Derecho Civil y Comercial - PDF

UNIDAD N°1 : Nociones Introductorias 1.1 EL DERECHO OBJETIVO/ORDENAMIENTO JURÍDICO: Es un sistema de normas coercibles establecidas por el Estado con caracter obligatorio (lo que implica que el Estado tiene la capacidad de exigir su cumplimiento y sancionar a quienes no lo respeten) que rig...

UNIDAD N°1 : Nociones Introductorias 1.1 EL DERECHO OBJETIVO/ORDENAMIENTO JURÍDICO: Es un sistema de normas coercibles establecidas por el Estado con caracter obligatorio (lo que implica que el Estado tiene la capacidad de exigir su cumplimiento y sancionar a quienes no lo respeten) que rige la conducta humana y su convivencia social, su objetivo es asegurar la justicia y el bien común. Este sistema se caracteriza por tener una jerarquía y subordinación entre las normas que lo integran, lo que significa que algunas normas pueden tener mayor peso o autoridad que otras. Tambien conocido como derecho positivo (lo que conocemos como derecho vigente, el que se aplica en un lugar y tiempo determinado, lo que hoy esta vigente mañana puede no estarlo y tambien rige en una region en concreto), se clasifica en dos grandes ramas: ​ Derecho Publico: Es la rama que regula las relaciones entre las personas y el Estado, así como entre diferentes Estados. ​Ramas: Constitucional (le incumbe la organización del estado y su relación con los habitantes, estas se fijan en una carta fundamental con supremacía normativa -esta es la CONSTITUCIÓN NACIONAL-, esta organización se realiza mediante los distintos poderes -ejecutivo, legislativo y judicial-), Administrativo (rige la función de la administración publica, le incumbe las relaciones reciprocas de la administración publica, organizaciones publicas y con particulares), Penal (tipifica los delitos e impone una consecuencia juridica) e Internacional Publico (son aquellos que regulan las relaciones entre estados fijadas en tratados internacionales). ​Relación Jurídica regida por el derecho publico: Los sujetos se encuentran en una situacion de subordinación hacia el estado, el que esta por encima de los particulares. Por ej: Expropiación del estado a personas. ​ Derecho Privado: Esta rama regula las relaciones entre particulares, como también en las que el Estado actúa como un particular, estableciendo un conjunto de normas que colocan a las personas en un mismo plano de igualdad. Dos características fundamentales del Derecho Privado son: ​Ramas: Civil (derecho madre y fundamental, regula de una manera integral la situacion de un individuo dentro de la comunidad incluso antes de su nacimiento, durante su vida y mas allá de la muerte con el derecho sucesorio), Comercial (se encargaba -antes de la reforma, donde se unifica la materia civil y la comercial- de regular al individuo pero respecto a los actos de comercio que llevaba a cabo), Laboral (se ocupa de la relación laboral que se entabla entre dos sujetos, el trabajador y el empleador) e Internacional Privado (todos supuestos sobre materia privada pero a nivel internacional). ​Relación publica regida por el derecho privado: Los sujetos se encuentran en una situacion de igualdad y coordinación, aun si el estado es una de las partes. Por ej: Alquiler de individuo al estado. 1.2 EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL, Nuevo codigo… 1 - Sigue el diseño de Vélez Sárfield pero unifica los Códigos Civil y Comercia -antes de Agosto del 2015 se encontraban en dos códigos distintos-l, respetando la Constitución y tratados internacionales 2 - Se descartaron las notas al pie de la pagina, -como lo hacia V. Sarsfield- para enviar múltiples interpretaciones de una sola norma 3 - Contiene un Titulo Preeliminar y una Parte General (estudia y profundiza los elementos de una relación jurídica -sujeto, objeto y causa-) para todo el codigo, este esta previsto en el Libro Primero, lo cual resulta novedoso teniendo en cuenta que V. Sarsfield estableció este pero en varias partes del codigo. 4 - Contiene partes generales sobre las organizaciones que regula, como el derecho de familia, contratos, etc 5 - Se ha tratado que esa nuevo codigo tenga una redacción en tiempo presente que sea lo mas clara y accesible posible, esto para que cualquier ciudadano pueda comprenderlo. Evita términos confusos, procurando que tenga términos conocidos por la generalidad de la ciudadanía. ​ Estructura del Código: ​ANEXO 1: Título Preliminar Capítulo 1: Derecho Capítulo 2: Ley Capítulo 3: Ejercicio de los Derechos Capítulo 4: Derechos y Bienes ​LIBRO PRIMERO: Parte General Título 1: Persona Humana (SUJETO) Título 2: Persona Jurídica Título 3: Bienes(OBJETO) Título 4: Hechos y Actos Jurídicos (CAUSA) Título 5: Transmisión de los Derechos ​LIBRO SEGUNDO: Relaciones de Familia, ​LIBRO TERCERO: Derechos Personales ​LIBRO CUARTO: Derechos Reales ​LIBRO QUINTO: Transmisión de Derechos por Causa de Muerte ​LIBRO SEXTO: Disposiciones Comunes a los Derechos Reales y Personales 1.3 DERECHO SUBJETIVO: Son las facultades o poderes que el ordenamiento jurídico reconoce a una persona exigir una conducta ajena, tiende a satisfacer un interés de tutela/protección jurídica. Estos derechos están limitados por el interés colectivo, pueden clasificarse en: ​ Derecho Patrimonial: Son aquellos que tienen una valoración económica y forman parte del patrimonio de la persona, tambien pueden ser transmitidos: ​Derechos Reales (Derecho Absoluto): Establecen una SITUACIÓN JURÍDICA SUBJETIVA -no se dice relación jurídica (vinculo) debido a que no hay dos sujetos, hay un sujeto y un objeto- directa entre una persona (titular del objeto) y una cosa (objeto).  ARTICULO 1887.- Estan tipificados en este articulo. Algunos son: a) el dominio; b) la propiedad horizontal; c) el cementerio privado; d) la servidumbre; e) la hipoteca; ​Derechos Personales (Derecho Relativo): Crean una relación entre un acreedor (sujeto activo) y un deudor (sujeto pasivo), donde el acreedor tiene el derecho a exigir una prestación (obligación de dar, hacer o no hacer) del deudor. El objeto es la prestación. ​ Derecho Extra-Patrimonial: Están relacionados con aspectos íntimos, personales o colectivos de las personas, y su protección no depende de su valor patrimonial de la persona, sino de su importancia para la dignidad, libertad, o identidad de la persona: ​Derechos Personalísimos (Derecho Absoluto): Son facultades inherentes a la persona, como la vida, el honor, la integridad física, la intimidad, la disposición del propio cadáver, etc. Se consideran derechos intuitu personae, es decir, que nos pertenece por el simple hecho de ser personas, y no son transmisibles. ​Derechos Potestativos (Derecho Relativo): Derivan de relaciones familiares como la responsabilidad parental, tutela y curatela. Son aquellos que regulan la posición, derechos y obligaciones de un sujeto en una familia. ​ Categoria Intermedia (Derechos Intelectuales): Combinan elementos y características de ambos tipos de derechos, lo que les permite ser considerados en un contexto más amplio que solo el patrimonial o el personal. Un ejemplo de estos son los derechos intelectuales, que se refieren a los derechos de autor. Estos derechos tienen un contenido extrapatrimonial, ya que están vinculados a la personalidad del autor y su labor creativa, pero también poseen un aspecto patrimonial, ya que pueden ser objeto de explotación económica. ​ Derechos absolutos y relativos: ​Derecho Absoluto: Es aquel que se ejercita ante todos (erga omnes) los miembros de la sociedad, y los demas deben respetarlo. ​Derecho Relativo: Crean una relación entre partes específicas. Estos no pueden ser ejercidos frente a terceros, ya que su validez y eficacia dependen de la relación contractual o de obligación entre las partes. 1.4 LA RELATIVIDAD DE LOS DERECHOS ​ Abuso del derecho: Es una doctrina que surge en Francia como reacción al concepto absoluto de los derechos subjetivos propio del liberalismo individualista de los códigos del siglo XIX, donde los derechos se ejercían sin límites. Este instituto pone un freno a los abusos en el ejercicio de los derechos, analizando no el derecho en sí, sino cómo se ejercen. La doctrina observa que, al ejercerse sin restricciones, los derechos tienden a causar daño a otros. Ante esta problemática, los tribunales, incluso sin una norma específica que haya previsto el abuso del derecho, comenzaron a limitar estos excesos. El abuso del derecho se refiere al ejercicio de un derecho que excede los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres, ocasionando daño a otras personas o a la comunidad. Su objetivo es regular y limitar el ejercicio de los derechos para evitar su uso perjudicial. Los criterios para evaluar el abuso del derecho (ofrecen una perspectiva diferente para interpretarlo y aplicarlo en situaciones concretas) se dividen en tres categorías: ​Criterios Subjetivos: Se centran en la conducta del sujeto que ejerce el derecho, evaluando su intención y comportamiento. Consideran si el ejercicio del derecho se realiza con dolo (intención de causar daño) o culpa (sin intención, pero causando daño). ​Criterios Objetivos: Es la finalidad de la norma que regula el derecho y en cómo se utiliza, analizando si el ejercicio de esta se desvía de su propósito original, contraría los fines del ordenamiento jurídico o excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. ​Criterios Mixtos: Combina elementos de ambos criterios, considerando tanto la conducta e intención del sujeto como la finalidad de la norma, el contexto del ejercicio del derecho, su impacto en terceros y en la comunidad. ​ Régimen Legal Argentino, Impuesto en el Art. 10: El abuso del derecho en Argentina se formalizó en 1968 con la reforma del Código Civil de Vélez Sárfield, donde se consagra en el articulo 1.071, este actualmente se encuentra derogado pero el nuevo CCyC mantiene el texto y añade un nuevo párrafo en el Art. 10, quedando de la siguiente manera: ARTICULO 10.- El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior (tutela preventiva, EL JUEZ ESTA FACULTADO PARA ACTUAR ANTES DEL ABUSO) y fijar una indemnización (tutela resarcitoria, EL JUEZ ESTABLECE MEDIDAS CUANDO YA SE PRODUJO EL ABUSO DEL DERECHO). -Parrafo novedoso puesto que el anterior codigo no lo tenia- NO CONFUNDIR “CONTRARIAR LOS FINES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO” CON “IR EN CONTRA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO”, puesto que el primero se refiere a desviar la finalidad de la norma y el ultimo se refiere a la violacion de la norma, lo cual es un acto ilícito. UNIDAD N°2 : Persona Humana 2.1 LA PERSONA HUMANA: ​ Comienzo de la existencia: El ARTÍCULO 19 establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, que se define como la implantación del embrión en el útero de una mujer, ya sea de forma natural o mediante fecundación asistida. Se mencionan dos tipos de fecundación asistida: ​Inseminación Artificial: Se inyecta semen en el útero de la mujer para facilitar la unión de gametos. ​Fecundación In Vitro: Se extraen los gametos del hombre y la mujer y se unen fuera del cuerpo, luego se introduce en el utero de la mujer. ○​ Estas dos se categorizan en dos tipos: ​Homologa: El ovulo y el espermatozoide provienen de la misma pareja. ​Heteróloga: El ovulo o el espermatozoide pertenecen a un tercero determinado (alguien conocido) o indeterminado (el tercero dona de manera anónima el ovulo o espermatozoides en un banco). ○​ El embrión puede ser depositado en: ​Su madre genética o biológica: La madre que aporto el ovulo. ​Sustituta o portadora: Que solamente aporta su utero. ​ ¿Qué estatus jurídico tienen los embriones no implantados en el útero en Argentina? Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un embrión no implantado en el utero no se considera una persona. Además, en la introducción del CCyCN, el Artículo 9 establece en su segunda cláusula transitoria que "la protección del embrión no implantado será regulada por una ley especial". El caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica es un hito en la jurisprudencia interamericana, ya que estableció un precedente significativo en relación con los derechos reproductivos y la bioética. Este caso, resuelto en 2012, trató sobre la prohibición total de la fecundación in vitro (FIV) en Costa Rica. Dicha prohibición se justificaba en el reconocimiento al derecho a la vida de los embriones, lo cual se consideraba incompatible con las pérdidas de estos inherentes a esta técnica. Sin embargo, un grupo de ciudadanos costarricenses, incluidas parejas que deseaban tener hijos mediante FIV, presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alegaron que la prohibición violaba varios derechos fundamentales, como el derecho a la vida privada, la integridad personal, la formación de una familia y la no discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras evaluar el caso, concluyó que la prohibición absoluta de la FIV en Costa Rica constituía una injerencia arbitraria y desproporcionada en los derechos de las personas demandantes. Argumentó que al otorgar una protección absoluta al embrión, sin considerar adecuadamente otros derechos en conflicto, se había vulnerado desproporcionadamente la vida privada y familiar de las personas. Por ello, la Corte ordenó a Costa Rica levantar la prohibición de la FIV. Sin embargo, el Estado costarricense no cumplió esta orden, incluso después de recibir tres prórrogas, lo que llevó a una nueva intervención de la Corte, que finalmente condenó al país por estas omisiones. Consecuencias En cuanto a las consecuencias del fallo, la Corte declaró responsable al Estado costarricense por la violación de los derechos de las personas demandantes. Ordenó al Estado tomar medidas inmediatas para eliminar la prohibición de la FIV y garantizar el acceso a esta técnica a quienes la deseen. Este fallo obligó a Costa Rica a reformar su legislación, permitiendo así la FIV y reconociendo los derechos reproductivos de sus ciudadanos. Es importante destacar que este caso tiene impacto en otros países, como Argentina, debido a su adhesión al Pacto de San José de Costa Rica en 1969. Además, en 1994, mediante el artículo 75, inciso 22 de su Constitución Nacional, Argentina otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales, lo que hace que esta jurisprudencia sea obligatoria en el país. - Si bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no considera a los embriones sin implantar personas, cabe resaltar que tampoco son cosas y no pueden ser reducidos a bienes, se puede decir que esta en un termino intermedio. ​ Plazos de embarazo y Época de la concepción: La época de la concepción es el lapso comprendido entre los plazos máximos y mínimos establecidos para la duración del embarazo. Se presume, salvo prueba en contrario (Iuris tantum), que la duración máxima del embarazo es de trescientos días, y la mínima, de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento. Teniendo en cuenta esta duración, la concepción habría ocurrido hasta 120 días antes del plazo mínimo. La ley establece estos plazos presuntivos, aunque aceptan pruebas de lo contrario. Determinar la época de la concepción no solo señala el comienzo de la existencia de la persona humana, sino que también define sus derechos y obligaciones dentro de la familia. Además, permite determinar si la persona concebida existía al momento en que un hecho jurídico le haya conferido derechos, como una herencia, una donación o un legado. Para confirmar si esta persona por nacer es beneficiaria en estas situaciones, es esencial establecer si existía en el momento pertinente. Sin embargo, el momento exacto de la concepción es incierto. Por ello, el ordenamiento jurídico se ocupa de definir la época de la concepción como un período de tiempo dentro del cual pudo haberse producido, estableciendo plazos mínimos y máximos para la duración del embarazo. ​ Nacimiento: Por nacimiento se entiende el momento en el que el nuevo ser es expulsado naturalmente (parto natural) o quirúrgicamente extraido (cesarea) de la matriz de la madre, en ese momento pueden ocurrir dos cosas: ​Con vida: ARTICULO 21.- Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida (derecho condicional, la condición es que nazca con vida y este separado del seno materno). El nacimiento con vida se presume. Esto ultimo porque el nacimiento se puede producir en un entorno que no existan personas o medicos que puedan  atestiguar si nacio con vida o no. Es decir, ante la duda, el nacimiento con vida se presume y quien alegue lo contrario deberá probar que ese nacimiento no se produjo con vida. El hecho de que nazca con vida y la mantenga un instante, significa que adquiere de manera irrevocable sus derechos, y al fallecer se transmitirán a sus herederos. ​Sin vida: Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió.​ ​ Atributos: Los atributos de la persona humana son las propiedades o características esenciales y fundamentales que le pertenecen de manera intrínseca e inseparable. Estas cualidades son necesarias para la existencia jurídica de la persona y no pueden ser renunciadas. Entre los principales atributos se encuentran la capacidad, el nombre, el domicilio y el estado civil. Estos atributos comparten tres características principales: ​Necesidad: Son indispensables y no pueden faltar en la persona. ​Unidad: Cada atributo es único, lo que implica que no se puede tener más de uno de la misma naturaleza. ​Indisponibilidad: Son inalienables e imprescriptibles, lo que significa que no pueden ser objeto de disposición por parte de la persona. 2.2 LA CAPACIDAD ​ De derecho - Artículo 22: Toda persona humana tiene la capacidad de ser titular de derechos y deberes jurídicos (incluyendo la persona humana por nacer). Aun asi, la ley puede restringir o limitar esta en relación con ciertos hechos, actos simples o actos jurídicos específicos que se esten realizando. ​Incapacidad de Derecho: Esla falta de aptitud del sujeto para ser titular de un derecho, esta incapacidad se refiere a un acto en particular, no es una prohibición generalizada. Tambien se da de manera relativa, no absoluta, esto significa que no se le puede prohibir que absolutamente este imposibilitada de ser titular de derecho, porque esto implicaría negarle su condición de persona humana. No se piensa proteger al incapaz de derecho, si no a otros intereses como de la comunidad u otro particular ARTICULO 689.- Contratos prohibidos: Los progenitores no pueden hacer contrato alguno con el hijo que está bajo su responsabilidad parental. La prohibición es solo en este caso con. ​ De Ejercicio - Artículo 23: Toda persona tiene la facultad de ejercer sus derechos de manera autónoma, salvo las limitaciones que se establecen explícitamente en este Código o en una sentencia judicial. En tales casos, se permite que el ejercicio de los derechos se realice a través de un representante legal (padres, tutores o curadores). ​Incapacidad de Ejercicio: El sujeto no puede ejercer por el mismo sus derechos, debido a esto, un representante deberá hacerlo por él. Se da para proteger al incapaz de ejercicio. Artículo 24 - Personas Incapaces de Ejercicio: Se consideran incapaces de ejercicio a las siguientes personas: a. La persona por nacer b. La persona que no ha alcanzado la edad y el grado de madurez necesarios. c. La persona que ha sido declarada incapaz mediante una sentencia judicial, aqui el juez decide que puede hacer como que no puede hacer el incapaz, todo esto dentro de la misma sentencia. 2.3 EL NOMBRE: ARTÍCULO 62 - El nombre es el medio de identificación de las personas humanas en la sociedad y toda persona tiene el derecho y la obligación de utilizar su nombre completo, que incluye el prenombre y el apellido que le corresponden. Este está compuesto por dos elementos principales: 1.​ El prenombre o nombre de pila: Es la forma de designación personal, asignada generalmente por los progenitores, la familia o el Ministerio Público. Su adquisición formal se realiza mediante la inscripción en el Registro Civil. Existen reglas específicas que regulan su elección y uso. 2.​ El apellido o patronímico: Es una designación común que identifica a las personas como miembros de una misma familia. Su adquisición se produce por filiación (es decir, por la relación jurídica con los progenitores) o mediante la asignación que pueda realizar una autoridad administrativa o judicial. ​ ​ Reglas concernientes al prenombre - ARTÍCULO 63: La elección del prenombre debe seguir las siguientes normas: a. La decisión corresponde a los padres o a quienes ellos autoricen para tal fin; si uno de los padres no puede participar, el otro tiene la responsabilidad de elegir o autorizar; en ausencia de ambos, la elección debe ser realizada por los tutores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de Personas. b. No se pueden inscribir más de tres prenombres, ni apellidos como prenombres, ni primeros prenombres que sean idénticos a los primeros prenombres de sus hermanos vivos; tampoco se permiten nombres extravagantes (esta ultima es subjetiva y depende del criterio del funcionario que atienda). c. Se permite la inscripción de nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. La elección del nombre es responsabilidad de los padres, quienes deben ser autorizados por el ministerio público. El registro civil a menudo solo requiere el Certificado de Nacimiento y el DNI del solicitante. ​ Reglas concernientes al apellido: ​ARTÍCULO 64.- Apellido de los hijos: ★​El hijo matrimonial llevará el primer apellido de uno de los cónyuges, decidido por acuerdo o sorteo -en el Registro Civil y de Capacidad de las Personas- si no hay consenso. Se puede añadir el apellido del otro progenitor a solicitud de los padres o del hijo, si tiene la madurez suficiente. Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar la misma combinación de apellidos. ★​Los hijos extramatrimoniales deben utilizar el apellido del progenitor que lo reconoció o de ambos, si ambos lo reconocen. Este ultimo puede ser un reconocimiento simultaneo (que los progenitores lo reconozcan al mismo tiempo, se aplicara lo dispuesto en el primer párrafo para el hijo matrimonial -se decide por consenso o sorteo-) o sucesivo (que uno de los progenitores lo  reconozca y otro lo haga tiempo después, las reglas cambia pues los padres determinan que apellido lleva primero, si no hay acuerdo lo decide el juez según el interés superior del niño). ★​En caso de adopción, se mantienen las mismas reglas que para los hijos matrimoniales en adopción plena conjunta, mientras que en adopción unipersonal, el hijo llevará el apellido del adoptante. ★​ARTÍCULO 65.- Establece que un menor sin filiación determinada debe ser registrado con el apellido que utiliza o, en su defecto, con un apellido común, asegurando que no haya personas sin un nombre y apellido. ★​ARTÍCULO 66.- Casos especiales. Una persona con la edad y madurez suficientes que no tenga un apellido registrado puede solicitar la inscripción del apellido que está utilizando. Esto se refiere a personas indocumentadas que nunca han sido registradas, lo cual puede ocurrir en áreas rurales o remotas donde no hay acceso a registros civiles, o porque no se ha mostrado interés en registrar su nacimiento. Aunque no debería suceder, es una realidad. Actualmente, hay un interés creciente en registrar a los recién nacidos gracias a los programas sociales. ★​ARTÍCULO 67.- Uso del apellido por cónyuges. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con o sin la preposición "de". En caso de divorcio, no se puede usar el apellido del ex cónyuge, excepto que el juez lo autorice por motivos razonables. En el caso de viudez, puede seguir usando el apellido del fallecido, mientras no contraiga nuevas nupcias o forme una nueva unión convivencial. ​ Cambio de Nombre: ARTÍCULO 69 - El cambio de prenombre o apellido solo procede si existen justos motivos a criterio del juez, el considerara si procede o no. Hay dos categorias: ​Con intervención judicial: a. El seudónimo, si ha adquirido notoriedad. El seudónimo es un nombre ficticio que no aparece en el DNI, como por ejemplo "Ricky Maravilla". b. La raíz cultural, étnica o religiosa. Se refiere a la importancia que puede tener un nombre diferente para una persona debido a su cultura o religión, o cuando el nombre actual le causa bullying. c. La afectación a la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que esté debidamente acreditada. ​ Sin intervención Judicial: Se consideran justos motivos que no requieren intervención judicial el cambio de prenombre por razones de identidad de género, por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal, alteración o supresión del estado civil o de la identidad. Cambiar el nombre no es un proceso sencillo, pero no es imposible, y siempre será decisión del juez concederlo o no. No se requiere intervención judicial porque la persona ya ha pasado por un proceso judicial previo. Por ejemplo, se necesita autorización judicial para someterse a una operación de cambio de sexo, donde tambien debera cambiar su prenombre. ​ Reglas del proceso para el cambio de nombre: ARTÍCULO 70.- Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitarse a través del proceso más abreviado que prevea la ley local, con la intervención del Ministerio Público. La solicitud debe publicarse en el boletin oficial una vez al mes durante un período de dos meses. Se puede presentar oposición dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación. Debe publicarse en los medios locales para dar a conocer a los demas y permitir que terceros interesados y/o afectados puedan oponerse al cambio de nombre, ya sean acreedores, herederos o cualquier persona que se vea afectada, ya que cambiar de nombre implica convertirse en otra persona y requiere modificar todos los documentos personales y registros de bienes muebles e inmuebles. También se debe solicitar información sobre las medidas precautorias existentes -litis, embargo, etc.- respecto al interesado -esto, mas que nada, es para el juez que lleva la causa-. La sentencia es oponible a terceros desde su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y se deben actualizar todas las partidas, títulos y registros necesarios. ​ Acciones de Protección al Nombre: ARTÍCULO 71 - Se pueden ejercer acciones para defender el nombre de la siguiente manera: a. Aquella persona a quien se le desconozca el uso de su nombre, puede solicitar que se le reconozca y que se prohíba cualquier futura impugnación por parte de quien lo niega. b. Aquella persona cuyo nombre es indebidamente utilizado por otro, puede solicitar que se cese en ese uso -Excepto en casos donde la persona verdaderamente se llame de la misma forma-. c. Aquella persona cuyo nombre es utilizado para designar cosas o personajes de fantasía, si esto le causa perjuicio material o moral, puede solicitar que se cese el uso. En todos los casos, se puede demandar la reparación de los daños, y el juez puede ordenar la publicación de la sentencia. La legitimación activa -quien puede ejercer estas acciones- permite que descendientes, el conyuge o el conviviente puedan ejercer esta acción, y si estos faltasen podrían ejercerlo los hermanos o ascendientes, solamente si fallece el interesado puesto que es el primer legitimado. ​ El seudónimo: El ARTÍCULO 72 establece que los seudónimos notorios -conocido por todos- gozan de la misma protección que los nombres, permitiendo a quienes demuestren que su seudónimo es conocido públicamente ejercer acciones legales similares a las del nombre personal, incluyendo reclamación, protección, impugnación y supresión del nombre. 2.4 EL DOMICILIO: Es el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para determinados efectos jurídicos. Se clasifica en: ​ Domicilio General: Es el asiento jurídico que tiene la persona para todas las relaciones jurídicas. Es único y necesario, no puede haber dos domicilios al mismo tiempo y no puede faltar. Se subclasificación en: ​ARTÍCULO 73 - Domicilio Real: Es el lugar de su residencia habitual, donde debe haber un grado de permanencia. Para que exista un domicilio real, deben estar presentes dos elementos: - Elemento Objetivo (corpus): Residencia efectiva. - Elemento Subjetivo (animus): Intención de permanecer en ese lugar.  La persona humana puede constituir un domicilio real cuando sea capaz de ejercicio, porque su intención de permanecer en el lugar no podría ser acreditado si no cuenta con capacidad. ​ARTÍCULO 74 - Domicilio Legal: El domicilio legal es aquel que la ley establece o impone a una persona, sin que esta pueda elegirlo, funcionando como su asiento en razón de las funciones que desempeña o la situación especial en la que se encuentra. Este domicilio se presume como el lugar donde la persona reside de forma permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, sin posibilidad de prueba en contrario. a. Los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar donde deben cumplir sus funciones, siempre que estas no sean temporarias, periódicas o de simple comisión. Ej: Funcionarios judiciales, puesto que lo nombran por tiempo vitalicio -siempre y cuando cumplan sus funciones-. b. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar donde están prestando servicio. c. Los transeúntes o personas que ejercen actividades ambulantes, así como aquellos sin domicilio conocido, tienen su domicilio en su residencia actual. Si este lugar también es desconocido, se toma en cuenta el último domicilio conocido. d. Las personas incapaces de ejercicio tienen su domicilio en el de sus representantes legales. ¿Es posible tener un domicilio real y legal al mismo tiempo? No, ya que ambos son considerados domicilios generales y no se puede tener ambos simultáneamente. ​ Domicilio Especial: El domicilio especial no es obligatorio y puede haber varios. Es utilizado para relaciones jurídicas específicas y se establece por acuerdo entre las partes en un contrato. Este domicilio produce un efecto denominado “prórroga de la competencia”, lo que significa que determina la jurisdicción de las autoridades competentes en esas relaciones jurídicas. Por ejemplo, si en un contrato establezco un domicilio especial en la ciudad de Córdoba, independientemente de mi domicilio real o legal, cualquier notificación relacionada con dicho contrato será enviada a ese domicilio, y la intervención corresponderá al juez del territorio correspondiente, en este caso, Córdoba. 2.5 ESTADO CIVIL: También conocido como estado de familia, se refiere a la situación particular de una persona dentro del núcleo familiar, así como a los derechos y obligaciones que son estudiados por el Derecho de Familia. Es la posición jurídica que ocupa el sujeto en la sociedad o en su familia, de la cual derivan importantes consecuencias legales. ​ Soltero: Persona que no ha contraído matrimonio legalmente (según el registro civil). ​ Casado: Persona que ha contraído matrimonio legalmente (según el registro civil). ​ Divorciado: Persona que ha disuelto su matrimonio, y luego se disuelve por el divorcio. ​ Viudo: Persona cuyo cónyuge ha fallecido. ​ Unión Convivencial: Relación registrada por ambas partes. ​ Parentesco: ARTÍCULO 529 - Es el vínculo jurídico que existe entre personas, ya sea por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, por adopción o por afinidad. Las disposiciones de este Código que se refieren al parentesco se aplican únicamente a los vínculos por naturaleza, por métodos de reproducción asistida y por adopción. + Por naturaleza: Es el vínculo que une a las personas por lazos de sangre de manera natural. + Por técnicas de reproducción asistida: Incluye a los hijos biológicos concebidos mediante estas técnicas, ya sea de uno o de ambos padres. + Por adopción: Se establece mediante una sentencia judicial, otorgando los mismos derechos y obligaciones que los vínculos biológicos. + Por afinidad: Es el vínculo que une a un cónyuge con los parientes consanguíneos del otro. UNIDAD Nº 3: LA PERSONA HUMANA (Continuación) 3.1 Persona Menor de Edad: El ARTÍCULO 25, establece al menor de edad como aquella persona que no ha cumplido 18 años, y clasifica a los adolescentes como menores de edad que han cumplido 13 años. Los menores tienen derecho a exigir ser escuchados -no a que se haga lo que el diga- en procesos judiciales que le conciernen y a participar en decisiones sobre su persona, no importa si es adolescente o no. Aunque el juez no esta obligado a hacer caso al menor, puesto que el evalua según su criterio e interés superior. Se