Ley 3/1995 de la Región de Murcia

Esta ley tiene como objetivo proteger la infancia y respetar sus derechos e intereses.

Se considera infancia el periodo de vida hasta los 18 años de edad.

La ley se aplica a todos los niños y niñas que viven en la Región de Murcia.

El interés del niño debe ser prioritario por encima de cualquier otro interés.

Esta ley reconoce los derechos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y la normativa vigente.

Los niños deben ser cuidados por sus padres, tutores o cuidadores.

La ley prohíbe la discriminación por cualquier circunstancia relacionada con el niño o sus padres.

Fomenta la coordinación entre distintas administraciones públicas para optimizar los recursos.

La administración regional se asocia con las autoridades locales y educativas para alentar la asistencia regular a la escuela y abordar las causas del absentismo y el abandono escolar.

Los ayuntamientos, junto con los Consejos Escolares, diseñan programas para monitorear el absentismo y el abandono escolar.

La administración regional coopera con las autoridades educativas para garantizar una educación libre de discriminación por género.

La Ley 3/1995 busca evitar o eliminar situaciones en las que los niños estén en riesgo o desamparo.

Las medidas de protección se aplican mediante acciones que apoyan a las familias, la acogida del niño, la atención residencial o familiar, y otras formas de asistencia según las necesidades del niño.

Se priorizan las medidas que no separan al niño de su hogar y familia, pero si la separación es necesaria, se mantiene el derecho a la visita y comunicación.

Cualquier persona que observe situaciones de riesgo o violaciones de los derechos del niño debe informar a las autoridades pertinentes.

Las autoridades deben atender las situaciones de emergencia que afecten a los menores, interviniendo directamente o derivando la atención al órgano competente.

La aplicación de las medidas de protección requiere un proceso donde se garantiza que se escuche al niño y a sus padres.

La notificación de la decisión sobre medidas de protección se realiza de forma escrita y, si es posible, presencial, informando sobre la decisión y el plan de acción.

El organismo competente puede solicitar a la autoridad judicial la privación de la patria potestad o la remoción de la tutela.

Las entidades competentes, con ayuda de las autoridades locales, policiales y judiciales, aseguran la ejecución adecuada de las medidas de protección.

El cese de las medidas de protección se produce por la mayoría de edad, la adopción, decisión judicial o por desaparición de las causas de su aplicación.

La Ley 3/1995 busca prevenir o erradicar situaciones en las que los niños estén en riesgo o desamparo y se articula en torno a medidas de protección, atención y asistencia.

El menor debe ser registrado al nacer y tendrá derecho a un nombre y una nacionalidad.

Los menores tienen derecho a que se respete su privacidad en su vida personal, familiar y social. No se podrán utilizar imágenes o difundir información que atente contra su intimidad.

Los padres o personas que los sustituyan tendrán derecho a recibir información sobre la salud del menor, siempre y cuando el derecho fundamental del niño no se vea afectado.

Todo menor tiene derecho a la atención médica y a la atención sanitaria que precise. Se le debe tratar con afecto, tacto y comprensión, y se debe respetar su intimidad.

Se promoverán programas de prevención sobre los riesgos del consumo de drogas legales e ilegales, adaptados a la comprensión y sensibilidad del menor.

La atención integral a la infancia incluye la educación adecuada a las necesidades y características del menor, así como la provisión de servicios sanitarios y sociales para su desarrollo integral.

Los niños tienen derecho a expresar su opinión en los asuntos que les afecten.

Los niños deben participar activamente en las actividades que se realicen en su núcleo familiar, promoviendo su integración en la vida familiar y social.

Los niños deben ser protegidos contra la violencia, la crueldad, la explotación y la manipulación, incluyendo la explotación sexual y la prostitución.

Los niños tienen derecho a una educación integral y a una formación que se ajusta a lo establecido en la Constitución y la normativa vigente.

La ley garantiza el secreto de los expedientes que conducen al establecimiento de una filiación adoptiva.

Los niños tienen derecho a conocer su biografía personal a través del ejercicio de sus acciones de filiación.

Las necesidades del menor deben ser satisfechas, en la medida de lo posible, en su propio entorno familiar, teniendo en cuenta su bienestar.

Los niños tienen derecho a la confidencialidad de sus datos personales y a toda la información relacionada con su proceso y estancia en instituciones.

Los menores serán informados acerca de las medidas que se tomen en relación con ellos, su duración y los derechos que les corresponden.

