Historia de la Desamortización y los Cambios Agrarios en el siglo XIX (PDF)

TEMA 10. Proceso de desamortización y cambios agrarios. La transición al capitalismo en el siglo XIX: industrialización y movimiento obrero 1. Cambios agrarios durante el siglo XIX: las desamortizaciones. Introducción 1.1.Definición y justificación de las...

TEMA 10. Proceso de desamortización y cambios agrarios. La transición al capitalismo en el siglo XIX: industrialización y movimiento obrero 1. Cambios agrarios durante el siglo XIX: las desamortizaciones. Introducción 1.1.Definición y justificación de las desamortizaciones. 1.2.Procesos de desamortización. Antecedentes y primeros intentos de desamortización. Desamortización de Mendizábal (1836). Desamortización de Espartero (1841). Desamortización de Madoz (1855). 1.3.Consecuencias de las desamortizaciones. Cambios agrarios. Conclusión 2. La transición al capitalismo en el siglo XIX: industrialización y movimiento obrero. Introducción 2.1.Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial. 2.2.Transformaciones sociales: Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España. Conclusión 1  Introducción El s.XIX es una etapa decisiva en la Historia de nuestro país, pues se va a producir una gran transformación política a raíz del triunfo del Estado Liberal burgués, que traerá consigo profundas transformaciones de las estructuras económicas, sociales y culturales. Hasta mediados de 1840 y 1850 España vivió un profundo estancamiento económico por causa de las guerras y la pérdida de las colonias americanas. A mediados del s.XIX se inicia la Segunda Revolución Industrial en países europeos (Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, EEUU y Japón), se acelera la carrera imperialista y se crea un gran mercado mundial con nuevos medios de transporte: ferrocarril, barco de vapor, canales, el auge de las carreteras, etc. Es en este momento cuando la economía española también experimenta cambios importantes (consolidación de la industria textil catalana, inicio del ferrocarril, incremento de las tierras cultivadas) aunque estos cambios no fueron suficientemente intensos para un despegue industrial semejante al de otros países. En resumen, España se incorporó deficientemente a la industrialización. A finales del s.XIX frente a núcleos industriales del Norte (Cataluña, País Vasco y zonas de Asturias), así como Madrid y la periferia, nos encontramos con una España rural, con métodos de producción anticuados (Galicia, las dos Castillas, Extremadura, Andalucía y gran parte del Levante). La desamortización fue una de las medidas adoptadas por el régimen liberal que causó mayor impacto en la economía española del siglo XIX. La estructura tradicional de la propiedad agraria en España no permitía una explotación racional de la tierra que hiciese posible un aumento de la productividad. El objetivo de las desamortizaciones era modificar esa caduca estructura, aunque la motivación más inmediata fue salvar la insostenible situación de penuria de la Hacienda española. 1. Definición y justificación de las desamortizaciones. El proceso desamortizador comprendía dos aspectos: - las desvinculaciones de las tierras de la nobleza, es decir, liberarlas para que pudieran venderse libremente; - las desamortizaciones propiamente dichas, mediante las que el Estado nacionalizaba los bienes eclesiásticos o civiles (de los municipios) para su posterior venta en subasta pública a particulares, pasando a ser así bienes privados y libres. El producto de lo obtenido lo aplicaría el Estado a sus necesidades. Por tanto, las desamortizaciones tenían como objetivo que las propiedades vinculadas pudieran ser vendidas, enajenadas o repartidas. Esto significaba liberalizar la circulación de tales bienes y transformarlos en mercancías, un paso imprescindible para la puesta en marcha de un proceso capitalista y modernizador, además de un primer paso para eliminar la vieja sociedad estamental. Hasta mediados del s.XVIII, la agricultura española presenta los mismos rasgos que el siglo anterior (despoblamiento, epidemia de hambre, bajo rendimiento) y aunque se introdujeron leves mejoras seguía padeciendo notables problemas: 2  El rendimiento del campo era bajo, causado por el atraso técnico (técnicas tradicionales: arado romano, rotación bienal…), los malos años climáticos y las crisis agrícolas.  El analfabetismo de campesinos hizo que se mantuvieran los antiguos sistemas de cultivos  Claro predominio de economía agraria de autoabastecimiento.  Sistema de arriendo inadecuado.  Escasa articulación del mercado agrario español, lo que se traduce en la disparidad de precios entre distintas regiones y dificultades de intercambios limitado a mercados comarcales y locales.  Limitaciones jurídicas sobre la libre disposición de los bienes por parte de los propietarios, por lo que se puede hablar de una injusta distribución de la propiedad de la tierra pues existían tierras amortizadas o vinculadas, es decir podían percibir rentas, pero no podían enajenarlas o venderlas. La propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen estaba en manos de los nobles que contaban con el mayorazgo (institución por la cual las propiedades debían transmitirlas íntegras al primogénito), las instituciones eclesiásticas que contaban con las tierras de manos muertas o los municipios o ayuntamientos, que poseían los bienes de propios -tierras que pertenecían a los municipios como institución, que normalmente eran arrendadas a particulares a cambio de una renta- y baldíos o tierras comunales, cuyo aprovechamiento era gratuito y libre para los vecinos del municipio para pastos, roturaciones en época de escasez, leña y maderas,.. 