El Golpe del '76 PDF

El Golpe del ‘76 El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de Estado a la entonces presidenta María Estela Martínez, viuda de Perón. Era el sexto golpe de Estado en la historia argentina desde el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930 y, como tantas otras veces, se adujo q...

El Golpe del ‘76 El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de Estado a la entonces presidenta María Estela Martínez, viuda de Perón. Era el sexto golpe de Estado en la historia argentina desde el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930 y, como tantas otras veces, se adujo que lo que se buscaba era eliminar el “caos” imperante y retornar al “orden” y a la “auto- ridad”. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, esta vez las tres fuerzas en conjunto plani- fi caron e implementaron el golpe, así como se repartieron en partes iguales las jurisdicciones estatales y reparticiones públicas. Se trató de un golpe institucional, y, de hecho, el máximo organismo de gobierno del régimen era un claro ejemplo de ello: la Junta Militar estuvo con- formada por los comandantes en jefe de las tres armas –Ejército, Armada, Fuerza Aérea–, que incluso tenían el poder de nombrar y deponer al presidente. Previo al golpe, el diagnóstico de las Fuerzas Armadas y de los sectores económi- cos que la acompañaron era que la inestabilidad social y política imperante en el país desde 1955 se debía tanto a una democracia demagógica y vicia- da como a un modelo económico industrial que sobrevivía artificialmente al amparo del Estado. Ambos procesos nacidos con el peronismo habían permitido el ingreso y avance de la “subversión”, categoría tan recurrente como difusa y de límites relativamente imprecisos. Por ende, para aniquilar el “avance subversivo” había que eliminar las fuentes de los conflictos, es decir, había que disciplinar férreamente a esa sociedad movilizada y, aún más, había que reorganizarla en los aspectos político, económico, social y cultural. El mismo 24 de marzo, la Junta tomó una serie de medidas que serían indica- tivas de la radicalidad del cambio buscado por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional: puso en suspenso la Constitución Nacional y los de- rechos y garantías individuales por ella proclamados; mantuvo el Estado de sitio vigente desde noviembre de 1974; removió los poderes ejecutivos y legislativos, así como cesó en sus funciones a todas las autoridades federales y provinciales del país, y a las Cortes de Justicia; suspendió la actividad de los partidos po- líticos e intervino los sindicatos y confederaciones obreras y empresarias; prohibió el derecho de huelga y anuló las convenciones colectivas de tra- bajo, entre muchas otras más. EL TERRORISMO DE ESTADO EN EL PAIS A partir del golpe de Estado, las Fuerzas Armadas buscaron dise- minar el terror a lo largo y ancho del país. Una vez instaladas en el poder, utilizaron todos los recursos del Estado para implementar un sistema represivo que se caracterizó por su doble faz de actuación: una visible –legal– y otra clandestina –ilegal–. Si bien es posible dis- tinguir continuidades con las modalidades de la represión ejercida por las Fuerzas Armadas y de Seguridad y los organismos paraesta- tales durante el tercer gobierno peronista, sin dudas el 24 de marzo marcó un hito en cuanto a la brutalidad, extensión y sistematicidad de la violencia política ejercida. En paralelo a los operativos de seguridad, grandilocuentes y exce- sivos, realizados a plena luz del día, las Fuerzas Armadas implemen- taron un plan de desaparición de personas como parte de lo que ellas denominaban “guerra antisubversiva”. Las Fuerzas Armadas, guiadas por la teoría de la guerra revolucionaria francesa y por la Doctrina de Seguridad Nacional impartida por los EE.UU y seguida por gran parte de la dictaduras militares de Latinoamérica, partían de la premisa de que, desde mediados del siglo XX con la expan- sión de la “amenaza comunista” a todo el mundo en el marco de la Guerra Fría, el enemigo a enfrentar no estaba fuera de las fronteras territoriales del país –lo que caracterizaba a los confl ictos bélicos tradicionales– ni se encontraba claramente identifi cado, sino que se hallaba infiltrado al interior de la propia sociedad y no usaba uni- forme. Ahora, las fronteras pasaban a ser ideológicas, y, por ende, la defensa de la “civilización occidental y cristiana” de la “amenaza marxista” debía darse en todos los planos: en la cultura, la econo- mía, la sociedad, la economía y la política. Desde la perspectiva de estas “teorías”, era necesario modificar las formas de combatir a ese nuevo contendiente: el tradicional enfrentamiento territorial entre dos ejércitos regulares perdía uti- lidad ante un enemigo que no se identificaba, por ello había que aplicar nuevas “técnicas” de combate. Basado en una amplísima red de inteligencia y en la división del país –considerado un “teatro de operaciones”– en diversas zonas para controlar todo el terreno, el método ideal consistía en el despliegue de grupos de tareas sin identifi cación que actuaban en la clandestinidad infiltrándose en los ámbitos sospechosos, con el objeto de identificar al enemigo para luego secuestrarlo, torturarlo para obtener más información, y asesinarlo. Ante el supuesto de que el “enemigo subversivo” era irrecuperable y había que eliminarlo porque como un “cáncer” estaba carcomiendo las bases de la Argentina “occidental y cristiana”, las tres Fuerzas Ar- madas decidieron diseñar una red de centros clandestinos de deten- ción en todo el país para cumplir con el objetivo de “eliminar la sub- versión” sin perder el respaldo internacional, como le había sucedido a la dictadura chilena frente a los fusilamientos en masa. Fue un plan institucional dado que en la represión participaron todos los niveles jerárquicos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sellando