Iglesia Católica, al igual que una gran parte de los impulsores del golpe. Estas incipientes universidades eran confesionales en su mayoría, otras no, financiadas o bien por sectores económicos poderosos y/o fieles de las comunidades. Debido a este carácter intrínsecamente ligado a la enseñanza religiosa, los que se oponían a ello se denominaron defensores de la universidad que fuera laica; quedando del otro lado los que querían una universidad libre para ofrecer sus servicios a la sociedad civil desde las más diversas perspectivas. Antecedentes de la relación Iglesia y educación Como ya trabajamos en los primeros módulos, los principios de gratuidad, obligatoriedad y precisamente de laicismo habían sido establecidos por la ley 1420 de educación pública (1884). Ésta no establecía el monopolio estatal, por lo que la Iglesia Católica había podido desenvolver sus instituciones educativas de nivel primario y secundario de forma paralela. En cuanto al nivel superior, recordemos que la ley que lo regía era la Avellaneda (1885). Sí estaba determinado que la Universidad era el instrumento del Estado para la formación y habilitación profesional, siendo éste el único que podía emitir las titulaciones y matrículas de los graduados. Hacia adentro de la institución de la Iglesia empiezan a aparecer corrientes de renovación alrededor de la puesta en práctica de la fe cristiana y la relación con el resto de la sociedad. El siglo XX trajo consigo nuevos cimbronazos – crisis económicas, guerras, revoluciones– y problemáticas referidas a la pobreza –como la llamada “cuestión social”. Además, se delineó la oposición capitalismo-comunismo y surgieron los fascismos. Esta complejidad llevó a la Iglesia a tomar postura, a proponer desde sus postulados de solidaridad, compasión y sacralidad de la vida humana, una forma de acción social y política que se ajustara a los tiempos modernos. El tema fue que se tradujo no solamente en un pronunciamiento ideológico de “tercera vía” y/o en proyectos con los desposeídos, lo hizo en el llamado a involucrarse concretamente en la política y los gobiernos para hallar la garantía de sus intereses como institución y por lo tanto, de poder. Como la Iglesia Católica estaba ligada a la tradición fundacional de los países latinoamericanos, a sus elites conservadoras, la mayoría de las veces esa participación comulgó con otras ideologías que no precisamente defendían la construcción de un mundo más justo (“la multiplicación de los panes y los peces”) sino la restauración y preservación del orden que en algún momento había existido. En ese sentido, frente a las “amenazas” percibidas en ese contexto complejo mencionado, el catolicismo y el nacionalismo fueron de la mano. En algunas ocasiones en clave popular, como el inicio del peronismo, otras autoritarias como el golpe del ‘30 o del ‘55. El aspecto educativo era fundamental dentro de esa intervención en la sociedad. Por ejemplo, luego de la autodenominada “Revolución del ‘43”, fue nombrado Ministro de Instrucción Pública Hugo Martínez Zuviría, uno de los fundadores de los reconocidos Cursos de Cultura Católica (remoto antecedente de lo que es hoy la Universidad Católica Argentina), los cuales se habían creado después de que no pudiera prosperar el primer intento de universidad confesional (Borches, La Ménsula, 2009). Aunque no llegó a estar un año en el cargo, durante su gestión se impuso la educación religiosa en todas las escuelas y se designó como Rector de la UBA a Tomás Casares, otro de los referentes de los CCC. Éstos representaban a la tendencia del catolicismo hispanista –rama reaccionaria que anhelaba el pasado colonial español– por lo que el hecho de que ocupara ese rol en una universidad reformista alentó una especie de “guerra cultural” entre sectores confesionales y laicos. Por ello, cuando Perón llega al poder, vieron en él a un posible freno a esos reclamos laicistas, junto con su afinidad ideológica existente con la Doctrina Social de la Iglesia1 y su origen militar. Además, en oposición a él se agruparon en la Unión Democrática sus mismos “enemigos”: socialistas, comunistas, liberales, no nacionalistas. Sin embargo, después durante su mandato, el peronismo se fue distanciando de la institución católica, en parte porque más allá del contenido