La administración debe crear un sistema para apoyar a las familias biológicas y evitar que la falta de recursos lleve al desamparo del menor.

Las prestaciones económicas y las ayudas técnico-educativas son ejemplos concretos de apoyo a la familia.

El objetivo es generar conciencia sobre situaciones de riesgo y vulnerabilidad que puedan afectar a los menores.

Se busca prevenir y atender situaciones de absentismo escolar, promoviendo la asistencia a la escuela del menor.

Se busca promover el bienestar físico, mental y social de los niños, evitando enfermedades y fomentado hábitos saludables.

La formación y la preparación laboral ayudan a la integración social del menor en la sociedad.

Prevenir cualquier tipo de abuso a niños, incluyendo maltrato físico, psicológico y explotación, es el objetivo de este programa.

Fomentar la tolerancia y combatir la violencia, el racismo y el sexismo en la sociedad.

Se considera desamparo la falta de protección del menor por parte de las personas responsables.

Se considera situación de riesgo cuando el entorno del niño puede generar desamparo o inadaptación.

Cualquier persona que tenga conocimiento de una posible situación de desamparo debe informarla a las autoridades.

La administración asume la tutela del menor cuando se declara que está en situación de desamparo legal.

Se establece un procedimiento para determinar si un menor está en situación de desamparo y requiere la tutela del estado.

La administración pública tiene la responsabilidad de velar por el bienestar del niño y garantizar sus derechos.

Este procedimiento busca establecer la situación de desamparo del menor. El organismo competente toma la decisión tras un proceso que incluye la audiencia del menor y sus representantes legales, así como la notificación al Ministerio Fiscal.

En situaciones de emergencia donde la vida del menor esté en peligro, se puede declarar inmediatamente la situación de desamparo y colocarlo en la tutela del organismo competente.

Las medidas de protección para el menor se determinan en base a las circunstancias del caso.

Si los padres, tutores o cuidadores impiden la ejecución de las medidas de protección impuestas, el organismo competente puede recurrir a la autoridad judicial para hacerlas efectivas.

La tutela ordinaria se considera cuando hay alguien que, por su relación con el menor, puede asumir su cuidado en beneficio de éste. Se promueve especialmente cuando el menor se acerca a la mayoría de edad.

La Administración regional se responsabiliza de la guarda del menor cuando los padres o tutores no pueden atenderlo por razones de enfermedad u otras circunstancias graves.

El ejercicio de la guarda puede implicar confiar el cuidado del menor a un director, persona o familia, dependiendo de la situación.

La acogida residencial del menor se considera cuando otras medidas de protección no son suficientes. En los centros se asegura el desarrollo del menor y su relación con el entorno.

La situación de guarda termina cuando las causas que la motivaron desaparecen o se establece la tutela.

El acogimiento busca la adaptación del menor a la vida familiar, ya sea para su reinserción en su familia de origen o como paso previo a la adopción.

Se crea un registro de personas o familias dispuestas a acoger menores.

Se establecen requisitos y circunstancias que deben cumplir las familias o personas que deseen acoger a menores.

Se establece en el artículo 173.1 del Código Civil.

La ley 3/1995 de Murcia define la situación de desamparo y establece las medidas de protección para los niños.

La información contenida en el Registro General de Adopciones y Acogimientos Preadoptivos es confidencial. Los funcionarios que revelen o usen indebidamente esta información serán sancionados.

La Administración Regional evalúa y diagnostica psicosocialmente a las parejas que solicitan adopción para determinar su idoneidad.

Hay una lista general de adoptantes. Se pueden hacer excepciones en casos especiales, documentando las razones.

El acogimiento se formaliza por escrito, con copia al Ministerio Fiscal, siendo obligatorio el consentimiento de los padres o tutores del menor.

Si los padres se oponen al acogimiento, la entidad pública puede solicitar al juez que decida en interés del niño.

Antes de una resolución judicial, la entidad pública puede poner al cuidado de una familia a un niño cuyos padres se oponen al acogimiento, bajo vigilancia de la entidad, para evitar el internamiento.

Para proteger la posibilidad de adopción futura de un niño, se evita el contacto entre la familia biológica y la familia de acogida.

El acogimiento puede ser un paso previo a la adopción en ciertos casos, como cuando se sospecha de malos tratos o la incapacidad de los padres.

En los casos de acogimiento con fines adoptivos, se suspenden las visitas y la relación con los padres o tutores, para favorecer la integración del niño en la familia acogedora.

