Ley 39/2006 sobre Autonomía y Dependencia

Ley que regula las condiciones básicas para garantizar la promoción de la autonomía personal y atención a personas con dependencia.

Capacidad de tomar decisiones y realizar actividades de la vida diaria por uno mismo.

Estado de personas que necesitan ayuda de otras para realizar actividades básicas de la vida diaria debido a edad, enfermedad o discapacidad.

Tareas esenciales de la vida diaria para la autonomía e independencia, como cuidado personal y movilidad.

Sistema que coordina la atención y apoyo a las personas con dependencia, con colaboración entre todas las administraciones.

Derecho de las personas a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.

Conjunto de organismos e instituciones públicas (estado, comunidades autónomas y entidades locales) que participan en la Ley.

Derechos mínimos garantizados a todas las personas con dependencia en todo el territorio español según la ley, que aseguran una misma atención.

Las personas en situación de dependencia tienen derecho a acceder a servicios y prestaciones, sin importar dónde vivan, en igualdad de condiciones.

Las personas dependientes tienen derecho a recibir información completa y continua sobre su situación, de forma accesible y comprensible.

Las personas con dependencia tienen derecho a disfrutar sus derechos humanos y libertades fundamentales, respetando su dignidad e intimidad.

Las personas con gran dependencia serán atendidas preferentemente.

Las familias y entidades que representan a las personas dependientes pueden participar en el Sistema.

Los servicios para personas dependientes deben ser de calidad, sostenibles y accesibles.

Servicios sociales y sanitarios colaboran en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

La iniciativa privada y el tercer sector pueden participar en servicios para personas dependientes.

Apoyo requerido por personas con discapacidad intelectual o mental para alcanzar autonomía personal.

Atención a personas dependientes en casa por familiares o personas cercanas, sin vínculo con servicios profesionales.

Atención prestada por instituciones o profesionales, públicos o privados, en casa o centros, a personas dependientes.

Ayuda de un asistente personal en tareas cotidianas para fomentar la independencia de la persona dependiente.

Organizaciones privadas sin ánimo de lucro, impulsadas por ciudadanos, que promueven derechos sociales.

Valores fundamentales que guían la Ley sobre Autonomía y Atención a la Dependencia.

Las prestaciones pertenecen al sector público del Sistema de Dependencia.

Todas las personas dependientes tienen derecho al acceso a los servicios, en igualdad de condiciones.

Los residentes en establecimientos residenciales para ancianos pueden utilizar las instalaciones y servicios dentro de los límites establecidos por la ley y los reglamentos internos del centro.

Los residentes tienen derecho a alojamiento, manutención, participación en actividades, colaborar en la gestión del centro y ser respetados en sus creencias.

Los residentes pueden participar en la gestión del establecimiento, especialmente aquellos de titularidad pública, a través de mecanismos de representación y participación.

Los residentes tienen deberes como respetar las creencias de otros, conocer y cumplir las normas del establecimiento, colaborar en su mantenimiento y reportar irregularidades.

Los residentes deben respetar las normas que rigen el establecimiento, como el uso de las instalaciones y las normas de higiene.

Para ser titular de los derechos establecidos en la Ley de Dependencia, un español debe cumplir con ciertos requisitos, como estar en situación de dependencia y residir en España durante un periodo determinado.

Se refiere al estado de una persona que necesita ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria debido a una condición física, mental o intelectual, como la edad, la enfermedad o la discapacidad.

Un requisito para ser beneficiario de la Ley de Dependencia es haber residido en España durante un periodo mínimo de cinco años, siendo dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud.

Los menores de 3 años también pueden ser beneficiarios de la Ley de Dependencia, pero se necesitan requisitos específicos que se detallan en la disposición adicional decimotercera.

La Ley de Dependencia ofrece atención a domicilio, prestaciones económicas y cuidados en el entorno familiar para menores de 3 años en situación de dependencia.

Se utiliza para evaluar la situación de dependencia de los menores de 3 años y determinar el nivel de apoyo que necesitan.

Se busca implementar un plan para atender a los menores de 3 años en situación de dependencia, que incluya medidas para la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades.

Las personas que cumplen con los requisitos de dependencia pero no tienen la nacionalidad española se rigen por la Ley Orgánica 4/2000 y los tratados internacionales.

Ley que regula la atención a la población anciana en el Principado de Asturias, estableciendo derechos, condiciones para residencias y la organización de la atención a dependientes.

Centros destinados a servir de residencia permanente o habitual a personas mayores, regulados por la Ley 7/1991 de Asturias.

Según la Ley 7/1991, se consideran ancianos las personas mayores de 65 años, los pensionistas mayores de 60 años y los pensionistas mayores de 50 años con discapacidad, siempre que las circunstancias lo aconsejen.

Para obtener una plaza en un establecimiento residencial en Asturias, las personas mayores deben residir en el Principado al menos dos años (parágrafos a y b) o tres años (párrafo c) antes de solicitarla.

Este artículo de la ley trata sobre los derechos y deberes de los residentes en establecimientos residenciales para ancianos en Asturias.

El Gobierno, con el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establece las condiciones para que los emigrantes españoles retornados accedan al Sistema de Atención a la Dependencia.