cristiano que se enseñaba en las escuelas, era el mismo gobierno quien lo regulaba, no dejó que los religiosos lo hicieran; en parte porque luego directamente eliminó ese tipo de enseñanza y sancionó la Ley de Divorcio. Desde ese momento, la Iglesia Católica se paró como antiperonista. Por otro lado, en las Universidades, la intrusión del peronismo fue tan polémica –lo hemos estudiado en el módulo previo– que apartó por un tiempo la discusión general entre laicos y confesionales, posicionando a todo el ámbito universitario como antiperonista también. Con este inmediato pasado, comprendemos mejor cómo la Revolución Libertadora avanzó con el asunto de la política universitaria y lanzó el decreto 6403 que dijimos. El golpe lo habían apoyado sectores laicos, tanto progresistas como conservadores, a los cuales se les concedió la forma de organización reformista; lo hicieron en conjunto con los confesionales, que recibieron la autorización a crear sus institutos. Como vimos, estos sectores venían de una trayectoria de cada vez mayor involucramiento político y social; por eso, la posibilidad de expedir títulos igual de válidos que los estatales era una forma más de certificar su poder como institución. De hecho, en esa iniciativa que parecía puramente eclesiástica, había otros sectores que también tenían en mente crear sus propios institutos formativos. Según lo afirma Díaz de Guijarro (La Ménsula, 2009) en el 1 Refiere a la enseñanza social de la Iglesia y a lo que todo cristiano católico debe abocarse en su accionar, por lo cual, es un posicionamiento político frente a la realidad. Sus principios son: la Dignidad de la persona, la defensa de la vida humana, los Derechos Humanos, el Bien común, la lucha por la justicia, el Destino universal de los bienes, el trabajo, la propiedad privada, la subsidiariedad, la Participación en la vida social, la Solidaridad, la opción preferencial por los pobres. Tomado de: Escobar Delgado, R. A. (2012) LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: FUENTES Y PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. XV, núm. 30, pp. 99-117 Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Primer Consejo administrativo de la UCA participaban algunos de los más poderosos industriales del país y de familias tradicionales latifundistas. El debate Recapitulando, queda claro que la cuestión no giró alrededor de la libertad de conciencia o de culto que podía tener el país o cada institución puertas adentro, porque, como vemos, esa diversidad ya existía en las universidades públicas y en la misma nación. Sí tenía que ver con la forma en que un Estado debería organizar su sistema educativo, en el papel social de la ciencia y en las normas requeridas para el ejercicio de las profesiones. El problema que los laicos encontraban en la existencia de universidades confesionales – que enseñaran un credo específico y escogieran el contenido y el perfil profesional desde esos dogmas– era justamente que se basaran en la religión para enseñar las ciencias. El paradigma moderno sostenía que para que un conocimiento fuera científico tenía que generarse a través de un proceso sistemático, objetivo y contrastable, poder someterse a pruebas y discusión entre pares para avanzar en un mayor y mejor acercamiento a la realidad. Lo verdadero es lo que resulta del proceso científico y su esencia es que puede ser revisado y reformulado. Las creencias religiosas, en cambio, se derivan de dogmas, de postulados sobre una Verdad revelada al ser humano por una Divinidad, y dictan valores y formas de vivir que se suponen, por ende, buenas e incuestionables. La ciencia es un ámbito de preguntas, la religión lo es de respuestas. Al menos así lo discernían los laicos y por eso consideraban problemático que un espacio de generación de saberes fuera ocupado por otro de espiritualidad. El otorgamiento de títulos profesionales, por lo tanto, también debería estar regulado exclusivamente por una institución pública lo más representativa de todo el conjunto de la sociedad, que es quien va a gozar del servicio de esas personas formadas. Ahora bien, fuera del problema de la enseñanza religiosa, estaba el de los intereses empresariales económicos. Si surgieran universidades que respondieran únicamente a esos grupos