Ley 15/2022: Igualdad de Trato y No Discriminación

Esta ley se centra en garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, respetando la igual dignidad de todas las personas, en línea con los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución Española.

La ley se aplica a todos, independientemente de su nacionalidad, edad, o si tienen residencia legal en España.

Prohíbe la discriminación por motivos como el origen racial, sexo, religión, discapacidad, orientación sexual, enfermedad, etc.

Se permite la diferenciación de trato solo si se utiliza para un propósito legítimo y los criterios son razonables y objetivos.

Las enfermedades solo pueden justificar diferencias de trato en relación con el tratamiento, las limitaciones objetivas que imponga para determinadas actividades o las razones de salud pública.

La Ley 15/2022 se aplica al sector público, incluyendo las instituciones y organismos del Estado.

Esta ley tiene como objetivo prevenir, eliminar y corregir cualquier forma de discriminación existente.

La Ley 15/2022 se aplica a todos, tanto personas físicas como jurídicas, públicas o privadas.

Cuando una persona o grupo es tratado de manera menos favorable que otros en una situación similar, debido a las causas mencionadas en el artículo 2.

Cuando una norma aparentemente neutral perjudica a un grupo específico por alguna de las causas del artículo 2.

Cuando una persona es discriminada por su relación con otra persona que posee alguna de las características del artículo 2.

Cuando alguien es discriminado por una creencia errónea sobre sus características.

Cuando una persona es discriminada por dos o más motivos al mismo tiempo.

Cuando diferentes causas de discriminación se juntan y crean una forma específica de discriminación.

Cualquier conducta que busca atentar contra la dignidad de una persona o grupo, con el fin de crear un ambiente intimidatorio u hostil, debido a las causas de discriminación.

Dar instrucciones o órdenes que tienen el objetivo de discriminar a alguien por las razones establecidas en la ley.

Cualquier acción negativa o trato injusto que una persona o grupo recibe por intervenir en un caso de discriminación.

Medidas para prevenir, eliminar o compensar la discriminación.

Separar a los estudiantes por motivos socioeconómicos o por alguna de las causas de discriminación.

La interpretación de la ley se debe ajustar a los tratados internacionales de derechos humanos y jurisprudencias relevantes.

Los derechos de no discriminación son un mínimo. Si otras leyes ofrecen más protección, prevalecerán.

La ley debe interpretarse de manera que se proteja a las personas que sufren discriminación.

Todo acto de inducción, orden o instrucción para discriminar o realizar actos de intolerancia por las causas especificadas en la ley. Esto implica instigar a otros a cometer discriminación o intolerancia.

El derecho a ser tratado de manera igual y justa sin importar el origen, la raza, género, religión o cualquier otra característica protegida por la ley.

La prohibición de establecer diferencias o exclusiones en el acceso al empleo en función de las causas protegidas por la ley. Esto incluye la selección, formación, promoción, remuneración, jornada laboral, despido y otras condiciones laborales.

Los servicios públicos de empleo, las entidades colaboradoras y las agencias de colocación deben garantizar el respeto del derecho a la igualdad de trato y no discriminación indirecta, utilizando métodos como un currículum anónimo.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento del derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo y las condiciones laborales.

Los empleadores no pueden preguntar sobre el estado de salud del candidato durante el proceso de selección.

La negociación colectiva no puede imponer limitaciones o exclusiones en el acceso al empleo o las condiciones laborales en función de las causas protegidas por la ley.

La prohibición de establecer limitaciones o exclusiones en el acceso o desarrollo de actividades por cuenta propia en función de las causas protegidas por la ley.

Los acuerdos individuales entre trabajadores autónomos y clientes, así como los acuerdos de interés profesional entre asociaciones y empresas, deben respetar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación.

El alcance de esta ley se aplica a personas físicas o jurídicas de carácter privado, sin importar su nacionalidad, domicilio o residencia, siempre que residan o actúen en territorio español.

Conjunto de instituciones que componen el poder público, incluyendo la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, las entidades de la Administración Local, la Administración de Justicia, y el sector público institucional según la Ley 39/2015.

Esta ley se aplica a diversos ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, el transporte, la cultura, la seguridad ciudadana, la administración de justicia, la protección social, el acceso a bienes y servicios, establecimientos públicos, publicidad, medios de comunicación, internet, redes sociales, actividades deportivas, entre otros.

Es cualquier acto, conducta, criterio o práctica que limita o excluye a una persona o grupo de personas por una de las causas mencionadas en el artículo 2 de esta ley.

Es una diferencia de trato justificada objetivamente por una finalidad legítima y que es proporcional y necesaria para alcanzarla.

El derecho a la igualdad de trato y no discriminación es un principio fundamental que debe aplicarse en todas las ramas del derecho, incluyendo la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

Las políticas públicas que abordan la discriminación deben considerar las necesidades específicas de las mujeres y las niñas, ya que enfrentan obstáculos en áreas como la educación, el empleo, la salud y la justicia.

Esta ley protege a todas las personas que hayan sufrido discriminación, independientemente de su origen, religión, edad, o cualquier otra condición.

Las personas discriminadas tienen derecho a recibir información clara y precisa sobre sus derechos y los recursos disponibles para enfrentar la discriminación.

Se garantiza el acceso a la información sobre derechos y recursos para las personas con discapacidad en formatos accesibles, como lectura fácil, Braille, lengua de signos.

Las personas discriminadas tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito antes de presentar una denuncia por discriminación.