El acogimiento con fines adoptivos requiere la aceptación de los padres o tutores y el consentimiento del menor si tiene más de 12 años.

Se eligen a las familias de acogida con criterios de idoneidad, incluida la edad, aptitud educativa, situación familiar, etc.

Las familias de acogida tienen la responsabilidad de cuidar al niño, alimentarlo, educarlo y brindarle una formación integral, bajo supervisión de la entidad pública.

El acogimiento puede finalizar por muerte, incapacidad, o voluntad de la familia de acogida, o por solicitud del menor mayor de 12 años.

La propuesta previa de adopción la formula la Comunidad Autónoma, siguiendo un procedimiento establecido.

Hay un período pre-adoptivo con un proceso de integración familiar y evaluación para preparar la adopción.

Si un centro o servicio incumple las normas para menores y esto causa un daño irreparable a los derechos de los niños, esto se considera una infracción muy grave.

No revelar información personal sobre un niño que esté bajo protección.

Las acciones o omisiones que dañan gravemente a un niño o que causan un incumplimiento grave.

Impedir que los inspectores revisen un centro o servicio para niños.

Si se comete una infracción grave por segunda vez.

Recibir dinero de los niños o sus familias sin autorización de la administración cuando el centro tiene un contrato con la misma.

No proporcionar la atención necesaria a los niños en un centro o servicio.

Obtener ganancias privadas en un centro o servicio que se supone que no es lucrativo.

Si un centro de atención a menores ha cometido una infracción grave, podría enfrentar sanciones.

La multa por una infracción grave.

Cuando una persona ha cometido una falta leve dos veces, o una infracción grave después de un cierto período.

Informar a las autoridades sobre el posible desamparo de un menor.

Las leyes que rigen el procedimiento para penar las infracciones en materia de protección infantil.

El cierre temporal o definitivo de un centro de menores que ha cometido una infracción grave.

La publicación de la sanción impuesta a un medio de comunicación.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia puede encomendar la guardia provisional o acogimiento a la familia que ha sido seleccionada para adoptar al menor mientras se tramita la adopción, siempre que los futuros adoptantes hayan dado su consentimiento y el niño o sus padres se encuentren en alguna de las situaciones especificadas.

Se aplica a las personas que incumplen las normas para la creación o funcionamiento de centros o servicios de atención a la infancia, sin causar daños graves. También a quienes no actualizan sus datos en el registro de entidades sociales, o no brindan la atención adecuada a los menores sin causarles daños importantes.

Se refiere a los centros que implementan medidas de reforma de menores y deben presentar un plan con información detallada sobre su funcionamiento, como el tipo de centro, el público al que va dirigido, los objetivos, metodología, evaluación y normativa interna.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la entidad responsable de la protección y tutela de menores en su territorio. Ejerce estas funciones a través de un organismo específico.

Se refiere a las acciones u omisiones que violan la ley, realizadas por personas físicas o jurídicas.

Las entidades locales, a través de sus servicios sociales, desempeñan funciones relacionadas con la prevención, información, promoción, reinserción social y seguimiento de casos de menores, en colaboración con la Comunidad Autónoma.

Son organizaciones legalmente constituidas, con el objetivo de proteger a los menores, que pueden colaborar en la integración familiar. Deben tener una estructura adecuada, equipos técnicos y cumplir con las directrices de la Administración regional.

La finalidad de las medidas de reforma para menores es lograr su integración social a través de un enfoque educativo.

La Administración regional es la responsable de la ejecución de las medidas judiciales para menores. Además, deben informar a la autoridad judicial sobre el desarrollo de las medidas y colaborar con ella.

Los centros de reforma para menores deben tener un plan que incluya objetivos, metodología, sistema de evaluación y normativa interna. La Comunidad Autónoma es responsable de la planificación, proyecto educativo, gestión y recursos materiales necesarios para los centros que pertenecen a la región.

Si el centro de reforma es privado, debe firmar un convenio con la Comunidad Autónoma para seguir las normas de la entidad pública. La entidad pública supervisa el seguimiento de los menores.

Las acciones u omisiones que causan daños graves o que implican un riesgo importante para los menores, como no proporcionar la atención adecuada o no cumplir con las directrices para la gestión de un centro, se consideran graves.

La ley establece que cualquier persona que observe situaciones de riesgo o violaciones de los derechos del niño debe informar a las autoridades competentes.