Protección a la Infancia: Contexto Internacional

• La atención a la familia es un indicador del bienestar de un país y una prioridad para la Administración Pública en la protección social.
• La protección a la infancia se gestiona a través de la Dirección General de Familia y Menores dentro de la Consejería de Bienestar.

Contexto Internacional

• En el siglo XX, la comunidad internacional reconoció la importancia de los menores, consolidándolos como sujetos de derechos y objetos de protección.
• La protección de los niños se convirtió en un compromiso internacional en lugar de solo una responsabilidad estatal.
• La adopción internacional surgió debido a conflictos bélicos que dejaron huérfanos a muchos niños adoptados por países no en guerra.
• En 1919, se creó el Comité de Protección de la Infancia bajo la Sociedad de Naciones.
• En 1924, se formuló la Declaración de los Derechos del Niño (Declaración de Ginebra).
• En 1925, la Sociedad de Naciones adoptó la Declaración de Ginebra, reconociendo a la niñez como un grupo que requiere protección especial.
• En 1948, la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo el derecho a asistencia especial para la maternidad e infancia.
• En 1959, la ONU adoptó la Declaración de los Derechos del Niño, que sirvió de base para futuros tratados.
• En 1979, se declaró el Año Internacional del Niño.
• En 1989, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por España en 1990).
• La Convención de 1989 introdujo la conciencia de que los derechos de los menores merecen una doble consideración: como derechos humanos básicos y como sujetos que requieren protección especial debido a su vulnerabilidad.
• La resolución A3-0172/92 del Parlamento Europeo instó a los países miembros a suscribir la Convención de 1989 y a nombrar un Defensor del Menor.

Los derechos del niño en la Agenda 2030

• La Década de Acción de la ONU busca acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
• Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 contribuye a reducir la violencia contra niños.
• No abordar las metas de los ODS relacionadas con la violencia infantil obstaculiza los avances en la Agenda 2030.
• Durante la formulación de la Agenda 2030, los niños pidieron la eliminación de la violencia, considerándola una prioridad independiente.
• La meta 16.2 de los ODS busca poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
• La Agenda 2030 y los ODS presentan una oportunidad única para asegurar el derecho de los niños a vivir sin temor ni violencia, como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño.
• El inicio de la Década de Acción en 2020 coincidió con el 75º aniversario de la ONU y desafíos globales como el cambio climático y la pandemia de COVID-19.
• La comunidad internacional debe priorizar la infancia y movilizarla para acelerar las acciones.
• Alcanzar los ODS, especialmente los relacionados con educación, salud, igualdad de género, violencia contra la mujer, trabajo infantil, erradicación de la pobreza, acceso a la justicia e instituciones responsables, disminuirá la violencia contra los niños y proporcionará respuestas eficaces a las víctimas.

Ámbito Estatal

• La Constitución Española de 1978 protege a la infancia.

Constitución Española

• Artículo 9.2: Los poderes públicos deben promover condiciones para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas, remover obstáculos y facilitar la participación ciudadana.
• Artículo 10.2: Los derechos fundamentales se interpretan de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales ratificados por España.
• Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición.
• Artículo 24: Derecho a la protección judicial de los derechos por los Jueces y Tribunales.
• Artículo 27: Derecho a la Educación y a la Libertad de Enseñanza.
• Artículo 39: Derecho a la Protección Social, Económica y Jurídica de la Familia y a la Infancia.
• Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
• Los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos, independientemente de su filiación o del estado civil de la madre.
• Los padres deben prestar asistencia a los hijos menores de edad, tanto dentro como fuera del matrimonio.
• Los niños gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial

• Esta Ley Orgánica crea los Juzgados de Menores, sustituyendo a los Tribunales Tutelares.
• Artículo 96.1: En cada provincia habrá uno o más Juzgados de Menores con jurisdicción provincial.
• Artículo 97: Los Jueces de Menores ejercen funciones legales para con los menores que hayan incurrido en delitos o faltas, así como otras atribuciones legales relacionadas con menores de edad.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor

• Esta Ley se aplica a menores de 18 años en territorio español.
• Prioriza el interés superior del menor y busca medidas educativas.
• Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretan de manera restrictiva.
• Los menores gozan de los derechos reconocidos en la Constitución Española de 1978 y en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, sin discriminación.
• Los menores tienen derecho al honor, la intimidad, la información, a ser oídos, a la libertad ideológica, de participación, asociación, reunión y a la libertad de expresión.
• Para defender sus derechos, el menor puede solicitar protección de la entidad pública competente, informar al Ministerio Fiscal, presentar quejas ante el Defensor del Pueblo y solicitar recursos sociales disponibles.

Ley 54/2007 de Adopción Internacional

• Modifica varios artículos del Código Civil en materia de Adopción.
• Busca una regulación normativa sistemática y actualizada para la adopción internacional en España.
• El Título I establece el ámbito de aplicación y la intervención de las entidades públicas competentes en materia de protección de menores, especialmente las Entidades Colaboradoras en Adopción Internacional.
• El Título II regula las normas de Derecho Internacional Privado relativas a la adopción internacional, definiendo la competencia de las autoridades españolas y los efectos jurídicos en España de adopciones constituidas en el extranjero.
• El Título III regula el régimen jurídico privado de los casos internacionales y otras medidas de protección de menores.
• Regula la intervención de la Administración General del Estado, de las Entidades Públicas y de los organismos acreditados para la adopción internacional.
• Define la capacidad y los requisitos para adoptar.
• Establece las normas de Derecho internacional privado para la adopción y otras medidas de protección internacional de menores.
• Se considera adopción internacional aquella en la que un menor adoptable y residente en el extranjero es desplazado a España por adoptantes residentes en España, ya sea después de la adopción en el país de origen o con el fin de constituir la adopción en España.
• Establece el marco jurídico para garantizar que las adopciones internacionales tengan lugar considerando el interés superior del menor.
• Su finalidad es proteger los derechos de los menores que van a ser adoptados, así como los de las personas que se ofrecen para la adopción y otras personas implicadas en el proceso.
• La adopción internacional de menores respetará los principios de la Convención de Derechos del Niño de 1989 y del Convenio de la Haya de 1993.

Ley 40/2003, de Protección a las Familias Numerosas

• Reemplaza la Ley 25/1971, que estaba desactualizada.
• Su objeto es establecer la definición, acreditación y régimen de las familias numerosas, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución.
• Los beneficios buscan promover la igualdad de los miembros de las familias numerosas en el acceso a bienes económicos, sociales y culturales.
• Las comunidades autónomas son competentes para reconocer la condición de familia numerosa, expedir títulos y ejercer la potestad sancionadora.
• Artículo 2: Concepto de familia numerosa.
• Se considera familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes.
• Se equiparan a familia numerosa:
• Familias con uno o dos ascendientes y dos hijos, siempre que al menos uno sea discapacitado o esté incapacitado para trabajar.
• Familias con dos ascendientes discapacitados (o uno con discapacidad superior al 65%) con dos hijos.
• Padres separados o divorciados con tres o más hijos, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que dependan económicamente del progenitor.
• Dos o más hermanos huérfanos bajo tutela o acogimiento.
• Tres o más hermanos huérfanos mayores de 18 años (o dos si uno es discapacitado) que convivan y dependan económicamente entre ellos.
• Padre o madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.
• Se consideran ascendientes al padre, a la madre o a ambos (si existe vínculo conyugal) y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos.
• Se equiparan a la condición de ascendiente las personas que tengan la tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos.
• Tendrán la misma consideración que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido.
• Se considera discapacitado aquel que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento e incapaz para trabajar aquella persona que tenga reducida su capacidad de trabajo en un grado equivalente al de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.