Ley 3/2018: Protección y Apoyo Discapacitados

Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha

• La ley busca responder a las preocupaciones de familias con miembros con discapacidad psíquica, quienes necesitan apoyo en la toma de decisiones.
• Permite a personas con discapacidad y sus familias planificar apoyos futuros según sus preferencias.
• Consta de 19 artículos, divididos en tres títulos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.

Título Preliminar

• Recoge disposiciones generales y el objeto de la ley: un sistema de planificación de apoyos para personas con discapacidad con autonomía personal limitada.
• Garantiza apoyo residencial si la persona no cuenta con apoyo familiar.
• Define destinatarios: personas mayores de 18 años con autonomía personal limitada por su discapacidad, que hayan residido en Castilla La Mancha los dos años anteriores a la solicitud del Plan Personal de Futuro, con excepciones por traslado laboral familiar o emigrantes retornados.
• Define los principios que rigen la aplicación y desarrollo de la ley.

Título I: Sistema de Apoyos

• Establece unidades de orientación y apoyo con un profesional de referencia, el agente de mediación.
• El agente de mediación asesora, orienta y media para la toma de decisiones en el diseño del Plan Personal de Futuro.
• Se creará una oficina regional de orientación y apoyo para coordinar las unidades.
• Se garantiza apoyo residencial en caso de falta de apoyos familiares, considerándose como criterio prioritario de acceso a la red pública de recursos residenciales.
• Para personas con discapacidad en situación de dependencia, esta garantía se establecerá dentro del SAAD de Castilla La Mancha.

Título II: Plan Personal de Futuro

• Detalla el contenido del plan, su registro, formalización y puesta en marcha.
• El plan personal de futuro es un proyecto diseñado por la persona con discapacidad con apoyo de su familia o representante legal y el asesoramiento de un agente de mediación.
• Recoge preferencias y prioridades sobre los mecanismos de apoyo deseados cuando los apoyos familiares no puedan desempeñar esa función.
• El contenido abarca áreas como:
  • Residencial (preferencia de modalidad de apoyo, dónde y con quién vivir)
  • Formativa y laboral
  • Ocio y tiempo libre
  • Relaciones Interpersonales
  • Salud
  • Legal y económica
• El plan se firma por la persona con discapacidad, su familia o representante legal y el agente de mediación, quien entrega una copia a la persona.
• El documento se inscribe en el registro de planes personales de futuro de Castilla-La Mancha.

Registro de Planes Personales de Futuro

• Establece un sistema público de registro para la constancia y custodia de los planes.
• Garantiza confidencialidad, respeto a la protección de datos y acceso restringido a las personas interesadas cuando sea necesario.

Ley 8/2021, de 2 de junio, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica

• Consta de ocho artículos, dos disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
• El artículo segundo introduce la mayor reforma en el Código Civil.
• Busca adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva York, 2006).
• Cambia el sistema de sustitución en la toma de decisiones (incapacitación) por uno basado en el respeto a la voluntad y preferencias de la persona.
• Se sustituye la expresión "persona incapacitada, incapaz o persona con capacidad modificada judicialmente" por "persona con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica".

Nuevo Sistema de Apoyos

• La idea central es el apoyo a la persona que lo precise.
• Engloba acompañamiento, ayuda técnica, eliminación de barreras, consejo y toma de decisiones delegadas.
• Se eliminan la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada.
• Las medidas de apoyo adoptadas judicialmente se revisan periódicamente (máximo tres años, excepcionalmente seis) o ante cambios en la situación de la persona.
• El procedimiento de provisión de apoyos no lleva a la declaración de incapacitación ni a la privación de derechos.
• El Registro Civil se convierte en una pieza central.
• Se da preferencia a las medidas voluntarias previstas por la persona.
• Las medidas de apoyo acceden al Registro como datos sometidos a publicidad restringida.
• Las funciones de apoyo se ejercen conforme a la nueva ley desde su entrada en vigor.
• Amplia legitimación para solicitar la revisión de medidas establecidas con anterioridad.
• La revisión puede producirse de oficio.

Modificaciones Clave en el Código Civil

• El Título XI del Libro Primero se titula "De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica".
• Art. 250: Las medidas de apoyo son las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial.
• La función de las medidas de apoyo es asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, respetando su voluntad, deseos y preferencias.
• Las medidas voluntarias son establecidas por la persona con discapacidad, designando quién presta el apoyo y con qué alcance.
• La guarda de hecho es una medida informal de apoyo cuando no existen medidas voluntarias o judiciales eficaces.
• La curatela se aplica a quienes precisen apoyo continuado, determinada judicialmente según la situación y necesidades de la persona.
• Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada puede proponer una autocuratela en escritura pública.
• El defensor judicial se nombra cuando el apoyo es ocasional, aunque recurrente.
• No pueden ejercer medidas de apoyo quienes presten servicios asistenciales, residenciales o análogos a la persona que necesita el apoyo.

Disposiciones Transitorias

• Primera: Las privaciones de derechos existentes quedan sin efecto.
• Quinta: Se permite la revisión de las medidas acordadas con anterioridad a la ley para adaptarlas.
• La revisión debe producirse en el plazo máximo de un año desde la solicitud o, de oficio, en un plazo máximo de tres años.