2. Procesos de desamortización. En este contexto, el proceso desamortizador abordó la consecución de los siguientes objetivos generales:  Políticos: crear una masa de propietarios ligados al nuevo régimen liberal.  Ideológicos: Dentro de un programa liberal, era habitual encontrar la defensa de la propiedad privada como eco de ideas de ministros ilustrados del s. XVIII.  Sociales: se pretendía reformar la estructura de la propiedad al sentar las bases para la aparición de una amplia capa de medianos propietarios, que rompiera la tradicional dicotomía latifundismo/minifundismo. Al igual que los objetivos económicos, éste tampoco se logró; por el contrario, se acentuó la concentración de tierras.  Económicos: se pensaba que modernizando la estructura de la propiedad de la tierra se producirían transformaciones agrarias, que facilitarían el desarrollo económico y la revolución industrial (objetivo que no se consiguió), al tiempo que se incrementaba el número de contribuyentes.  Fiscales: el objetivo fundamental de las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX fue recaudar fondos para solucionar los problemas de la Hacienda Pública: hacer frente a los gastos ocasionados por las guerras (contra Francia, carlistas), realizar inversiones públicas (trazado del ferrocarril), y pagar la deuda pública 2.1.Antecedentes y primeros intentos de desamortización. Las medidas de mayor trascendencia fueron los dos grandes procesos desamortizadores llevados a cabo por los liberales durante el reinado de Isabel II, el de Juan Álvarez Mendizábal (1836) y el de Pascual Madoz (1855), pero anteriormente, ya habían tenido lugar otras desamortizaciones. 3  En la época de Godoy (1792-1808), durante el reinado de Carlos IV, se hicieron algunas expropiaciones de bienes de la Iglesia por el Estado debido a la política belicista del gobierno y el consiguiente crecimiento de la deuda pública. Carlos IV obtuvo permiso de la Santa Sede, en el año 1798, para expropiar los bienes de los jesuitas y de obras pías (eran fundaciones que implicaban la donación de un capital, destinado a apoyar a los sectores desprotegidos de la sociedad, como huérfanos, viudas, doncellas sin dote y pobres.) que, en conjunto, venían a ser una sexta parte de los bienes eclesiásticos. Se desamortizaron bienes de los jesuitas, sus hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y de Colegios mayores universitarios. Como consecuencia, se eliminó la asistencia social a enfermos, ancianos y marginados sociales, asistencia que la Iglesia financiaba con las rentas de esas tierras y que el Estado no cubría, lo que condenó a esos colectivos a la miseria. Durante la Guerra de la Independencia tanto el gobierno de José I Bonaparte como las Cortes de Cádiz realizaron una legislación paralela de supresión de conventos y órdenes religiosas y de puesta en venta de sus propiedades, destinando el producto a amortizar la deuda del Estado. La restauración del absolutismo en 1814 significó la anulación de las exclaustraciones (expulsión de los monjes y monjas de sus conventos) y la devolución de los bienes vendidos a sus dueños. También las Cortes de Cádiz concedieron un decreto desamortizador para enajenar los bienes de los traidores a España y de algunos bienes eclesiásticos, aunque nunca se llevó a efecto porque Fernando VII deshizo la labor legislativa de las Cortes a su regreso a España. Más importancia tuvo la desamortización que se produjo durante el Trienio Liberal (1820-1823), que retomó la iniciada por las Cortes de Cádiz y afectó a los bienes del clero regular. En 1823, Fernando VII devolvió las propiedades a sus dueños. 2.2.Desamortización de Mendizábal (1836). A partir de 1833 el proceso de desamortización se precipitó por varias causas:  la guerra contra los carlistas obligaba al Estado a obtener recursos en un momento en que las arcas estaban vacías y el crédito exterior se había hundido.  los liberales progresistas alentaron en todo el país un radical anticlericalismo, basándose en que el clero apoyaba al bando carlista: los asaltos a conventos, los incendios, profanaciones y matanzas fueron frecuentes en los años 1834 a 1836.  los antiguos compradores de bienes desamortizados en el Trienio presionaban al gobierno para que les devolvieran sus bienes. Hombres ricos, formaban un grupo poderoso e influyente, esencial para el bando liberal-cristino. La Desamortización de Mendizábal se emprendió por medio de un Decreto de febrero de 1836 en el que se establecía que los bienes del clero regular (OORR) fueron nacionalizados, sin indemnización y puestos a la venta en subasta pública. Se beneficiaron los terratenientes y la burguesía urbana adinerada, y fueron las clases modestas del campo los perjudicados. Esta desamortización sería completada por el propio Mendizábal con el Decreto de 1837, aplicado durante la regencia de Espartero cuando se ordenó la venta de las propiedades del clero secular, que jurídicamente se habían declarado bienes nacionalizados desde 1837. El decreto formaba parte de un programa que perseguía ganar la guerra allegando fondos y tropas, restaurar la confianza en el crédito del Estado y, a largo plazo, permitir una reforma de la Hacienda. Mendizábal, en el preámbulo del decreto, exponía otros 4  objetivos básicos de la desamortización: sanear la Hacienda reduciendo la deuda, conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses, que mejorarían la producción y la revalorizarían, y crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen y al bando cristino. Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después, alcanzando una puja media del 220% sobre el precio de salida. Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses urbanos adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en España que sacase al país de su marasmo. El mecanismo de compra también benefició a las nuevas clases propietarias. En un primer momento sólo se abonaba el 20% al contado mientras que el resto se pagaba aplazado y se admitían para el pago los títulos de deuda por su valor nominal. Como estaban muy desvalorizados en el mercado, adquirirlos en bolsa y pagar con ellos era una ganga para el comprador. A pesar de que esto pudiera parecer perjudicial para el Estado por el escaso valor de los bonos de deuda pública española en estos momentos, Mendizábal priorizó reducir el mayor número posible de títulos de la deuda para reestablecer, así, el crédito público. 2.3.Desamortización de Espartero (1841). Las victorias de los liberales sobre los carlistas hicieron irreversibles las ventas y, además, desde agosto de 1841, bajo la regencia de Espartero, se desamortizaron también los bienes del clero secular. Esta ley durará escasamente tres años y al hundirse el partido progresista, la ley fue derogada. En total, entre 1836 y 1844, se habían vendido propiedades por valor de 3.274 millones de reales, quedando aún por vender bienes expropiados por valor de 910 millones, de los que tres cuartas partes pertenecían al clero secular. Se había desamortizado el 62% de las propiedades de la Iglesia. El resultado es que sumando lo vendido en el Trienio y en el período 1836-1851, el Estado recaudó unos 4.500 millones de reales, de los que sólo 500 lo fueron en dinero, cuando la deuda ascendía ya por entonces a unos 14.000 millones. Sin embargo, con la vuelta al poder del partido moderado en 1844, las ventas quedaron prácticamente suspendidas, se confirmaba la legítima propiedad a quienes habían adquirido los bienes y se normalizaban las relaciones con la Iglesia al firmarse el Concordato de 1851: La Iglesia aceptaba el hecho consumado de la desamortización, pero el régimen liberal se comprometía a mantener económicamente al clero y se le devuelven a la Iglesia los bienes confiscados, pero no vendidos. 2.4.Desamortización de Madoz (1855). En 1855 se promulga la Ley General de Desamortización de 1855, obra del ministro de Hacienda Pascual Madoz, en el contexto del bienio progresista (1854 – 1856). Esta medida suele denominarse desamortización general ya que se pusieron en venta no solo los bienes eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa desamortizadora anterior, sino también, y, sobre todo, los bienes de propios y comunes de los municipios y, en general, a todos aquellos que aún permanecían amortizados. Los objetivos de la ley Madoz al igual que en la de Mendizábal, eran a nivel económico, obtener recursos para el Estado, para sanear la Hacienda Pública y financiar la construcción de obras públicas, principalmente el ferrocarril y, a nivel político, lograr el enriquecimiento de los terratenientes y la burguesía agraria favorable al régimen liberal. 5  A diferencia de la de Mendizábal, la Ley Madoz se desarrolló a gran velocidad. Entre 1855 y 1856 se subastaron más de 43.000 fincas rústicas y unas 9.000 urbanas, por un valor cercano a los 8.000 millones de reales, mediante el pago de un 10% de entrada y el resto aplazado, y admitiéndose sólo el abono en efectivo. El volumen de dinero acumulado (como se ve, casi el doble que en 1845) se destinó a amortizar la deuda y a cubrir las necesidades de la Hacienda tras la abolición del impuesto de consumos (artículos de primera necesidad) decretada en los días del golpe militar de 1854, así como a financiar la construcción del ferrocarril. Los cambios de gobierno durante este período no afectaron a las subastas, que continuaron hasta finales de siglo. Las consecuencias de esta segunda desamortización fueron el empobrecimiento de los Ayuntamientos, que, entre otras cosas, estaban al cargo de la instrucción pública, la eliminación de la propiedad comunal y de lo que quedaba de la eclesiástica, lo que provocó, en el primer caso, un agravamiento considerable de la situación económica del campesinado, y en el segundo una ruptura de las relaciones con la Iglesia, ante la flagrante violación del Concordato. Además, no solucionó el sempiterno problema de la Deuda Pública. Se utilizó también el procedimiento de la subasta pública para su venta, pero a diferencia con la de Mendizábal, ésta sólo podría hacerse en metálico. Esta ley estuvo vigente hasta 1924. Pero desde 1867 apenas hubo subastas, ya que poco quedaba por vender. 3. Consecuencias de las desamortizaciones. Cambios agrarios. -Económicas y cambios agrarios: a) la desamortización no resolvió el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo. Se pusieron a tributar una enorme cantidad de propiedades que hasta entonces habían permanecido exentas, aumentando así los ingresos de la Hacienda. b) Se produjo un cambio en la situación jurídica de las tierras, es decir, las tierras podían ser vendidas, enajenadas o repartidas, por lo que se produjo un cambio en la propiedad de las tierras que creó una clase de propietarios individuales y libres. El 40 % de las tierras cambiaron de dueño, pasando a manos de nobles y burgueses. c) No se produjo cambio radical alguno en la estructura de la propiedad agraria. En las zonas latifundistas (Andalucía, Extremadura y las dos Castillas) se organizaron grandes lotes inasequibles a los campesinos sin tierras -arrendatarios, colonos, jornaleros- y fueron adquiridos por burgueses en buena parte urbanos que se convirtieron en rentistas, lo que provocó el aumento de los alquileres. En la zona del norte se subastaron parcelas de menor tamaño que fueron adquiridas por labradores propietarios vecinos de las localidades donde se ubicaban. f) Las desamortizaciones contribuyeron, junto con otras medidas liberalizadoras, a implantar el sistema capitalista en el campo. g) Creció la superficie cultivada y la productividad agrícola gracias a las inversiones de los propietarios. Aumentó la deforestación. h) Se impuso la agricultura destinada al mercado nacional e internacional cuyas producciones más destacadas fueron la vid, el olivo y los cítricos tuvieron una creciente demanda exterior. Otros productos destinados a la exportación por no cultivarse en el resto de Europa: el arroz (Delta del Ebro y la Albufera) caña de azúcar (costa andaluza granadina), algodón (Valle del Guadalquivir). 6  i) Las tres cuartas partes de las tierras siguieron cultivadas de cereales. La producción siguió estancada porque predominaba el cultivo extensivo. Los bajos rendimientos hacían que los precios fuesen muy altos y que los cereales españoles no pudiesen competir con los importados. Los grandes propietarios obligaban al gobierno a políticas proteccionistas - Sociales: a) Se multiplicó la cantidad de jornaleros, sobre todo en las zonas latifundistas. Sometidos a unas condiciones de vida míseras, se sublevaban con frecuencia para reivindicar mejoras laborales. b) La privatización de los bienes comunales privó a los campesinos de unos recursos complementarios para su subsistencia y ello contribuyó a la expulsión de población rural que emigró hacía las ciudades, donde se convierte en mano de obra barata para los servicios y la industria. Los principales destinos fueron Madrid, Cataluña y País Vasco, regiones de más pronta industrialización en España e Iberoamérica. c) Los nobles, por sentencia judicial, se convirtieron en propietarios plenos de las tierras que hasta entonces explotaban en usufructo. d) Estas medidas suponen la desaparición de régimen señorial en el mundo rural, para lo que se hace un pacto tácito entre la burguesía y la aristocracia terrateniente. La nobleza consiguió el derecho de propiedad sobre la tierra como indemnización por la abolición de los derechos señoriales, haciendo con ello un gran negocio. e) La extensión de la propiedad favoreció el aumento y consolidación de la burguesía, apoyo social fundamental para el sostenimiento del régimen liberal. f) Se consolidó la oligarquía agraria terrateniente constituida por nobles y burgueses. Grupo social dominante en España a menos hasta la mitad del siglo XX. Culturales: a) Supuso la destrucción y la pérdida de un riquísimo patrimonio cultural imposible de evaluar: edificios, cuantiosas obras de arte, riquísimas bibliotecas y archivos, etc… Conclusiones En definitiva, la desamortización fue la medida económica más novedosa de los gobiernos liberales, aunque no fue suficiente para cambiar el panorama del país. Al atraso de la agricultura española, se unió el aumento de las diferencias sociales entre una burguesía enriquecida y un campesinado pobre, al no haberse creado una clase media agraria. Por ello, la agricultura no suministró mano de obra a la industria (por falta de mecanización) ni mercado suficiente para la producción industrial (por la escasa capacidad de consumo), ni capitales para invertir (por su escasa rentabilidad), siendo durante buena parte del siglo XIX un lastre importante para el desarrollo de los demás sectores productivos. 7 2. La transición al capitalismo en el siglo XIX: industrialización y movimiento obrero. Introducción España experimentó un proceso de industrialización cuyos signos distintivos, al igual que sucedió en Europa y Estados Unidos, fueron el vapor, el carbón, las máquinas, la fábrica y el ferrocarril. Sin embargo, esa expansión industrial no fue brusca e inmediata sino lenta a lo largo del siglo XIX. Los distintos gobiernos desde 1833 a 1874, impulsaron la entrada de capitales e inversiones extranjeras contribuyendo así a la expansión de una economía de mercado de signo capitalista y a la creación de empresas y sociedades anónimas. El movimiento obrero en España tiene su origen en las transformaciones económicas y sociales provocadas por la industrialización del país. Aunque este proceso fue más lento y desigual que en otros países europeos, sentó las bases para la organización de los trabajadores y el inicio de sus reivindicaciones colectivas. 2.1.Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial. Las singularidades de la industrialización en España La industrialización se concentró en zonas costeras por su fácil accesibilidad al mar y por su proximidad con los países europeos. Estas zonas fueron: la comarca de Barcelona con el sector textil; y las comarcas de Bilbao, Oviedo-Gijón y Málaga con el sector siderometalúrgico. Las industrias textiles catalanas, fueron mecanizando sus procesos de fabricación y los propietarios de fábricas a mitad de siglo fueron creando las primeras asociaciones patronales. En estas industrias destacó, fundamentalmente, el sector del algodón seguido de la industria lanera. En el sector siderúrgico, también se impusieron nuevas técnicas de producción. A su vez, la política proteccionista de los gobiernos españoles favoreció el crecimiento de los sectores industriales en Cataluña y Vizcaya. En Vizcaya se concentraba principalmente en la ría de Bilbao destacando la creación de una empresa emblemática como fue la de la familia Ibarra en 1827 y a principios del siglo XX, los Altos Hornos de Vizcaya. Sin embargo, este proceso fue desigual entre las regiones españolas quedando casi toda la península completamente desindustrializada. En lo referente a los yacimientos mineros se intensificó la explotación en Huelva, Murcia y Ciudad Real, aunque durante el Sexenio se realizó una legislación librecambista que modificó este sector. Dentro de esa legislación destacó la Ley de Bases sobre Minas de 1868. Ahora bien, aunque el subsuelo continuó siendo patrimonio del Estado, la explotación y comercialización de los yacimientos quedó en manos de empresas privadas mediante concesiones estatales a perpetuidad. Esto se conoce como “desamortización” del subsuelo, es decir, la venta de las explotaciones a manos privadas. Así, a partir de entonces se fundaron más de veinte empresas británicas dedicadas a la explotación del hierro vizcaíno, cántabro o andaluz, exportándose casi el 90% del mineral extraído desde el puerto de Bilbao hacia Inglaterra, Alemania, Francia o Bélgica. 8  En comparación con los países más industrializados como Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda y Suiza, la incorporación de España a la revolución industrial y a la modernización económica resultó más tardía, lenta, incompleta y desequilibrada tanto interregional como sectorialmente. Algunos de los obstáculos que retardaron el proceso de desarrollo industrial fueron los siguientes: las guerras, las inestabilidad política, la escasez de carbón, la carencia de materia prima como algodón, la deficiente red de comunicaciones por la orografía, la insuficiencia del mercado interior, la falta de capitales nacionales, la excesiva política proteccionista defendida a ultranza por determinados grupos industriales la cual limitó competitividad en el mercado internacional o la ausencia de mentalidad empresarial y el analfabetismo. Todo ello ha favorecido a que un grupo importante de historiadores haya calificado la industrialización española del siglo XIX como “fracaso”, entendido como la no consecución de proyectos privados o públicos para la modernización económica de forma similar a lo ocurrido en Gran Bretaña o en otros países, con sus peculiaridades, como Francia, Alemania o Bélgica. Sin embargo, en términos generales, el balance fue de fracaso relativo porque pese al evidente atraso español visto y ser un país principalmente agrario, se inició la construcción del ferrocarril, se perfeccionó la banca, se creó un nuevo sistema monetario y surgieron los primeros focos industriales. Modernización de las infraestructuras: la expansión del ferrocarril Cabe destacar que hubo avances en la modernización de infraestructuras como carreteras, caminos o transporte marítimo, pero el avance fundamental se dio en el transporte ferroviario. Así, la primera línea ferroviaria realizada en España fue Barcelona-Mataró en 1848 y la segunda Madrid-Aranjuez en 1851. Antes, en 1840, se había realizado la línea La Habana-Bejucal en Cuba. En 1855, se promulgó la Ley General de Ferrocarriles que favoreció una aceleración del ritmo de construcción de líneas férreas alcanzándose en 1866 los 5100 km, que llegaron a los 13.200 en 1900. El ferrocarril se caracterizó durante el siglo XIX por: a) La configuración del trazado de líneas con una red radial a escala nacional cuyo centro era Madrid. Es decir, un modelo centralizado, más por razones de rentabilidad económica que por cuestiones políticas. b) La elección de un ancho de vía (1,67) más ancho que el resto de países europeos (1,52) para evitar invasiones y debido a la orografía montañosa del territorio español. c) La construcción de líneas se realizó mediante concesiones del gobierno a empresas o compañías privadas con capital belga y francés, ya que el Estado carecía de recursos suficientes. En consecuencia, el resultado fue la realización de una deficiente infraestructura viaria que se estropeaba continuamente. d) Además, hubo un retraso en la construcción de la red de ferrocarriles con respecto a Europa por la falta de capital, visión gubernativa, nivel técnico e iniciativa empresarial. Esta problemática se acentuó debido a los efectos de la gran crisis europea entre 1866 y 1876 como consecuencia de la especulación provocando, entre otras cosas, la quiebra del sistema bancario, la acentuación del déficit presupuestario crónico y, por ende, la paralización de vías férreas hasta 1876. El sector comercial y el sector financiero El desarrollo del comercio industrial fue lento como consecuencia de la insuficiencia