Historia de España (1) - Bloque 4 - PDF

Introducción: El siglo XVIII comienza en España con un cambio dinástico establecido en el testamento de Carlos II (1665-1700). La nueva dinastía Borbón encontrará un país despoblado, atrasado en su economía, anquilosado en su estructura social, desorientado en su política interior e indefenso ante...

Introducción: El siglo XVIII comienza en España con un cambio dinástico establecido en el testamento de Carlos II (1665-1700). La nueva dinastía Borbón encontrará un país despoblado, atrasado en su economía, anquilosado en su estructura social, desorientado en su política interior e indefenso ante sus enemigos exteriores. Así, los soberanos (Felipe V (1700-1724-1746), Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788), Carlos IV (1788- 1808)) y sus ministros pondrán en marcha un vasto programa de modernización en todos los territorios, siguiendo los principios del Absolutismo Ilustrado, con el fin de renovar la economía y política del país. 4.1. Causas de la Guerra de Sucesión y la composición de los bandos en conflicto. Desde el siglo XVIII, tras las paces de Westfalia (1648) y los Pirineos (1659), España perdió su hegemonía en Europa, quedando relegada a una potencia de segundo orden, pero con un gran imperio territorial. La lucha por la hegemonía continental se trasladó a Francia y el Imperio Austríaco, mientras que Inglaterra y Holanda abogaban por un equilibrio continental. La falta de un heredero a la Corona Hispánica, tras la muerte sin descendencia de Carlos II (1665-1700), convirtió la sucesión española en una cuestión política internacional desde 1690. El mejor candidato para todos era José Fernando de Baviera, tanto por proximidad familiar como porque no suponía un cambio en el equilibrio continental. Sin embargo, murió un año antes que Carlos II. Los otros candidatos eran Felipe de Anjou, Borbón, nieto de María Teresa de Austria y Luis XIV, y el Archiduque Carlos de Austria, hijo de Leopoldo I. Finalmente, Carlos II nombró a Felipe de Anjou como heredero en su último testamento, pensando que, al ser nieto del Rey Sol, evitaría la fragmentación del Imperio español. Felipe V (1700-1724-1746) entró en España en 1701 y fue reconocido como heredero de todos los territorios de la Monarquía Hispánica. El peligro de unión entre las Coronas española y francesa llevó al resto de potencias a formar la Gran Alianza de la Haya en 1701. Así, Inglaterra y el Imperio Austríaco declararon la guerra a Francia y a la Monarquía Hispánica de Felipe V, apoyando al Archiduque Carlos, nombrado rey de España en Viena en 1703. Ese año, Portugal y Saboya se unieron a la Gran Alianza. Bajo el reinado de Luis XIV, Francia buscaba seguir arrebatando territorios europeos a España y evitar ser cercada por otras potencias. Con la candidatura al trono español, Luis XIV actuaría como rey de España, lo que podría conducir a la unión de ambas Coronas, asegurando una hegemonía indiscutible. El Imperio Austríaco buscaba mantener la Corona Hispánica en manos de un Habsburgo, asegurando la hegemonía dinástica desarrollada en Europa durante el siglo XVI y parte del XVII. Esto implicaba también la defensa del catolicismo como fundamento central en la política europea, además de mantener la presión sobre Francia y la posibilidad de iniciar de nuevo las guerras de religión. Inglaterra y Holanda, recelosos tanto de la hegemonía territorial de Francia como de la hegemonía dinástica de los Habsburgo, abogaban por una política de equilibrio continental (balance of power), más acorde con sus intereses comerciales continentales y marítimos. El interés del Reino de Aragón residía en mantener los fueros. Tras la crisis de Unión de Armas (1626), los Habsburgo habían restaurado la estructura foral que mantenía intactas las administraciones de los reinos periféricos (incluidas sus Cortes). El temor a que Felipe de Anjou impusiera en España la política centralista y unitaria practicada en Francia hizo que los territorios de la Corona de Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca) apoyaran a Carlos de Austria, pues se creía que otro Habsburgo respetaría los fueros. El Reino de Castilla apoyaba al candidato francés, ya que esperaba que este impusiera una estructura centralista que obligara a los reinos periféricos a contribuir a la Hacienda Real como Castilla lo había hecho hasta el momento. La Guerra de Sucesión española que estalló como consecuencia de estos intereses fue larga y extenuante, especialmente para España. En Europa, las grandes victorias inglesas obligaron a Francia a buscar una salida negociada. En España, la guerra estuvo indecisa durante algunos años, aunque a partir de 1701, tras la batalla de Almansa, se decantó del bando franco-español. La Guerra de Sucesión española finalizó con la firma de la Paz de Utrecht (1713). 