Principios y Organización del Poder Judicial

El Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado al que la CE califica expresamente como tal.

El Poder Judicial es un poder autónomo e independiente con una naturaleza diferente a los otros dos poderes del Estado.

El Poder Judicial está sometido única y exclusivamente al Imperio de la Ley, no a la voluntad propia ni ajena.

El Poder Judicial no reside en un órgano constitucional específico, sino en todos los órganos judiciales: los jueces y magistrados.

El Poder Judicial se aplica a todos los órganos judiciales, desde los jueces hasta los tribunales superiores.

La organización judicial en las Comunidades Autónomas culmina con un Tribunal Superior de Justicia.

La independencia judicial es un rasgo fundamental de la función judicial que garantiza que los jueces solo están sujetos al imperio de la ley.

La independencia judicial no implica que los jueces puedan actuar según su propia conciencia, sino que deben basar sus decisiones únicamente en la ley.

La independencia judicial protege a los jueces de influencias externas, como el poder ejecutivo o particulares, para garantizar su imparcialidad.

La inamovilidad, la incompatibilidad y el control del Consejo General del Poder Judicial son ejemplos de mecanismos que garantizan la independencia judicial externa.

La independencia judicial también se proyecta hacia dentro del poder judicial, evitando que sus órganos de gobierno influyan en las decisiones de los jueces individuales.

La independencia judicial prohíbe que se den instrucciones a los jueces sobre cómo aplicar o interpretar la ley, asegurando la autonomía en su función.

La única forma de corregir una decisión judicial es mediante los recursos legalmente establecidos.

El sometimiento al imperio de la ley es el núcleo de la independencia judicial y la base de la función jurisdiccional.

El principio de unidad jurisdiccional en España establece que la organización territorial del Estado no afecta al Poder Judicial. La jurisdicción es una competencia exclusiva del Estado, y los entes territoriales inferiores, como las comunidades autónomas, no pueden tener sus propios poderes judiciales.

La Constitución española, el Tribunal Constitucional y la legislación vigente no ignoran la estructura territorial del país en lo referente a la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Algunos ejemplos son las competencias que las comunidades autónomas pueden asumir en materia de administración de la administración de justicia.

La Constitución española prohíbe la existencia de "tribunales de honor" y "tribunales excepcionales" (artículos 26 y 117.6 CE).

Si bien el principio de unidad jurisdiccional prohíbe los "tribunales especiales", la ley puede distribuir el trabajo entre diferentes grupos de órganos judiciales para una mejor organización. Esto se traduce en la existencia de cuatro órdenes jurisdiccionales en España: penal, civil, social y contencioso-administrativo.

Dentro de cada orden jurisdiccional, existen órganos especializados para tratar asuntos específicos, por ejemplo, el orden civil tiene secciones para asuntos de familia y mercantiles, y el orden penal tiene secciones para menores y vigilancia penitenciaria.

Las comunidades autónomas pueden asumir ciertas competencias en materia de administración de justicia, pero solo las que sean de carácter ejecutivo y no interfieran en la función de gobierno judicial que la Constitución reserva al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las competencias ejecutivas que las comunidades autónomas pueden asumir en materia de justicia se centran en la administración del personal no judicial, los recursos materiales y la colaboración en servicios específicos mediante convenios con el Ministerio de Justicia o el CGPJ.

Las comunidades autónomas han ido asumiendo gradualmente competencias ejecutivas y de gestión en materia de personal (no judicial), recursos materiales y colaboración en la administración de justicia.

La inamovilidad judicial garantiza que los jueces y magistrados solo pueden ser separados, trasladados, suspendidos o jubilados por las causas y con las garantías establecidas por ley. Esta protección evita que se tomen represalias contra ellos por su actuación judicial.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) regula la inamovilidad de los jueces y magistrados, estableciendo las causas de separación, suspensión y jubilación de la carrera judicial.

La Constitución Española prohíbe que los jueces y magistrados en activo desempeñen otros cargos públicos mientras estén en activo, garantizando así su independencia.

La LOPJ establece que los jueces y magistrados no pueden ejercer casi ninguna actividad distinta a la jurisdiccional, salvo algunas excepciones como la docencia, la investigación o la creación artística.

La Constitución prohíbe que los jueces y magistrados pertenezcan a partidos políticos o sindicatos, con el objetivo de garantizar su imparcialidad.

La LOPJ establece un sistema y modalidades de asociación profesional para los jueces y magistrados, cumpliendo con las disposiciones constitucionales.

La LOPJ incluye otras limitaciones para preservar la independencia judicial, como la regulación de la comunicación con los medios de comunicación.

El Consejo General del Poder Judicial puede seguir funcionando durante un tiempo limitado incluso si las Cámaras no han nombrado nuevos vocales, para evitar que la falta de decisión afecte al gobierno del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial tiene la responsabilidad de aprobar los reglamentos internos del Poder Judicial, pero estos reglamentos solo se aplican a los miembros del Poder Judicial, no a personas ajenas.

El Consejo General del Poder Judicial es responsable de gestionar su propio presupuesto, desde su elaboración hasta la ejecución, para garantizar la autonomía financiera del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial decide qué funcionarios trabajan para él y define sus puestos de trabajo, asegurando la correcta organización y funcionamiento del personal judicial.

El Consejo General del Poder Judicial debe revisar y dar su opinión sobre los proyectos de ley que afectan al Poder Judicial, como la reforma de la LOPJ, la modificación de las demarcaciones judiciales o la legislación penal.

El Consejo General del Poder Judicial puede informar sobre cualquier asunto que considere relevante, no solo las leyes relacionadas con el Poder Judicial.

El Ministerio Fiscal es un órgano del Estado que tiene la función de defender la legalidad y el interés público. No es una parte más en un proceso, sino que actúa de manera imparcial para proteger los intereses generales.

La actuación del Ministerio Fiscal se fundamenta en la legalidad, la imparcialidad, la unidad y la jerarquía.

El Ministerio Fiscal tiene una estructura organizativa similar a la del Poder Judicial, con fiscales especializados en diferentes áreas y niveles de jerarquía.

El Ministerio Fiscal es un órgano independiente del Ejecutivo y del Legislativo, con un papel crucial en la defensa de la legalidad.

El Ministerio Fiscal suele intervenir en procesos donde se ven afectados intereses generales, como en incapacitaciones, procesos matrimoniales, o ante el Tribunal de Cuentas.

El Ministerio Fiscal está presente en todos los niveles del Poder Judicial: Audiencias Provinciales, TTSSJJ, AN, TS, TC y Tribunal de Cuentas.

El Ministerio Fiscal tiene unidades especializadas para combatir delitos como la droga, la corrupción y el crimen organizado.

El Fiscal General del Estado es el máximo responsable del Ministerio Fiscal. Guíase por los principios de legalidad, imparcialidad, unidad y jerarquía.