privados, ¿qué tipo de profesionales buscarían delinear? ¿En beneficio de todos o de algunos? O también, la privatización de una universidad, ¿no corre el riesgo de perseguir el lucro privado en detrimento de la calidad educativa? Esas críticas también estaban en los “laicos”. El presidente Frondizi había contado con el apoyo electoral de los sectores laicos y reformistas, al mismo tiempo que había estado evaluando la posibilidad de convivencia de un sistema público con uno privado. Una vez más, no nos olvidemos de su política de atracción a los factores de poder que tuvo que poner en práctica en un escenario de democracia frágil. A pocos meses de asumir, puso en marcha el trabajo sobre una ley universitaria. El 15 de septiembre de 1958, ocurrió la manifestación de los defensores de la educación “libre”, en la cual Frondizi hizo su aparición y se reunió con dos autoridades sacerdotales. Se calcula que hubo sesenta mil personas en la Plaza del Congreso: alumnos de colegios religiosos, sacerdotes católicos, monjas, fieles convocados en misas o grupos parroquiales, familias tradicionales y/o acomodadas de la sociedad porteña. El 19 tuvo lugar la movilización en favor de la educación “laica”, con el doble de participantes: entre ellos estudiantes universitarios reformistas, alumnos de colegios estatales, familias de clase media y de barrios populares, profesionales, docentes y trabajadores. Así, a la Federación Universitaria Argentina (FUA) se la vio acompañada de varios sindicatos, incluso con los que antes de 1955 se había enfrentado, como los petroleros, carne, bancarios, portuarios, de la construcción. Las razones de su anterior oposición tenían que ver con su afinidad peronista. Ahora, se encontraban en la misma vereda, ya que el peronismo defendía, en su esencia estatista e interventora, el monopolio del Estado sobre todas los niveles de enseñanza (La Ménsula, 2009). Debemos llamar la atención sobre el hecho de que la tendencia reformista, de visión arraigada y fundacionalmente anticlerical (hemos estudiado en el módulo 2 su surgimiento), era la que controlaba prácticamente todas las grandes universidades nacionales. A 1958, compartían ese sesgo liberal, radical, modernista, antiperonista. La aparición de otra oferta educativa de ese nivel, conllevaba la posibilidad de que surgieran otras tendencias que compitan con esa hegemonía. Podemos pensar que había una cuestión de disputa de poder y prestigio en la idea de universidades nuevas por fuera de esa órbita. La trama de la contienda entre estas dos grandes consignas narra un apasionante grado de movilización, un nivel de compromiso generado en muchos sectores que normalmente no participaban de actividades políticas. El peso de esta discusión desbordó lo meramente universitario y los ámbitos en los que se debatía la política pública. Ésta, de hecho, es una característica de los ciclos de movilización en sí mismos: la atracción de multitudes más allá de las organizaciones que siempre están involucradas. El país estaba dividido alrededor de un asunto educativo; podríamos reflexionar si no lo estaba en más cosas también. “Laica o libre” fue un ícono de la época y representó perspectivas sobre la vida pública, las libertades, los actores sociales. Las frases reflejan ese clima: los liberales exclamaban “los curas a los templos, la escuela con Sarmiento” y los católicos “Laica es Laika”. Ésta última tiene un detalle clave que alude a ese contexto más general. Laika era la perra que los soviéticos habían enviado al espacio en un vuelo experimental; se quería vincular así a la intelectualidad argentina a las ideologías comunistas ateas que para los católicos eran una amenaza al orden y las costumbres occidentales (Tcach, 2002). Finalmente, el 30 de septiembre de 1958 se sanciona la Ley Nº 14.557 o “Ley Domingorena”, gracias a la cual el Estado abandona el monopolio sobre la educación y triunfa la postura “libre”. De acuerdo con el apartado de Piol en el mismo suplemento citado (La Ménsula, 2009), esto marca un punto de inflexión en cuanto al rol que tenía el Estado hasta ese momento, en la educación y en otros aspectos de la sociedad. A partir de ello, no sólo fue posible crear muchas universidades de diversa índole, sino que evidenció que la esfera de la sociedad civil y