Ley 39/2006: Autonomía y Dependencia

Regular las condiciones para la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, creando un Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Capacidad de tomar decisiones personales y desarrollar actividades básicas de la vida diaria por propia iniciativa.

Estado permanente en que personas requieren atención y apoyo para actividades básicas por edad, enfermedad o discapacidad.

Tareas fundamentales para desenvolverse (cuidado personal, movilidad, etc.) con un mínimo de independencia.

Sistema coordinado entre Estado y Comunidades Autónomas para atender a las personas con dependencia.

Trabajo conjunto entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para llevar a cabo la Ley.

Garantizar las mismas oportunidades y derechos en el ejercicio de la ciudadanía para todos, sin importar su condición de dependencia.

Derechos básicos para las personas en dependencia en todo el territorio español, garantizado por el Estado.

Las necesidades que las personas con discapacidad intelectual o mental requieren para ser independientes en la comunidad.

La atención que se da a personas dependientes en casa, por familiares o conocidos, sin ser profesionales.

Atención dada por profesionales de instituciones públicas o privadas, en el hogar o en un centro.

Servicio donde un asistente ayuda a una persona dependiente en sus actividades cotidianas, promoviendo su independencia.

Organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan por el bienestar social, impulsando los derechos.

Todas las personas en situación de dependencia tienen el derecho a recibir los servicios, sin discriminación.

Las personas en situación de dependencia reciben atención de manera completa y coordinada.

La atención se adapta a las necesidades individuales de la persona, considerando sus características únicas.

Las personas en situación de dependencia tienen derecho a ser informadas sobre los procedimientos que se les apliquen y su uso para fines docentes o de investigación, así como sobre la confidencialidad de sus datos.

Se garantiza la confidencialidad en la recolección y el tratamiento de los datos de las personas en situación de dependencia, siguiendo la Ley de Protección de Datos.

Las personas en situación de dependencia tienen derecho a participar en la toma de decisiones que les afectan, tanto individualmente como a través de asociaciones.

Cuando la persona en situación de dependencia tiene capacidad de obrar suficiente, puede decidir sobre la tutela de su persona y bienes en caso de pérdida de autogobierno.

Las personas en situación de dependencia tienen derecho a decidir libremente sobre su ingreso en un centro residencial.

Las personas en situación de dependencia tienen derecho a un proceso contradictorio y a ejercer plenamente sus derechos jurisdiccionales en caso de internamientos involuntarios.

Se garantiza la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal en todos los ámbitos de la ley de dependencia.

Las personas en situación de dependencia, sus familias o representantes, y los centros de asistencia deben proporcionar información y datos relevantes a las autoridades competentes, comunicar las ayudas que reciben y cumplir con las obligaciones legales.

Los residentes en residencias para ancianos tienen derecho a alojamiento, uso de servicios comunes, participación en actividades, presentar propuestas y participar en la gestión de establecimientos públicos.

Los residentes pueden participar en las actividades de la residencia y colaborar en su desarrollo.

Los residentes tienen derechos a la atención, a la participación y a expresar sus opiniones.

Los residentes deben respetar las normas de la residencia, colaborar en su mantenimiento, informar sobre anomalías y mantener la higiene.

Los residentes tienen derecho a ser respetados en sus convicciones políticas, morales y religiosas, y deben respetar las de los demás.

La Ley 7/1991 regula los derechos de la población anciana en Asturias, las condiciones de los residencias para ancianos y la organización de la atención a los dependientes.

Centros destinados a ser la residencia permanente o habitual de personas mayores. Suelen ofrecer cuidado y atención a personas con diferentes niveles de dependencia.

Dependen de las características del centro, el grado de dependencia de los residentes y las necesidades sociales de las personas a las que se atiende. Pueden ser de diferentes tipos según la atención que brinden.

Se considera anciano quien tiene más de 65 años, pensionista mayor de 60 años o pensionista mayor de 50 años con incapacidad física o psíquica.

Para acceder a una plaza dependiente del Principado de Asturias, la persona debe haber residido en Asturias por al menos dos años antes de la solicitud (para mayores de 65 y pensionistas mayores de 60) o tres años (para pensionistas mayores de 50 con incapacidad).

La ley 7/1991 define los derechos y deberes de las personas que viven en los centros residenciales para ancianos.

Establece un marco legal para la protección de los ancianos en el Principado de Asturias, asegurando sus derechos y la calidad de vida en los centros residenciales.

La Ley 7/1919 regula las residencias para ancianos, estableciendo las condiciones de acceso, atención y derechos de los residentes.

Para ser titular de los derechos de la Ley 39/2006, un español debe:

1. Estar en situación de dependencia.
2. Residir en España y haberlo hecho durante 5 años (2 inmediatamente anteriores a la solicitud).
3. Cumplir con la disposición adicional decimotercera para menores de 3 años.

Esta disposición se dedica específicamente a la protección de los menores de 3 años en situación de dependencia. Establece la atención a domicilio, prestaciones económicas y cuidados en el entorno familiar para este grupo.

Para ser titular de los derechos establecidos en la Ley 39/2006, se requiere la nacionalidad española, estar en situación de dependencia, cumplir con los requisitos de residencia (5 años, 2 inmediatamente anteriores a la solicitud) y, en el caso de menores de 3 años, cumplir con la disposición adicional decimotercera.

En el caso de menores de cinco años, el requisito de residencia se exige a quien ejerza su guarda y custodia, no al menor.

Los españoles que cumplen con los requisitos de la Ley 39/2006 y las personas que no poseen la nacionalidad española pero cumplen con los requisitos, conforme a la Ley Orgánica 4/2000, tratados internacionales y convenios con su país de origen.

El Gobierno puede establecer medidas de protección especiales para los españoles que no residen en España.

Los menores de 3 años en situación de dependencia acceden a servicios de ayuda a domicilio, prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y una escala de valoración específica.

La atención a los menores de 3 años se integra en los diferentes niveles de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y sus correspondientes formas de financiación.