Tema 12: Responsabilidad Civil

El ejercicio de la acción civil por parte del perjudicado en el proceso penal se puede ofrecer por parte del juez instructor, quien puede ejercerla o renunciar a ella.

La acción civil en el proceso penal es renunciable, pero la renuncia debe ser expresa, terminante y cumplir con los requisitos legales.

El Ministerio Fiscal tiene la obligación de presentar la acción civil junto con la acción penal, independientemente de si hay o no un acusador particular.

Los perjudicados que no hayan renunciado a la acción civil pueden participar como parte en el proceso penal y ejercer las acciones civiles o penales correspondientes.

Si se presenta una acción penal, se presume que también se presenta la acción civil, a menos que el perjudicado reserve o renuncie a ella expresamente.

El perjudicado puede ejercer la acción civil ante la jurisdicción civil después de que finalice el proceso penal, excepto en casos de cuestiones prejudiciales de orden civil.

La acción civil no se extingue con la finalización del proceso penal. Si la sentencia condena al encausado a la reparación del daño, la sentencia tiene carácter de cosa juzgada.

Para que se pueda pronunciar sobre la responsabilidad civil en el proceso penal, es necesario que haya habido un delito.

Responsabilidad civil que surge cuando alguien que no es penalmente responsable, como padres, tutores o medios de difusión, se ve implicado por las acciones ilegales de otros.

En el caso de menores de 14 a 17 años, los responsables civiles, incluyendo sus padres, tutores o acogedores, son solidariamente responsables.

En casos donde la entidad pública tiene la custodia del menor, se puede iniciar un proceso civil o contencioso-administrativo para reclamar daños.

Es el daño que ha sido causado y se puede demostrar de forma tangible.

Se refiere a la relación causal entre la conducta del responsable y el daño que se ha producido.

Es la base legal para determinar quién es responsable de la reparación del daño.

En este régimen, la responsabilidad se basa en la culpa o negligencia del responsable.

En este régimen, la culpa no es un requisito para la responsabilidad; el mero hecho de realizar una actividad peligrosa es suficiente para responsabilizar.

El daño moral puro es indemnizable cuando se demuestra angustia o sufrimiento significativo, a menudo junto a otros tipos de daños.

La reparación in natura consiste en restaurar el bien o derecho dañado a su estado original, mientras que la compensación en dinero implica pagar una cantidad equivalente al daño causado.

La culpabilidad se produce cuando el causante del daño no cumplió con las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

El dolo implica que el causante del daño tenía la intención de dañar, mientras que la culpa en sentido estricto o negligencia ocurre cuando el causante actuó sin el cuidado y la diligencia debidos.

La imputabilidad se refiere a la capacidad de una persona de ser responsable de sus actos.

Se define como la falta de voluntad para causar daño y la omisión de la diligencia debida, es decir, no actuar con el cuidado que requiere la ley.

La fórmula de la conditio sine qua non establece que el daño no habría ocurrido si la acción o omisión del causante no se hubiera producido.

Las Administraciones Públicas son responsables por los daños causados por sus autoridades y personal.

El propietario de un vehículo responde por los daños causados por el conductor, si existe una relación de responsabilidad legal entre ellos.

El asegurador del vehículo está obligado a cubrir los daños causados por su asegurado.

Si hay varios responsables de un daño, todos responden en conjunto por el total del daño, incluso si no se puede determinar exactamente la culpa de cada uno.

El plazo para reclamar un daño por responsabilidad civil es de un año.

El plazo de prescripción comienza a contar desde que la persona dañada tiene conocimiento del daño y de la identidad del responsable.

Si el daño es por lesiones, el plazo de prescripción se cuenta desde que la persona se recupera completamente o se determina el alcance de las secuelas.

Si el daño es provocado por una actividad dañina continua, el plazo de prescripción comienza a contar desde que finaliza la actividad.

La responsabilidad por hecho ajeno se refiere a la obligación de reparar el daño causado por otra persona cuando existe una relación especial entre la persona responsable y la persona que causó el daño.

Esta responsabilidad se extiende a los padres por los daños causados por sus hijos menores bajo su cuidado o a los tutores por los daños causados por los menores o incapacitados bajo su autoridad y que habitan con ellos.

Los centros educativos de enseñanza no superior responden por los daños causados por los menores durante el tiempo en que se encuentran bajo el control o vigilancia del profesorado.

Los dueños o directores de un establecimiento o empresa responden por los daños causados por sus dependientes mientras actúen en el ámbito de sus funciones.

Los medios de comunicación son responsables por los daños causados al honor, la intimidad y la propia imagen, de acuerdo con la Ley de Prensa e Imprenta.

Si no es posible responsabilizar a las personas que causaron directamente el daño, se puede buscar responsabilidad subsidiaria a la empresa periodística, editorial, impresora, importadora o distribuidora.

La responsabilidad por actos u omisiones ilícitos, no punibles, recae sobre los autores, directores, editores, impresores e importadores o distribuidores de impresos extranjeros.

La responsabilidad por hecho ajeno desaparece si se prueba que se tomaron todas las medidas posibles para evitar el daño.

El asegurado de responsabilidad civil está obligado a defender al asegurado en caso de reclamaciones del perjudicado.

Permite al perjudicado reclamar directamente al asegurador del causante del daño, sin demandar primero al asegurado.

El asegurador no puede oponer ciertas excepciones al perjudicado, como la infracción de deberes por parte del asegurado, solo puede reclamarle daños.

El asegurado tiene derecho a elegir entre la defensa del asegurador o contratar a otro abogado, en cuyo caso el asegurador debe pagar los gastos.

Un pacto en el cual el asegurador no se hace responsable de la defensa legal del asegurado es limitativo de derechos del asegurado.

El perjudicado puede reclamar al asegurador del causante del daño, incluso sin demandar al propio causante.

La culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales contra él son oponibles al perjudicado.

El asegurador puede oponer al perjudicado excepciones como la inexistencia, nulidad, resolución del contrato del seguro, daño fuera de la cobertura o tipo de daño no cubierto.