Ley 17/2015 y el Sistema Nacional de Protección Civil

Es el servicio público que protege a las personas y bienes frente a emergencias y catástrofes, tanto naturales como provocadas por el ser human.

Es la posibilidad de que un peligro cause daño a personas o bienes.

Es la susceptibilidad de una comunidad o bienes a ser afectados por un peligro.

Posibilidad de que una amenaza afecte a personas o bienes.

Se refiere a un peligro que podría causar daño a personas o bienes.

Situación en la que personas y bienes están expuestos a un peligro inminente.

Es un conjunto organizado de instituciones y recursos que trabajan para prevenir, mitigar y responder a emergencias y catástrofes.

Situación que pone en peligro a muchas personas o bienes, requiriendo una respuesta rápida de las autoridades.

La capacidad del SNPC para trabajar de manera efectiva para prevenir y responder a los riesgos.

Evento que afecta a una comunidad o sociedad de manera grave, causando muchas víctimas y daños.

La colaboración y cooperación entre diferentes entidades involucradas en la protección civil.

Servicios necesarios para el funcionamiento básico de la sociedad, como salud, seguridad y economía.

Situación de riesgo que afecta a muchas personas, que requiere una respuesta rápida y coordinada.

Las responsabilidades del gobierno central en relación con la protección civil.

Emergencia que no afecta a una comunidad o sociedad de manera general.

Situación que requiere una intensa respuesta y coordinación, debido a la gran cantidad de víctimas y daños.

Esta ley establece el marco legal para el Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) en España.

El objetivo principal del SNPC es proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente de las emergencias y desastres.

El SNPC busca asegurar una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante las emergencias y desastres.

Las funciones del SNPC se basan en la prevención, preparación, respuesta y recuperación de las emergencias y desastres.

El SNPC se organiza en diferentes niveles, desde el local hasta el nacional, con diferentes organismos y responsabilidades.

El SNPC involucra a diferentes actores, incluyendo gobiernos, instituciones, organizaciones y ciudadanos, en la gestión de riesgos y la protección civil.

El SNPC busca la colaboración y coordinación entre diferentes niveles y actores para una respuesta eficiente ante las emergencias.

Las disposiciones generales establecen los principios y normas que rigen el funcionamiento del SNPC

Los planes de actuación anuales o programas pueden establecerse para implementar la Estrategia Nacional de Protección Civil.

La Estrategia Nacional de Protección Civil se revisa cada cuatro años para asegurar que sigue siendo relevante y efectiva.

La Estrategia Nacional de Protección Civil integra y armoniza todas las acciones de la Administración General del Estado en materia de protección civil.

El Consejo de Seguridad Nacional aprueba la Estrategia Nacional de Protección Civil, según la propuesta del Ministro del Interior.

Todos los residentes en España tienen derecho a recibir atención de las Administraciones públicas en caso de catástrofe, sin limitaciones más que las impuestas por las circunstancias peligrosas y la disponibilidad de recursos.

Las Administraciones públicas deben asegurarse de que la atención a los ciudadanos en caso de desastre sea igualitaria, independientemente de su lugar de residencia.

Los servicios públicos competentes identifican rápidamente a las víctimas en caso de emergencia y proporcionan información a sus familias o allegados.

El artículo 139.1 de la Constitución Española establece el derecho a la protección contra riesgos e inseguridades, que incluye la atención en caso de catástrofe.

Las empresas que gestionan servicios de interés general deben garantizar que la asignación de tareas de vigilancia y protección no afecte la seguridad y continuidad del servicio.

Las empresas que gestionan servicios de interés general deben compensar los daños ocasionados por sus actividades de vigilancia y protección.

Los titulares de centros con actividades que pueden provocar emergencias deben informar a los ciudadanos sobre los riesgos y las medidas de prevención implementadas.

Los titulares de centros con actividades que pueden provocar emergencias deben comunicar a la autoridad competente los programas de información ciudadana.

Los titulares de centros con actividades que pueden provocar emergencias deben instalar y mantener sistemas de alerta para la población.

La información sobre riesgos y medidas de prevención debe ser accesible a personas con discapacidad.

Los medios de comunicación deben colaborar con las autoridades difundiendo información preventiva y operativa en caso de emergencia.

Los medios de comunicación deben seguir las instrucciones de las autoridades para la difusión de información preventiva y operativa durante las emergencias.

En situaciones de emergencia, la entrada a un domicilio y la evacuación de personas en peligro están sujetas al artículo 15.2 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana.

Las medidas restrictivas de derechos que se implementen para controlar emergencias, como el toque de queda o la suspensión de actividades, deben ser temporales y proporcionales a la gravedad de la situación.

Las medidas restrictivas de derechos aplicadas en emergencias tienen un plazo limitado y deben ser adecuadas a la magnitud de la emergencia.

Las empresas públicas y privadas que se encargan de la vigilancia y protección ante riesgos de emergencia se consideran colaboradoras en la protección civil.

Las empresas de vigilancia y protección pueden ser asignadas roles en los planes de protección civil de su área y ser llamadas a actuar por las autoridades.

Los servicios de vigilancia y protección frente a riesgos de emergencias de las empresas públicas o privadas se consideran, a todos los efectos, colaboradores en la protección civil.

En emergencias, los servicios de vigilancia y protección pueden ser requeridos por las autoridades para actuar.

Las empresas de vigilancia y protección deben seguir los planes de protección civil correspondientes a su ámbito territorial.