así un “pacto de sangre” corporativo de silencio y negación que continúa aún hoy. De allí en más, el secuestro de miles de militantes comprometidos en proyectos de transformación –con o sin lucha armada– formó par- te de la cotidianeidad de la sociedad argentina, sumado a la apropia- ción de los bienes materiales e, incluso, de quinientos niños y niñas, considerados “botines de guerra”. El destino de estos detenidos fue diverso, como la reclusión en los más de setecientos cincuenta cen- tros clandestinos desperdigados en el país, en donde los torturaban para obtener información y luego los asesinaban, incinerando sus cuerpos, enterrándolos en tumbas colectivas o arrojándolos a aguas abiertas para no dejar rastros. Las cárceles, repletas de presos polí- ticos –se calcula que alrededor de 12 mil–, que en ocasiones salían y volvían a entrar en los circuitos clandestinos, también formaron par- te de esta red represiva, que operó en toda su magnitud de 1976 a 1978. Finalmente, otra de las políticas represivas fue forzar a alrede- dor de doscientos mil personas al exilio, lo que representaba el 1% de la población de entonces. 1.2. La represión en el Comahue En las provincias de Neuquén y Río Negro, como en todo el país, la represión de la movilización social y política había comenzado mucho antes del 24 de marzo de 1976. Ya desde principios de 1974, en pleno tercer gobierno peronista, es posible distinguir atentados intimidatorios hacia sectores vinculados a las corrientes marxistas o a los sectores revolucionarios del peronismo, como por ejemplo la explosión de bombas en locales partidarios, tiroteos en sindica- tos y atentados personales contra militantes de la comunidad uni- versitaria local. Aunque la autoría de estos hechos permanece sin clarificarse, sí es evidente que muchos de ellos están vinculados, en alguna medida, con el proceso represivo desplegado a partir de la orden dictamina- da por el Consejo Superior Peronista en octubre de 1973 de realizar una “depuración interna” del movimiento de los “grupos marxistas, terroristas y subversivos”. Dicha orden habilitó el despliegue de una serie de tramas represivas, en las que estaban involucrados orga- nismos gubernamentales, estatales y paraestatales (como la Triple A), muchas de las cuales continuarían, aunque reformuladas, a par- tir del golpe. Un ejemplo claro de ello es la designación de Dionisio Remus Tetu –un exiliado rumano que había integrado Guardia de Hierro en su país de origen, un mo- vimiento de carácter fascista, ultranacionalista y antisemita– como interventor de la Univer- sidad Nacional del Comahue en 1975, con el objeto de desactivar el activo movimiento estudian- til que allí había. De hecho, el interventor legalmente desig- nado por el tercer peronismo, que gobernó entre 1973 y 1976, cesanteó a 131 trabajadores docentes y no docentes, prohi- bió la militancia partidaria y los centros de estudiantes y con- trató a un grupo de personas –muchos de ellos vinculados a la Triple A– que actuaba en la clandestinidad, encargado no sólo de “llevar orden” a los pasi- llos universitarios, sino también de expandir la violencia política, realizando atentados intimida- torios en toda la región. Ya en esos años, entonces, las Fuerzas Armadas y de Seguridad ac- tuaban reprimiendo en la región del Comahue, avaladas por un mar- co legal otorgado por el tercer gobierno peronista, que las habilitaba a intervenir en “seguridad interna”. Sólo para comprender las carac- terísticas de estos hechos, veamos algunos ejemplos. En agosto de 1975, alrededor de una docena de militantes barriales que luchaban por la construcción de sus viviendas fueron detenidos en Neuquén; Posteriormente, dos de ellos fueron desaparecidos. En septiembre de ese año, catorce chilenos que se encontraban en un refugio del Obispado en Cipolletti fueron detenidos. En diciembre de 1975, fue allanado el Hogar Escuela “Mamá Margarita” –dependiente de la misión salesiana Ceferino Namuncurá– ubicado en Pampa del Ma- lleo y fueron detenidos el sacerdote Antonio Mateos y cinco de sus colaboradores –maestros y personal de dicha escuela–. Sin embargo, si bien es necesario tener en cuen- ta estas tramas represivas previas y propias del tercer peronismo, a partir de que las Fuerzas Armadas reali- zaron el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, la in- tensidad y sistematicidad del plan de exterminio, así como la extensión del dis- positivo represivo en todo el país, es un factor ineludible a considerar. Para ello, las Fuerzas Armadas dividieron el país en cinco Zonas de Defensa –subdivididas a su vez en subzonas y áreas–, cada una de las cuales es- taba bajo control de los co- mandantes de los cuerpos del Ejército y del Instituto Militar. La Patagonia con- formó la Zona 5, bajo la ór- bita del Quinto Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca. En ella, la región del Comahue quedaba inscripta dentro de la Subzona 5.2. Con el objeto de sistematizar esfuerzos en la “lucha contra la sub- versión”, en 1975 las Fuerzas Armadas establecieron cuáles eran las áreas del país que había que priorizar –las “zonas calientes”– por considerarlas gérmenes de la “subversión” y cuáles otras había que controlar por considerarlas “potencialmente aptas para el desarro- llo subversivo”. Es decir, aunque el accionar del enemigo era todavía limitado en estas últimas, lo importante era extender la represión a esas zonas para convertirlas en áreas seguras. Entre las primeras se encontraban los grandes centros urbanos del país –a lo largo del eje Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Capi- tal Federal y Gran Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca– y algunas áreas rurales consideradas propicias para el desarrollo de los focos guerrilleros, como la zona montañosa/boscosa de las provincias de Neuquén y Río Negro. Es decir, en la región del Comahue el único sector considerado peligroso era la