Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera - 2

Situación de equilibrio o superávit estructural en las Administraciones Públicas, coherente con la normativa europea.

Principio rector para todas las Administraciones Públicas, enfocándose en la capacidad de financiar los gastos presentes y futuros, dentro de los límites legales de déficit, deuda y morosidad.

Capacidad de las Administraciones Públicas para financiar compromisos de gasto presente y futuro dentro de los límites legales de deuda, déficit y morosidad, conforme a la normativa europea.

Artículo constitucional que se relaciona con la estabilidad y el desarrollo de una política presupuestaria enfocada a la sostenibilidad.

Desarrollar el artículo 135 de la Constitución, garantizar la sostenibilidad presupuestaria, fortalecer la confianza en la economía española y reforzar los compromisos con la Unión Europea.

Planes financieros que indican los ingresos y gastos del Estado o una Administración Pública.

El dinero que el gobierno ha pedido prestado a otras entidades.

Retraso en el pago a los proveedores por parte de las Administraciones Públicas.

Cuando una entidad pública no cumple con el plan económico y financiero establecido.

Tiempo promedio que toma a una administración pública pagar a sus proveedores.

Sistema público del Ministerio de Hacienda para recopilar información relevante.

Uso del excedente presupuestario para reducir la deuda.

Acciones obligatorias para forzar a las entidades a cumplir con las normas.

Principio que exige que las operaciones financieras sean prudentes para asegurar la salud financiera a largo plazo.

Los presupuestos públicos se planifican a medio plazo, compatible con la anualidad.

La contabilidad pública debe ser clara y completa para que se pueda verificar su situación financiera y cumplimiento de normas.

Objetivos de gestión de recursos públicos, enfocándose en la buena utilización de los fondos.

Las Administraciones Públicas son responsables de las consecuencias de incumplir la ley.

Principio que busca el equilibrio financiero de las Administraciones Públicas en sus ingresos y gastos

Déficit ajustado al ciclo económico, sin considerar medidas temporales o excepcionales.

Máximo déficit estructural permitido en el conjunto de las Administraciones Públicas.

Límite máximo de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas establecido en relación al PIB nacional.

Obligación de las Corporaciones Locales de mantener equilibrio o superávit presupuestario.

Los pagos de intereses y capital de la deuda pública tienen prioridad sobre otros gastos.

Objetivos financieros para el equilibrio entre los ingresos y gastos públicos planificados para el futuro.

Acciones para asegurar el cumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria

Cambios a largo plazo en políticas públicas con impacto en los presupuestos.

Cuando una entidad pública no cumple con el plan económico y financiero establecido.

Tiempo promedio que toma a una administración pública pagar a sus proveedores, superando el límite legal de morosidad.

Acciones tomadas por el Gobierno para obligar a una Comunidad Autónoma a cumplir con normas, si no atiende el requerimiento.

Sistema público del Ministerio de Hacienda para reunir información relevante, de carácter público.

Uso del excedente presupuestario para reducir la deuda, dentro de límites legales de endeudamiento.

Situación de equilibrio o superávit estructural en las Administraciones Públicas, coherente con la normativa europea.

Capacidad de una entidad para financiar compromisos presentes y futuros dentro de los límites legales de deuda, déficit y morosidad.

Artículo que establece la necesidad de una política presupuestaria orientada a la estabilidad y sostenibilidad.

Desarrollar el artículo 135, garantizar estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y fortalecer compromisos con la UE.

Principio rector para todas las Administraciones públicas, vinculadas con la financiación de gastos.

Déficit ajustado al ciclo económico, sin considerar medidas temporales.

Retraso en pago a proveedores por parte de las Administraciones.

Límite máximo de deuda pública en relación al PIB, establecido por la ley.

Principio que exige que las operaciones financieras de las Administraciones Públicas sean prudentes y aseguren la salud financiera a largo plazo.

Los presupuestos públicos se planifican a medio plazo, siendo compatibles con el principio de anualidad.

La contabilidad pública debe ser clara y completa para verificar la situación financiera y el cumplimiento de normas.

Objetivos de gestión de los recursos públicos, enfocando en un buen uso de los fondos.

Las Administraciones Públicas asumen la responsabilidad de incumplir las obligaciones de la ley.

Déficit ajustado al ciclo económico, sin incluir medidas temporales o excepcionales.

Máximo déficit estructural permitido para todas las Administraciones Públicas.

Límite máximo de deuda pública para las Administraciones Públicas, expresado como porcentaje del PIB.

Las Corporaciones Locales deben mantener un equilibrio o superávit presupuestario.

Los pagos de intereses y capital de la deuda pública se priorizan sobre otros gastos.

Objetivos financieros para el equilibrio entre ingresos y gastos públicos planificados a futuro.

Acciones para asegurar el cumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria.

Cambios a largo plazo en políticas públicas que impactan en los presupuestos.