Políticas y competencias de la UE

El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica de Estados Unidos a Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a la reconstrucción y prevenir el avance del comunismo.

La Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) fue una organización creada en 1948 para gestionar en común la ayuda americana a Europa Occidental.

El Congreso de La Haya fue una reunión de organizaciones pro-europeístas que tuvo lugar en 1948 para discutir la integración europea.

El Consejo de Europa fue una organización creada en 1949 que impulsaba la cooperación intergubernamental entre países europeos.

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) fue una organización creada en 1951 para la integración económica de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

La Declaración Schuman fue un discurso pronunciado por el ministro francés Robert Schuman en 1950 en el que propuso la creación de la CECA.

Las dos corrientes europeístas del Congreso de La Haya eran la intergubernamental, que buscaba la cooperación entre gobiernos, y la federalista, que buscaba una integración más profunda con instituciones supranacionales.

El Plan Marshall contribuyó a la integración europea al mostrar las ventajas de la cooperación entre países europeos.

El Tratado de Maastricht creó la Unión Europea, combinando las Comunidades Europeas (pilar comunitario) con formas intergubernamentales de cooperación en la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y en los ámbitos de justicia e interior.

Austria, Finlandia y Suecia se adhirieron a la Unión Europea en 1995 tras solicitar su entrada en 1992 y 1993. Noruega, a pesar de solicitar la adhesión, la rechazó en referéndum por segunda vez.

El proyecto de Constitución Europea del Parlamento Europeo se creó en 1989 con el objetivo de reformar el sistema de fuentes, instituciones y derechos humanos de la Unión Europea. Sin embargo, el proyecto fracasó en 1994 debido a su naturaleza políticamente sensible y a su designación como 'Constitución'.

El Tratado de Ámsterdam fue adoptado en 1997, abordando problemas internos de la Unión Europea como la opinión pública crítica y la necesidad de reformas institucionales, así como la solicitud de adhesión de países de Europa Central y Oriental.

La Conferencia Intergubernamental (CIG) de 1996 se llevó a cabo con el objetivo de abordar las necesidades de reforma institucional de la Unión Europea y la creciente solicitud de adhesión por parte de países de Europa Central y Oriental.

El Tratado de Ámsterdam, adoptado en 1997 y entró en vigor en 1999. Fue el resultado de un proceso de negociación entre gobiernos de la Unión Europea, con el objetivo de reformar las instituciones y preparar la expansión hacia el Este.

El principio básico de los tratados de organizaciones internacionales, donde los Estados otorgan competencias a la Unión. La Unión no es un poder originario, sino una asociación voluntaria de Estados soberanos con competencias limitadas.

La Unión Europea es una organización internacional única, no un Estado. Es una asociación voluntaria de Estados soberanos con competencias limitadas.

La Unión se basa en la legitimidad democrática de sus ciudadanos y la legitimidad internacional de sus Estados miembros. Esto se refleja en el proceso de toma de decisiones, donde deben participar instituciones con ambas legitimidades.

La Unión Europea tiene personalidad jurídica internacional, lo que significa que puede actuar como sujeto de derecho internacional. Esto se deriva de las competencias que le han otorgado los Estados miembros.

Los Estados miembros, al crear la Unión, no le otorgaron expresamente la personalidad jurídica internacional hasta el Tratado de Lisboa. Sin embargo, dicha personalidad la adquirió en función de las competencias que realmente ejercía.

Los Estados miembros de la Unión Europea siguen siendo soberanos e independientes en el orden internacional. La Unión no cambia la naturaleza política y jurídica de los Estados miembros.

Las normas de Derecho derivado (reglamentos, directivas, etc.) y las modificaciones de los Tratados deben ser aprobadas por instituciones con legitimidad internacional (Consejo, Consejo Europeo) y democrática (Parlamento Europeo, Parlamentos Nacionales).

La Unión Europea nació con el objetivo de promover la integración europea a través de la cooperación entre los Estados miembros. Este proceso se basa en una asociación voluntaria y en la atribución de competencias específicas por parte de los Estados.

La Unión Europea se compromete a integrar a los ciudadanos en el proceso decisional, facilitando su participación a través de mecanismos como los libros verdes y blancos.

Se permite a los ciudadanos de la UE presentar propuestas legislativas a la Comisión mediante una iniciativa popular con al menos un millón de firmas de diferentes estados.

La Unión Europea reconoce el principio de respeto a los derechos humanos como un eje fundamental en su relación con los Estados miembros y los ciudadanos.

El principio del respeto a los derechos humanos se codificó en la jurisprudencia de la Unión Europea antes de ser formalizado en el Tratado de Maastricht.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, aprobada en Niza, refuerza y detalla el principio del respeto a los derechos humanos, y desde 2007 tiene el mismo valor que los tratados.

La Carta de los Derechos Fundamentales sirve como marco para evaluar la actuación de los Estados miembros y las instituciones de la UE en materia de respeto a los derechos humanos.

La Unión Europea ha establecido mecanismos para prevenir y sancionar las desviaciones democráticas en los Estados miembros, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y al principio democrático.

El respeto a los derechos humanos y al principio democrático es una condición esencial para la pertenencia a la Unión Europea.

La política de coordinación económica y de empleo no encaja perfectamente en ninguna categoría de competencias de la UE, pero se puede clasificar entre las competencias compartidas. La UE establece directrices e iniciativas generales para coordinar las políticas económicas y de empleo de los estados miembros.

La política exterior y de seguridad común (PESC) junto con la política común de seguridad y defensa no se ajustan a la categorización habitual de competencias. El Tratado de la Unión incluye normas específicas para el ejercicio de estas competencias.

La Unión Europea puede ejercer competencias adicionales, más allá de las expresamente atribuidas, siempre que sean necesarias para alcanzar los objetivos del Tratado o esenciales para el ejercicio de sus funciones. Esto se conoce como la doctrina de los poderes implícitos.

El proceso de integración europea es dinámico y evolutivo. La Unión Europea se adapta constantemente a las necesidades de la integración y los cambios en el entorno global.

La Unión Europea tiene competencias concretas para realizar acciones específicas, dentro de límites establecidos en los tratados. Por ejemplo, puede legislar sobre el comercio internacional, pero solo en los aspectos definidos en los tratados.

Los Estados miembros han transferido a la Unión Europea competencias específicas a través de los tratados. Esta transferencia es irreversible, no pueden retener las competencias sin la revisión de los tratados.

Los Estados miembros solo pueden transferir competencias a la Unión Europea por unanimidad, y solo pueden recuperarlas mediante la revisión ordinaria del Tratado (art. 48.2 TUE).

Los Estados miembros, en conjunto, pueden decidir devolver las competencias a la Unión Europea, pero solo mediante un proceso formal de revisión de los tratados.

Las organizaciones internacionales, como la UE, se basan en competencias específicas y limitadas para lograr objetivos concretos.

Los Estados miembros tienen todas las competencias que no estén específicamente transferidas a la Unión Europea en los tratados constitutivos.

La UE no tiene poderes generales como los estados, solo las competencias específicas que se le han transferido a través de tratados.

Los Estados miembros mantienen la soberanía en todas las áreas no reguladas por los tratados.