Ley Orgánica 8/2015: Recursos y Competencias

Tribunales que resuelven disputas contra actos administrativos de entidades locales y otras entidades públicas.

Recursos legales presentados en disputa contra decisiones de entidades locales (ej: ayuntamientos).

Recursos legales (disputas) contra decisiones de las Comunidades Autónomas, excluyendo ciertas excepciones.

Disputas contra decisiones de la Administración del Estado y organismos públicos estatales.

Casos específicos no tratados por los juzgados de lo contencioso-administrativo, como actos urbanísticos, o por cuantía o dominio público.

Disputas contra resoluciones de la administración sobre cuestiones de extranjería, por estado o nacionalidades.

Disputas contra decisiones de las Juntas Electorales sobre candidatos y proclamaciones.

Tribunales especializados en resolver disputas contra las decisiones de los órganos centrales de la Administración General del Estado.

Organismos que representan el poder ejecutivo a nivel nacional, como los ministerios y las secretarías de estado.

El Juzgado Central puede revisar decisiones sobre sanciones administrativas, ceses de actividades, restricciones de derechos, disposiciones generales, actos de organismos públicos con personalidad jurídica propia, y resolución de Ministerios y Secretarías de Estado en materia de responsabilidad patrimonial.

El Juzgado Central puede autorizar la ejecución de ciertas decisiones tomadas por otros organismos, como la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Si un partido político no realiza las acciones necesarias para su mantenimiento dentro del plazo establecido, el Registro de Partidos iniciará un proceso para su posible extinción.

La declaración judicial de extinción de un partido político sigue las reglas del artículo 127 quinquies de la Ley 29/1998 (Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa).

La extinción de un partido político es la disolución formal del mismo, dejando de existir como entidad legal.

La declaración judicial de extinción de un partido político tiene efecto desde su anotación en el Registro de Partidos Políticos, una vez que se notifica por el órgano judicial.

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia son las encargadas de resolver disputas legales relacionadas con actos de Administraciones públicas.

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo resuelven recursos legales contra actos de Entidades Locales, Comunidades Autónomas, órganos de gobierno de las Asambleas Legislativas, entre otros.

La Sala Contencioso-Administrativa resuelve disputas contra actos de Entidades Locales, excepto las que los Juzgados de lo Contencioso-administrativo ya están autorizados a resolver.

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo resuelven disputas contra disposiciones generales (normas) de Comunidades Autónomas.

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo resuelven disputas contra actos de los órganos de gobierno de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, únicamente en materia de personal, administración y gestión patrimonial.

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo resuelven disputas contra decisiones del Tribunal Económico-Administrativo Regional y Local.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conoce de apelaciones contra autos y sentencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, recursos de queja, recursos de revisión contra sentencias firmes, y cuestiones de competencia entre los Juzgados Centrales.

Los actos administrativos del Banco de España y las resoluciones del Ministro de Economía y Hacienda que resuelvan recursos contra ellos se pueden recurrir directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Los actos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro de Economía y Hacienda que resuelvan recursos contra ellos se pueden recurrir directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia se pueden recurrir directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Orgánica 3/1996 se pueden recurrir directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Tribunal que resuelve disputas contra actos administrativos de órganos centrales del Estado, con algunas excepciones.

No conoce los recursos contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos y los recursos contra las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en relación con contratos dentro del ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales.

Impuestos que el Estado cede a las comunidades autónomas para que las gestionen.

Órgano que resuelve disputas sobre impuestos.

Los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) son competentes para resolver los recursos contra las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos a las comunidades autónomas.

Órgano que resuelve disputas sobre contratos del sector público.

Los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) son competentes para resolver los recursos contra las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales.

Ley que regula los contratos del sector público en España.

Organismo que vigila las actividades relacionadas con la financiación del terrorismo.