la del mercado iban ganando terreno por sobre la estatal, representando un proceso más general de expansión de la lógica capitalista y posteriormente, de su versión neoliberal: competitiva, individualista y mercantil. El siglo XX podría graficarse como una ola o campana, porque la primera mitad, un poco más, implicó una progresiva expansión del papel del Estado, y la segunda, una paulatina retracción frente a la preeminencia del mercado, sobre todo desde la década de 1970. Con relación a eso pero específicamente en lo que respecta a la universidad, Piol (2009) afirma que “si bien se pueden fijar distintas etapas en cuanto a las modificaciones que introdujo cada gobierno en la Ley 14.557, la etapa iniciada en el ´58 se continúa de otra forma a mediados de los ´80”, momento en el que en vez de oponerse Iglesia y Estado, se opone el mercado a lo público, la educación como servicio-producto, a como derecho. ¿Qué interrogantes abrió la experiencia de “Laica o libre”? ¿Qué nos resuena hoy en día? En primer lugar, está la cuestión del monopolio estatal de la educación superior. Si así lo tuviera, ¿sería en función de su carácter de derecho de los ciudadanos y/o de una obligación más del Estado? Hemos visto en el primer módulo que su consideración como derecho inmediatamente abre la pregunta a cómo puede garantizarse su goce, en términos prácticos, por las medidas reglamentarias, presupuestarias, etc…Si esa garantía es algo obligatorio para el Estado, lo es porque éste tiene determinadas atribuciones que los organismos del ámbito privado no, y la sociedad también se forma expectativas de eso y demanda cierto accionar. En segundo lugar, si efectivamente tuviese ese monopolio, es decir, si fuera el único que conforma y lleva adelante instituciones de educación superior, habría que ver si realmente tendría la posibilidad de cubrir a toda la población y de forma gratuita. Asimismo, podríamos pensar si eso implica ofrecer formación en todas las áreas del conocimiento o algunas. El proceso de “Laica o Libre” habilitó, al fin y al cabo, la existencia formal y reconocida de la educación superior privada. Hubo que pensar en términos legales a esas instituciones. Su forma jurídica era algo distinto a una empresa, iglesia, o sindicato, porque comprendían fundaciones. El financiamiento, de todas formas, provenía de esos tipos de organizaciones de la sociedad civil. ¿Ese apoyo económico las condiciona a la hora de ejercer su labor educativa? ¿Poseen el mismo prestigio y legitimidad que las estatales? Esa aprobación bien podría traducirse en las subvenciones que el Estado podría otorgarles como lo hace con algunos colegios parroquiales, por ejemplo. Podría igualmente cuestionarse cuántos y cuáles reciben ese beneficio. En conclusión, la Ley Domingorena estableció al sistema universitario argentino como mixto – estatal y privado– y fue el pie para que se crearan cada vez más universidades “libres” más allá de las religiosas. Al día de hoy, se sigue discutiendo acerca de la pertinencia de criterios comerciales y empresariales en materia educativa, y su consonancia o no con el carácter de derecho de la educación. Sin embargo, esta bifurcación no alteró el significado simbólico de las universidades públicas y papel profundamente político en los procesos que siguieron al gobierno de Frondizi. A decir verdad, la década del ‘’60 fue otra etapa distinta, signada por la alta efervescencia, vitalidad e influencia de los universitarios como actores políticos y sociales, en tiempos de gran conflictividad, transformaciones y violencia. El gobierno de Arturo Illia En octubre de 1963 asumió Arturo Illia, luego de unas elecciones nuevamente poco representativas, con el peronismo proscripto, una gran cantidad de votos en blanco, abstenciones y una mayoría sólo del 25,2%. En el Congreso, sólo contaba con un tercio de los escaños. Citando a Breslin (2021), en lo institucional procuró respetar la independencia del poder judicial y las autonomías provinciales; en lo económico intentó aumentar la exportación agrícola a través de la tecnificación del campo y facilitando el acceso a la propiedad de quienes lo trabajaban. Trató de fomentar también el desarrollo industrial a la par que eliminaba restricciones sobre el peronismo y el Partido Comunista. Entre