4.2. El Tratado de Utrecht: El nuevo equilibrio europeo y consecuencias para España. En 1711, tras la muerte del emperador austríaco José I, el Archiduque Carlos fue nombrado emperador de Alemania, lo que causó la disolución de la Gran Alianza de la Haya por temor a la restauración del imperio de Carlos V. El cambio en la política de los aliados se reflejó en la Paz de Utrecht (1713) y en los acuerdos de Rastatt (1714), que pusieron fin a la Guerra de Sucesión española (1701- 1714). La Gran Alianza de la Haya ganó, frustrando el plan de Luis XIV de crear una hegemonía borbónica europea. Triunfó la idea inglesa de un “equilibrio continental” con dos potencias fuertes, Francia y el Imperio Austríaco, que permitía a Inglaterra la hegemonía en el mar. El Tratado de Utrecht acabó también con la hegemonía francesa de la segunda mitad del siglo XVII. El nuevo orden europeo se basó en el equilibrio entre tres grandes potencias: Francia, debilitada por la actitud belicosa de Luis XIV; Austria, convertida en el territorio más grande y poblado de Europa, pero carente de unidad; e Inglaterra, que se convirtió en la principal potencia del siglo gracias a su creciente fuerza marítima y su desarrollo comercial. Por su parte, España, que había sido la gran potencia hegemónica desde el siglo XVI, quedó relegada a potencia de segundo orden, aliada de Francia y rival de Inglaterra y Austria. Consecuencia de esos tratados fue un nuevo mapa político europeo, donde España resultó la gran perdedora al perder todos sus territorios europeos. El Imperio Austríaco se quedaba con el Milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña (más tarde intercambiado por Sicilia). La gran beneficiaria de Utrecht fue Gran Bretaña. Conseguido el equilibrio continental, pudo centrarse en organizar un gran imperio comercial que abarcaba todos los continentes. Obtuvo Terranova y las bases estratégicas en el Mediterráneo, Gibraltar y Menorca. Además, consiguió la exclusividad del comercio de esclavos en las Indias españolas (“Asiento de negros”) y el permiso para realizar un envío anual a América (“Navío de permiso”), comenzando así la ruptura del monopolio español respecto a América. Holanda consiguió plazas defensivas para prevenir ataques de Francia y diversas concesiones mercantiles. Por otro lado, Portugal recibió la colonia de Sacramento (Uruguay). Francia cedió a Inglaterra grandes territorios e islas en América del Norte (como Terranova). Sin embargo, se autorizaba a los Borbones franceses a ceñir la Corona Hispánica, con la prohibición de unir ambos reinos. En conclusión, la Guerra de Sucesión española representó el fin de los sueños imperiales de los Austrias. Aunque la política exterior borbónica supuso la pérdida de algunos territorios europeos, logró mantener la unidad de los reinos hispánicos y la posesión para España de los territorios americanos. 4.3. El nuevo estado Borbónico: absolutismo y centralismo; los Decretos de Nueva Planta. Con su llegada a España, Felipe V trató de resolver los problemas políticos del país siguiendo el modelo absolutista de Luis XIV, basado en la unificación y centralización del poder político. La reorganización político-administrativa del nuevo Estado fue obra de los tres primeros Borbones: Felipe V (1700-1724-1746), Fernando VI (17046-1759) y Carlos III (1759-1788), quienes contribuyeron al establecimiento de una monarquía fuerte, centralista y unificada. La modificación más significativa fue la unificación jurídica e institucional de la monarquía a través de los Decretos de Nueva Planta, promulgados por Felipe V. El apoyo de los territorios de la Corona de Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca) al Archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión sirvió de excusa para eliminar sus fueros e instituciones. En 1707 se emitió el primer decreto para los Reinos de Aragón y Valencia, imponiendo una legislación e instituciones similares a las de Castilla. El segundo, en 1715, se aplicó a Mallorca, que conservó algunas instituciones. En 1716, se publicó el tercero para Cataluña. Solo vascos y navarros conservaron sus prerrogativas históricas por su lealtad a Felipe V. Con esta unificación se buscaba regenerar el país mediante una administración racional y eficaz, un control de los recursos hacendísticos y la eliminación de la diversidad jurídica y jurisdiccional. Desde entonces, los territorios de la Corona de Aragón adoptaron el modelo de las instituciones castellanas, con influencias francesas. Los birretes se sustituyeron por capitanes generales, que desempeñaban funciones militares y gubernativas. Las Audiencias se encargaban de los asuntos judiciales y asesoraban a los capitanes generales. Los intendentes, figura de origen francés, tenían funciones económicas. Se implantaron nuevos tipos impositivos: la “contribución única” en Aragón, “equivalente” en Valencia, la “talla” en Mallorca y el “catastro” en Cataluña. Las tendencias uniformadoras supusieron también el uso del castellano en la nueva administración. En general, el territorio se organizó en 34 intendencias, posteriormente denominadas provincias, cada una dirigida por un intendente. Estas divisiones a menudo conservaban sus raíces históricas (Galicia, Navarra, Aragón y Cataluña). La centralización política y la unificación institucional se realizó mediante secretarías, que gestionaban los asuntos del gobierno, dirigidas por responsables designados por el rey. La reunión de estos responsables formaba el gabinete, precursor del consejo de ministros. Las Cortes desaparecieron con los decretos de Nueva Planta, excepto las castellanas, aunque la función legislativa pasó a las instituciones vinculadas al rey, lo que debilitó el poder de las Cortes, cuyas reuniones fueron escasas. Los consejos perdieron su influencia y se limitaron a funciones consultivas, a excepción del Consejo Supremo de Castilla, que actuaba como Tribunal Supremo. En el gobierno municipal se instauró el cargo castellano de corregidor, nombrado por el rey, generalmente entre militares. El corregidor escogía a regidores de las élites urbanas para ayudar en la administración local. En resumen, con los Decretos de Nueva Planta, España pasó a ser un Estado unitario, centralista y absolutista, dejando atrás la concepción pactista-federal de los siglos anteriores. 