Ley Orgánica 3/2007 sobre Igualdad

Analizar datos para comprender las diferentes situaciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en diversos ámbitos.

Adaptar las definiciones estadísticas para reconocer el trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa.

Diseñar e implementar indicadores para detectar la discriminación múltiple, combinando diferentes variables.

Asegurar que en todas las áreas o ámbitos, la investigación recopile datos suficientes para analizar diferentes variables según el sexo.

Colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para incorporar la igualdad de género en la planificación.

Entidades locales se involucran en la igualdad de género en sus competencias, en colaboración con otras administraciones.

Fomentar un reparto equitativo del tiempo entre hombres y mujeres, a través de Planes Municipales de organización del tiempo.

Apoyo del Estado para la elaboración de planes municipales de organización del tiempo, respetando las competencias de las comunidades autónomas.

Para la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público es obligatorio un informe de impacto de género, exceptuando casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

La normativa debe establecer un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios para proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Los concursos para la provisión de puestos de trabajo deben considerar el tiempo que las personas candidatas hayan estado en las situaciones descritas en el artículo anterior, como excedencias o permisos, para evaluar el trabajo desarrollado y sus méritos.

Se puede conceder licencia por riesgo durante el embarazo si el puesto de trabajo puede afectar negativamente a la salud de la funcionaria, del hijo o hija, según la normativa aplicable.

La funcionaria tiene derecho a la plena protección económica durante la licencia por riesgo durante el embarazo, según la legislación específica.

La licencia por riesgo durante el embarazo también se aplica a la maternidad natural.

La Administración General del Estado debe procurar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos directivos, tanto en su propia estructura como en los organismos públicos vinculados o dependientes.

Los tribunales y órganos de selección del personal público deben garantizar la presencia equitativa de mujeres y hombres, salvo por excepciones justificadas y objetivas.

Los tribunales y órganos de selección del personal público deben garantizar la presencia equitativa de mujeres y hombres, salvo por excepciones justificadas y objetivas.

La composición de las comisiones de valoración de méritos para puestos públicos debe reflejar un balance entre mujeres y hombres.

La Administración General del Estado debe designar a sus representantes en órganos colegiados, comités de expertos o consultivos con una presencia equilibrada de ambos géneros, salvo por causas justificadas.

La Administración General del Estado debe observar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de empresas en las que tenga participación.

Los órganos públicos deben realizar un informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público, para evaluar si estas generan discriminación.

La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella deben tomar medidas para garantizar la igualdad en el empleo.

Las personas físicas y jurídicas con interés legítimo tienen el derecho de intervenir en procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos relacionados con la defensa del derecho a la igualdad.

En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, solo la persona acosada tiene la legitimación para actuar.

En casos de alegaciones de discriminación por razón de sexo, la carga de la prueba recae sobre la persona demandada. Debe demostrar que no hubo discriminación y que las medidas tomadas fueron proporcionales.

El órgano judicial, a petición de parte, puede solicitar un informe o dictamen de organismos públicos competentes en casos de discriminación por razón de sexo.

El compromiso con la eficacia del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres es un criterio general de actuación de los poderes públicos.

La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en todas las políticas es un criterio general de actuación de los poderes públicos.

La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas es un criterio general de actuación para aplicar el principio de igualdad de trato y de oportunidades.

Evitar la segregación laboral, eliminar las diferencias retributivas y potenciar el emprendimiento femenino son objetivos que se deben alcanzar para garantizar la igualdad.

Las empleadas públicas que coincidan sus vacaciones con el permiso de maternidad, paternidad o lactancia natural, pueden solicitar que sus vacaciones se trasladen a otra fecha, incluso si ya ha finalizado el año natural.

Las empleadas públicas que regresan al trabajo después del permiso de maternidad o paternidad, o de la excedencia por cuidado de personas mayores dependientes o con discapacidad, tienen preferencia en los cursos de formación durante un año.

Las empleadas públicas tienen reservado al menos el 40% de las plazas en los cursos de formación para puestos directivos, con el objetivo de promover su ascenso profesional.

Las pruebas de acceso al empleo público deben incluir el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

La Administración General del Estado debe realizar cursos de formación sobre igualdad de trato y oportunidades para todos sus empleados, incluyendo la prevención de la violencia de género.

La Administración General del Estado debe contar con un protocolo de actuación para las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Las acciones que buscan mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres en el medio rural, especialmente aquellas que facilitan su incorporación al mercado laboral, a puestos de liderazgo en empresas y asociaciones.

Las Administraciones públicas deben fomentar nuevas oportunidades de trabajo que sean apropiadas para las mujeres en el medio rural.

Las Administraciones públicas deben crear y desarrollar redes de servicios sociales para atender las necesidades de niños, ancianos y personas con dependencia, lo que facilita la conciliación de la vida laboral, familiar y personal para hombres y mujeres en el mundo rural.

Los poderes públicos deben garantizar que las mujeres en el mundo rural tengan acceso igualitario a las tecnologías de la información y la comunicación, mediante políticas y medidas específicas y soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de las zonas rurales.

Las políticas y planes que las Administraciones públicas diseñen para garantizar el acceso a la vivienda deben incluir medidas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres.

Las políticas urbanas y de ordenación del territorio deben considerar las necesidades de todos los grupos sociales y tipos de familias, asegurando el acceso equitativo a los servicios e infraestructuras urbanas.

El Gobierno debe promover el acceso a la vivienda para mujeres que se encuentren en situaciones de necesidad, riesgo de exclusión social o que sean víctimas de violencia de género, especialmente si tienen hijos menores a su cargo.

El diseño urbano, las políticas urbanas y el planeamiento urbanístico deben tener en cuenta la perspectiva de género, es decir, asegurar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.