de la demanda interna y de la red viaria. En cuanto al comercio interior, fue difícil la articulación de un mercado nacional a pesar de la construcción del ferrocarril. Las barreras fueron de dos tipos, fiscales y 9  naturales. Las primeras tenían que ver con la deficiente comunicación del interior con la costa o de unas regiones con otras; las segundas derivaban del sistema de aranceles y derechos de puertas, que gravaban gran cantidad de productos básicos cuando se transportaban del campo a la ciudad o de una provincia a otra. Ambos problemas, a lo largo, del XIX, trataron de ser superados con medidas para acabar con las barreras fiscales como con la adopción del sistema métrico decimal y de un nuevo sistema monetario basado en la peseta. En cuanto al comercio exterior español, durante este periodo se importaban manufacturas industriales, productos siderúrgicos, fibras textiles, maquinaria y carbón; mientras que los productos exportados eran principalmente lana, aceite, tabaco, pieles, minerales, vinos y aguardientes. Hay que añadir que, a lo largo del siglo XIX, continuaron adoptando medidas proteccionistas con la fijación de elevados impuestos aduaneros (el arancel de aduanas) en los puestos fronterizos. Así, los aranceles españoles de 1841 y 1849 eran fuertemente proteccionistas y prohibían la importación de varios productos como algodón, lana y cereales. Los empresarios industriales vascos, catalanes y los productores de cereal castellanos presionaron siempre a los gobiernos para que tomasen medidas proteccionistas. La única excepción a esta tendencia proteccionista del gobierno fue en 1869 con el ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, el cual estableció un arancel librecambista por el que se acababa con las prohibiciones anteriores y se fijaban rebajas en las tarifas. Sin embargo, esta reforma fue suspendida en 1875 y dos años después el gobierno aprobó otro arancel hiperproteccionista aumentando los impuestos aduaneros. En lo que respecta al sector financiero, hay que comenzar subrayando que, en 1856, el Banco Nacional de San Fernando pasó a llamarse Banco de España. Este organismo bancario oficial, que permaneció siempre bajo control del gobierno, se encargó de la emisión de papel moneda y de la financiación del déficit público mediante la concesión de préstamos al Estado. Asimismo, en 1857 también se crearon entidades financieras privadas como el Banco de Santander y el Banco de Bilbao. En 1848, se efectuaría una reforma monetaria que culminaría en 1868 con el establecimiento de la peseta como nueva unidad del sistema monetario español. Sin embargo, a lo largo del reinado isabelino, persistió la crítica situación de la Hacienda Estatal y continuó acumulándose la deuda pública. Siempre, se mantuvo un elevado nivel de gastos que no se lograba equilibrar siempre por los insuficientes ingresos fiscales. La causa, cualquier reducción drástica de los gastos afectaba negativamente a los intereses de los mandos del Ejército, al clero y a la Corona, mientras que el aumento de los impuestos 2.2.Transformaciones sociales: Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España. Los trabajadores, conocidos como proletariado, enfrentaban largas jornadas laborales (12-16 horas), salarios bajos e inseguridad en el empleo. La concentración de trabajadores en las ciudades generó una vida urbana caracterizada por barrios obreros superpoblados e insalubres, lo que reforzó el sentimiento de comunidad y la necesidad de buscar soluciones colectivas. Estas condiciones, sumadas a la falta de derechos, llevaron a una creciente organización para defender sus intereses. La industrialización desigual explica que, en España, el movimiento obrero se concentrara en determinadas regiones. Cataluña destacó como núcleo industrial gracias a la industria textil, especialmente en Barcelona. País Vasco se convirtió en un centro clave para la minería de hierro y la industria siderúrgica. Asturias desarrolló una 10  importante actividad minera vinculada al carbón. Sin embargo, en gran parte del territorio predominaba una economía agraria, lo que dificultó la extensión del movimiento obrero en zonas rurales. No podemos omitir que en regiones como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde predominaban los grandes latifundios, el movimiento campesino jornalero emergió como una forma de resistencia a las condiciones laborales extremadamente precarias de los jornaleros, quienes dependían de trabajos temporales y mal remunerados. Las reivindicaciones principales de los campesinos incluían: - Reforma agraria: La redistribución de tierras para garantizar la subsistencia de las familias campesinas. - Mejoras salariales: Las jornadas extensas de trabajo no garantizaban una vida digna. - Derecho a la tierra: Exigían acceso a la tierra como medio de producción frente al control ejercido por los grandes propietarios. La etapa inicial del movimiento obrero español se prolongó desde los primeros años del XIX hasta 1868 y se caracterizó por varios aspectos. No obstante, en todo este período podemos diferenciar varias fases: - Primera fase (1830-1868): formación de asociaciones primarias Durante esta etapa inicial, el movimiento obrero era local y se basaba en sociedades mutualistas que buscaban proteger a los trabajadores. Aunque la represión gubernamental era frecuente, ya se produjeron las primeras huelgas