elimino la categoria de “menores impúberes” y “menores adultos”. ​ Ejercicio de los derechos: ARTÍCULO 26, establece que los menores ejercen sus derechos a través de representantes legales -puesto que son incapaces, REGLA GENERAL-, aunque aquellos con suficiente edad y madurez pueden actuar por sí mismos en actos permitidos por la ley. En caso de conflicto de intereses con sus representantes legales, pueden intervenir con asistencia legal que lo represente de manera independiente. Los adolescentes de 13 a 16 años pueden decidir sobre tratamientos no invasivos sin necesidad de consentimiento de sus progenitores. Para tratamientos invasivos, se requiere su consentimiento junto con la asistencia de sus padres. A partir de los 16 años, los adolescentes son considerados adultos en decisiones sobre su salud. Otro ejemplo pueden ser los contratos de escasa cuantía, como lo es subirse a un colectivo -contrato de transporte-. ​ Edad y Consentimiento: ​13 a 16 años: Se presume que tiene capacidad para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida (como tatuajes, cambios de sexo, implantes mamarios, etc), el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. ​16 a 18 años: Es considerado como un adulto para las decisiones sobre el cuidado de su propio cuerpo. ​ Persona menor de edad con título profesional habilitante: ARTICULO 30 - Un menor de edad que ha obtenido un título habilitante para ejercer una profesión puede hacerlo de manera independiente, sin necesidad de autorización previa. A partir de los 16 años  (porque el articulo 681 coordina esta norma -“El hijo menor de dieciséis años no puede ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar a su persona de otra manera sin autorización de sus progenitores.”-, junto al articulo 683 -”Se presume que el hijo mayor de dieciséis años que ejerce algún empleo, profesión o industria, está autorizado por sus progenitores para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria.”-. El menor puede realizar un trabajo con titulo o sin titulo), tiene la capacidad de administrar y disponer de los bienes que genere con su profesión. Además, puede participar en juicios civiles o penales relacionados con su actividad profesional. Esta norma le permite al menor adquirir un titulo y ejercerlo sin autorización, por ejemplo el titulo obtenido de las escuelas técnicas, regula unicamente al menor con titulo habilitante. 3.2 LA EMANCIPACIÓN: ARTÍCULO 27 - Se produce cuando una persona menor de edad contrae matrimonio antes de cumplir dieciocho años. La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en este Código. ​ ARTICULO 404 - El artículo 403 establece como impedimento para contraer matrimonio ser menor de 18 años. Sin embargo, el artículo 404 plantea una solución para este impedimento: ​Menores de 16 años: Necesitan permiso judicial para casarse. ​Entre 16 y 18 años: Requieren autorización de sus representantes legales o, a falta de estos, con permiso judicial. El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y con sus representantes legales para evaluar sus opiniones y considerar la edad y el grado de madurez de la persona. Este análisis incluye la capacidad de comprender las consecuencias jurídicas del acto matrimonial. ​ Características: ​La emancipación es irrevocable. Incluso si el matrimonio es anulado, esta no se pierde, salvo para el cónyuge de mala fe, quien deja de estar emancipado una vez que la sentencia de nulidad es firme. Para el cónyuge de buena fe, la emancipación se mantiene. ​Si un menor emancipado tiene derechos económicos que solo pueden ser percibidos al alcanzar la mayoría de edad, la emancipación no modifica la obligación ni el plazo de exigibilidad. Esta cláusula se estableció para evitar que los menores utilicen la emancipación como un mecanismo para percibir dichos derechos de manera anticipada. ​ Actos Prohibidos: ​Prohibiciones Absolutas (ART. 28): Las personas emancipadas tienen restricciones absolutas para realizar ciertas acciones, incluso con autorización judicial, mientras dure su estado de emancipación. Estas prohibiciones son: ★​Aprobar las cuentas de sus tutores ni darle finiquito -Esta responsabilidad recae exclusivamente en el juez. El tutor tiene la obligación de rendir cuentas ante el juez respecto de la tutela ejercida sobre el menor-. ★​Hacer donaciones de bienes recibidos a título gratuito -Esta prohibición se establece para proteger al emancipado. Los bienes adquiridos gratuitamente no pueden ser donados porque ello implicaría desprenderse de parte de su patrimonio sin obtener un beneficio a cambio-. ★​Afianzar obligaciones -La persona emancipada no puede actuar como garante ni fiador. Esta limitación busca evitar que comprometa su patrimonio en favor de terceros-. ​Prohibición Relativa (ART. 29): Para disponer de bienes recibidos a título gratuito, las personas emancipadas necesitan autorización judicial. Dicha autorización solo se concede si se demuestra una necesidad o una ventaja evidente que justifique dicha disposición. 3.3 RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD ​ ARTÍCULO 31 - Reglas generales: Va a regular las reglas generales que rigen en todos los supuestos donde se pretende restringir la capacidad de una persona. Todo juez debe respetarlas y hacerlas cumplir en cualquier sujeto. a. Se presume la capacidad general de ejercicio de la persona, incluso si se encuentra internada en un establecimiento asistencial -habiamos visto que toda persona humana puede ejercer su derechos por si mismas, salvo lo previsto en el codigo o sentencia judicial, por lo tanto esta capacidad se debe presumir en toda circunstancia y a todas las personas, independientemente de cualquier característica personal o diagnostico medico. En esta situacion, al encontrarse en una situacion mas vulnerable respecto al ejercicio de sus derechos, es importante garantizar esa garantía-. b. Las limitaciones a la capacidad son excepcionales y se imponen siempre en beneficio de la persona afectada -Las restricciones a la capacidad de ejercicio de una persona no deben ser una regla general, sino supuestos excepcionales. Esto significa que, por defecto, se presume que todas las personas tienen plena capacidad para ejercer sus derechos, salvo en situaciones muy específicas que lo justifiquen. Por otro lado cualquier limitación que se imponga debe estar estrictamente orientada a proteger y beneficiar a la persona afectada. No se trata de restringir sus derechos de manera arbitraria o para facilitar los procesos administrativos o judiciales, sino de garantizar que estas restricciones sean para su bienestar, ya sea para preservar su patrimonio, proteger su salud, o evitar que tome decisiones perjudiciales debido a su condición-. c. La intervención estatal debe ser siempre interdisciplinaria, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial -Esto asegura que las decisiones tomadas en el tratamiento de la persona o en el marco del proceso judicial estén fundamentadas en un análisis dado por otros especialistas y profesionales que ayudaran al juez a tomar las decisiones respecto a la capacidad de ejercicio, considerando aspectos médicos, sociales, psicológicos y legales-. d. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías que faciliten su comprensión -La información no debe ser presentada de manera compleja o inaccesible; debe adaptarse a las necesidades específicas de la persona, como su nivel de comprensión, idioma, discapacidad, o cualquier otra barrera que pueda dificultar la comunicación. Se pueden utilizar medios audiovisuales, gráficos, tecnologías adaptadas o cualquier herramienta pedagógica que asegure que la persona entienda claramente las decisiones, procesos judiciales o tratamientos que se le expliquen. Este derecho protege el principio de autonomía, permitiendo que la persona tome decisiones informadas sobre su vida, incluso en contextos donde pueda haber limitaciones a su capacidad de ejercicio-. e. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, la cual debe ser proporcionada por el Estado si carece de recursos -Esto significa que toda persona, independientemente de su situación, tiene el derecho de ser parte activa en los procedimientos judiciales que puedan afectarla, asegurándose de comprender y defender sus intereses con el apoyo de un abogado. En caso de que no pueda costear los servicios de un profesional del derecho, el Estado tiene la obligación de  garantizarle asistencia jurídica gratuita, asegurando así el respeto al principio de igualdad ante la ley y evitando que la falta de recursos económicos limite su derecho a una defensa adecuada. Este derecho se complementa con otras garantía constitucionales, como la inmediatez del juez (la persona que se pretende restringir la capacidad debe tener una entrevista con el juez) o la del debido proceso (cuando se cumplen todas las garantías constitucionales)-. f. Se deben priorizar las alternativas terapéuticas que sean menos restrictivas de los derechos y libertades -Esto implica que cualquier intervención, ya sea médica, terapéutica o judicial, debe buscar el menor impacto posible en la autonomía y dignidad de la persona. El objetivo es garantizar que las medidas adoptadas respeten al máximo los derechos fundamentales, promoviendo el bienestar del individuo sin limitar innecesariamente su capacidad de decidir sobre su vida y sus asuntos personales.