Legislación y Delegación: Estado Liberal

El estado liberal se caracteriza por su intervención para mantener el orden público y limitar el poder, pero con la premisa de que los ciudadanos actúen libremente. Su función es garantizar que las normas se cumplan, pero no interfiere en las decisiones de los individuos.

El estado social surge como evolución del estado liberal. Manteniendo los principios de libertad individual, este estado añade la responsabilidad estatal de asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a derechos básicos, como sanidad y educación.

En el estado social, el estado interviene para garantizar el acceso a derechos básicos para todos los ciudadanos. Esto implica la provisión de servicios sociales, como la sanidad y la educación, y la creación de políticas para reducir la desigualdad.

El estado social, al asumir la responsabilidad de brindar servicios básicos a la sociedad, tiene un rol activo en la economía. Esto puede dar lugar a una mayor complejidad y la necesidad de gestionar recursos de manera eficiente.

La creciente demanda de servicios sociales por parte de la población puede llevar a la crisis del estado social. La complejidad de las necesidades sociales y la necesidad de recursos adicionales pueden generar tensiones para el estado.

Supuesto de la realidad que se puede precisar al momento de aplicar una norma.

Conceptos que representan experiencias o valores y son relevantes para el análisis del caso.

Sólo hay una solución correcta para aplicar la norma a un caso concreto.

Diferencia la discrecionalidad administrativa de la legal, ya que la legal solo permite una solución justa por caso.

Control de la discrecionalidad

Margen de libertad que tiene la autoridad para tomar decisiones en el marco de la ley.

El control de la discrecionalidad garantiza que la autoridad no se desvíe de su objetivo legal.

Los hechos que desencadenan la aplicación de la discrecionalidad deben ser comprobados objetivamente.

El Gobierno tiene la autoridad de dictar normas con rango de ley en determinadas áreas si el Parlamento se lo delegue.

El Parlamento debe fijar el plazo para la delegación y definir el área específica en la que el Gobierno podrá legislar.

El Parlamento no puede delegar en el Gobierno la autoridad para modificar las leyes que regulan la delegación.

Si se quiere fusionar varias leyes en una sola, el Parlamento debe otorgar al Gobierno la facultad a través de una ley ordinaria.

Las leyes de bases establecen los principios y criterios que el Gobierno deberá seguir al legislar.

El Gobierno no puede delegar su poder de legislación en otras autoridades.

Si una ley se opone a una delegación legislativa, el Gobierno puede detener su proceso.

Las leyes delegadas del Gobierno se llaman Decretos Legislativos.

El principio de participación de los ciudadanos en la elaboración de los reglamentos tiene rango constitucional.

Los reglamentos deben ser aprobados por el Pleno de la corporación después de que se haya elaborado el proyecto, incluyendo los informes, documentos y consultas necesarios.

El reglamento debe publicarse en el diario oficial correspondiente para que tenga eficacia.

Los reglamentos no pueden regular las materias con absoluta discrecionalidad, deben respetar los principios generales del derecho, la ley y la constitución.

Afecta a la forma en que se elabora un reglamento. Un órgano debe tener la facultad de dictar un reglamento.

Se refiere a la materia sobre la que el órgano puede dictar un reglamento.

La falta de competencia por razón de materia conlleva la nulidad del reglamento.

Los reglamentos deben ajustarse a la ley y a la Constitución.

Modelo de organización donde el trabajo se divide en departamentos especializados, las decisiones se toman centralizadas, el poder fluye de arriba hacia abajo y se premia el rendimiento individual.

Modelo de organización donde el trabajo se divide en órganos con competencias específicas, la estructura es jerárquica, las reglas de comportamiento son uniformes, se premia el mérito y la capacidad y las decisiones se toman de forma descentralizada.

El aparato organizativo que forma parte del poder ejecutivo y se encarga de cumplir los objetivos e intereses públicos.

Facultad que tienen los poderes públicos para decidir cómo se organiza la administración.

Característica del modelo de Taylor donde las decisiones se toman en la cúspide de la jerarquía, sin participación de los niveles inferiores.

Característica del modelo de Weber donde las decisiones se toman en los niveles más cercanos a la ciudadanía.

Característica de la administración pública donde se le reconocen derechos y obligaciones.

La capacidad que tienen los trabajadores en el modelo de Weber, basada en su cualificación y experiencia.

El recurso directo contra un reglamento tiene efectos erga omnes, lo que significa que afecta a todos. Para garantizar la seguridad jurídica, la sentencia debe publicarse en el mismo diario oficial donde se publicó el reglamento impugnado.

El recurso indirecto se dirige contra un acto administrativo que se basa en un reglamento ilegal. De acuerdo con la Ley 29/1998, las personas interesadas o afectadas pueden interponerlo.

La legitimación para los recursos directos contra reglamentos es más amplia que para los recursos indirectos. Esto se debe a que los primeros afectan a la generalidad, mientras que los segundos se dirigen a actos concretos.

El recurso indirecto se puede interponer contra cualquier acto administrativo basado en un reglamento ilegal, siempre que se notifique el acto. El plazo para interponerlo es de dos meses desde la notificación.

La invalidez o nulidad de un reglamento por un recurso indirecto es de pleno derecho, lo que significa que no se subsana con el paso del tiempo.

La sentencia en un recurso indirecto normalmente tiene efectos inter partes, es decir, sólo afecta a la persona que ha interpuesto el recurso. Sin embargo, hay excepciones para evitar fallos contradictorios sobre la validez del mismo reglamento.

La cuestión de ilegalidad en los recursos indirectos tiene como propósito expulsar del ordenamiento jurídico un reglamento ilegal. Esto significa que la norma se considera inválida y ya no se puede aplicar.