Procedimiento Administrativo: Los Interesados

Interesados en el Procedimiento Administrativo

• El Tema 7 abarca los interesados en el procedimiento administrativo, los derechos de los ciudadanos, acceso a registros y archivos, términos, plazos e informes en el procedimiento administrativo.

Capacidad de Obrar

• La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas la tienen las personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar según las normas civiles.
• Los menores de edad pueden ejercer y defender sus derechos e intereses permitidos por el ordenamiento jurídico sin asistencia, excepto si están incapacitados.
• La ley puede declarar expresamente como capaces a grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica, y patrimonios independientes o autónomos.

Concepto de Interesado en el Procedimiento Administrativo

• Se consideran interesados quienes promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos.
• También quienes tengan derechos que puedan ser afectados por la decisión, aunque no hayan iniciado el procedimiento.
• Se incluyen también aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados y se personen en el procedimiento antes de la resolución definitiva.
• Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos reconocidos por la Ley.
• Si la condición de interesado se deriva de una relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en esa condición en cualquier estado del procedimiento.

Pluralidad de Interesados

• En solicitudes o comunicaciones con varios interesados, las actuaciones se realizan con el representante o el interesado señalado expresamente y, en su defecto, con el que figure primero.

Nuevos Interesados

• Si durante la instrucción de un procedimiento sin publicidad se identifica a personas con derechos o intereses legítimos y directos que puedan ser afectados, se les comunicará la tramitación.

Representación

• Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar a través de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
• Pueden actuar en representación ante las Administraciones Públicas personas físicas con capacidad de obrar y personas jurídicas según sus Estatutos.
• La representación se acredita mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia.
• Se considera acreditada mediante apoderamiento apud acta por comparecencia personal o electrónica, o por inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.
• Para actos y gestiones de mero trámite se presume la representación.
• Debe acreditarse la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, desistir de acciones, renunciar a derechos e interponer recursos.
• La falta o insuficiente acreditación no impide el acto si se subsana en diez días o en un plazo superior según las circunstancias.
• El órgano competente debe incorporar la acreditación del representante y sus poderes al expediente administrativo.
• Las Administraciones Públicas pueden habilitar a personas físicas o jurídicas autorizadas para transacciones electrónicas en representación de interesados, especificando las condiciones y obligaciones.

Registros Electrónicos de Apoderamientos

• El apoderamiento apud acta se otorga mediante comparecencia electrónica o personal.
• Las Administraciones Públicas deben tener un registro electrónico general de apoderamientos para inscribir los poderes generales apud acta.
• Los registros generales no impiden registros particulares en cada Organismo para trámites específicos.
• Cada Organismo puede tener su propio registro electrónico de apoderamientos.
• Los registros deben ser interoperables para garantizar la interconexión y compatibilidad informática.
• Los registros electrónicos de apoderamientos permiten comprobar la representación ante las Administraciones Públicas.
• Los registros mercantiles, de la propiedad y los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.
• Los asientos deben contener el nombre del poderdante y apoderado, documento de identidad, fecha de inscripción, período de tiempo y tipo de poder según facultades.
• Los poderes inscritos deben corresponder a alguna de las siguientes tipologías:
  • Poder general para actuar en cualquier actuación administrativa ante cualquier Administración.
  • Poder para actuar en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
  • Poder para realizar únicamente determinados trámites especificados en el poder.
  • Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración.
• Los poderes inscritos tienen una validez máxima de cinco años desde la inscripción.
• El poderdante puede revocar o prorrogar el poder en cualquier momento. Las prórrogas también tienen una validez máxima de cinco años.
• Las solicitudes de inscripción, revocación o prórroga pueden dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo.

El Acceso a Archivos y Registros

• El acceso a la información pública es un derecho constitucional.
• La Constitución Española de 1978 establece que la ley regulará el acceso a los archivos y registros administrativos,excepto en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
• La ley debe regular el procedimiento de los actos administrativos, garantizando la audiencia del interesado.
• La Ley 39/2015 también aborda el acceso a la información pública.
• La Ley 19/2013 regula la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno.
• Los interesados tienen derecho a conocer el estado de los procedimientos, el sentido del silencio administrativo y acceder a copias de los documentos.
• Quienes se relacionen electrónicamente con las Administraciones Públicas tienen derecho a consultar la información en el Punto de Acceso General electrónico.
• Los documentos electrónicos deben conservarse en un formato que garantice su autenticidad, integridad, conservación y consulta a lo largo del tiempo.
• La eliminación de documentos debe ser autorizada según la normativa aplicable.

