2. Morosidad

La economía moderna se basa en la promesa de pago futuro, en la confianza de que las obligaciones se cumplirán.

En el comercio, es común que las partes acuerden un plazo de pago para las mercancías o servicios, confiando en que se pagará en el futuro.

El retraso en el pago de una obligación, sin llegar a ser un incumplimiento total.

El Código Civil español establece cinco requisitos para que la morosidad en las obligaciones civiles sea válida, entre ellos la exigibilidad de la obligación y la culpabilidad del deudor.

Las obligaciones mercantiles se rigen por el Código de Comercio, y las normas sobre morosidad son diferentes a las del Código Civil.

En las obligaciones mercantiles, normalmente la morosidad comienza el día siguiente al vencimiento del plazo establecido, sin necesidad de un aviso formal del acreedor.

La ley no especifica con claridad si es necesaria la culpabilidad del deudor para que se configure la morosidad en las obligaciones mercantiles; hay diferentes interpretaciones.

La Directiva 2011/7/UE, también conocida como Directiva sobre Morosidad, establece medidas para combatir la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas o entre empresas y la Administración Pública.

La normativa se aplica a las operaciones comerciales, como la compraventa, la prestación de servicios, contratos de obra, etc. No regula las operaciones que involucran a los consumidores.

El término 'comercial' no se limita al derecho mercantil. Se refiere a cualquier operación relacionada con bienes o servicios, independientemente de su calificación jurídica.

Los servicios profesionales, como los de los abogados o médicos, están cubiertos por la Directiva 2011/7/UE. Sin embargo, esto no implica que los Estados miembros deban tratarlos como empresas en otros aspectos.

El Tribunal Supremo ha establecido, en la sentencia del 17 de octubre de 2017, que la aplicación de la Directiva 2011/7/UE a los servicios profesionales no obliga a los Estados miembros a considerarlos empresas en todos los ámbitos.

Un procedimiento rápido y eficaz para cobrar deudas no disputadas. Suelen completarse en 90 días naturales a partir de la presentación de una demanda.

Un plazo de pago que se establece en una operación comercial. El plazo suele ser de 30, 60 o 90 días.

Norma legal española que establece medidas para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales. Fue promulgada en 2004 y ha sido modificada en varias ocasiones.

La ley 18/2022, conocida como 'Ley Crea y Crece', tiene el objetivo de facilitar la creación y el crecimiento de empresas, con el fin de impulsar la economía española. Entre otros aspectos, esta ley modifica las normas sobre morosidad y facilita el acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas.

El plazo medio de pago real en las operaciones entre empresas en España es mayor que la media de la Unión Europea.

El plazo medio de pago real en el sector privado español fue de 85 días en 2013. Esto muestra que las empresas españolas tienden a pagar sus facturas más tarde que en otros países.

La Administración Pública debe pagar las facturas dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato.

Se impide que la Administración Pública certifique las obras en más de 30 días, sin posibilidad de acuerdo expreso en contrario.

La Administración Pública debe liquidar el contrato y abonar el saldo resultante al contratista dentro de los 30 días siguientes a la fecha del acta de recepción.

Interés legal de demora que se aplica cuando la Administración Pública retrasa el pago a un contratista.

Obligación del contratista de presentar la factura dentro de los 30 días siguientes a la entrega de los bienes.

Nulidad de la exclusión del cobro de los intereses de demora, establecida en la Ley de Contratos del Sector Público.

Cantidad fija que la Administración Pública debe pagar al contratista al reclamar el pago, sin necesidad de petición expresa.

Nulidad de la exclusión del cobro de la indemnización por costes de cobro, establecida en la Ley de Contratos del Sector Público.

Se refiere al plazo que un proveedor tiene para cobrar el pago de sus productos a un comercio minorista.

Ley española que regula la relación entre los proveedores y los comercios minoristas, estableciendo plazos de pago mínimos para los productos.

Tiempo máximo que los proveedores pueden esperar para cobrar por productos frescos y perecederos, de acuerdo con la LOCM.

Tiempo máximo que los proveedores pueden esperar para cobrar por productos de alimentación de gran consumo.

Tiempo máximo que los proveedores pueden esperar para cobrar por productos no frescos, no perecederos y fuera del ámbito de la alimentación de gran consumo.

Interés adicional que se aplica cuando se pacta un pago a plazos entre proveedores y comercios minoristas.

Interés que se aplica por ley en caso de que no se haya pactado un interés específico por el pago a plazos.

Interés que se considera abusivo y nulo en la Ley de Lucha contra la Morosidad (LLCM).

Un sello que una empresa puede agregar a su factura para indicar que es confiable y paga sus deudas a tiempo. Esto ayuda a generar confianza con los clientes.

Un régimen legal que establece sanciones para las empresas que incumplen con los plazos de pago. Esto busca disuadir la morosidad y fomentar la puntualidad.

Las empresas que retrasan el pago de sus deudas más de 60 días o que incurren en varias infracciones graves pueden enfrentar sanciones serias.

Una ley española que busca fortalecer la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Una propuesta de ley española que establece infracciones y sanciones para empresas que no cumplen con los plazos de pago establecidos. Las sanciones pueden variar según la gravedad de la infracción.

Un tipo de infracción por morosidad que se considera menos grave. Un ejemplo es pactar la exclusión de períodos vacacionales para el pago.

El plazo legal de pago establecido es un límite importante para determinar si se considera morosidad. Exceder este plazo puede resultar en sanciones.

Las empresas que se enfrentan a sanciones por morosidad pueden solicitar una reducción de su importe si saldan sus deudas de forma rápida.