zona cordillerana, no sólo por la permanente “infi ltración” de militantes sociales y políticos desde Chile, sino también por el confl icto de 1978 con dicho país. El resto de las provincias de Río Negro y Neuquén no aparece incluido ex- plícitamente en ninguna de las zonas indicadas en la normativa. En otras palabras, era percibido como una zona no peligrosa o “fría”. Sin embargo, y a pesar de esa caracterización, en el Alto Valle las Fuerzas Armadas y de Seguridad desplegaron el mismo dispositivo represivo que en el resto del país, aunque con distinto grado de in- tensidad. De hecho, realizaron sistemáticas tareas de inteligencia, establecieron tres centros clandestinos de detención que funciona- ron hasta 1978 –“La Escuelita”, la Comisaría 24° de Cipolletti y la De- legación de la Policía Federal– y lugares de alojamiento de deteni- dos políticos –como la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal–, desplegaron amplios operativos represivos –como las detenciones realizadas el mismo día del golpe o subsiguientes, y el operativo lle- vado a cabo en junio de 1976 con el objeto de eliminar la militancia armada de la región–. Todo ello tuvo como resultado más de treinta personas desaparecidas y más de ciento veinte casos denunciados ante la justicia de secuestros y torturas bajo el régimen militar. ¿Cómo es posible explicar semejante disparidad entre el diagnóstico –que se trataba de una “zona fría”– y la práctica –el despliegue represivo–? Siguiendo a Pablo Scatizza, si tenemos en cuenta la importante movilización de la sociedad del Alto Valle en los ‘60 y ‘70, tal vez la zona no era tan “fría” como indicaba la normativa hecha desde Buenos Aires; y eso era algo que las fuerzas locales sabían. Ello explica la necesidad de extender el dispositivo represivo en la región, no sólo para eliminar el “accionar subversivo” que allí hubiera, sino para desalentar cualquier intento similar. Si bien es cierto que las organizaciones político–militares –como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo– no habían elegido la zona como un espacio privilegiado para desarrollar sus acciones armadas, otros acontecimientos recientes como el Choconazo, las puebladas denominadas Rocazo y Cipolletazo y el activo movimiento estudiantil universitario eran indicios claros de la movilización social y política en la región, que podían ser vistos como ámbitos propicios para el “desarrollo subversivo”. En efecto, el hecho de que gran parte de estos movimientos contestatarios prácticamente desaparecieran de la esfera pública en los “años de plomo” de la dictadura demuestra la efi ciencia de la represión desplegada en la región. De todas formas, otros actores sociales con nuevos reclamos y prácticas aparecerán en la escena política del Comahue, como veremos más adelante. 2. La sociedad neuquina en los ‘70 La dimensión y composición de la sociedad neuquina atravesó profundos cambios en los ‘70. En sólo una década, la provincia pasó de 154.143 a 243.850 habitantes. Más allá del importante crecimien- to vegetativo, favorecido en gran medida por una fuerte caída de la mortalidad, este signifi cativo aumento en la población –por encima de la media nacional– refl eja un proceso migratorio que incluyó la llegada de personas provenientes de otras regiones de la Argentina, así como también de los países vecinos. El arribo de los inmigrantes aportó un mayor grado de heterogeneidad a la sociedad receptora por la diversidad de su origen y la variedad de razones que habían motivado su partida. Mientras que los migrantes económicos lle- gaban a Neuquén atraídos por la posibilidad de obtener puestos de trabajo en el comercio, la construcción, los servicios o la fl oreciente industria petrolera, los migrantes políticos –o exiliados– pretendían encontrar en la joven provincia un refugio que los amparara frente al avance represivo del Estado a ambos lados de la cordillera. La idea de Neuquén como un espacio de contención y protección durante los represivos años setenta está asociada a la labor desa- rrollada por algunos miembros de la comunidad católica local –el obispo Jaime de Nevares y sacerdotes como Héctor Galbiati, Rubén Capitanio y Magín Páez y sus grupos parroquiales–. La impronta de una diócesis comprometida con la realidad, posicionada del lado de los oprimidos y enfrentada al poder político y militar que había tomado estado público en el marco del Choconazo, continuó en la década siguiente. Su crítico pronunciamiento frente a la violencia, el autoritarismo y la opresión generaba en los perseguidos políticos cierta percepción de seguridad que ayuda a explicar la llegada, en esos años, de numerosos militantes –católicos, sociales, sindicales, universitarios, político–militares– que se sabían y/o sentían en pe- ligro al formar parte de la cada vez más amplia categoría militar de “subversivo”. Estos exiliados internos, que eligieron como estrate- gia de supervivencia el reasentamiento hacia una parte remota del propio país, conformaron junto a los chilenos el grueso del contin- gente de migrantes políticos. 