organizadas. - Segunda fase (1868-1874): expansión con la Primera Internacional El Sexenio Democrático permitió una mayor libertad de asociación, lo que facilitó el crecimiento del movimiento obrero. En 1870 se fundó la Federación Regional Española (FRE), vinculada a la Primera Internacional (AIT). Este periodo estuvo marcado por la difusión de las ideas anarquistas y marxistas y los primeros conflictos internos en el movimiento, con el predominio del anarquismo en España. - Tercera fase (1874-1890): represión y consolidación Con la llegada de la Restauración borbónica, muchas asociaciones fueron prohibidas. Sin embargo, el movimiento obrero resistió en la clandestinidad y se fortaleció en sectores como la minería y la industria textil. En este contexto surgió la UGT (Unión General de Trabajadores) en 1888, liderada por Pablo Iglesias, como el principal sindicato socialista del país. - Cuarta fase (1890-1900): consolidación del sindicalismo La última década del siglo XIX marcó la consolidación del movimiento obrero. Algunos hitos importantes fueron: la instauración del 1º de mayo como jornada reivindicativa, la aparición de huelgas generales como método de lucha y el auge del anarquismo, que adoptó tácticas como la huelga revolucionaria y la propaganda por el hecho (atentados). En primer lugar, se dio la aparición de las primeras asociaciones de trabajadores. Así, en 1839 se aprobó un decreto que reconocía el derecho de los obreros industriales a crear sólo “mutualidades” o “sociedades de socorros mutuos” para proporcionar a sus miembros pequeñas ayudas económicas en caso de accidente, enfermedad o despido. Esto empezó en Barcelona con la constitución de la Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera en 1840. 11  Progresivamente surgieron las primeras tensiones entre patronos y obreros puesto que aquellos podían despedir libremente a sus asalariados y los trabajadores carecían del derecho a formar sindicatos. De ahí, la formación de nuevas mutualidades obreras para defender sus intereses y de las primeras grandes huelgas generales en 1854 y 1855 en Cataluña cuando durante todo el siglo XIX la interrupción colectiva de la actividad laboral fue considerada un delito. Asimismo, también se produjeron revueltas antimaquinistas ludistas contra la introducción de nuevas máquinas en el proceso de fabricación. Se produjo a partir de 1868 y durante todo el Sexenio democrático, la expansión del movimiento obrero como consecuencia de la creación en Londres de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores) y del reconocimiento constitucional de la plena libertad de asociación sindical. A su vez, la ruptura interna en 1872 en esta AIT entre los anarquistas encabezados por Bakunin y de socialistas marxistas encabezados por Marx por diferencias personales, tácticas e ideológicas, repercutió en el movimiento obrero español. Las dos corrientes de la Internacional (la marxista y la anarquista) encontraron eco en España; pero fue sobre todo la anarquista, por medio de la visita que Giuseppe Fanelli, discípulo de Bakunin, realizó a España, la que adquirió mayor predicamento. Creó, en 1870, en Madrid y Barcelona la sección española de la AIT (Federación Regional Española). Así, en la Sección Española de la AIT, predominó la tendencia bakuninista con la constitución de la Federación Regional Española (FRE) puesto que los jornaleros del campo andaluces y obreros industriales catalanes y valencianos abrazaron esa tendencia anarquista. La corriente marxista se aglutinó en torno a un núcleo madrileño que entró en contacto con Paul Lafargue, yerno de Marx, en 1871. A los pocos días del golpe de Estado del general Pavía --3 de enero de 1874-- un decreto disolvía las asociaciones dependientes de la Asociación Internacional de Trabajadores y las obligaba a entrar en la clandestinidad. Este reducido grupo de internacionalistas madrileños (entre ellos, Pablo Iglesias) secundó al sector marxista de la AIT y se enfrentó a los anarquistas mayoritarios siendo expulsados de la Sección española de la AIT en 1872. Algunos años después, en 1879 fundaron el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y en 1888 se creó la UGT (Organización General de Trabajadores), una organización sindical también de orientación socialista. Los anarquistas En 1874 la comisión federal anarquista, ante la represión que había seguido al citado decreto de enero, preparó su vida en la clandestinidad. Este fue su planteamiento dominante hasta 1881, cuando Sagasta hizo que el anarquismo retornara a la legalidad. Las nuevas circunstancias trajeron una recomposición de las geográficamente dispersas organizaciones para afrontar la nueva realidad, y el resultado fue la fundación, en un Congreso celebrado en Barcelona, en 1881, de la Federación de Trabajadores de la Región Española y la incorporación en masa de nuevos afiliados que ya podían inscribirse en una organización legal. Sin embargo, la nueva organización se verá afectada por represión la fuerte que siguió al asunto de la Mano Negra en el campo andaluz, que se había constituido como una organización secreta que, acusada de unos asesinatos, llevó a la detención de cientos de personas en Jerez, Cádiz y Sevilla. En definitiva, se acusó de toda clase de crímenes al anarquismo andaluz y se quiso ampliar la culpa a los componentes de la Federación de Trabajadores de la Región Española. No