La Potestad Sancionadora

Las leyes pueden establecer que el incumplimiento de la obligación de prevenir infracciones administrativas por parte de personas en relación de dependencia o vinculación constituya una infracción.

Las leyes pueden establecer que ciertas personas sean responsables del pago de las sanciones impuestas a quienes dependan o estén vinculados a ellas.

Las sanciones administrativas no pueden implicar, ni directa ni indirectamente, la privación de libertad.

Las sanciones pecuniarias deben diseñarse de manera que no sea más beneficioso para el infractor violar la norma que cumplirla.

La imposición de sanciones debe ser adecuada a la gravedad de la infracción, considerando la necesidad y idoneidad de la medida.

La gravedad de la infracción, la intencionalidad, la persistencia, los daños causados y la reincidencia son factores a considerar al determinar la sanción.

Cuando la sanción máxima sea desproporcionada a la gravedad de la infracción, el órgano competente puede imponer una sanción menor.

Si la comisión de una infracción implica necesariamente la comisión de otra más grave, se debe imponer solo la sanción correspondiente a la infracción más grave.

Las infracciones muy graves prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses.

El plazo de prescripción de las infracciones comienza a contarse desde el día en que se cometió la infracción.

El plazo de prescripción se interrumpe cuando se inicia un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora con conocimiento del interesado.

El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse desde el día siguiente a que la resolución sea ejecutable o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

La iniciación del procedimiento de ejecución de la sanción con conocimiento del interesado también interrumpe el plazo de prescripción.

El plazo de prescripción de una sanción comienza a contar desde el día siguiente a que finaliza el plazo para la resolución del recurso de alzada, en caso de desestimación presunta.

No se pueden sancionar los hechos que ya han sido sancionados penal o administrativamente, si hay identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Si un órgano de la Unión Europea ya ha impuesto una sanción por los mismos hechos, el órgano competente puede tenerla en cuenta para graduar la sanción, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.

En procedimientos sancionadores, documento que resume la investigación y propone una decisión.

El órgano instructor enumera los hechos considerados probados y su calificación jurídica, determina la infracción y el responsable, y propone la sanción.

La resolución final del procedimiento sancionador debe incluir la valoración de las pruebas, la determinación de los hechos y la responsabilidad, la infracción cometida y la sanción impuesta.

La resolución no puede incluir hechos nuevos que no se hayan investigado durante el procedimiento.

Si la resolución final determina una infracción o sanción más grave que la propuesta inicial, se notifica al inculpado para que presente sus alegaciones.

La resolución final es ejecutable cuando no se pueden presentar recursos en contra. Se pueden tomar medidas cautelares para asegurar su efectividad.

Medidas que se toman para garantizar la efectividad de la resolución final, como el mantenimiento de medidas provisionales.

El órgano competente puede reevaluar la gravedad de la infracción y modificar la sanción si considera que la propuesta inicial no era lo suficientemente severa.

En procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, el presunto responsable tiene derecho a saber qué hechos se le imputan, qué infracciones podrían constituir esos hechos, y qué sanciones podrían imponerse. También debe conocer la identidad del instructor, la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye esa competencia.

En procedimientos sancionadores, se presume que el presunto responsable no es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Las actuaciones previas en un procedimiento sancionador buscan determinar con precisión los hechos, identificar a los posibles responsables y analizar las circunstancias relevantes.

En los procedimientos sancionadores, la orden superior que inicia el procedimiento debe especificar, en lo posible, el presunto responsable, la conducta infractora, su tipificación y la fecha y lugar de los hechos.

Las peticiones razonadas de otros órganos para iniciar un procedimiento sancionador deben incluir información precisa sobre el presunto responsable, la conducta infractora, su tipificación y la fecha y lugar de los hechos.

Los procedimientos sancionadores se inician de oficio por el órgano competente y se debe separar la fase instructora de la sancionadora, encomendándose a órganos diferentes.

La imposición de una sanción solo es posible después de un debido proceso administrativo sancionador.

Una resolución que es ejecutiva puede ser suspendida temporalmente si el interesado declara a la Administración su deseo de iniciar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en la vía administrativa.

La suspensión cautelar de una resolución ejecutiva termina cuando el interesado no presenta un recurso contencioso-administrativo dentro del plazo legal previsto.

La suspensión cautelar de una resolución ejecutiva termina cuando el interesado presenta un recurso contencioso-administrativo, pero no solicita la suspensión cautelar en el mismo trámite.

La suspensión cautelar de una resolución ejecutiva termina cuando el órgano judicial decide sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos establecidos.

Si las acciones sancionadas causaron daños, y el monto de la indemnización no se ha determinado, se fijará mediante un procedimiento adicional.

El procedimiento complementario para determinar la indemnización por daños puede terminar con un acuerdo entre las partes.

La resolución del procedimiento complementario de indemnización pone fin a la vía administrativa.

En la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, en casos de infracciones leves, no se permite la oposición expresa del interesado.

En los procedimientos sancionadores, las sentencias penales firmes establecen los hechos probados, obligando a las Administraciones Públicas a aceptarlos en sus propios procedimientos.

Un procedimiento sancionador puede finalizar si el infractor admite su responsabilidad y se le impone la sanción correspondiente.

Si la sanción es solo económica o se aplica una sanción económica junto con otra no económica, pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario del infractor antes de la resolución finaliza el procedimiento, excepto en lo relacionado con la reparación del daño causado.

En los casos de sanciones económicas, la Administración puede aplicar reducciones de al menos el 20% del importe de la sanción. Estas reducciones se aplican si el infractor renuncia a cualquier recurso administrativo.

El órgano instructor puede archivar el procedimiento sin necesidad de una resolución formal si se demuestra la inexistencia o falta de pruebas de la infracción, o si los hechos no constituyen una infracción administrativa.

El órgano instructor puede archivar el procedimiento si no se puede identificar al responsable de la infracción o si este queda exento de responsabilidad.

El procedimiento sancionador se arquivará si la infracción ha prescrito, es decir, si ha transcurrido el tiempo límite para su sanción.