4.4. La Ilustración en España. El despotismo ilustrado. La Ilustración fue un movimiento cultural e ideológico difundido en el siglo XVIII en Europa, basado en la confianza en la razón. Los ilustrados creían que la inteligencia humana podía alcanzar el conocimiento, base del progreso y la felicidad. Por ello, defendían la educación. Surgió del humanismo renacentista y fue influenciada por el racionalismo del siglo XVIII y el auge de la investigación científica. La Ilustración se basó en el culto a la razón, ya que esta podía explicar tanto las leyes de la naturaleza como la sociedad y el ser humano. La difusión de las ideas ilustradas en España fue lenta y difícil. La ausencia de una amplia burguesía, el conservadurismo de los medios intelectuales universitarios y el poder de la Iglesia obstaculizaron la difusión de la Ilustración en el país en la primera mitad del siglo XVIII. A lo largo del siglo, durante el reinado de Carlos III (1759-1788), los Borbones impulsaron un programa reformista basado en la Ilustración. El Siglo de las Luces impulsó conceptos novedosos como la libertad y el progreso, desde una visión optimista y utilitarista. Las ideas políticas de la Ilustración apoyaban a la creciente burguesía, aunque al principio no estaban ligadas a este grupo social. Inicialmente, fue un movimiento elitista y aristocrático, y más adelante la burguesía fue incorporada. En la segunda mitad del siglo XVIII, intelectuales españoles comenzaron a criticar el modelo social de España, atacando la superstición, el desprestigio de las actividades artesanales y mercantiles, la desigual distribución de la propiedad y los privilegios abusivos de la Iglesia y la nobleza. Consideraban que los objetivos políticos, económicos y sociales de la Ilustración eran la clave para superar la decadencia del país. Fueron figuras como Feijoo, Cadalso, Campomanes, Jovellanos, Aranda, Floridablanca, Olavide… quienes, aunque no formaban un grupo homogéneo, compartían el interés por la ciencia, el espíritu crítico y el progreso para España. Los ilustrados españoles veían la educación como la clave para transformar el país. Defendían una enseñanza útil y práctica, obligatoria para todos en los primeros niveles, igual para hombres y mujeres, y enfocada en los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que se estaban difundiendo en Europa. Sabían que el atraso económico del país, comparado con otras potencias europeas, se debía al control de la tierra por la nobleza y la Iglesia, y al poder excesivo de la Mesta y los gremios. Criticaron el desconocimiento de las nuevas técnicas y avances aplicados en países como Holanda y Gran Bretaña. Por ello, estudiaron la situación del país y propusieron reformas para acabar con el retraso y poner a España al nivel de las otras potencias europeas. La Ilustración en España se difundió a través de canales como la prensa periódica, que ganó importancia a finales del siglo XVIII; las Academias, que imitaban el modelo francés (Real Academia Española, Academia de la Historia o la Academia de Bellas Artes de San Fernando); y las Sociedades Económicas de Amigos del País, el mayor símbolo del esfuerzo por promover el espíritu ilustrado. En la divulgación de sus ideas, chocaron con el Tribunal de la Inquisición, un excelente instrumento de control ideológico. Se enfrentaron con el poder de la Compañía de Jesús, que monopolizaba casi por completo la Enseñanza Media. Además, muchos de sus proyectos de reforma social y económica chocaron con la nobleza y el clero. Una consecuencia política del racionalismo de la Ilustración fue el despotismo ilustrado o “absolutismo ilustrado”, término preferido por la historiografía moderna. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, algunos monarcas absolutistas, influenciados por las ideas ilustradas, buscaron una nueva forma de gobernar. Mantenían los principios esenciales del absolutismo, pero querían justificar su poder de manera racional. Su lema: “Todo por el pueblo, pero sin el pueblo” reflejaba que no renunciaban a su soberanía absoluta y seguían manteniendo todos los poderes del Estado. Sin embargo, consideraban que la finalidad de la monarquía era lograr la felicidad y el bienestar de sus súbditos mediante un buen gobierno y la intervención en la economía para aumentar la producción y riqueza del reino y sus habitantes. Monarcas como José II de Austria, Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia y Carlos III de España ejemplificaron este enfoque.