Términos y Plazos

• La actividad administrativa está sujeta a condicionantes temporales que obligan tanto al personal de la Administración como a los propios interesados.

Obligatoriedad de Términos y Plazos

• Los términos y plazos establecidos obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes, así como a los interesados.

Cómputo de Plazos

• Si no se dispone otra cosa por Ley o Derecho de la Unión Europea, los plazos por horas se entienden hábiles.
• Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
• Los plazos por horas se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde la notificación o publicación del acto, y no pueden superar las veinticuatro horas, en cuyo caso se expresan en días.
• Si no se expresa otro cómputo por Ley o Derecho de la Unión Europea, los plazos por días se entienden hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos.
• Si los plazos se señalan por días naturales, se hará constar en las notificaciones.
• Los plazos en días se cuentan a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto, o desde el siguiente a la estimación o desestimación por silencio administrativo.
• Si el plazo se fija en meses o años, se computa a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto, o desde el siguiente a la estimación o desestimación por silencio administrativo.
• El plazo concluye el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento.

Reglas Generales para el Cómputo de Plazos

• Si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente.
• Si un día es hábil en el municipio o Comunidad Autónoma del interesado pero inhábil en la sede del órgano administrativo, o viceversa, se considera día inhábil en todo caso.
• La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas fijarán el calendario de días inhábiles.
• Este calendario incluirá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes y se publicará antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda.
• La declaración de un día como hábil o inhábil no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas.

Cómputo de Plazos en Registros Electrónicos

• El registro electrónico permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.
• La presentación en un día inhábil se considera realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo norma expresa en contrario.
• Los documentos se consideran presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil con preferencia a los del día hábil posterior.
• El inicio del cómputo de los plazos para las Administraciones Públicas viene determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico.
• La fecha y hora efectiva de inicio del cómputo debe ser comunicada al que presentó el documento.
• Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que las oficinas prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos.
• El registro electrónico se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que debe contar con las medidas de seguridad necesarias.
• La sede electrónica determinará, según el ámbito territorial y el calendario previsto en el artículo 30.7, los días inhábiles.
• Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos.

Ampliación de los Plazos de Trámite

• La Administración, salvo precepto en contrario,puede conceder de oficio o a instancia del interesado una ampliación de los plazos establecidos, que no excederá de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y no perjudican derechos de terceros.
• El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.
• En todo caso, la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará a los procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares, aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero, o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.
• Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, antes del vencimiento del plazo de que se trate.
• No se puede ampliar un plazo ya vencido.
• Los acuerdos sobre ampliación o denegación de plazos no son susceptibles de recurso, sin perjuicio del que corresponda contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
• Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento del sistema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, publicando tanto la incidencia como la ampliación del plazo.

Reducción de los Plazos de Trámite

• Cuando razones de interés público lo aconsejen, la Administración puede acordar, de oficio o a instancia del interesado, una tramitación de urgencia, la que podrá ser reducida a la mitad.
• Los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
• El acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, no es susceptible de recursos.

Tramitación de Urgencia vs Tramitación Simplificada

• Los plazos podrán ser reducidos a la mitad.
• Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
• Las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, una tramitación simplificada del procedimiento,que deberá ser resueltos en treinta días.

Ampliación del Plazo Máximo para Resolver y Notificar

• Si el número de solicitudes o personas afectadas supone un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente puede habilitar más medios personales y materiales.
• Si se agotan estos medios, el órgano competente para resolver, a propuesta del instructor o el superior jerárquico, podrá acordar una ampliación del plazo máximo de resolución y notificación.
• La ampliación no puede superar el establecido para la tramitación del procedimiento.
• Los acuerdos sobre ampliación de plazos, deberán ser notificados a los interesados.

Informes

• A efectos de la resolución del procedimiento, deben solicitarse aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y citarse el precepto que los exija.
• En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita.
• Los informes serán facultativos y no vinculantes.
• Los informes serán emitidos en el plazo de diez días.
• Si no se emite el informe en el plazo señalado, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo legal.
• Si el informe debe ser emitido por otra Administración Pública, y transcurre el plazo sin que se haya emitido, se podrán proseguir las actuaciones.
• El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta.

Solicitud de Informes y Dictámenes para Responsabilidad Patrimonial

• En los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.
• Si las indemnizaciones reclamadas son iguales o superiores a 50.000 euros (o lo que establezca la legislación autonómica), deberá solicitarse dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
• A estos efectos, el órgano instructor remitirá al órgano competente una propuesta de resolución en el plazo de diez días tras la finalización del trámite de audiencia.
• El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad.
• En reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial del Estado, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses.
• El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción.