Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia

Ley Orgánica 8/2021: Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia

• Publicada el 5 de junio de 2021, busca combatir integralmente la violencia contra niños y adolescentes.
• Se enfoca en prevención, socialización, educación, detección temprana, asistencia y reintegración de derechos vulnerados.

Definición de Violencia

• El objetivo es garantizar los derechos fundamentales a la integridad física, psíquica, psicológica y moral de niños y adolescentes.
• Se busca asegurar el libre desarrollo de su personalidad y establecer medidas integrales de protección.
• Define violencia como cualquier acción, omisión o negligencia que prive a los menores de sus derechos y bienestar.
• Abarca acciones que amenacen o interfieran en su desarrollo físico, psíquico o social, incluyendo la violencia digital.
• Incluye maltrato físico, psicológico o emocional, castigos humillantes, negligencia, amenazas, injurias, explotación, violencia sexual, corrupción, pornografía infantil, acoso escolar y cibernético, mutilación genital, trata de personas, matrimonio forzado, extorsión sexual, difusión de datos privados y violencia familiar.
• Se entiende por buen trato el respeto a los derechos fundamentales, la promoción del respeto mutuo, la dignidad humana, la convivencia democrática, la solución pacífica de conflictos, la igualdad de protección ante la ley, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
• Aplica a menores en territorio español, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, y a menores españoles en el exterior.
• Todas las personas físicas o jurídicas en España están obligadas a cumplir la ley.

Fines y Criterios Generales

• Prohíbe cualquier forma de violencia contra niños y adolescentes.
• Prioriza acciones preventivas y la promoción del buen trato.
• Regula la formación especializada de profesionales que interactúan con menores.
• Fomenta la cooperación entre administraciones públicas, creando la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, y la colaboración público-privada.

Derechos de los Niños y Adolescentes frente a la Violencia

• Incluye el derecho a la información y asesoramiento, a ser escuchados, a la atención integral, a intervenir en procedimientos judiciales y a la asistencia jurídica gratuita.
• Se tomarán medidas para impedir que criterios sin aval científico que presuman manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración.

Deber de Comunicación de Situaciones de Violencia

• Existe un deber genérico de la ciudadanía de comunicar indicios de violencia contra menores a la autoridad.
• Profesionales de centros sanitarios, escolares, deportivos, de protección infantil, y otros, tienen un deber cualificado de comunicación.
• Las administraciones públicas deben facilitar medios seguros para que las víctimas comuniquen situaciones de violencia, incluyendo líneas telefónicas gratuitas.
• Cualquier persona que detecte contenidos violentos en Internet contra menores debe comunicarlo a la autoridad.

Ámbitos de Sensibilización y Prevención

• La Administración General del Estado debe tener una Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, enfocándose en ámbitos como el familiar, educativo, sanitario, servicios sociales, nuevas tecnologías, deporte y seguridad.
• Las administraciones públicas establecerán planes y programas de prevención para erradicar la violencia, identificando grupos de riesgo y promoviendo la detección temprana.
• En el ámbito familiar, se prestará apoyo para prevenir factores de riesgo desde la primera infancia y se impulsarán medidas de parentalidad positiva.
• Se priorizará la protección del interés superior del niño en casos de ruptura familiar y en entornos con violencia de género.
• En los centros educativos, se complementa la Ley Orgánica de Educación de 2006 con protocolos contra el maltrato, acoso escolar y otras formas de violencia.
• Se designará un coordinador de bienestar y protección en cada centro y se garantizará la enseñanza de un uso seguro de los medios digitales.
• Los centros de educación superior promoverán la formación e investigación en derechos de la infancia y lucha contra la violencia.
• En el ámbito sanitario, se crearán protocolos para promover el buen trato, identificar riesgos, prevenir y detectar la violencia, y ofrecer atención integral a la salud mental. Se creará una Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes.
• En los servicios sociales, el personal que proteja a los niños y adolescentes tendrá la condición de agentes de la autoridad.
• Se diseñará un sistema de intervención familiar individualizado y un registro de casos, el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI).
• Se promueve un uso seguro de Internet por parte de niños, familias y educadores, implementando campañas sobre riesgos como el ciberbullying y el acceso a la pornografía.
• Se fomentarán mecanismos de control parental y herramientas de denuncia.
• En el deporte y el ocio, se deben aplicar protocolos contra la violencia en todos los centros, designando un delegado de protección en entidades con actividades para menores.
• Las fuerzas de seguridad del Estado deben contar con unidades especializadas en violencia contra menores, actuando con respeto a los derechos del niño y priorizando su interés superior.
• Se regula la actuación de Embajadas y Oficinas Consulares en la protección de menores españoles en el extranjero.
• La Agencia Española de Protección de Datos garantizará un canal seguro de denuncia de contenidos ilícitos en Internet.

Centros de Protección de Menores

• Aplican protocolos de actuación con evaluación de su eficacia, incluyendo medidas de prevención e intervención en casos de abuso, explotación sexual y trata de personas.
• El Ministerio Fiscal visitará periódicamente estos centros.

Organización Administrativa

• Se crea un Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia.
• Para acceder a profesiones que impliquen contacto habitual con menores, se requiere una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales y de trata de seres humanos, aplicable a trabajadores y voluntarios.

Otras Disposiciones

• Se incluyen aspectos como la dotación presupuestaria, la priorización de soluciones habitacionales en desahucios, el seguimiento de datos de opinión pública, la actualización de referencias a registros, la comprobación automatizada de antecedentes, la creación de una Comisión de seguimiento, la garantía de protección internacional y la regulación de la Seguridad Social para acogedores especializados.