Ley Orgánica 3/2007 sobre Igualdad

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, tiene como objetivo garantizar la igualdad efectiva de hombres y mujeres, eliminando la discriminación por razón de sexo en todos los ámbitos de la vida.

La Ley 3/2007 se aplica a todas las personas, físicas o jurídicas, sin importar su nacionalidad, domicilio o residencia, que actúen en territorio español.

El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres significa que no hay discriminación por razón de sexo, ni directa ni indirecta. Esto incluye evitar la discriminación por maternidad, responsabilidades familiares o estado civil.

La igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres es parte fundamental del sistema legal español. Todas las normas deben interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta este principio.

La Ley 3/2007 garantiza la igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo, la formación profesional, la promoción laboral y las condiciones de trabajo.

La Ley 3/2007 establece mecanismos para garantizar que se cumpla el principio de igualdad en la práctica, y para corregir cualquier tipo de discriminación.

Las Administraciones Públicas de España (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) deben integrar el derecho de igualdad de género en sus competencias y planes, especialmente en la planificación y ejecución de políticas.

El Estado y las Comunidades Autónomas pueden colaborar en la creación de planes y programas conjuntos para la igualdad de género en el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer.

Las Entidades Locales deben trabajar para integrar el derecho de igualdad de género en sus propias competencias y colaborar con otras Administraciones.

Las corporaciones locales pueden crear Planes Municipales de organización del tiempo para promover un reparto más equitativo de las responsabilidades domésticas y laborales entre mujeres y hombres.

El Estado puede brindar asistencia técnica a las corporaciones locales para la elaboración de sus Planes Municipales de organización del tiempo, sin interferir en las competencias de las Comunidades Autónomas.

Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

Se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.

Medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.

Los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente Ley.

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos.

La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.

De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

El compromiso de los Poderes Públicos para asegurar que el derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y hombres se cumpla de manera efectiva.

La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en todas las políticas públicas (económicas, laborales, sociales, culturales y artísticas) con el fin de evitar la segregación laboral y las diferencias salariales, y de fomentar el crecimiento del empresariado femenino.

La colaboración y cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas para asegurar la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

La participación equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales y en los procesos de toma de decisiones.

La adopción de medidas para eliminar la violencia de género, la violencia familiar, el acoso sexual y cualquier forma de acoso por razones de sexo.

Reconocer las dificultades específicas que enfrentan las mujeres de grupos vulnerables, como las mujeres de minorías étnicas, las migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género.

La protección de la maternidad, reconociendo la importancia de la asunción social de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.

El establecimiento de medidas para facilitar la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar para ambos sexos, así como el fomento de la responsabilidad compartida en las tareas domésticas y el cuidado de la familia.

La promoción de la colaboración entre las Administraciones Públicas, las organizaciones sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas para promover la igualdad de género.

Fomentar la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre personas.

Implementar un lenguaje no sexista en la administración pública y promover su uso en todas las relaciones sociales, culturales y artísticas.

La integración de todos los puntos mencionados en este artículo en la política española de cooperación internacional para el desarrollo.

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres debe ser un elemento transversal que informe la actuación de todos los poderes públicos.

Los Poderes Públicos deben procurar que haya una representación equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de puestos de responsabilidad.

El Gobierno, en las áreas de su competencia, debe aprobar periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluya medidas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.

El Gobierno debe elaborar periódicamente un informe sobre sus acciones para lograr la igualdad de género, el cual debe ser presentado ante las Cortes Generales.

Los proyectos de normas generales y los planes de importancia económica, social, cultural y artística que se sometan al Consejo de Ministros deben incluir un informe sobre su impacto por razón de género.

Los poderes públicos, para lograr la igualdad efectiva y la integración del enfoque de género en su operación diaria, deben realizar lo siguiente: