Ley 39/2006: Autonomía y Dependencia

Apoyo requerido por personas con discapacidad intelectual o mental para lograr una autonomía satisfactoria en la comunidad.

Atención a personas dependientes en su hogar, brindada por familiares o personas del entorno, sin vínculo con servicios profesionales.

Atención a personas dependientes por instituciones o profesionales, en el hogar o centros.

Servicio de apoyo por un asistente personal que colabora en las tareas diarias para fomentar la autonomía.

Organizaciones privadas sin ánimo de lucro, impulsadas por la ciudadanía, que promueven derechos sociales.

Valores que guían la Ley para la atención a la dependencia.

Servicios del Sistema de Dependencia son responsabilidad del Estado.

Adaptar la atención a las necesidades específicas de cada persona dependiente.

Las personas con gran dependencia recibirán atención preferencial.

Servicios y prestaciones para personas con dependencia. Incluyen atención a la dependencia y promoción de la autonomía.

Las personas con dependencia tienen derecho a participar en la decisión de su atención, incluyendo a sus familias y representantes.

Independientemente de su residencia en España, todas las personas con dependencia tienen derecho a acceder a los servicios y prestaciones.

Las personas dependientes tienen derecho a todos los derechos humanos fundamentales con respeto a su dignidad e intimidad.

Las personas dependientes tienen derecho a recibir información clara y continua respecto a su situación de dependencia.

Servicios sociales y sanitarios colaboran en la prestación de atención a las personas dependientes.

Los servicios para la dependencia se integran en las redes sociales, reconociendo la oferta pública y privada concertada.

Estos derechos garantizan el bienestar y la autonomía de las personas con dependencia, incluyendo aspectos como la participación, la confidencialidad y el acceso a la justicia.

Se protege la privacidad de las personas en situación de dependencia, garantizando el tratamiento adecuado de su información personal.

Las personas en situación de dependencia tienen derecho a participar en las decisiones que afectan a su bienestar, individual o colectivamente.

Personas con capacidad de obrar suficiente tienen la opción de elegir la tutela de su persona y bienes si pierden su autonomía.

Las personas con dependencia tienen el derecho a defender sus derechos en casos de internamientos involuntarios con un proceso justo.

Personas con dependencia, familiares y centros de asistencia están obligados a proporcionar información sobre la situación de dependencia para una correcta valoración.

Las personas con dependencia tienen derecho a la no discriminación y a la accesibilidad en todas las áreas.

Los gobiernos deben asegurar y promover los derechos de las personas con dependencia, con limitaciones solo por falta de capacidad de obrar.

Los requisitos que deben cumplir los españoles para acceder a los derechos de la Ley de Dependencia.

El Sistema de Dependencia atenderá las necesidades de ayuda a domicilio y prestaciones económicas para menores de 3 años en situación de dependencia.

La valoración de menores de 3 años incorporará una escala específica para la Ley de Dependencia.

Se requiere residencia en España durante cinco años, con dos años inmediatamente anteriores a la solicitud, para los mayores. Para menores de cinco años, se requiere residencia del cuidador.

Los extranjeros que reúnan los requisitos se rigen por la Ley Orgánica 4/2000 y los tratados internacionales.

Los menores extranjeros se rigen por la Ley estatal y autonómica del Menor, y tratados internacionales.

El Gobierno puede establecer protecciones para españoles no residentes en España.

El Consejo Territorial promoverá un plan integral de atención temprana para menores de 3 años en situación de dependencia.

Los residentes en establecimientos residenciales para ancianos tienen derecho a alojamiento, servicios comunes, participación en actividades, elevar propuestas y participar en la gestión del establecimiento.

Los residentes tienen derecho a ser respetados en sus convicciones políticas, morales y religiosas.

Los residentes tienen el deber de respetar las convicciones de quienes les atienden, cumplir las normas del centro, usar adecuadamente las instalaciones, reportar irregularidades, y mantener la higiene.

Los residentes pueden participar en la gestión de los establecimientos de titularidad pública a través de órganos de representación.

Los residentes utilizan las instalaciones y servicios según las normas del establecimiento, que se definen en la ley y en los reglamentos internos.

Esta ley regula los derechos y la protección de la población anciana en Asturias, define las condiciones de los establecimientos residenciales para ancianos y organiza la gestión de los servicios para dependientes.

Centros destinados a brindar residencia permanente o habitual a personas mayores, con diferentes categorías y características según la validez o invalidez de los usuarios.

Se consideran ancianos las personas mayores de 65 años, los pensionistas mayores de 60 años y los pensionistas mayores de 50 años con discapacidades que necesitan un ambiente residencial.

Las personas mayores deben residir en Asturias durante al menos dos o tres años antes de solicitar el ingreso en un establecimiento residencial, según su edad y situación.

La ley define los derechos y deberes de las personas que residen en establecimientos residenciales para ancianos.

Este sistema se encarga de brindar atención a las personas con dependencia en Asturias, incluyendo la posibilidad de acceso para emigrantes españoles retornados.

Este órgano tiene un papel importante en la toma de decisiones sobre las condiciones de acceso al Sistema de Atención a la Dependencia.

Las personas que vuelven a vivir a España después de una estancia en el extranjero pueden acceder al Sistema de Atención a la Dependencia.

Este artículo trata sobre los derechos y deberes de los residentes en establecimientos residenciales para ancianos.