-. ​ Categorias: ​Capacidad Plena: Se refiere a los mayores de edad (18 años). ​Capacidad Restringida: Se le designa un sistema de apoyo, como es el caso de una persona que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada. ★​El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años (debido que algunos ya podían hacerse cargo de sus bienes) que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Se le restringe la capacidad como primer paso y el mas leve. En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida (art. 32). ★​Algunos menores, dependiendo del tipo de acto que realicen (art. 26). ★​Inhabilitados, como el prodigo (art. 48). ★​Emancipados (art. 27), con las limitaciones establecidas en los artículos 28 y 29. ​Incapacidad Relativa: ★​Personas que no tienen la edad o el grado de madurez suficiente, como los menores, según el tipo de acto que realicen (art. 24). ★​Personas que no pueden interactuar con su entorno ni expresar su voluntad de ninguna manera, y cuyo sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designa un curador (art. 32). Es un supuesto de ultima posibilidad, por si todo lo demas resulta ineficaz. ​Incapacidad Absoluta: Se refiere a las personas por nacer (art. 24), ya que no pueden realizar ninguna acción. - Un incapaz siempre tiene un representante; ya sea padres, tutor o curador. ​ Reglas del proceso: ​Legitimados: Son aquellos que podrían pedir la declaración de incapacidad o capacidad restringida. Estos incluyen al propio interesado -debido que es a beneficio de la persona, el mismo no esta excluido para solicitarlo-, su cónyuge no separado de hecho, convivientes -mientras la convivencia no haya cesado-, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, y el Ministerio Público -procura defender y proteger los derechos de los capaces restringidos e incapaces, incluso en proceso de serlo-. ​Medidas cautelares: El ARTÍCULO 34 establece que durante el proceso judicial, el juez debe implementar medidas cautelares para proteger los derechos personales y patrimoniales de la persona interesada. Esto incluye determinar qué actos requieren asistencia de uno o varios apoyos y cuáles necesitan la representación de un curador. También se pueden designar redes de apoyo y personas con funciones específicas según el caso. Esta norma faculta el juez para adoptar medidas que protejan y representen a la persona durante el proceso, una vez termine el proceso, con el dictado de la sentencia, se vera alli si cual medida continua o no en la sentencia. Por ejemplo: ★​Curador ad litem (para el proceso): Es un representante legal designado por el juez para actuar exclusivamente en un proceso judicial en el que una persona carece de capacidad de ejercicio o representación adecuada. Su función es defender los derechos e intereses del representado durante el juicio, velando porque se respete el debido proceso y se garantice su protección legal. Este nombramiento es temporal y limitado únicamente al procedimiento en cuestión. ★​Curador ad bona (para bienes): Es un representante legal nombrado para administrar y proteger los bienes de una persona que no puede hacerlo por sí misma debido a incapacidad o imposibilidad. El curador ad bona tiene como principal función gestionar el patrimonio del representado de manera responsable, asegurando su conservación y buen uso, siempre en beneficio del titular de dichos bienes. Este rol puede extenderse más allá de un proceso judicial, dependiendo de las necesidades del caso. ​Entrevista Personal: El ARTÍCULO 35 dice que el juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna -no solo para que conozca las habilidades y necesidades del interesado, si no para que le permita ser oido y poder comunicarle al juez sobre sus inquietudes y necesidades. Esta entrevista es de suma necesidad y debe cumplirse antes de que el juez dicte resolución alguna-, asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquél. El Ministerio Público -debe controlar que la garantía del debido proceso se cumpla y que se garanticen todos los derechos del que es titular el interesado- y, al menos, un letrado que preste asistencia al interesado, deben estar presentes en las audiencias. ​Intervención de interesado, Competencia: La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante el juez correspondiente -competente- a su domicilio o del lugar de su internación, si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente y le preste asistencia letrada en el juicio. La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos invocados. ​Sentencia: La sentencia en un proceso que busca restringir la capacidad de una persona debe abordar de manera fundamentada ciertos aspectos clave relacionados con su situación. Esto garantiza que las decisiones judiciales sean completas, justificadas y respetuosas de los derechos de la persona involucrada. Los puntos que deben incluirse son:  ★​DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO: El juez debe analizar y justificar el diagnóstico médico o psicológico que describe la condición actual de la persona y su impacto en la capacidad de ejercer sus derechos. Además, debe considerar el pronóstico, es decir, la posible evolución de la situación, para evaluar si la limitación será temporal, permanente o susceptible de mejora con el tiempo. ★​MOMENTO EN QUE SE PRESENTÓ LA SITUACIÓN: Es crucial establecer cuándo comenzó la condición que justifica el proceso. Esto permite contextualizar los hechos, entender si la situación es reciente o tiene antecedentes prolongados, y determinar si existe una relación directa entre la causa identificada y las medidas que se pretenden imponer. ★​RECURSOS PERSONALES, FAMILIARES Y SOCIALES: La sentencia debe tener en cuenta los recursos con los que cuenta la persona, como sus habilidades, fortalezas, y apoyos disponibles en su entorno familiar o social. Esto incluye la red de contención que puede ayudar a suplir cualquier limitación y garantizar su bienestar sin recurrir a restricciones desproporcionadas. ★​RÉGIMEN PARA LA PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LA MAYOR AUTONOMÍA POSIBLE: Finalmente, el juez debe establecer un régimen que no solo proteja a la persona, sino que también fomente su desarrollo y autonomía en la mayor medida posible. Esto implica diseñar medidas que respeten su dignidad, minimicen las restricciones y promuevan su inclusión social, siempre adaptadas a sus necesidades específicas. ​ ARTÍCULO 38.- Alcances de la sentencia. La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Asimismo, debe designar una o más personas de apoyo o curadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este Código y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación. Es importante que el juez lo respete pues aqui se especificaran que actos tiene permitido realizar, es importante porque lo que no esta prohibido esta permitido. ​ ARTÍCULO 39.- Registración de la sentencia. La sentencia debe ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, los actos mencionados en este Capítulo producen efectos contra terceros recién a partir de la fecha de inscripción en el registro -se lo registra para que se le de publicidad y produzca efectos hacia terceros-. Desaparecidas las restricciones, se procede a la inmediata cancelación registral -finalizada la situacion de capacidad restringida o incapacidad tambien debe manifestarse en el registro-. ​ ARTÍCULO 40.- Revisión. La revisión de la sentencia declarativa puede realizarse en cualquier momento a solicitud del interesado. En el supuesto previsto en el artículo 32, la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no mayor a tres años, basándose en nuevos dictámenes interdisciplinarios y realizando una audiencia personal con el interesado. Es responsabilidad del Ministerio Público asegurar que se cumpla efectivamente la revisión judicial mencionada y, si el juez no la ha llevado a cabo dentro del plazo establecido, instar a que se realice. Si el juez no revisa la sentencia en un plazo de 3 años, y el ministerio publico no controla esta revisión, la sentencia cae, es decir que si la persona tenia capacidad restringida o era incapaz, recobrara su capacidad plena. 3.4 INTERNACIÓN FORZOSA: El ARTÍCULO 41 establece que la internación sin consentimiento de una persona, tenga o no restringida su capacidad, procede sólo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales de esta Sección. Tales como: a) debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad -el rol de la justicia es de ser garante de los derechos de la persona (no el decisor de políticas o tratamientos), el juez solo debe aprobar la internación pero no la decide, quien la decide sera el equipo interdisciplinario-. b) sólo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para terceros, si no se verifica el juez podría denegar la internación involuntaria. ​ Traslado ordenado por la autoridad pública. Evaluación e internación: Se complementa con el ARTÍCULO 42.- La autoridad pública tiene la facultad de ordenar el traslado de una persona cuyo estado no admita dilaciones - Implica que algo debe realizarse de manera inmediata o en el menor tiempo posible, respetando la urgencia o importancia del asunto- y que presente un riesgo cierto e inminente de daño para sí misma o para terceros, hacia un centro de salud para su evaluación -para ver si se considera admitida la internación de la persona-. Si se acepta la internación, se deberán seguir los plazos y procedimientos establecidos en la legislación pertinente. Además, las fuerzas de seguridad y los servicios de salud deben proporcionar asistencia inmediata. c) es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible; debe ser supervisada periódicamente; d) debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica; e) la sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y periodicidad de la revisión. Toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones. La internación es un medio de protección y mejora para la propia persona, no un castigo. Por ello, se impone un control de legalidad para garantizar que se adopten medidas que sean lo menos restrictivas posible para su libertad y derechos. 3.5 SISTEMAS DE APOYO: El ARTÍCULO 43 lo define como cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general -es un instituto que el codigo regula sobre lo que ya estaba establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene que ser diseñado a partir de las necesidades y la circunstancias concretas de cada persona-. Tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión, la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos, el objetivo que que la persona decida sobre los actos concernientes a su vida -Facilitan la toma de decisiones en áreas importantes de su vida (personal, patrimonial o jurídica), asegurando que pueda participar activamente en la sociedad sin ser sustituida en su capacidad de decidir. Además, estas medidas están diseñadas para protegerla de posibles abusos, conflictos de intereses o influencias indebidas.