2.1. La protección a los chilenos que huían del Pinochetismo El golpe militar que derrocó a Salvador Allende tuvo repercusio- nes inmediatas en las provincias limítrofes que recibieron a miles de chilenos que huían de la represión del régimen de Augusto Pinochet (1973–1989). La extensión y porosidad de la frontera trasandina fue la mejor opción para quienes carecían de recursos económicos, protección y contactos partidarios que les permitieran organizar su partida. De hecho, hubo quienes aprovecharon la geografía del lu- gar y cruzaron caminando por alguno de los muchos pasos natura- les inhabilitados y, por lo tanto, no controlados. No obstante, el miedo perduraría en estas tierras y muchos de los recién llegados prefi rieron no dar a conocer su verdadera situación y mezclarse en la sociedad como uno más de los miles de migrantes chilenos que ya residían en la región. En contraste, hubo quienes sí lo hicieron y se acercaron a las agencias especializadas para recibir protección y asistencia. Frente al arribo masivo de chilenos después del golpe pinochetis- ta, la primera reacción del obispo Jaime de Nevares y los sacerdotes fue resolver sobre la marcha, generando respuestas rápidas a las demandas que se presentaban sobre todo en materia de seguridad, alojamiento y comida. Esta ayuda espontánea derivó, a los pocos meses, en la incorporación de la iglesia católica neuquina a una red nacional que asistió bajo el status de refugiados al amparo del AC- NUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) a unos quince mil chilenos en todo el país. Aunque permanecer en Argentina era peligroso porque las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur trabajaban de manera coordinada en el marco del Ope- rativo Cóndor –al menos cuatro de los setecientos refugiados que residieron en la región sufrieron la desaparición–, quienes lo hicie- ron resistieron y, cuando encontraron la oportunidad, se organiza- ron y lucharon desde Neuquén para cambiar el rumbo del gobierno dictatorial trasandino. Por ejemplo, en el marco del gobierno de Al- fonsín promocionaron y participaron activamente del Plebiscito del año 1988 que defi nió la no continuidad de Pinochet en el gobierno chileno. La cotidianeidad de todos los chilenos que vivían en Neuquén se vio alterada en diciembre de 1978 en el marco del confl icto limítrofe por el canal de Beagle entre Argentina y Chile. El control que ejercían las fuerzas de seguridad sobre la población se volvió más presente y cotidiano. Algunos testimonios ilustran esta situación: “paraban los colectivos, nos hacían bajar y entonces nos preguntaban: ¿chileno o argentino?, dos fi las, ¿radicados y no radicados?, y ahí nos tenían horas al sol...y ahí nos tenían...por ninguna razón”. (TESTIMONIO citado en Azconegui, 2016) En este pequeño fragmento aparecen varios elementos. La ima- gen recrea la discrecionalidad del personal gubernamental que los demora porque es su voluntad y tienen la facultad para hacerlo, y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad de los chilenos frente a ese poder ante el cual sólo pueden presentar su carta de radicación que, en esas circunstancias, signifi có la diferencia entre permanecer por horas al sol –los radicados– y la deportación –los no radicados–. Asimismo, el padecimiento de estas acciones hacían más verosímiles los constan- tes rumores que circulaban sobre la inminencia de ser trasladados a sitios estratégicos de la Argentina –en el caso de la Norpatago- nia, se hablaba de la represa de El Chocón– para que operasen como escudo humano y así evitar que los mismos fueran destruidos por el gobierno chileno. Si bien estas amenazas nunca se concretaron y el diferendo limítrofe fue resuelto sin llegar a las armas, las repre- sentaciones prejuiciosas sobre los chilenos se tradujeron en actos de discriminación en las escuelas, en los barrios, en los lugares de trabajo, llegando incluso a producirse algunas deportaciones. 2.2. La defensa de los derechos humanos En paralelo con la protección a los refugiados chilenos, algunos miembros de la comunidad católica neuquina fueron una pieza cla- ve en la organización de la oposición a la dictadura y la defensa de los derechos humanos en la región. Esta lucha se realizó de manera institucional a través de la APDH –Asamblea Permanente por los Derechos Humanos–, creada en Neuquén a mediados de 1976 a ini- ciativa de Jaime de Nevares y conformada por militantes sociales y políticos con diversidad ideológica, pero también de manera indi- vidual y anónima. Por ejemplo, el líder emepenista, Felipe Sapag, quien perdió dos de sus hijos a manos de las fuerzas de seguridad, amparó a varios militantes perseguidos que así pudieron salvar sus vidas. A pesar de que el Terrorismo de Estado fue efectivo en generar conductas específi cas en los miembros de la sociedad –miedo, dis- ciplinamiento, despolitización, desmovilización, individualismo–, la desarticulación de las organizaciones no fue total y surgieron es- pacios de resistencia y oposición al régimen. En contraste con lo que sucedió en otras ciudades y/o provincias del país, los familiares de las víctimas directas –presos políticos y detenidos/desapareci- dos– no estuvieron solos en su desesperada búsqueda. Enfrenta- dos con la prisión y detención/desaparición de sus seres queridos, ellos pudieron acudir al obispado neuquino que desde hacía años ofi ciaba como un espacio de contención y que, en el marco de la dictadura, albergaba la sede local de la APDH. Así, las reuniones de los martes a la noche en el obispado fueron el punto de encuentro de las emblemáticas Madres neuquinas, Inés Ragni y Lolín Rigoni, y el lugar en donde dieron los primeros pasos en su lucha y militancia que años después derivaría en la conformación de la fi lial Neuquén y Alto Valle de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La APDH enmarcaba su acción en el principio de la integrabilidad de los derechos humanos y en la importancia de su plena defensa. Sin embargo, la crítica situación que enfrentaba hizo que privilegia- ra dos derechos: a la vida y a la integridad física. En consecuencia, la contención y el apoyo a las víctimas directas –aquellos que habían sido liberados–, y a los familiares de los represaliados –presos y de- tenidos/desaparecidos– así como la difusión y denuncia pública de las violaciones fueron los ejes fundamentales de la acción durante el período 1976–1983. Dentro de las ayudas se pueden enumerar: el asesoramiento legal para la redacción de los hábeas corpus, la asis- tencia económica para viajes de larga distancia, ya fuera para hacer gestiones por familiares desaparecidos en otras regiones del país, para visitar a los presos políticos que se encontraban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o para