podemos pasar por alto que en el seno del anarquismo había tres corrientes principales: la corriente anarcosindicalista, con formas y tácticas 12 organizativas de lucha obrera de carácter pacífico (huelgas, federaciones de oficios); la corriente revolucionaria, insurreccional o ácrata, que defendía la violencia terrorista o la denominada “propaganda por el hecho”; la corriente anarco-comunista o comunismo libertario, inspirada en Kropotkin, era partidaria de la propiedad social de los medios de producción y el disfrute del trabajo por igual, así como la libertad, igualdad, libertad política y social de todos los productores. A finales de siglo, los anarquistas seguían siendo enemigos de la acción política; pretendían destruir el orden existente por medio del terrorismo y cometieron una serie de atentados, lanzando bombas en lugares públicos o bien asesinando al presidente del gobierno, Cánovas de Castillo, en San Sebastián en agosto de 1897. La creación de la AIT y la Comuna de París en 1871 desataron el pánico entre la burguesía de toda Europa. Y los atemorizados sectores conservadores y católicos españoles no tardaron en reaccionar defensivamente ante el avance internacional. Por ello, se movilizaron formando diversas organizaciones para proteger sus intereses y como sucedió en otros países, la AIT fue ilegalizada en 1874 y los internacionalistas españoles fueron reprimidos y obligados a pasar a la clandestinidad. Los socialistas La otra tendencia del movimiento obrero, la socialista, se limitaba en 1874 a unos reducidos núcleos de seguidores de las ideas de Marx, para quienes la Asociación del Arte de Imprimir servía de refugio. En mayo de aquel año, Pablo Iglesias fue llamado a presidir en Madrid la Asociación del Arte de Imprimir, que contaba con cerca de 250 miembros. Pablo Iglesias fue convenciendo a sus compañeros de la necesidad de pasar a la acción y formar un partido hasta que, el 2 de mayo de 1879, con ocasión de un banquete de fraternidad universal, celebrado en una fonda de la calle Tetuán de Madrid, decidieron constituir el Partido Socialista Obrero Español y, además, crear una comisión encargada de redactar el programa y el reglamento. En su ideario destacan los objetivos marxistas: la conquista del poder político por la clase trabajadora, ya bien sea por la vía electoral (cosa improbable) o bien a través de la revolución obrera, tal y como había hecho la burguesía. En el siguiente paso, con los obreros en el poder, se establecería una dictadura del proletariado con el objetivo de desmontar el sistema capitalista y como paso previo hacia una sociedad sin clases sociales, sin explotadores y explotados, objetivo final del marxismo. En consecuencia, la meta del PSOE era la transformación revolucionaria de la sociedad mediante la conquista del poder por la clase trabajadora y la conversión de la propiedad privada en social, entregada a colectividades de obreros que la explotarían en beneficio del interés común. Sin duda, un planteamiento que los alejó de los partidos burgueses, entre ellos de una buena parte de los republicanos. Desde sus inicios quedó confirmado como un partido de clase, un partido exclusivamente obrero, que pretendía enfrentarse a los partidos burgueses en la lucha por el poder a través de las elecciones. En 1888 se crea el sindicato socialista, la UGT (Unión General de Trabajadores) en un Congreso celebrado en Barcelona, al que siguió otro, en la misma ciudad, para celebrar el I Congreso del PSOE, cuyo objetivo era perfilar la organización del partido. En cuanto a zonas de influencia, el movimiento obrero español ofreció un fuerte contraste. El PSOE y la UGT tuvieron en Madrid, Vizcaya y Asturias sus zonas de mayor influencia, en cambio, en Cataluña, Levante y Andalucía predominará el anarquismo. 13 Conclusión A finales del siglo XIX, las luchas obreras marcaron una clara mejora en las condiciones de vida de trabajadores y campesinos pese a la fuerte represión y las tensiones internas entre socialistas y anarquistas. Antes de estas luchas, los obreros industriales trabajaban jornadas de hasta 16 horas en fábricas insalubres, con salarios miserables que apenas cubrían la subsistencia. Los campesinos jornaleros, por su parte, dependían de trabajos temporales, mal pagados, y vivían en la incertidumbre constante del desempleo y la pobreza extrema. Después de las luchas, los avances logrados permitieron a los obreros disfrutar de jornadas laborales reducidas (hasta 10 horas en algunos sectores), mejoras salariales, y el acceso a sociedades de ayuda mutua que ofrecían apoyo en caso de enfermedad o accidente. En el campo, las huelgas y revueltas campesinas presionaron por mejoras en los jornales, y las primeras leyes laborales limitaron los abusos, aunque la reforma agraria aún era una asignatura pendiente. También se consolidó el derecho de asociación, la celebración del 1º de mayo como jornada reivindicativa y se aprobaron leyes que limitaban el trabajo infantil y regulaban el trabajo femenino. Estos logros no solo mejoraron la calidad de vida de las clases trabajadoras, sino que también sentaron las bases para derechos laborales como la jornada de 8 horas (1920) y la seguridad social, que se consolidarían en el siglo XX. La lucha colectiva transformó la realidad de los trabajadores y campesinos, otorgándoles una voz política y sindical que antes les había sido negada 14