Presupuestos Generales Canarias

El objetivo principal de la programación y ejecución financiera del sector público autonómico es el desarrollo de objetivos y el control de los resultados, mejorando procedimientos, servicios y prestaciones públicas.

Se deben observar mecanismos de colaboración entre la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y otras administraciones para usar los recursos de forma eficiente.

Los responsables de los entes del sector público autonómico son los encargados de lograr los objetivos, usando los recursos públicos de forma eficiente y ofreciendo un servicio de calidad a los ciudadanos.

Los entes públicos con presupuesto limitativo (establecido por ley o por el Gobierno) deben desarrollar planes de acción a largo plazo, abarcando un mínimo de dos años y un máximo de tres.

Los planes plurianual de gestión de gastos del sector público deben ser coherentes con las políticas sectoriales, las estructuras presupuestarias y con el escenario a largo plazo.

El Gobierno es responsable de la aprobación de los planes plurianuales, pudiendo reemplazar planes sectoriales existentes si cumplen ciertos requisitos.

Si un plan plurianual involucra varios departamentos u organismos, la propuesta se debe realizar de forma conjunta.

El procedimiento de elaboración y estructura de los planes plurianuales con evaluación de impacto de género se establece por el Gobierno.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es responsable de garantizar la disponibilidad pública de información económico-financiera sobre los sujetos dentro del ámbito de aplicación de esta ley. Esta información debe estar disponible con la frecuencia y alcance que se determine según las normas y acuerdos nacionales e internacionales.

Las Administraciones Públicas deben proporcionar la información necesaria para cumplir con las disposiciones de la ley y los acuerdos de desarrollo, así como garantizar la coherencia de las normas contables y la integridad de los sistemas de recopilación de datos.

Las previsiones presupuestarias, incluyendo la metodología, supuestos y parámetros utilizados, están disponibles públicamente.

Las políticas de gasto público deben estar enmarcadas dentro de una planificación plurianual que tenga en cuenta factores económicos, objetivos políticos y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La gestión de los recursos públicos debe estar orientada a la eficiencia, eficacia, economía y calidad. Para lograr esto, se deben implementar políticas de racionalización del gasto y mejora de la gestión del sector público.

Todos los procesos que afecten a los gastos o ingresos públicos, desde la elaboración de leyes hasta la firma de contratos, deben evaluar las consecuencias y cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Las Administraciones Públicas que incumplan las obligaciones de la ley o los compromisos de España con la normativa europea o tratados internacionales serán responsables de las consecuencias de su incumplimiento.

El principio de responsabilidad establece que las Administraciones Públicas son responsables de cumplir con las obligaciones de la ley y los compromisos internacionales de España.

El Estado no se hará responsable de las deudas de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y entidades dependientes de ellas, pero puede haber acuerdos financieros para proyectos conjuntos.

Las Comunidades Autónomas no se harán responsables de las deudas de las Corporaciones Locales y sus entidades dependientes, pero puede haber acuerdos financieros para proyectos conjuntos.

Las Administraciones Públicas deben actuar con lealtad entre sí, coordinando y respetando sus competencias.

Una Administración debe valorar el impacto que sus acciones pueden tener en las otras Administraciones.

Una Administración debe respetar las competencias legítimas de las otras.

Una Administración debe considerar todos los intereses públicos, incluso aquellos que gestionan otras Administraciones.

Cada Administración debe facilitar información a las demás sobre su actividad, especialmente sobre la que la ley exige.

Las Administraciones deben colaborar y ayudarse mutuamente para que los proyectos y las competencias se puedan llevar a cabo con eficacia.

Las administraciones públicas, como la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, deben mantener un equilibrio presupuestario o un superávit, exceptuando casos especiales en los que se permite un déficit estructural.

Se refiere a situaciones donde los gastos superan a los ingresos durante un tiempo prolongado, pero con una causa justificable como una crisis económica.

Es un plan específico que se implementa para corregir el déficit estructural y lograr un equilibrio presupuestario. Debe considerar las circunstancias excepcionales que dieron lugar al problema.

La Seguridad Social, a pesar de su objetivo de equilibrio presupuestario, puede incurrir en un déficit estructural únicamente en circunstancias excepcionales y sujetas a las normas del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Se utiliza para calcular el déficit estructural y se basa en la metodología implementada por la Comisión Europea para la normativa de estabilidad presupuestaria.

Esta regla limita el aumento del gasto público a una tasa de crecimiento máxima que coincide con la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) a medio plazo de la economía española.

Se aplica en casos de desequilibrio estructural o cuando la deuda pública supera el objetivo establecido, con el fin de ajustar el crecimiento del gasto público a la senda de los planes económicos y de reequilibrio.

El gasto computable se refiere a los gastos públicos no financieros, excluyendo aspectos como los intereses de la deuda, determinadas prestaciones por desempleo, fondos finalistas de la Unión Europea y transferencias a otras administraciones.

Los objetivos de deuda pública deben garantizar una senda de reducción de deuda acorde a la normativa europea.

La fijación de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública se realiza teniendo en cuenta recomendaciones y opiniones de las instituciones de la Unión Europea.

Se elabora un informe con una evaluación económica para cada año del horizonte temporal de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Las Cortes Generales (Congreso y Senado) tienen la potestad de aprobar o rechazar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública propuestos por el Gobierno.

El Gobierno debe ajustar los proyectos de presupuesto de las Administraciones Públicas a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública aprobados por las Cortes Generales.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elabora un informe anual para evaluar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como el cumplimiento de la regla de gasto.

El informe anual de estabilidad presupuestaria se elabora en dos momentos del año: antes del 15 de abril y antes del 15 de octubre.

El informe anual de estabilidad presupuestaria se basa en información que se envía a las autoridades europeas, teniendo en cuenta un margen de error para los posibles errores del calendario de datos.

El segundo informe anual de estabilidad presupuestaria se elabora con la información actualizada que envían las Comunidades Autónomas.

El informe anual de estabilidad presupuestaria incluye una previsión sobre el cumplimiento de los objetivos para el año en curso.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas informa al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administración Local sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Los informes anuales de estabilidad presupuestaria se publican de forma abierta para general conocimiento.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es responsable de controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.