presentar las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La labor de denuncia, por otro lado, fue cambiando a lo largo del período. Durante los primeros años la APDH combinó una estrategia legalista –presentación de hábeas corpus y denuncia ante la CIDH– con la difusión de las violaciones a otros sectores de la sociedad. Dado los niveles de represión, la circulación de estas denuncias no se daba en el espacio público sino en la seguridad que aportaban las parroquias. Por ejemplo, en las misas dominicales, los sacerdotes y el obispo que pertenecían a la organización las mencionaban en sus homilías interpelando a los presentes; o en el trabajo pastoral coti- diano los grupos parroquiales, a los que concurrían creyentes pero también no creyentes, refl exionaban sobre esta realidad y llevaban la denuncia a los barrios neuquinos. Estas actividades se realizaban bajo la estricta vigilancia de las fuerzas de seguridad. La relación entre el poder político–militar y el poder religioso era tensa. La ambigua relación que recupera el fragmento se tradujo en atentados concretos de variada gravedad que, a pesar de incluir el uso de armas de fuego y explosivos, no ocasionaron víctimas fa- tales. La parcial liberalización del régimen, a partir de 1980, permitió una actitud más pública y frontal que se manifestó tanto en el pla- no discursivo –en la adopción de la consigna “aparición con vida”– como en el repertorio de acciones realizadas. Ese año los militantes salieron a la calle con un cartel por primera vez y ya nunca la aban- donaron. Luego de la derrota en la Guerra de Malvinas, el tema de los derechos humanos y las actividades organizadas por el grupo de militantes tuvieron mayor convocatoria. La masividad de las movi- lizaciones realizadas entre los años 1982 y 1983 –de hasta 7.000 per- sonas en una ciudad de 90.089– instaló la idea de Neuquén como “la capital de los derechos humanos”. No obstante, esta caracteri- zación debe ser matizada. Recuerda un seminarista: “Las parroquias eran los únicos lugares donde se hacían este tipo de cosas. Entonces muchos militantes sociales y gremiales se agrupaban en las parroquias donde se podían hablar estos temas, en donde había una cierta militancia, entonces hacíamos la misa y después la peña, y el patrullero estaba siempre en la puerta como diciendo acá estamos, pero jamás entraron... una vez me peleé con uno porque estábamos en una peña y cayó la cana diciendo que se había metido un chico que había robado y querían al responsable que era yo, entonces le dije que no entraban, y no entraron, ¡y eso que estábamos en ese clima! Pero con la iglesia ellos se tenían que cuidar, sabían que... pero, por otro lado, le tenían ganas y te ponían el pa- trullero en la puerta.” (TESTIMONIO citado en Azconegui, 2014) La militancia en defensa de los derechos humanos no fue masiva. La misma fue realizada por un reducido número de personas que, si bien logró gran visibilidad, debió enfrentar numerosos obstáculos para poder difundir sus reclamos y lograr adhesiones en una socie- dad que no resultó particularmente receptiva. Primero, la histórica presencia militar en la región había contribuido a la existencia de un imaginario local –heredado de la etapa territoriana– en el que los militares eran asociados a la provisión de servicios para la vida cotidiana, el progreso de la ciudad y de la provincia. Más aún, dada la convivencia en distintos ámbitos de sociabilidad, los ofi ciales y subofi ciales –y sus familias– eran considerados vecinos y amigos. Segundo, la ausencia de acciones armadas en la región en los años previos a la dictadura y la escasez de operativos de secuestro en la vía pública ayudaron a construir la idea de que en “Neuquén no pasaba nada”. Entonces, cuando la APDH comenzó a denunciar las violaciones y, posteriormente, a identifi car al régimen militar como responsable de las mismas, su mensaje fue resistido fuertemente. El mismo sonaba inverosímil para una sociedad en la que los milita- res eran “los amigos y vecinos” y cuya cotidianeidad no había sido alterada por haber presenciado o vivido de cerca las actividades represivas del Estado. Finalmente, si bien el acompañamiento del obispo y algunos sacerdotes legitimó el reclamo y pudo sumar mi- litantes, también generó rechazos. La denuncia de las violaciones a los derechos humanos desde el púlpito fue criticada por un sector de los creyentes que consideraba esta acción como un acto político ajeno a la práctica religiosa. 3.1. Los planes económicos de las Fuerzas Armadas El principal ministro de economía de la dictadura, Martínez de Hoz, pretendía aplicar una política de reducción del papel del Esta- do en la economía, tal como lo reclamaban las nuevas teorías neo- liberales que estaban en pleno desarrollo en los países centrales, como EE.UU. y Gran Bretaña. Como vimos, el diagnóstico era que “los males” de la Argentina provenían de una democracia demagó- gica, en lo político, y de una economía de crecimiento artifi cial – ambos vinculados estrechamente con el peronismo–, lo que había dado por resultado un movimiento obrero fuerte que podía parali- zar el país. Ante esta situación, era necesario modifi car la estructu- ra económica, social y política del país: había que convertir un país de fuerte intervención del Estado en la economía y con cierto de- sarrollo de industrias nacionales por sustitución de importaciones, en un país en el que el rector en la distribución del ingreso fuera el mercado. Según la perspectiva de corte liberal del ministro, el régi- men militar debía, para ello, reducir el gasto público, privatizar las empresas estatales defi citarias, abrir el país al comercio exterior, eliminar los subsidios a las industrias y los impuestos a las importa- ciones, medidas tendientes a incentivar la iniciativa privada en las industrias nacionales y que sólo subsistieran aquéllas que podían ser competitivas en el mercado