Ley 39/2006: Autonomía Personal y Dependencia

Apoyo requerido por personas con discapacidad intelectual o mental para lograr una autonomía satisfactoria en la comunidad.

Atención a personas dependientes en el hogar, por familiares o personas del entorno, sin vínculos con servicios profesionales.

Atención a personas dependientes por instituciones públicas o privadas, o profesionales autónomos, en hogares o centros.

Servicio de un asistente que ayuda en actividades diarias para fomentar la autonomía de la persona dependiente.

Organizaciones privadas con iniciativa ciudadana, sin ánimo de lucro, promoviendo derechos sociales.

Las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia son públicas.

Acceso igualitario a las personas dependientes, sin discriminación.

Adaptar la atención a las necesidades individuales de cada persona dependiente.

Regular las condiciones básicas para la igualdad en el ejercicio del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a personas dependientes, creando un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Capacidad de tomar decisiones personales y desarrollar actividades básicas de la vida diaria.

Estado de las personas que necesitan la atención de otras para realizar actividades básicas de la vida diaria, debido a edad, enfermedad o discapacidad.

Tareas esenciales para la autonomía e independencia, como cuidado personal, actividades domésticas, movilidad y comunicación.

Acción coordinada entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para atender a personas en situación de dependencia.

Ley que regula la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.

Situación permanente de personas que necesitan ayuda en actividades básicas para su vida cotidiana.

Derechos fundamentales establecidos para todas las personas en situación de dependencia en España.

Individuos que requieren apoyo para actividades de la vida diaria, independientemente de su localización en España.

Servicios que proporcionan apoyo a aquellos que necesitan ayuda con actividades de la vida diaria, incluyendo su calidad, sostenibilidad y accesibilidad.

Los individuos con necesidades de apoyo y sus familiares o representantes legales tienen voz en la planificación y prestación de servicios.

Trabajar juntos para proveer servicios de apoyo a quienes necesitan asistencia.

Igualdad de acceso a servicios y prestaciones, respeto a la dignidad e intimidad y acceso a información clara.

Papel de las empresas privadas en la prestación de servicios y apoyo a las personas con dependencia.

Contribución de organizaciones no gubernamentales en servicios de apoyo a personas con dependencia.

Considerar las diferentes necesidades de hombres y mujeres en relación a la dependencia.

Las personas en situación de dependencia tienen derecho a ser informadas sobre los procedimientos que se les apliquen, con especial atención a aquellos vinculados a proyectos docentes o de investigación.

La recogida y tratamiento de los datos de las personas dependientes debe respetar la confidencialidad, de conformidad con la Ley de Protección de Datos.

Las personas dependientes tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre políticas que les afectan, tanto individualmente como a través de asociaciones.

Las personas dependientes, cuando tengan capacidad de obrar suficiente, pueden decidir sobre su tutela y la administración de sus bienes.

Las personas dependientes tienen el derecho a decidir libremente si ingresan o no a un centro residencial.

En casos de internamientos involuntarios, las personas dependientes tienen derecho a un proceso contradictorio para defender sus derechos.

Las personas dependientes tienen derecho a ejercer plenamente sus derechos patrimoniales.

Las personas dependientes deben tener acceso a las mismas oportunidades que el resto de la sociedad, sin discriminación.

Esta ley regula los derechos y sistemas de protección para los ancianos asturianos, define las condiciones de los centros residenciales para ancianos en Asturias, y también organiza la gestión de los dependientes en la Comunidad Autónoma.

Centros diseñados para proporcionar residencia permanente o habitual a personas mayores.

Se consideran ancianos las personas mayores de 65 años, los pensionistas mayores de 60 años, y los pensionistas mayores de 50 años con incapacidad física o psíquica, siempre que sus circunstancias aconsejen el ingreso en un centro residencial.

Un centro residencial para ancianos en Asturias debe tener un régimen específico, según el grado de validez o invalidez de sus usuarios y sus necesidades sociales.

Generalmente, deben residir en Asturias durante al menos dos años antes de presentar la solicitud (tres años para los casos especiales).

Dependiendo del nivel de atención que brinden y las características de los residentes, se clasifican y se establecen regímenes específicos para cada categoría.

La ley establece los derechos y deberes de los residentes en las residencias de ancianos. Es importante garantizar su bienestar y autonomía dentro del centro.

Esta ley se encarga de la organización y gestión de los dependientes en la Comunidad Autónoma de Asturias, incluyendo la atención en los centros residenciales.

Para ser titular de los derechos de la Ley de Dependencia, los españoles deben cumplir con estos requisitos: estar en situación de dependencia, residir en España durante cinco años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud, y cumplir con la edad mínima establecida.

Los menores de 3 años, a pesar de no cumplir con los requisitos de dependencia, también pueden recibir apoyo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia si se acredita su situación de dependencia. Se utiliza una escala de valoración específica para estos casos.

El Sistema ofrece apoyo a domicilio, prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y atención integrada en los niveles de protección establecidos.

El Consejo Territorial del Sistema promueve un plan integral de atención para menores de 3 años en situación de dependencia, incluyendo medidas de las Administraciones Públicas para facilitar atención temprana y rehabilitación.

Los extranjeros que cumplen los requisitos de la Ley de Dependencia se rigen por la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, tratados internacionales y convenios con su país de origen.

Para menores de 5 años, el periodo de residencia se exige a quien ejerce su guarda y custodia, no al menor.

El Gobierno puede establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España.

Se aplica la legislación del Menor vigente en el ámbito estatal y autonómico, incluyendo tratados internacionales.