esas acciones de corte democratizador y más nacionalista, estuvo la anulación de los contratos petroleros con empresas norteamericanas que había establecido el gobierno de Frondizi, sobre todo los que habían sido de forma irregular. Otra fue la sanción de la ley del salario mínimo vital y móvil; la de medicamentos, que disponía una política de control de precios para lo que entendían como “bienes sociales”. La política económica y social del gobierno combinaba, en fin, elementos de intervencionismo estatal keynesiano y lineamientos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) ligados a mejorar la inserción mundial de los países periféricos. Los indicadores económicos fueron algo ambivalentes, pues hubo cierto ordenamiento con el crecimiento del producto bruto y la disminución de la deuda externa, pero aumentó el déficit fiscal y comercial, con control de cambios, agotamiento de reservas, devaluación e inflación. Por otra parte, Illia lanzó un decreto con el objetivo de atenuar el poder de la “burocracia sindical”. Éste otorgaba representación a las minorías en las conducciones de esas organizaciones, en los convenios colectivos de trabajo, también en el manejo de los fondos que antes solo manejaban las altas conducciones. Esta decisión despertó la oposición de esos sectores afectados, básicamente el sindicalismo peronista, al mismo tiempo que su expresión política volvía a triunfar en comicios mediante el partido Unión Popular. Todo ello acentuó la desaprobación de la gestión de Illia y su soledad política. Toda esta conflictividad mantuvo a las FF.AA. en una vigilia constante, de la mano de la prensa, que caracterizaba al presidente como lento e ineficaz. Asimismo, de manera similar a lo ocurrido con Frondizi, las coordenadas impuestas por la política internacional, combinadas con el fortalecimiento del sector militar antiperonista, dieron pie al nuevo golpe en 1966. Juan Carlos Onganía, que representaba este grupo, había logrado ascender a Teniente General. Se alineaba, al igual que otras figuras del continente, con la Doctrina de la Seguridad Nacional, que se enseñaba a los militares en la Escuela de las Américas (Panamá). La misma los instruía respecto a la “guerra contra la subversión”, tanto en concepciones como estrategias y técnicas. Propiciaba la instalación de dictaduras en la región y justamente funcionó como marco teórico al próximo gobierno dictatorial que Onganía encabezaría. Sus principales ideas incluían la noción de una guerra contra un enemigo interno, el comunismo, que se manifestaba en toda expresión crítica de la ciudadanía aunque fuera de forma germinal, y cuya frontera a defender y expandir no era territorial sino ideológica. Es decir, el tradicional rol militar de defender contra ataques externos y extranjeros quedaba desplazado por una nueva noción de seguridad en la que había que detectar y aniquilar todo aquello entendido como subversivo frente al orden. Vamos a ver que este paradigma tuvo duras consecuencias en torno al tratamiento de la cuestión social y particularmente, universitaria, durante más de una década. Parte 2 La noche de los bastones largos y la irrupción de las contradicciones políticas en el seno de la universidad La Revolución Argentina A finales de junio de 1966 fue finalmente derrocado el presidente Arturo Illia por la autodenominada “Revolución Argentina”. Ésta disolvió todos los poderes republicanos, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos, hasta la misma Constitución Nacional, que reemplazó por un Estatuto propio. Pretendían instaurar un nuevo régimen, casi “antipolítico”, en el que primaran la eficacia y la técnica a la hora de gobernar. La forma de Estado que impusieron sería conceptualizada como “burocrático-autoritario” (O’Donnell, 1975), al caracterizarse por la exclusión de los tradicionales actores políticos, reemplazándola por miembros de corporaciones jerárquicas como las industriales, FFAA, grandes empresas en general. Todos los mecanismos de representación y participación democráticos fueron anulados en pós de reestablecer un orden social y económico determinado, el capitalismo de libre mercado (Iriarte, s/f) Se identificaba a la organización y movilización de la ciudadanía “desde abajo”, especialmente la obrera, en conjunto con su