-. ¿Quien puede cumplir esta función de apoyo? El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su  confianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas -Las medidas de apoyo también son importantes para terceros de buena fe porque aportan certeza y seguridad jurídica en las relaciones con la persona apoyada. Al ser una figura reconocida e inscripta, permite que quienes interactúen con ella (bancos, empresas, instituciones o particulares) tengan claridad sobre los límites, facultades y alcances de las decisiones que esta puede tomar, con o sin apoyo. Esto evita confusiones, protege a todas las partes involucradas y genera confianza en las transacciones u otros actos jurídicos-. Estas pueden ser un asistente personal, familiares, allegados, una asociación o una institución oficial. ​Legitimados: Pueden solicitar la conformación de un sistema de apoyo el propio interesado, el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado, los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado, e incluso el Ministerio Público. ​Modalidades de los Sistemas de Apoyo: Las modalidades por las que puede designarse un sistema de apoyo son diversas. Pueden estar cumpliendo una función de asesoramiento (cuando la persona asistida necesita que le explique las ventajas o desventajas de llevar a cabo determinados actos jurídicos), de interpretación (cuando necesita que el sistema de apoyo sea un interprete en el acto jurídico), de contención (en caso de que la persona pase por un mal momento, el sistema de apoyo lo contendría en lo que ella requiera), de co-decisión (el sistema de apoyo debe autorizar al asistido para que lleve a cabo el acto jurídico que pretende), y, por ultimo, excepcionalmente la representación (se dice excepcionalmente porque la función del sistema de apoyo no es ser representante, o sea llevar a cabo actos jurídicos en nombre de la persona, si no asistirla) ​ Salvaguardias: Es aquel que supervisa el correcto funcionamiento del sistema de apoyo, especialmente en casos de conflicto de intereses (entre la persona y el sistema de apoyo) o de influencia indebida (por parte del sistema de apoyo hacia la persona asistida). Si se detecta alguna de estas situaciones, el asistente de apoyo debe cesar en su función. Además, el juez tiene la responsabilidad de garantizar que no se produzcan abusos ni excesos en el cumplimiento de esta función. Dicha supervisión recae en el juez, el ministerio público y, en ocasiones, en otros funcionarios, como escribanos, mediadores, árbitros o funcionarios de registros públicos. 3.6 ACTOS REALIZADOS POR PERSONA INCAPAZ O CON CAPACIDAD RESTRINGIDA ​ Actos posteriores a la inscripción de la sentencia: ARTÍCULO 44 - Son nulos/ineficaces los actos de la persona incapaz y con capacidad restringida si contrarían lo dispuesto en la sentencia realizados con posterioridad a su inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. ​ Actos anteriores a la inscripción de la sentencia: ARTÍCULO 45 - Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos, si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida, y se cumple alguno de los siguientes requisitos: a) la enfermedad mental era notable a la época de la celebración del acto. b) quien contrató con él era de mala fe. c) el acto es a título gratuito. -Se prevén varios requisitos bajo el principio de seguridad jurídica, el cual establece que todos los actos deben mantenerse válidos, ya que la persona, al momento de realizarlos, tenía plena capacidad de derecho. Para que proceda la nulidad o ineficacia del acto, es necesario acreditar el perjuicio hacia la persona, es decir, demostrar que el acto realizado antes de la declaración de la sentencia le ocasionó un daño a la persona incapaz o con capacidad restringida. Además, debe estar respaldado por alguno de los supuestos establecidos-. ​ Persona fallecida: El ARTÍCULO 46 establece que luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse -cuestionar, disputar o solicitar la revisión de un acto-, excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo -Se refiere a casos en los que el acto en cuestión refleja, de manera evidente, que la persona no tenía capacidad para comprender sus acciones debido a su enfermedad mental. Por ejemplo, si alguien vende un bien de manera manifiestamente desventajosa o realiza un acto irracional, esto podría indicar que la enfermedad mental influyó directamente en la decisión-, que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad restringida -Si la persona fallece tras haber iniciado un proceso judicial para declarar su incapacidad o capacidad restringida, los actos anteriores pueden ser impugnados porque ya existía un reconocimiento de la posible afectación de su capacidad al momento de realizar esos actos-, que el acto sea a título gratuito -Los actos realizados sin recibir una contraprestación (como donaciones) son más susceptibles de impugnación, ya que existe un mayor riesgo de que la persona haya sido influenciada o manipulada debido a su enfermedad mental o condición. Este supuesto busca proteger al incapaz de desprenderse de su patrimonio de manera injustificada-, o que se pruebe que quien contrató con ella actuó de mala fe -Si la otra parte en el acto jurídico sabía o sospechaba que la persona tenía una enfermedad mental o una condición que afectaba su capacidad, y aun así aprovechó esa situación para beneficiarse, el acto puede ser impugnado- -Se prevén varios requisitos bajo el principio de seguridad jurídica, el cual establece que todos los actos deben mantenerse válidos, ya que la persona, al momento de realizarlos, tenía plena capacidad de derecho-. ​ Procedimiento para el cese de la incapacidad: ARTÍCULO 47- Debe ser decretado por el juez que la declaró, tras un examen de un equipo interdisciplinario interdisciplinario integrado conforme a las pautas del artículo 37, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar los actos que la persona puede realizar, ya sea por sí sola o con asistencia. Una persona puede pasar de ser incapaz a capaz restringido, pero no al revés. En caso de que la situación de la persona se agrave, es necesario esperar a que el régimen actual finalice y, posteriormente, iniciar un nuevo proceso que cumpla con las normativas establecidas para declararla incapaz.  Puede solicitarlo la misma persona, el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado, los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado, el Ministerio Público, e incluso el sistema de apoyo o el curador. UNIDAD Nº 4: LA PERSONA HUMANA (Continuación) 4.1 Inhabilitados/Pródigos: ARTÍCULO 48 - Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad (irresponsabilidad) en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio -tiene que llevar a cabo una serie de actos para declarar su inhabilitación, con uno solo no basta-. A estos fines, se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. La acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes. ​ Actos permitidos y prohibidos: La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo, que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia. No puede llevarlos a cabo solo porque se convierte en un capaz restringido, este necesita de un sistema de apoyo. Todo lo que no se prohiba y el juez no mencione en la sentencia se considerara que esta permitido. ​ Cese de la inhabilitación: El cese de la inhabilitación se decreta por el juez que la declaró, previo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con apoyo. Puede pedirlo el mismo inhabilitado, el conyuge, el conviviente, el ascendiente o el descendiente, aunque si la persona ya no tiene cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad, cesaria automáticamente la inhabilitación. 4.2 REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA: ​ Incapaces de derecho: El ARTÍCULO 100 establece que las personas incapaces ejercen a través de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí mismas. Esta disposición regula la institución por la cual una persona, autorizada por ley, realiza uno o varios actos en nombre y por cuenta de otra persona (el incapaz), recayendo sobre esta última los efectos del acto realizado. Quien ejecuta el acto es el representante necesario, actuando en nombre del incapaz porque este no puede hacerlo por sí mismo. Sin embargo, quedan exceptuadas de esta regla general las situaciones en las que el ordenamiento jurídico, especialmente en el caso de menores, autorice de manera excepcional a estos a realizar actos por sí mismos. ​Características ★​Necesaria: No puede faltar. Los incapaces deben contar con un representante necesario que pueda ejercer sus derechos en su nombre. ★​Gradual y revisable: A medida que el incapaz adquiera mayor autonomía, la intervención del representante será menor. Esta representación debe ser revisada periódicamente y adaptada, con los ajustes necesarios, a las circunstancias de la vida de la persona tantas veces como sea requerido. ★​Flexible y proporcional: Debe ser determinada por el juez teniendo en cuenta su alcance y extensión, adaptándola proporcionalmente a aquellos actos en los que resulte necesaria. ★​Excepcional: Se otorga únicamente en beneficio del incapaz y en la medida en que sea estrictamente indispensable. ★​Legal: Está establecida y regulada por la ley. ★​Sujeta en parte al control judicial: Está parcialmente sometida al control judicial como una salvaguardia para garantizar su correcto funcionamiento. ​¿Quienes pueden ser representantes?: a) Padres: De las personas por nacer o de los menores de edad no emancipados. b) El/los tutor/es: De los menores de edad no emancipados cuando falten sus padres, ambos sean incapaces, esten privados o suspendidos del ejercicio de la responsabilidad parental. c) El/los sistema/s de apoyo: De las personas con capacidad restringida (de manera excepcional, puesto que una de las modalidades que podía adoptar era esta función). d) El/los curador/es: De las personas declaradas incapaces por sentencia. a.​ Responsabilidad Parental: Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios: a) el interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos; c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. b.​ Tutela: ARTÍCULO 104 - La tutela está destinada a brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental -el tutor es un representante legal que brinda protección al incapaz y a sus bienes-. Si el juez otorga la guarda a un pariente u otra persona porque considera que es lo mejor para el interés superior del niño, esa persona será responsable de proteger tanto al menor como sus bienes. Si los padres deciden, por su cuenta, que un pariente sea quien cuide al menor (esto se llama "delegar la responsabilidad parental"), el juez tiene que aprobar o homologar esa decisión (implica que el juez confirma que esa delegación cumple con la ley y es adecuada para proteger el interés superior del niño, niña o adolescente). Estas medidas se establecen inicialmente por un plazo de un año y pueden prorrogarse por otro periodo igual si es necesario. En ambos casos, si se aprueba, el guardador (ya sea por decisión del juez o de los padres) será el representante legal del menor y sus bienes. Una vez que finalice este plazo, el incapaz regresa al estado a su estado anterior (vuelve con sus padres) o se le otorga  otra representación (ya sea tutor, curador o, excepcionalmente y si entra en la categoria de capaz restringido, un sistema de apoyo que cumpla con la función de representador). Articulo 105 - La tutela puede ser ejercida por una o más personas, buscando siempre el beneficio del menor. En caso de desacuerdo entre tutores, el juez que haya otorgado la tutela lo resolverá con la intervención del Ministerio Público. El cargo de tutor es intransmisible, porque en caso de que ya no pueda seguir con la tutela deberá ponerlo en conocimiento del juez, quien otorgara la tutela a otra persona idónea. Por ejemplo: el tutor no puede transmitirlo o, si fallece, no se le transmite a sus herederos. ★​Tipos de tutela: Tutela Dada por El ARTICULO 106 establece que cualquiera de