internacional. Asimismo, era funda- mental frenar la infl ación, y para ello era necesario aplicar medidas de ajuste como el congelamiento de salarios –que cayeron un 40% en solo un año–. Sin embargo, los planes que tenía el ministro iban a ser constan- temente condicionados por los confl ictos al interior del régimen militar. Dentro de las Fuerzas Armadas no todos estaban de acuer- do con la receta liberal que pretendía aplicar Martínez de Hoz, y, de hecho, un sector nacionalista e industrialista obstaculizó todo el tiempo los intentos del ministro. De forma tal que, fi nalmente, la política económica de la dictadura se quedó a mitad de camino del neoliberalismo –luego aplicado en los ‘90–. En definitiva, el régimen realizó una apertura a los mercados in ternacionales que dio el golpe de gracia a una serie de industrias que sólo podían sobrevivir al amparo del Estado y que no podían competir con los productos baratos que comenzaron a invadir el país. Sin embargo, los condicionamientos indicados impidieron que la dictadura pudiera reducir el gasto público en grandes proporcio- nes –el presupuesto militar y en obras públicas, para evitar la des- ocupación, continuó siendo alto–, privatizar empresas estatales en gran escala, o atacar a todo el empresariado por igual. Más bien, su política desindustrializadora fue selectiva: las afectadas fueron las pequeñas y medianas industrias livianas destinadas al mercado interno, pero las grandes industrias multinacionales o nacionales fueron benefi ciadas por los contratos con el Estado, la apertura de mercados y la reforma fi nanciera. De todas formas, la política de Martínez de Hoz para reducir la infl ación y frenar la recesión que se había heredado del tercer pe- ronismo, fue completamente inefi caz. Ni el congelamiento de los salarios, ni la reforma fi nanciera, ni menos aún los créditos pedi- dos al exterior para aumentar las reservas tuvieron éxito, y la crisis económica se hizo aún más profunda. La especulación fi nanciera se extendió por amplias capas sociales, y el gran endeudamiento externo –que se quintuplicó durante la dictadura– profundizó el descalabro económico y sumó una pesada herencia para los futuros regímenes democráticos. 3.1. Entre la excepción y la continuidad de un modelo de desarrollo En muchos aspectos, Neuquén no siguió los lineamientos econó- micos nacionales al pie de la letra. Si nos centramos en el período en el que el general Domingo Trimarco estuvo al frente del gobier- no provincial entre 1978 y 1983 –dejando a un lado la breve gestión del general Martínez Waldner que se caracterizó por la caída abrup- ta del gasto social y una gran desprolijidad administrativa–, lo que se evidencia es la intención de dar continuidad al modelo económi- co desarrollado hasta ese momento en la provincia, principalmente por los sucesivos gobiernos del MPN. Es decir que el gobierno pro- vincial continuó teniendo una fuerte presencia en la economía, lo que se puede verifi car tanto en las políticas sociales llevadas a cabo como en las propuestas de planifi cación industrial. Tal vez la permanencia del personal técnico en organismos claves de la gestión, como el COPADE, puede explicar estas continuidades y, a la vez, su relativo distanciamiento de las políticas nacionales. De hecho, un informe de 1977 producido por esa entidad, seguía identifi cando las mismas difi cultades en el desarrollo provincial que años anteriores: escaso aprovechamiento de recursos naturales –turismo, minería no hidrocarburífera, forestal–, excesiva depen- dencia fi nanciera y económica de la Nación, alta concentración de- mográfi ca y económica del Departamento Confl uencia, y dispares niveles de vida de la población urbana y rural. Este diagnóstico puede explicar, por un lado, que el gobierno de Trimarco siguiera destinando gran parte del presupuesto provincial a los sectores administración, seguridad, educación y salud –en es- tos últimos casos, en clara continuidad con los Planes de Salud y Educación generados durante el gobierno de Sapag–, como a con- tinuar con la política habitacional de años anteriores, procurando paliar los défi cits de viviendas y servicios públicos que se incremen- taban a la par del fuerte crecimiento poblacional que protagoniza- ba la provincia desde los ‘60. Ello también con el objeto de evitar confl ictos sociales y de expandir la soberanía en los territorios des- poblados de fronteras, porque se consideraba que podían ser apro- piados por Chile. Por otro lado, dicho estado de situación también ayuda a com- prender que el COPADE continuara intentado promover determi- nados proyectos industrializadores que implicaran la elaboración y procesamiento de los recursos naturales propios no hidrocarburí- feros, con el fin de diversificar la economía provincial, para evitar transformarse sólo en una productora de materias primas –ener- gía– para la Pampa Húmeda, y para revertir su excesiva dependen- cia del gobierno nacional. Pero, como hasta entonces, estos planes tuvieron un resultado dispar, y, en general, la actividad industrial disminuyó su peso en el producto bruto provincial en un 60% –frente al gran crecimiento de las actividades de explotación de gas, petróleo e hidroelectrici- dad, y sus actividades asociadas, de servicios y construcción–. De todas formas, en una mirada en conjunto, algunos sectores decre- cieron, entre 1970–1982, como las industrias papeleras y madere- ras, y otros crecieron como las industrias alimenticias, o aquellas industrias químicas destinadas al procesamiento de hidrocarburos, o las vinculadas a minerales no metalíferos, como ladrillos, cerámi- cas, cemento y yeso –por ejemplo, en 1979 se estableció la fábrica de cerámicas Zanón en Neuquén–. Estas últimas fueron benefi cia- das por el importante impulso de la construcción. Sin embargo, su incremento fue insufi ciente para lograr un crecimiento autosufi - ciente de la provincia, como era la aspiración de los técnicos del COPADE, y quedó muy relegado en comparación al importantísimo desarrollo de la explotación de hidrocarburos e hidroelectricidad, como veremos a continuación. 