incorporación a la política por la democracia liberal, como un factor de desestabilización y atraso que debía ser desplazado para poder avanzar en la modernización de la estructura económica. Por ello, establecieron una especie de planificación de lo que sería su mandato, basado en tres “tiempos”, cada uno respondiendo a un objetivo pero sin plazos estimados. La Revolución, que venía a “consolidar los valores espirituales y morales que eran patrimonio de la civilización occidental y cristiana” (citado por Tcach, 2002) requería de un primer tiempo “económico”, en el que se procedería a estabilizar los indicadores de la economía mediante políticas ortodoxas y transformar las estructuras necesarias para racionalizar todas las actividades. Luego, le seguiría un tiempo “social”, en el que además de “alcanzar adecuadas relaciones laborales” se ocuparía de la alta conflictividad, disciplinaría la movilización y actuaría sobre el resto de los problemas; finalmente, vendría un tiempo “político” en el cual la sociedad argentina estaría lista para volver al sufragio y al restablecimiento de cierta democracia. Los resultados de esta pretendida “tecnocracia” eran, en lo macroeconómico, alentadores: el PBI creció y la inflación había podido descender. El déficit fiscal también era menor. Sin embargo, ¿a qué costo? Los sectores industriales pequeños y medianos fueron asfixiados por los grandes, los trabajadores y empresarios de las economías regionales, cooperativas, los obreros que veían un sistema adverso a ellos. Pues el plan del Ministro de Economía, Krieger Vasena, permitió el congelamiento de salarios y suspensión de las negociaciones colectivas por dos años. El peso sufrió una devaluación del 40% que fue atenuado por la retención a la exportación. Mientras tanto, es cierto, el capital privado extranjero otorgó préstamos a corto plazo al Estado, que canalizó en obras de infraestructura, como autopistas, represas hidroeléctricas (Tcach, 2002). La nueva politización de las universidades Empezó así una fase convulsionada para las universidades argentinas. Si la década iniciada en 1955 había traído, a pesar de los problemas a nivel nacional, una etapa de crecimiento y prestigio científico-académico, de la mano de la consolidación del autogobierno y la política interna estudiantil, la siguiente iniciada en 1966 sería de grandes transformaciones en torno al paradigma del ser y hacer universitario. La influencia de las luchas por la independencia y liberación nacional en Asia y África, los movimientos en EE.UU por los derechos de las mujeres y los afrodescendientes, y por el fin de la Guerra de Vietnam; luego en 1968, las rebeliones estudiantiles del mayo francés y Tlatelollco, México; las incesantes protestas obreras en nuestro país, unidas a la represión y accionar del gobierno de la Revolución Argentina; todo ese contexto fue delineando una cosmovisión en la cual era la totalidad del sistema lo que estaba en crisis y debía cambiarse. En otras palabras, los reclamos universitarios ya no se limitaban a intereses sectoriales ni a la política interna, se extendían ahora al mencionado régimen, a la condición dependiente de la Argentina, al imperialismo y sus aliados locales; denunciaban esa imbricación entre el Estado, la gran burguesía y el capital trasnacional que estaban detrás de ello (Tcach, 2002). Ese “sistema” se había vuelto cada vez más impermeable a la protesta, reducía toda política a un cálculo racional, sin detenerse en las consecuencias. Por ejemplo, hubo reducciones de personal en la administración pública y empresas estatales; se cerraron o vendieron ingenios azucareros al considerarse ineficientes, se dejaron de aumentar los salarios de los obreros. No sería correcto decir que el Estado abandona un rol interventor: dejó de serlo en un sentido redistributivo. Retomando el ámbito que nos incumbe, la intervención de los militares en el plano cultural y educativo fue de tipo “quirúrgica” (Tcach, 2002). Teniendo en cuenta la Doctrina de la Seguridad Nacional que explicamos un poco más arriba, la dictadura de la Revolución Argentina se abocó a una planificada operación sobre esos espacios, actuando sobre lo que entendían como “focos de infiltración marxista”. Se intervinieron las universidades nacionales, anularon su