Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia

El objetivo de la Ley es promover y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a un sistema de servicios sociales de carácter público en la Región de Murcia.

El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia agrupa todos los recursos, actividades y prestaciones, públicos y privados, destinados a la atención social de los ciudadanos.

El Sistema Público de Servicios Sociales de la Región de Murcia incluye todos los recursos y prestaciones financiados, total o parcialmente, con fondos públicos.

La Ley se aplica a los servicios sociales ofrecidos por la Administración Regional, las entidades locales y las organizaciones que colaboran en el Sistema Público de Servicios Sociales en la Región de Murcia.

Las entidades privadas que trabajan con servicios sociales están sujetas a las normas de autorización, inspección y sanciones establecidas en la Ley.

El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia aplica a todos los ciudadanos de la Unión Europea que residen o transitan por la región, con condiciones específicas establecidas por normativa.

La Administración regional, las entidades locales y entidades con o sin fines de lucro que prestan servicios sociales son las entidades que pueden ofrecer servicios sociales en la Región de Murcia.

El Sistema de Servicios Sociales se basa en principios como la responsabilidad pública, la igualdad, la solidaridad y la participación ciudadana.

Se busca que los Servicios Sociales se integren en los entornos naturales de las personas y eviten la exclusión social, priorizando el acceso a recursos regulares.

Las entidades que se dedican a los servicios sociales pueden ser declaradas de interés asistencial si cumplen con ciertos requisitos, como la antigüedad, la ausencia de sanciones graves y la realización de acciones de especial interés social

Los servicios sociales especializados en el sector de Personas Mayores se enfocan en mejorar el bienestar de las personas mayores, promover su autonomía y facilitar su integración social.

Para la atención de los menores en situación de desamparo o riesgo de exclusión social, la ley prevé programas de acogimiento y protección.

La Ley busca eliminar las barreras que impiden la integración social de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión en la sociedad.

Los servicios sociales para inmigrantes se centran en facilitar su integración social y laboral, proporcionando información y apoyo para su adaptación a la comunidad.

El Plan Regional de Servicios Sociales es un documento que define la política de servicios sociales en la Región de Murcia, incluyendo objetivos, programas, recursos, evaluación y participación social.

Los servicios de atención primaria son el primer punto de contacto con el sistema de servicios sociales y se enfocan en la atención integrada a los ciudadanos en su entorno familiar y social.

Los servicios especializados se centran en la atención de personas o colectivos con necesidades específicas debido a edad, discapacidad, etc., ofreciendo recursos y programas especiales.

Son el primer nivel de atención social y son responsabilidad pública. Incluyen servicios de información, atención en el medio familiar, inserción social, promoción social y otros servicios que se determinen.

Estos servicios se encargan de la gestión de recursos especializados para atender necesidades específicas de grupos como familias, infancia, personas mayores, etc.

Estos servicios realizan acciones para proteger y promover el bienestar de los niños y las familias, buscando estabilidad en las familias y el cuidado de los menores.

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia tiene la responsabilidad de planificar los servicios sociales para garantizar que todos los ciudadanos en la región tengan acceso a estos servicios.

La Consejería responsable de servicios sociales se encarga de proponer planes de servicios sociales, gestionar los centros, inspeccionar las entidades y coordinar las acciones con la iniciativa social.

El Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia ejecuta programas sociales para grupos como personas mayores y personas con discapacidad.

Las Entidades Locales pueden crear y gestionar servicios sociales de atención primaria, incluyendo centros de servicios sociales y programas de protección social.

"El establecimiento de los niveles mínimos de calidad que han de cumplir todas las entidades, centros y servicios sociales, para garantizar las condiciones adecuadas de los mismos, así como el nivel de participación de los usuarios en su organización" Esta frase describe la función del Consejo de Gobierno en cuanto a la calidad de los servicios sociales. El Consejo de Gobierno debe asegurarse de que todos los servicios sociales sean de alta calidad y cumplan con ciertos estándares mínimos.

La creación, suspensión, modificación, cierre, cese o traslado de centros y servicios sociales especializados de responsabilidad pública es una función de la Consejería responsable de servicios sociales. Esto significa que la Consejería tiene el poder de decidir sobre la creación, cierre o modificación de los servicios sociales que son responsabilidad del gobierno.

Los usuarios de centros residenciales tienen derecho a un contrato que especifica sus derechos y obligaciones, así como las condiciones del servicio.

Los usuarios tienen derecho a presentar quejas sobre los servicios que reciben en un centro social, ya sea al titular del centro, a la Inspección de Servicios Sociales o a la Administración Pública.

Los centros de servicios sociales deben tener un reglamento interno aprobado por la Consejería de Servicios Sociales que garantice los derechos y libertades de los usuarios.

Las entidades locales con más de 20.000 habitantes deben destinar parte de su presupuesto a la creación y desarrollo de servicios sociales.

La aportación de los usuarios a los servicios sociales se determina en función de su situación económica y se calcula mediante baremos.

Las entidades privadas pueden participar en la prestación de servicios sociales, pero deben cumplir con los requisitos de registro, autorización e inspección establecidos por la ley.

Las Administraciones Públicas pueden colaborar con entidades privadas para brindar servicios sociales a través de acuerdos, convenios o otras fórmulas de cooperación, siempre y cuando estos cumplan con los criterios de planificación general.

Se priorizan los servicios sociales proporcionados por entidades privadas sin fines de lucro, especialmente cuando atienden a personas con dificultades socioeconómicas.

El voluntariado social se fomenta como una forma de colaboración en los servicios sociales, con funciones específicas que no implican relaciones laborales o mercantiles.

El Consejo Regional de Servicios Sociales es un órgano consultivo que permite la participación social e institucional en la planificación y gestión de los servicios sociales.

Existen Consejos sectoriales para áreas específicas como personas mayores, discapacitados, infancia y minorías étnicas, que trabajan en colaboración con el Consejo Regional de Servicios Sociales.

En cada municipio se crea un Consejo de Servicios Sociales local, con carácter consultivo y participación ciudadana, para fortalecer la gestión de los servicios sociales a nivel local.

Los usuarios de servicios sociales tienen garantizados los derechos reconocidos en la Constitución, tratados internacionales y leyes, incluyendo el derecho a la atención personalizada, la confidencialidad y la participación.

Los centros y servicios sociales deben tener procedimientos democráticos para que los usuarios o sus representantes legales puedan participar en la toma de decisiones.

Los usuarios de servicios sociales tienen derecho a recibir atención sin discriminación por razón de sexo, raza, religión, ideología, condición personal o social.