Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes PDF

Summary

Este documento analiza los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en México, incluyendo referencias a la Constitución y a tratados internacionales. Se enfoca en la importancia de la libre determinación, la autonomía y la inclusión social de estos grupos.

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De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), los derechos de las personas afrodescendientes que más se violentan en México son el trato digno y la igualdad de oportunidades, situaciones en las que la mayoría de las veces el color de piel fue la causa de discriminaci...

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), los derechos de las personas afrodescendientes que más se violentan en México son el trato digno y la igualdad de oportunidades, situaciones en las que la mayoría de las veces el color de piel fue la causa de discriminación. Derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. El artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, siendo la conciencia de su identidad indígena el criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones de los pueblos indígenas. El mismo artículo 2do. constitucional en su apartado C establece que “Reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”. Así mismo el artículo 3ro. contempla dentro de los principios rectores de la educación en México una perspectiva y orientación integral de las lenguas indígenas de nuestro país y el establecimiento educación plurilingüe e intercultural. Los gobiernos estatales, municipales y el federal se encuentran obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los miembros de estas comunidades y de las personas afromexicanas, también la igualdad de oportunidades, así como tomar en cuenta su opinión en la creación y aplicación de políticas públicas. La Constitución es la punta de lanza en el reconocimiento de los Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos también derechos de los pueblos y las encuentran protección y reconocimiento a sus derechos en comunidades indígenas y Tratados Internacionales de los que México es parte. El afromexicanos, además de otras Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), ratificado leyes. por el estado mexicano, es el instrumento internacional de derechos humanos específico más relevante para la protección de los derechos de los indígenas, el cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan, en virtud de la particular contribución que han hecho a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales. Así, tanto la Constitución como en los tratados internacionales, se reconoce de manera relevante a los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación y autonomía y derivado de ello, estos grupos étnicos tienen, entre otros, los siguientes derechos que se extienden también a las comunidades afromexicanas. El artículo 27 de nuestra Carta Magna ha establecido la protección constitucional de la integridad de las tierras de los grupos indígenas y el artículo 115 permite que las comunidades indígenas se coordinen y asocien con las autoridades municipales para fortalecer la administración pública local. 96

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