Ley de Presupuestos y Gasto Público

Este principio garantiza que las comunidades autónomas tengan los recursos necesarios para ofrecer los servicios públicos básicos a sus ciudadanos.

Este principio se centra en corregir las diferencias económicas entre las diferentes comunidades autónomas, asegurando una inversión equitativa.

Las administraciones públicas solo pueden gastar dinero si existe una ley que lo permita.

Este principio busca garantizar que el gasto público se realice de forma justa y equitativa, satisfaciendo las necesidades públicas de forma equilibrada.

El gasto público se debe realizar de manera eficiente, obteniendo el máximo beneficio con el menor coste.

La autonomía financiera permite a las comunidades autónomas gestionar sus propios recursos para desarrollar sus competencias.

Este principio establece que las comunidades autónomas deben coordinar sus acciones financieras con el gobierno central y promover la solidaridad entre los españoles.

La capacidad de las administraciones públicas para financiar sus compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda establecidos. No solo se preocupa por el equilibrio anual de ingresos y gastos, sino también por la viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

La autorización presupuestaria del Parlamento para los gastos públicos no es genérica ni ilimitada, sino que está estrictamente delimitada en tres dimensiones clave: cualitativa, cuantitativa y temporal.

Cada partida presupuestaria debe estar claramente identificada para un fin concreto, asegurando que los fondos públicos se utilicen exclusivamente para los propósitos descritos en el presupuesto aprobado.

No se pueden comprometer gastos ni generar obligaciones que superen el importe autorizado en el presupuesto.

Los créditos presupuestarios deben utilizarse dentro del ejercicio fiscal para el que fueron aprobados. Si al finalizar el año fiscal los fondos no han sido utilizados para las obligaciones reconocidas, esos créditos se anulan automáticamente.

Los recursos del estado y sus organismos deben satisfacer todas sus obligaciones, a menos que una ley disponga lo contrario.

Permite que todos conozcan tanto el destino como la procedencia de los fondos públicos.

Las administraciones públicas deben proporcionar información detallada sobre su situación financiera, incluyendo presupuestos y su ejecución. Esta información debe ser pública y accesible.

Este principio establece que el Estado y las Comunidades Autónomas deben colaborar y actuar con lealtad en sus relaciones. Es fundamental para la coordinación y estabilidad financiera del sistema autonómico.

Las Administraciones Públicas deben asumir la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones financieras. No pueden transferir esta responsabilidad a otras entidades o niveles de gobierno.

Este principio busca garantizar que el gasto público se realice de forma eficiente, obteniendo el máximo beneficio con el menor coste.

Las administraciones públicas solo pueden gastar dinero si existe una ley que lo permita. No se puede gastar dinero de forma arbitraria.

Este principio busca garantizar que el gasto público se realice de forma justa y equitativa, satisfaciendo las necesidades públicas de forma equilibrada.

El gobierno establece un límite máximo de gasto no financiero para el año, excluyendo transferencias a las comunidades autónomas y entidades locales. La cantidad se define según la legislación de estabilidad presupuestaria y se aprueba en el primer semestre del año, alineado con el semestre europeo.

El gobierno fija objetivos de estabilidad presupuestaria para un período de tres años. Estos objetivos se envían a las Cortes Generales para su aprobación. Si se rechazan, el gobierno debe presentar una nueva propuesta en un plazo de un mes.

El ministro de Hacienda elabora un anteproyecto de Ley de Presupuestos que incluye la descripción detallada del gasto e ingresos, así como los cambios propuestos. Este anteproyecto se envía al gobierno para su aprobación.

Las Cortes Generales tienen el poder de aprobar los presupuestos, aunque con importantes limitaciones. Pueden modificar el proyecto de ley, pero las enmiendas deben ser ''constructivas'' y no afectar los ingresos o gastos sin el consentimiento del gobierno.

El gobierno puede vetar cualquier propuesta o enmienda que pueda afectar el presupuesto en ejecución. Este poder se ha limitado tras sentencias del Tribunal Constitucional. La capacidad legislativa del parlamento sobre los presupuestos necesita mejoras para reducir el control excesivo del gobierno.

Un mecanismo automático que se activa cuando un estado se desvía significativamente de su objetivo de déficit a medio plazo, con el fin de corregir la situación.

Una ley financiera que regula la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, estableciendo límites de déficit y deuda para las administraciones públicas.

Un indicador que excluye factores temporales o excepcionales en las finanzas públicas, centrándose en el equilibrio a largo plazo.

El derecho del gobierno a formular los presupuestos generales del estado, impidiendo la iniciativa legislativa popular en temas tributarios.

Una ley que requiere aprobación por todas las fases parlamentarias, con un proceso más complejo que las leyes de comisión.

Una ley que se aprueba por comisiones legislativas, sin necesidad de pasar por todas las fases parlamentarias, excepto los Presupuestos Generales del Estado.

El órgano encargado de controlar las cuentas públicas, asegurando que el dinero público se utiliza correctamente.

Las autonomías tienen la capacidad de gestionar sus propios recursos financieros, dentro de los límites establecidos por el estado.

El principio que busca garantizar que el gasto público se realice de forma responsable y sostenible, evitando un desequilibrio significativo en las finanzas públicas.

Un órgano independiente creado para velar por la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del estado.