3.2. La transformación de Neuquén en una provincia exportadora de energia Si hay un elemento que caracterizó la economía neuquina en los ‘70 fue su clara inscripción en el mercado nacional como provin- cia exportadora de energía. A partir de los ‘60 y al calor de las teo- rías desarrollistas y modernizadoras de la economía, Neuquén fue transformando su matriz productiva, desde una centrada en activi- dades agropecuarias de baja rentabilidad, hacia su inserción al área económica dominante del país, el Litoral–Pampa Húmeda, como productora de las siguientes materias primas: hidroelectricidad e hidrocarburos –gas y petróleo–. Si bien, como vimos en el capítulo anterior, en cuanto a la energía hidroeléctrica, ya desde los ‘60 se produjo un cambio cualitativo y cuantitativo con la construcción del complejo Chocón–Cerros Colorados, es en los ‘70 cuando se produ- jo el gran salto en la producción hidrocarburífera por la conjunción de una serie de factores que explicaremos a continuación. Como vimos, la explotación de petróleo en Neuquén no era una actividad nueva. Sus inicios pueden remontarse al descubrimiento de los yacimientos de Plaza Huincul en 1918, explotados a partir de 1922 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa estatal creada para tal fi n. Puesto que, hasta 1958, Neuquén fue territorio nacional, las ganancias provenientes de dicha explotación, es decir las regalías, no permanecían en la región, sino que eran apropiadas por el Gobierno nacional. A partir de su provincialización, comenzó una pugna entre el gobierno neuquino y el nacional, no sólo por los atrasos en el pago de las regalías, sino principalmente por la deter- minación de a qué instancia gubernamental –si al estado nacional o provincial– le correspondía la propiedad de estos recursos. De todas formas, el aporte de Neuquén a la producción nacional de hidrocarburos fue insignifi cante hasta la década del ‘70. En esos años, una serie de hitos fueron redefi niendo la matriz productiva de la provincia, de forma tal que su principal actividad económica pasó a ser la exportación de energía, y sus principales ingresos las rega- lías por ella recibidas. Además de la puesta en funcionamiento de la represa Chocón–Cerros Colorados en 1972, en los ‘60 a las tareas de exploración de las empresas Shell y Esso –interrumpidas por la anulación de los contratos petroleros por parte del presidente Illia– le sucedieron las realizadas por YPF, no sólo en Plaza Huincul, como hasta ahora, sino también en otras localidades de la provincia. En 1969 se descubrió el yacimiento de petróleo Puesto Hernán- dez, en el departamento de Pehuenches, y en 1977 se produjo el descubrimiento del principal yacimiento gasífero del país: Loma de la Lata, en el Departamento de Confl uencia. Este fue un hito fundamental en la reorientación de la matriz productiva de la pro- vincia ya que por sí solo representa el 50% de las reservas totales del país. En defi nitiva, el descubrimiento de nuevos yacimientos en los ‘70, el incremento de la producción hidrocarburífera e hidroeléctrica, sumado al aumento de las regalías, convirtieron a Neuquén en una provincia proveedora de energía cuya economía comenzaría a de- pender cada vez más de las regalías nacionales obtenidas por dicha explotación. De a poco, la diversifi cación de la economía provincial, tantas veces demandada por el COPADE, quedaría en un segundo plano ya que los grandes benefi cios aportados por la exportación de energía –con sus efectos multiplicadores en el sector comercial, de la construcción y de servicios– terminarían primando por sobre cualquier otra actividad. Entonces, en los ‘70 y sobre todo durante la dictadura, la econo- mía neuquina protagonizó un despegue de la mano de la produc- ción y exportación de energía a mercados extrarregionales, que se vería profundizado en años posteriores. Un claro indicio de ello es el cambio del peso relativo de la economía neuquina en el conjunto nacional ya que, entre 1970 y 1985, triplicó su participación en el producto bruto nacional. Esta situación de gran crecimiento económico, sumado a una cierta continuidad del rol interventor y planifi cador del Estado, no sólo en economía sino en el plano social, explica que el gobierno del general Trimarco fuera recordado por mucho tiempo con cier- to beneplácito por la sociedad neuquina, más allá de la represión desplegada. A diferencia del fuerte desprestigio de las Fuerzas Ar- madas en los grandes centros urbanos, producto de la crisis eco- nómica, la guerra de Malvinas y la difusión de las masivas violacio- nes a los derechos humanos cometidas en los ‘70 –que explican el llamado a elecciones por parte del régimen militar para 1983–, en Neuquén desde la prensa local se barajaba incluso la posibilidad de que Trimarco fuese como candidato a gobernador ya que, desde su perspectiva, era la única personalidad local que podría pelearle las elecciones al histórico líder del MPN, Felipe Sapag. Glosario: Grupos de tareas: En su accionar conjunto, las distintas fuerzas constituyeron los llamados Grupos de Tareas (GT), estructuras medulares de la represión clandestina. Estos grupos estaban confor- mados con personal de las diversas Fuerzas Armadas y de Seguridad. Si bien se hallaban alojados en determinadas dependencias militares o de seguridad, las que otorgaban su infraestructura y, en algunos casos, se hacían cargo de las Jefaturas, los GT no dependían directamente de esos lugares sino de la Fuerza en la que tenían sede. Éstas podían ser del Ejército, la Marina o la Aeronáutica. Guerra Fría: se denomina de esta manera a los cuarenta y cinco años transcurridos entre la explo- sión de las bombas atómicas y el fin de la Unión Soviética (1946–1991). Este periodo, en el que se