Ley Orgánica 3/2007: Igualdad Efectiva

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

• Esta ley orgánica está enfocada en asegurar la igualdad entre hombres y mujeres.

Título Preliminar: Objeto y ámbito de la Ley

• Asegura la igualdad en dignidad humana, derechos y deberes entre mujeres y hombres.
• Busca eliminar la discriminación contra la mujer en todos los ámbitos de la vida, incluyendo lo político, civil, laboral, económico, social y cultural.
• La ley se basa en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución para promover una sociedad más democrática, justa y solidaria.
• Establece principios de actuación para los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de personas físicas y jurídicas (tanto públicas como privadas).
• Se enfoca en eliminar y corregir cualquier forma de discriminación por razón de sexo en los sectores público y privado.
• Todas las personas gozan de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y la prohibición de discriminación por sexo.
• Aplica a cualquier persona física o jurídica en territorio español, independientemente de su nacionalidad, domicilio o residencia.

Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación

• El principio de igualdad de trato implica la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo.
• Esto incluye la discriminación derivada de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
• La igualdad de trato y de oportunidades se integra y observa en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
• El principio de igualdad de trato y de oportunidades se garantiza en el acceso al empleo (tanto privado como público), en la formación profesional, en la promoción profesional y en las condiciones de trabajo.
• Esto incluye las retribuciones, despidos, afiliación y participación en organizaciones sindicales o empresariales.
• No se considera discriminación una diferencia de trato basada en el sexo si esta es un requisito profesional esencial y determinante para el puesto, siempre que el objetivo sea legítimo y proporcionado.
• Discriminación directa por razón de sexo: una persona es tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable debido a su sexo.
• Discriminación indirecta por razón de sexo: una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.
• Esto no aplica si la disposición, criterio o práctica se justifica objetivamente por una finalidad legítima con medios necesarios y adecuados.
• Se considera discriminatoria toda orden de discriminar, ya sea directa o indirectamente, por razón de sexo.
• Acoso sexual: cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que atente contra la dignidad de una persona o cree un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Esto se aplica sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
• Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona que atente contra su dignidad y cree un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
• Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se consideran discriminatorios.
• Condicionar un derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o por razón de sexo también se considera discriminación.
• Constituye discriminación directa por razón de sexo cualquier trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
• Se considera discriminación cualquier trato adverso o efecto negativo como consecuencia de presentar una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso para impedir la discriminación y exigir la igualdad de trato.
• Los actos y cláusulas de negocios jurídicos que causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto.
• Estos actos darán lugar a responsabilidad mediante reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas, y a sanciones disuasorias para prevenir futuras conductas discriminatorias.
• Los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones de desigualdad respecto a los hombres.
• Estas medidas deben ser razonables y proporcionadas al objetivo perseguido y aplicables mientras subsistan las situaciones de desigualdad.
• Las personas físicas y jurídicas privadas también podrán adoptar este tipo de medidas.
• Cualquier persona puede recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, incluso después de terminada la relación en la que se produjo la discriminación.
• La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo.
• La persona acosada es la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.
• En procedimientos donde se aleguen actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación y la proporcionalidad de las medidas adoptadas.
• El órgano judicial podrá recabar informe o dictamen de organismos públicos competentes si lo considera útil y pertinente.
• No se aplica lo anterior a los procesos penales.