Tema 3 - Potestades Administrativas (1)

Las decisiones administrativas deben buscar alcanzar los objetivos legales establecidos.

Las decisiones administrativas deben estar justificadas y explicadas.

La administración debe tratar a todos por igual sin discriminación.

Las medidas deben ser adecuadas a los fines perseguidos, evitando excesos.

Cuando la administración usa su autoridad para un fin diferente al establecido por la ley.

Los tribunales pueden revisar las decisiones administrativas.

El parlamento controla la acción de la administración.

Órganos superiores revisan acciones de los inferiores.

La actuación de la administración pública debe estar siempre basada en normas legales. Es fundamental para un Estado de Derecho.

La capacidad de la administración para crear normas que desarrollen la ley.

La administración debe seguir un procedimiento definido por la ley, sin margen para la interpretación.

La administración puede elegir dentro de ciertos límites cómo aplicar la norma, basándose en su propio juicio.

Los tribunales supervisan que la administración no abuse de su discrecionalidad y no se desvíe de la ley.

Decisiones tomadas por la administración públicas sobre casos concretos.

Normas legales que se aplican a todos en general.

Las resoluciones administrativas específicas no pueden contradecir las normas generales, aunque provengan de un órgano de igual o superior rango.

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

La posibilidad de que la Administración tome decisiones dentro de los límites legales, adaptándose a circunstancias específicas.

Verificar que la Administración no exceda sus poderes y actúe dentro de los límites establecidos por las leyes.

Requisitos y procedimientos específicos que deben cumplirse en todo acto administrativo discrecional.

Verificar que la decisión administrativa se base en una realidad comprobada y justificada.

Guías generales que orientan a la Administración en sus decisiones discrecionales.

Un principio fundamental que exige que las decisiones de la Administración sean objetivas, razonables y justas.

La obligación de la Administración de explicar las razones de sus decisiones discrecionales.

Supervisar que la Administración aplique valores como la justicia, la igualdad y la razonabilidad en sus decisiones.

Que el acto administrativo incluya una explicación clara de la decisión y los motivos que la justifican.

El poder que tiene la Administración para actuar e imponer conductas a terceros con el fin de cumplir sus objetivos.

La ley debe decir explícitamente qué órgano administrativo tiene el poder para hacer algo.

La ley debe describir con precisión qué tipo de poder tiene la Administración. No puede ser general o indeterminado.

El poder de la Administración tiene límites y no puede ser ilimitado. La Ley define su extensión.

La ley directamente establece qué órgano tiene la responsabilidad específica de una tarea.

La ley establece criterios generales, pero la distribución de responsabilidades se decide a través de reglamentos o actos administrativos.

Entidades como el Gobierno o los consejos pueden distribuir responsabilidades entre los órganos bajo su control.

Atribuir responsabilidades a órganos inferiores dentro de la misma Administración, sin cambiar la jerarquía.

Un acto administrativo, ya que afecta a un caso particular e individualizado.

Norma general que regula un conjunto de situaciones, aplicándose a todos los casos que entren dentro de su ámbito.

Una disposición administrativa, ya que afecta a un grupo general y no a un caso específico.

La desviación de poder es un vicio que se centra en la legalidad de la acción administrativa. El acto debe cumplir con la ley.