enfrentaron los Estados Unidos de América y la Unión Soviética con sus respectivos aliados, se ca- racterizó por el temor a una guerra nuclear y por el reparto global de fuerzas. Mientras la Unión So- viética dominaba o ejercía su influencia en Europa Oriental y buena parte de Asia, Estados Unidos lo hacía fundamentalmente en el hemisferio occidental. A esta complicada estructura de relaciones internacionales que enfrentó al modelo comunista soviético y al modelo capitalista de occidente se la llamó Guerra Fría porque nunca se desencadenó un conflicto abierto entre las dos potencias que rivalizaban por el poder; las batallas tuvieron lugar en los ámbitos diplomáticos internacionales – como la ONU o la OTAN–, en las expresiones artísticas, en el periodismo, en la competencia por los adelantos científicos y en el deportivo. El clima de guerra latente contribuyó a justificar el desvío de grandes sumas de dinero para la mo- dernización del aparato bélico de ambos países y aunque hubo momentos de gran tensión –como la Crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962–, el conflicto entre las potencias nunca llegó a concretarse. En su lugar, se produjeron conflictos indirectos, como campañas de propaganda nega- tivas que cada uno hizo del otro y una política general de no cooperación, pero también conflictos armados en terceros países situados en zonas periféricas como Corea o Cuba donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética participaron proveyendo armas, información o financiación a esos conflictos. Industria liviana: son industrias de pequeño o mediano tamaño, que exigen poca inversión de ca- pital tanto en plantas como en equipos. En general producen bienes no durables, y en muchos ca- sos, no estandarizados. Utilizan mucha mano de obra, la que puede ser poco calificada como en la industria textil, la alimenticia y la de productos de plástico; o, en cambio, puede ser muy calificada como en la industria electrónica, en la fabricación de instrumental, en industrias artesanales, etc. Fariwoni, Paula y Roitberg, Humberto (1998). Diccionario para historia económica. Sin pie de im- prenta. Operativo Cóndor: fue el acuerdo de coordinación represiva que conocieron las dictaduras de se- guridad nacional en el Cono Sur de los años 1960–1980. Del mismo participaron Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y, tardíamente Perú y Ecuador. Su función consistió en facilitar la puesta a disposición, entre los gobiernos dictatoriales de la región, de recursos humanos, materia- les y técnicos, con el objeto de combatir a las diferentes manifestaciones de oposición que busca- ban impedir la reconstrucción de la hegemonía de las clases dominantes. El Operativo Cóndor tuvo mecanismos de funcionamiento específicos: intercambio de información, secuestro y repatriación forzada de desterrados, operaciones de acción psicológica, operativos transfronterizos, así como también intercambio tecnológico y técnico, por medio de la provisión de equipos y de conferencias, instrucción, etc. Neoliberalismo: filosofía económica que nació después de la Segunda Guerra Mundial como una reacción teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y de bienestar. Sus autores cuestionaban la regulación social argumentando que el nuevo igualitarismo (muy relativo, por su- puesto) promovido por el Estado de bienestar, destruía la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia, de la cual dependía la prosperidad de todos. Desafiando el consenso oficial de la época, ellos argumentaban que la desigualdad era un valor positivo –en realidad imprescindible en sí mismo–, de la que precisaban las sociedades occidentales. A partir de la llegada de la gran crisis del modelo económico de posguerra, en 1973, las ideas neoliberales pasaron a ganar terreno. El remedio, entonces, era claro: mantener un Estado fuerte en su capacidad de romper el poder de los sindicatos y en el control del dinero, pero parco en todos los gastos sociales y en las intervenciones económicas. La estabilidad monetaria debería ser la meta suprema de cualquier gobierno. Por eso era necesaria una disciplina presupuestaria, con el consentimiento del gasto social y la restauración de una tasa “natural” de desempleo. Además, eran imprescindibles reformas fiscales para incen- tivar a los agentes económicos. El crecimiento retornaría cuando la estabilidad monetaria y los incentivos esenciales hubiesen sido restituidos. Anderson, Perry (2003). La Trama del Neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social. Buenos Aires: CLACSO. Industria pesada: son industrias de gran escala, que requieren grandes inversiones en plantas y en equipos. En general, utilizan tecnologías muy avanzadas y producen para diversos mercados, entre ellos para otras industrias. Poseen una organización compleja y en general contratan mano de obra especializada. Generan una producción de gran volumen. Por ejemplo, las refinerías de petróleo, la producción de hierro y acero, las fábricas de automotores, las de máquinas para la industria, etc. Fariwoni, Paula y Roitberg, Humberto (1998). Diccionario para historia económica. Sin pie de im- prenta. Industrialización por sustitución de importaciones (ISI): desarrollo de industrias locales que pro- ducen bienes que hasta ese momento estaban siendo importados. Este tipo de industrialización puede darse como producto de una coyuntura favorable en la que se combinan una serie de facto- res - escasez de productos importados, demanda de bienes insatisfecha, capacidad e infraestructu- ra instalada, mano de obra disponible-, como lo fue la década de 1930 en nuestro país. Asimismo, puede ser un modelo económico fomentado desde el poder gubernamental a través de mecanis- mos de política económica tales como los incentivos fiscales y crediticios o la protección comercial, como lo fue durante los gobiernos de Perón (1946-1955) y el denominado desarrollismo.