los padres que no se encuentre privado o suspendido del Padres ejercicio de la responsabilidad parental puede nombrar tutor o tutores a sus hijos menores de edad, sea por testamento o por escritura pública, cualquiera sea el caso, debe ser aprobada judicialmente -el juez debe aprobar que esa persona sea idónea para el cargo de tutor-. Se tienen por no escritas las disposiciones que eximen al tutor de hacer inventario de los bienes del menor, lo autorizan a recibir los bienes sin cumplir ese requisito (el del inventario), o lo liberan del deber de rendir cuentas -Esas cláusulas no son válidas, es decir, la ley las ignora como si nunca hubieran sido escritas. Esto protege al menor y sus bienes, ya que el tutor siempre debe cumplir con estas obligaciones para garantizar la transparencia y evitar abusos-. Si los padres deciden que un pariente cuide y sea responsable del menor (por razones como enfermedad, ausencia o incapacidad de los padres), se entiende que los padres también desean que ese pariente sea nombrado tutor legal del menor, designación que debe ser discernida por el juez que homologó la delegación de responsabilidad parental o el del centro de vida del niño, niña o adolescente, a elección del pariente. Si existen disposiciones de ambos progenitores, se aplican unas y otras conjuntamente en cuanto sean compatibles. De no serlo, el juez debe adoptar las que considere más convenientes para el tutelado. Tutela Dativa El ARTÍCULO 107 establece que, ante la ausencia de designación paterna de tutor o tutores o ante la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de aquellos designados, el juez debe otorgar la tutela a la persona que sea más idónea para brindar protección al niño, niña o adolescente, debiendo fundar razonablemente los motivos que justifican dicha idoneidad. Tutela Especial El ARTÍCULO 109 establece que corresponde la designación judicial de tutores especiales en los siguientes casos -es durante un tiempo determinado y hasta que el conflicto se resuelva el conflicto de interés-: a) Cuando hay conflictos entre representados y sus representantes (permitiendo al adolescente actuar con asistencia legal si el juez lo autoriza). b) Cuando hay oposición de intereses entre incapaces con el mismo representante; si las personas incapaces son adolescentes, rige lo dispuesto en el inciso a). c) Cuando los padres no administran los bienes de sus hijos menores de edad. d) Cuando la persona bajo tutela ha adquirido bienes con la condición de que sean administrados por una persona específica o con la condición de que no sean administrados por su tutor. e) Cuando se necesita realizar actos de administración sobre bienes que están fuera de la jurisdicción del juez de la tutela y que no pueden ser administrados adecuadamente por el tutor. f) Gestión de bienes que requieren conocimientos especializados g) Cuando hay razones de urgencia, hasta que se designe el tutor correspondiente. c. Curatela: ARTÍCULO 138 - Se rige por las mismas reglas que la tutela, con el objetivo principal de cuidar a la persona y los bienes de quienes son incapaces, buscando su recuperación. Los ingresos de los bienes de la persona protegida deben destinarse preferentemente a esta finalidad, la recuperación de su salud. La curatela se aplica a personas mayores de 18 años con alteraciones mentales, adicciones o impedimentos de comunicación, cuando los sistemas de apoyo son insuficientes, puede tener mas de un curador. El juez designará un curador, con una duración inicial de tres años, que puede prorrogarse si la persona no se recupera. La persona capaz puede designar mediante una directiva anticipada a quien ha de ejercer su curatela (en caso de que en el futuro requiera de un curador, es una disposición donde una persona puede designar con anticipación quien podría llegar a ser, esto mediante un instrumento publico), los padres pueden nombrar curadores y apoyos de sus hijos incapaces o con capacidad restringida, en los casos y con las formas en que pueden designarles tutores (mediante escritura publica o disposición de ultima voluntad, en caso que ya no esten). Cualquiera de estas designaciones debe ser aprobada judicialmente. A falta de estas previsiones el juez puede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, padres o hermanos de la persona a proteger según quien tenga mayor aptitud. Se debe tener en cuenta la idoneidad moral y económica. ​Persona protegida con hijos: El Articulo 140 establece que el curador de una persona incapaz también actúa como tutor de sus hijos menores. No obstante, aunque los hijos del incapaz están bajo la responsabilidad del curador, el juez puede nombrar un tutor distinto que actuará como representante legal de los menores en cuestiones patrimoniales. ​ Capacidad restringida o inhabilitadas: Las personas con capacidad restringida e inhabilitadas reciben asistencia de los apoyos designados en la sentencia respectiva y leyes especiales. Es una institución por la cual una persona humana o jurídica (que tiene la función de sistema de apoyo) ayuda o colabora, según la modalidad adoptada, en la celebración de un acto jurídico otorgado por otra persona con capacidad restringida. Quien otorga el acto es la persona con capacidad restringida. Los asistidos por sistemas de apoyo son personas con capacidad restringida que realizan actos con ayuda, pero no a través de un representante, los asistidos actúan con el apoyo de sus sistemas sin que estos últimos asuman la titularidad de los derechos.  ​ARTICULO 103 - Actuación del Ministerio Público (es un órgano constitucional independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, se encuentra establecido en el articulo 120 de la CN. Su función es proveer la actuación de la justicia en defensa de la legalidad e intereses generales de la sociedad). La actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal. Debe ser parte en todo proceso donde esten comprometidos los derechos de este grupo de riesgo (incapaces, inhabilitados, capaces restringidos), controlando el buen funcionamiento de la representación necesaria. a) El Ministerio Público interviene para acompañar y complementar los procesos en los que están involucrados intereses de menores, incapaces o personas con capacidad restringida, complementa la defensa y controla que los representantes necesarios ejerzan su función de manera adecuada y correcta. Por ejemplo: Si en un juicio por herencia hay un menor involucrado, el Ministerio Público asegura que sus derechos sean protegidos. Si el Ministerio Público no participa en estos casos, los actos judiciales podrían ser considerados inválidos (nulidad relativa). b) El Ministerio Público toma el control principal del caso en estas situaciones: 1.​ Cuando los derechos de los representados están comprometidos y sus representantes no actúan. Ejemplo: Si los padres de un menor no toman medidas para proteger sus derechos. 2.​ Cuando el proceso busca exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes. Ejemplo: Si un padre no cumple con el deber de cuidado de su hijo y se necesita obligarlo legalmente. 3.​ Cuando no hay representante legal y es necesario designar uno para proteger a la persona involucrada. Ejemplo: Un menor que queda huérfano y necesita un tutor para gestionar sus derechos. c) Ámbito extrajudicial: Esto ocurre fuera de los tribunales, cuando no hay un juicio en curso. El Ministerio Público interviene si faltan representantes legales, o estos no están cumpliendo su rol, si los derechos del menor, incapaz o persona con capacidad restringida están en riesgo o si esto incluye derechos sociales, económicos y culturales, como el acceso a la educación, vivienda, salud, etc. 4.3 DERECHOS Y ACTOS PERSONALISIMOS ​ Inviolabilidad de la persona humana: El ARTÍCULO 51 establece que la persona es inviolable y, en cualquier circunstancia, tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Esta dignidad comprende todas las manifestaciones de la persona reconocidas en los derechos personalísimos que poseemos por el simple hecho de ser seres humanos, desde antes del nacimiento, durante toda la vida y hasta después de la muerte. Nadie puede privarnos de estos derechos, y hacerlo significaría menoscabar nuestra personalidad -hace referencia a que si se vulneran los derechos personalísimos de una persona, se estaría afectando su dignidad y reduciendo su valor como ser humano-. Los derechos personalísimos se clasifican en tres categorías: a) Derechos a la integridad corporal o física: Derecho a la vida, a la integridad física, a disponer del propio cuerpo o del propio cadáver. b) Derechos de libertad: Derecho a la libertad de movimiento, de acciones, de conciencia o de expresión de ideas. El codigo CCYC no las regula de manera concreta porque ya estan amparadas y protegidas en la CN, dentro del capitulo del capitulo Declaraciones Derechos y Garantías. c) Derechos a la integridad espiritual: Derecho a la intimidad, al honor, a la imagen o el derecho a la identidad. Estan contemplados en el CCYC (ARTICULO 52), pero aun si no lo menciona estan consagrados y reconocidos en nuestra CN, como tambien en tratados internacionales que tienen rango constitucional ​Afectación a la Dignidad: El ARTÍCULO 52 establece que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención (tutela preventiva. Que el juez adopte medidas para prevenir el daño que pueda causarse) y reparación (tutela resarcitoria. En caso de que ya haya pasado, solicitarle al juez un resarcimiento economico para esa vulneración o violacion de nuestro derecho personalísimo) de los daños sufridos. ​Disposición de Derechos Personalísimos: El ARTÍCULO 55 establece que el consentimiento para la disposición de derechos personalísimos no debe entenderse en su sentido común, ya que implica que el titular de dichos derechos abdique o renuncie a la tutela preventiva o resarcitoria que el Código le asigna. Es decir, permite o tolera que se afecte algún derecho personalísimo sin exigir compensación económica o protección. Por ejemplo, firmar un consentimiento médico para autorizar una intervención que afecte la integridad física. Este consentimiento es válido únicamente si no contraviene la ley, la moral o las buenas costumbres. Además, no se presume: debe expresarse de forma clara, ya sea verbal, escrita o por otros medios. Es de interpretación restrictiva, lo que significa que si hay dudas sobre su existencia, se entenderá que no existe. Por último, es libremente revocable; incluso si una persona ha prestado consentimiento, puede retirarlo antes de que se lleve a cabo el acto que afectaría su derecho personalísimo. En principio, esto no generará responsabilidad, aunque depende del tipo de acto en cuestión. Por ejemplo: Si una persona da su consentimiento para una cirugía, puede revocarlo antes de que el procedimiento comience, sin ser responsable por la cancelación. O en un caso distinto podría ser si una persona contrata un tatuador, da su consentimiento para el tatuaje y luego cambia de opinión cuando el tatuador ya ha comenzado el trabajo, esa persona podría ser responsable de pagar por el tiempo y los materiales usados hasta ese momento. ​ Derecho a la Integridad, Actos peligrosos: El ARTICULO 54 establece que no es exigible el cumplimiento de un contrato cuyo objeto sea la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, salvo que dichos actos correspondan a su actividad habitual y se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias. En este último caso, el contrato sí sería exigible y podría generar consecuencias patrimoniales, ya que la persona se ha comprometido a su cumplimiento. Esta norma constituye una excepción al principio de vinculación contractual, que establece que todos los contratos deben cumplirse. Sin embargo, en estos casos específicos, la persona no está obligada a cumplir el contrato ni sufriría consecuencias patrimoniales si decide no llevarlo a cabo.  ​Actos de disposición sobre el propio cuerpo: El ARTICULO 56 El Artículo 56 establece que se prohíben los actos que impliquen una disminución permanente de la integridad del cuerpo, así como aquellos que sean contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres. Sin embargo, se permiten aquellos que sean necesarios para mejorar la salud de la persona o, excepcionalmente, para mejorar la salud de otra persona, conforme a la legislación especial que regula el trasplante de órganos entre vivos. El consentimiento para estos actos debe ser previamente informado, y no puede ser otorgado por otra persona en lugar de la afectada, salvo que exista una directiva anticipada. Solo la propia persona puede otorgar dicho consentimiento, ya que se trata de un acto personal y exclusivo que afecta directamente a sus derechos, tambien es libremente revocable -significa que la persona que ha dado su consentimiento tiene el derecho de retirarlo o anularlo en cualquier momento, sin necesidad de justificación o consecuencias negativas-. ​Prácticas prohibidas: El ARTÍCULO 57 establece que está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia, como la clonación, la selección del sexo o características físicas. Sin embargo, se permiten excepciones para aquellas prácticas que busquen prevenir la transmisión de enfermedades. Esta norma no interfiere con las disposiciones que regulan las técnicas de reproducción humana asistida. ​Investigaciones en seres humanos (tener una idea): El ARTICULO 58 establece que la investigación médica en seres humanos mediante intervenciones, tales como tratamientos, métodos de prevención, pruebas diagnósticas o predictivas, cuya eficacia o seguridad no están comprobadas científicamente, sólo puede ser realizada si se cumple con los siguientes requisitos: a)​Se debe presentar un proyecto detallado que describa el método a seguir. b)​Las personas responsables deben tener formación, experiencia científica y profesional adecuadas. c)​Es indispensable contar con la autorización previa de un comité de ética acreditado y el organismo público correspondiente. d)​Los participantes deben otorgar un consentimiento previo, libre, informado, escrito y específico, pudiendo revocarlo en cualquier momento. Este incluye una explicación comprensible de los objetivos, metodología, riesgos y beneficios de la investigación. e)​Los riesgos y molestias deben ser razonables en comparación con los beneficios esperados. f)​ Debe garantizarse la intimidad y la protección de los datos personales de los participantes. g)​La participación no debe ser onerosa, y los sujetos deben tener acceso a atención médica adecuada en caso de eventos adversos relacionados con el estudio. ​Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud (tener una idea): El ARTICULO 59 establece que el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada, respecto a: a) su estado de salud; b) el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; c) los beneficios esperados del procedimiento; d) los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; e) la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; f) las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados; g) -IMPORTANTE- en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable; h) el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento. Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite. Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario. Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompañe al paciente, siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente. ​Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud: El ARTICULO 60 establece que la persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud -mediante un juzgado en sede civil o escritura publica- y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas, solo en caso de enfermedad terminal (ART 59 inc. g, muerte digna). Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento. ​Derecho a disponer del propio cadáver, Exequias: El ARTICULO 61 establece que la persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier forma, el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver (destino de manera parcial) con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar (destino de manera integral). Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. ​ Derecho a la Intimidad: El ARTÍCULO 1770 establece que quien se entromete de manera arbitraria en la vida privada de otra persona, por ejemplo, publicando sus fotos, difundiendo su correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, deberá cesar esas actividades. Si no lo hace por su cuenta, deberá hacerlo por orden judicial y, además, pagar una indemnización que el juez fijará según las circunstancias. También, a solicitud del  afectado, el juez puede ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico local, si considera que esto es necesario para una adecuada reparación. Esta accion le pertenece a todo sujeto, no importa que sea publico o no, El bien jurídico protegido en esta norma es la vida privada de la persona, lo cual incluye datos personales sensibles. La ley garantiza que la persona pueda llevar su vida y conducta dentro de su ámbito privado, sin ser expuesta o violada por la intervención de terceros, autoridades o cualquier otra persona. Ejemplo: Una persona publica en sus redes sociales fotos de un amigo sin su consentimiento, mostrando aspectos de su vida personal que él preferiría mantener privados. En este caso, el afectado puede exigir que cese la publicación de las imágenes, solicitar una indemnización por los daños causados y pedir la publicación de la sentencia en un diario para reparar el daño a su intimidad. ​ Derecho al Honor: Protege la reputación y dignidad de una persona, evitando que su buen nombre y valoración social sean dañados por afirmaciones o acciones falsas. ​Se divide en: - Honor subjetivo: La autoevaluación de la dignidad y valor personal. - Honor objetivo: La percepción que los demás tienen sobre la persona, incluyendo su reputación. ​Las violaciones a este derecho pueden incluir dos modos de ataque, son delitos penales tipificados en el codigo penal: - Injuria: Falsa imputación de conductas deshonrosas -por ejemplo, holgazán o vago-. - Calumnia: Falsa imputación de un delito penal -por ejemplo, asesino o ladrón-. ​Las personas afectadas pueden elegir dos acciones legales: - Acción Penal: Presentar una acción penal en sede penal y probar que se cometió. - Acción Civil: Una vez se demuestre el delito se podra iniciar una acción civil para demandar indemnización por daños a su reputación. ​ Derecho a la Imagen: El ARTICULO 53 establece que para capturar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier modo que se haga, es necesario contar con su consentimiento -caso contrario es ilegitimo y esta vulnerando su derecho a la imagen-, salvo en las siguientes situaciones: a) cuando la persona esté participando en actos públicos; b) cuando haya un interés científico, cultural o educativo prioritario, con las precauciones adecuadas para evitar daños innecesarios; c) cuando se trate del ejercicio regular del derecho a informar sobre eventos de interés general, como ocurre con los medios de comunicación, que están autorizados a captar o reproducir la apariencia externa y/o la voz de las personas involucradas en dichos eventos, en el marco de su labor informativa. En el caso de personas fallecidas, el consentimiento puede ser otorgado por sus herederos o por la persona designada en su disposición de última voluntad. En caso de desacuerdo entre herederos de un mismo grado, será el juez quien decida. Después de transcurridos veinte años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. El bien jurídico protegido en esta norma es la apariencia externa (evitar decir “imagen”) y la voz de la persona ​ Derecho a la Identidad: Es el derecho de cada individuo a ser "uno mismo" y no otro. En consecuencia, la identidad personal es todo aquello que nos define como individuos. Este derecho protege la "verdad personal" de cada persona en su proyección al mundo exterior. Cada individuo tiene derecho a ser reconocido por los demás como poseedor de una identidad propia e inconfundible, a ser el ser que auténticamente es. Componentes: - Componente Estático: Son los elementos generalmente invariables, como el nombre, la fecha y lugar de nacimiento, y el estado filiatorio. - Componente Dinámico: Son los aspectos que pueden modificar si se cambian las vivencias personales. Como creencias, cultura, ocupación e ideología. UNIDAD Nº 5: LA PERSONA HUMANA (Continuación) 5.1 Fin de la Existencia de la Persona Humana: ARTÍCULO 93 - La existencia de la persona humana termina por su muerte -es decir, a partir de su muerte de una personase pueden distinguir distintos efectos jurídicos (desde el punto de vista patrimonial, los derechos reales y personales se van a transmitir a los herederos del fallecido; y desde el punto de vista extrapatrimonial, los derechos personalísimos y potestativos se extinguen)-. Tras el fallecimiento, puede iniciarse un juicio sucesorio, que se retrotrae a la fecha del deceso, siempre que haya bienes para repartir. Sin embargo, este proceso no es obligatorio. ​ Modalidades de la Muerte: ​Comprobada: Se verifica mediante la presencia y existencia del cadáver, teniendo certeza de la muerte. ★​Causas: ➔​Muerte natural: Ocurre por causas biológicas, generalmente asociadas al envejecimiento o enfermedades no provocadas por agentes externos (ejemplo: fallo cardíaco, cáncer)-. ➔​Muerte violenta: Ocurre por la acción de un agente externo, de manera súbita y generalmente traumática (homicidio, suicidio, accidente, catástrofe)-. ➔​Muerte cerebral: Es la pérdida irreversible de todas la