forma de autogobierno y quedaron bajo la esfera del Ministerio del Interior, lo que inmediatamente provocó la resistencia estudiantil y docente. En un trágico episodio que sería conocido como La Noche de los bastones largos – haciendo referencia a los elementos con los que fueron golpeados– la policía desalojó con violencia las tomas de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires. Luego de ese 29 de julio de 1966, quedaría definitivamente sepultada la Edad de Oro y hasta iniciaría una “fuga de cerebros”, es decir, la salida del país de numerosos científicos e intelectuales. Por otro lado, las muertes de estudiantes a manos de las fuerzas represivas, como la de Santiago Pampillón en Córdoba, crecerían en número. El clima era de persecución, de decadencia cultural, de ebullición. En 1967 se promulgó una nueva ley universitaria, la 17.245, a través de la cual se imponía una nueva estructura basada en el gobierno de los profesores, a los cuales quisieron cooptar. No fue posible. Pese a esta coyuntura, la militancia estudiantil no se desintegró sino que se mantuvo más activa que antes. A pesar de la presencia permanente de la Policía en las casas de estudio, se incrementó la frecuencia e intensidad de las protestas estudiantiles, motivadas en contra de las medidas que el gobierno quería imponer. Desde intentos de nuevas condicionalidades de ingreso, al aumento en los costos de los comedores universitarios, que impulsó grandes movilizaciones en 1967 y 1968. Los enfrentamientos entre las fuerzas y los estudiantes se volvían más violentos, e incluían heridos y detenidos. Según lo relata Buchbinder (2005), la institución universitaria era vista como funcional a los sectores dominantes, por lo que había que transformarla totalmente, pero ello debería ir acompañado de la lucha por cambiar ese sistema que mantenía a algunos como tales y otros oprimidos de diversas formas. No eran entonces movimientos de mera resistencia al avasallamiento de las universidades por parte del gobierno, éstas fueron “el escenario de un nuevo proyecto de país y de enseñanza superior congruente con el primero.” (ídem, p. 3). En esa línea de cosmovisión integral de la acción política que describimos, otra novedad fue la articulación con la militancia obrera. Las agrupaciones estudiantiles y los sindicatos se apoyaban en sus causas y se los veía marchando en conjunto. En este marco de profunda politización mencionado, el rol distintivo del universitario a finales de los ‘60 y principios de los ‘70 era el del compromiso político y la militancia en movimientos que buscaban transformaciones. Una parte, no todos, creía incluso que debía ser por la vía radical, revolucionaria. Un acontecimiento icónico de esta etapa ocurrió el 29 de mayo de 1969 y sería conocido como el Cordobazo. Los impulsores y líderes fueron los trabajadores industriales, en protesta contra las políticas de congelamiento de salarios y abolición del “sábado inglés” (medida de Krieger Vasena que terminaba con el pago doble de las horas trabajadas los sábados después de las 13hs); fueron acompañados por estudiantes universitarios y ciudadanos de sectores medios. A pesar del accionar policial, la ciudad fue ocupada totalmente por los manifestantes y terminó interviniendo el Ejército. La experiencia de estallido social y empoderamiento popular marcó un punto de inflexión en el proyecto de la Revolución Argentina y en la trayectoria de movilización. Marcó además, algo que Buchbinder (2005) afirma en su capítulo: la dictadura de Onganía fracasó en sus objetivos de disciplinamiento del pueblo. Así también le fue con la reconfiguración de la Universidad, que vemos que cada vez estaba más involucrada en la actividad política. Por último, lo que quedó instalado y se abrió con el Cordobazo, fue la radicalización de los métodos de lucha política, ya que, frente a la violencia ejercida desde el Estado y el cierre de los canales legítimos de participación y representación, parecía que el camino era por la acción directa. Algo que ya lo había sembrado el gobierno pero que este episodio desató, fue el clima de violencia política en la Argentina. El plan Taquini: la creación de nuevas universidades Uno de los procesos que tuvo lugar en paralelo a todas las cuestiones que venimos describiendo (y que enfatizamos en el apartado sobre la Edad de Oro) fue la expansión de la matrícula universitaria nacional, es decir, de la cantidad de inscriptos año a año. Entre 1960 y 1972, se pasó de 159 mil a 333 mil estudiantes (Buchbinder, 2005), es decir, más del doble. Claramente, la absorción y asimilación de este crecimiento fue dificultosa, sobre todo porque los recursos presupuestarios no aumentaron en la misma proporción, lo hicieron mucho menos. Así, las condiciones materiales, la ayuda recibida, se fueron deteriorando, al igual que lo hizo la imagen de la universidad pública para la sociedad. Los títulos emitidos por el Estado ya no significaban una inmediata y segura inserción laboral, menos la garantía de un ascenso social como lo había sido treinta años atrás, quizás debido al nuevo paradigma tecnocrático-empresarial-autoritario, y quizás también debido a esa misma expansión que desdibujó el carácter prestigioso de su acceso. Retomando el argumento de la movilización estudiantil, el régimen militar trató de buscar un instrumento para intentar, desde otro ángulo, su debilitamiento. Lo hizo a través de la diversificación del sistema universitario. Durante los últimos años de los ‘60 y los primeros de los ‘70, creó doce nuevas universidades públicas, nacionales y provinciales. Por supuesto, esto resultó beneficioso para posibilitar la enseñanza superior en muchos lugares del interior. Tenía como objetivo descentralizar el sistema, en respuesta al impacto político que la concentración de grandes masas estudiantiles estaba teniendo (Buchbinder, 2005). Además, en su visión “tecnocrática” encontraba cierta incompatibilidad entre una Universidad científica, como la de la Edad de Oro, y una Universidad de masas, también resultante de ese proceso. Creían que con instituciones más pequeñas, sus miembros se abocarían mejor y más a la labor académica, no serían “terrenos propicios para la subversión”, menos al estar localizadas más alejadas de los grandes centros urbanos en los cuales confluían fácilmente con los trabajadores. Recordemos que la Revolución Argentina de entrada se había propuesto despolitizar y redimensionar las universidades a través de mecanismos de admisión restrictivos y, al momento, estaba logrando lo contrario. El programa fue diseñado por el entonces decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, Alberto Taquini. En éste se trató de conjugar el diagnóstico de la expansión de la matrícula, el propósito de una Universidad científica, las necesidades nacionales para el desarrollo regional y el paradigma despolitizante. Además de modificar la distribución geográfica de los alumnos, quería hacerlo con la de su inscripción fomentando las ciencias exactas y tecnológicas. De esa forma, se creó en 1968 la Universidad Nacional de Rosario, en 1971 la del Comahue y Río Cuarto, 1972 las de Catamarca, Lomas de Zamora, Luján y Salta; 1973, las de Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, de la Patagonia, Misiones, San Juan, San Luis y Santiago del Estero; en 1974 se creó la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires con sede en Tandil, y en 1975, la Universidad Nacional de Mar del Plata; asimismo, fueron creados profesorados y otros institutos terciarios (Buchbinder, 2005). Bibliografía: Breslin, R. D. (2021). Aportes de las universidades argentinas a la ciencia y la tecnología en la “Era Dorada” de la educación universitaria (1955-1966). Revista Debate Universitario, Vol. 9 Nº 18, ISSN 2314-2138 (impreso) / 2314-1530 (en línea) Buchbinder, P. (2005). Historia de las Universidades Argentinas. Cap.9: La Universidad entre la politización, la masificación y las dictaduras. Ed. Sudamericana, Buenos Aires. Gordillo, M. (2003). Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955-1973, en James, D. (dir.) Nueva Historia Argentina, Tomo IX, Sudamericana, Buenos Aires. Iriarte, A. (s/f). Modelos de Estado en Argentina. Universidad Nacional de Cuyo. La Ménsula N°7. Laica o Libre. Abril 2009. Año 3. FCEyN UBA. Disponible en: http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/002_LaMensula/002_LaMensula_007.pdf Tcach, C. (2002). Golpes, proscripciones y partidos políticos, en James, D. (comp.), Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Sudamericana, Buenos Aires.