Legislación sobre Protección de Menores

Un proceso de evaluación para determinar si un menor está expuesto a situaciones que amenazan su bienestar físico, psicológico o social.

Un plan con objetivos, acciones, recursos y plazos para abordar las necesidades del menor y su familia.

Factores que protegen al menor de situaciones de riesgo.

La participación activa de la familia en la creación y ejecución del Proyecto de Intervención.

A partir de los 12 años, el menor tiene derecho a expresar su opinión sobre el proyecto de intervención.

La obligación de colaborar con el proyecto de intervención, lo que incluye la participación en las actividades y el cumplimiento de las responsabilidades.

Declaración oficial que determina que un menor está en situación de riesgo, emitida por la administración pública competente.

La administración pública tiene la responsabilidad de coordinar la intervención cuando un menor es trasladado a otra región.

La Ley 21/87 incluye la protección de los menores en el Código Civil, creando una legislación específica para ellos.

El concepto de "desamparo" reemplaza al de "abandono", ofreciendo una perspectiva más amplia para la protección de menores.

Medidas de protección para menores que no pueden convivir con sus padres, incluyendo diferentes tipos de acogimiento.

La tutela por ministerio de la Ley se establece para proteger a menores que se encuentran en situación de desamparo, mediante el apoyo de las instituciones.

El acogimiento es una medida de protección que permite que menores desamparados sean cuidados en hogares temporales.

Se considera menor de edad a alguien cuya edad no se puede determinar, hasta que se establece su edad real.

La Ley 21/87 crea un nuevo sistema de adopción, con regulaciones específicas y procedimientos.

Procedimiento para determinar la edad de un menor en el que se realiza un juicio de proporcionalidad para evaluar la fiabilidad del documento de identidad.

Pruebas médicas que se realizan para establecer la edad de un menor.

La Administración Pública debe ser supervisada por el Ministerio Fiscal para asegurar acciones responsables en la protección de menores.

La Ley 21/87 ha tenido un impacto significativo en la protección de menores en España, lo cual se refleja en la descentralización de competencias, desjudialización y la integración de la protección de los menores en las políticas de servicios sociales.

Consentimiento informado del menor que se requiere para realizar las pruebas médicas.

Comunicación al Ministerio del Interior sobre la adopción de medidas de guarda o tutela para menores de edad.

La Ley 21/87 se basa en el principio de integración familiar y el bienestar del menor, colocando al menor en el centro del proceso. Es una ley orientada a la protección del menor y a promover su desarrollo.

Las entidades públicas deben garantizar los derechos de los menores desde el momento en que acceden a un recurso de protección.

Revisión periódica de las medidas de protección para los menores, cada tres meses para menores de tres años y cada seis meses para mayores de esa edad.

En decisiones cruciales que afectan a un menor, se necesita un informe de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en las áreas relevantes.

Los padres, tutores o representantes legales del menor, así como un defensor judicial (si hay conflicto) y el Ministerio Fiscal, deben participar en el proceso para proteger los intereses del menor.

La decisión tomada debe incluir la motivación, los criterios utilizados y cómo se ponderaron, los intereses considerados y las garantías procesales.

Las decisiones tomadas pueden ser revisadas si no se considera el interés superior del menor o si hay cambios significativos en las circunstancias que motivaron la decisión.

Los menores tienen derecho a recibir asistencia jurídica gratuita en los casos que la ley establece.

Los menores disfrutan de los derechos reconocidos por la Constitución Española y los tratados internacionales, como la Convención de Derechos del Niño y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad son los principales referentes a la hora de interpretar las leyes que protegen a los menores.

El estado debe garantizar el respeto por los derechos de los menores y adaptar sus acciones a la ley y a la normativa internacional.

Se devolverá a la Autoridad Central requirente indicando los motivos concretos de la devolución con el fin de que pueda subsanarlos.

Se solicite el desplazamiento de una persona menor de edad incursa en un procedimiento penal o sancionador o que haya sido condenada o sancionada por la comisión de cualquier ilícito penal o administrativo.

No se haya respetado el derecho fundamental de la persona menor de edad a ser oída y escuchada, así como a mantener contactos con sus progenitores o representantes legales, salvo si ello es contrario a su superior interés.

Se remitirán por escrito a la Autoridad Central española, que las transmitirá a las autoridades competentes del Estado miembro requerido para su tramitación.

La tramitación y aprobación de dichas solicitudes se regirá por el Derecho Nacional del Estado miembro requerido.

La Autoridad Central española remitirá la decisión del acogimiento requerido a la Autoridad solicitante.

Las solicitudes de acogimiento y los documentos adjuntos que se dirijan a una autoridad extranjera deberán acompañarse de una traducción a una lengua oficial del Estado requerido o aceptada por este.

Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los derechos de los menores adaptando su proyecto general a las características personales de cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que persiga el bienestar del menor, su desarrollo físico, psicológico, social y educativo en el marco del plan individualizado de protección que defina la Entidad Pública.

Cuando la administración pública competente para apreciar e intervenir en la situación de riesgo estima que hay un peligro para el menor que puede requerir separarlo de su familia, o si después de un periodo de intervención no se han logrado cambios para garantizar la seguridad del menor, se pone en conocimiento de la Entidad Pública para valorar si se declara la situación de desamparo.

La Entidad Pública puede decidir si declara la situación de desamparo, a pesar de la propuesta de la administración pública competente para apreciar la situación de riesgo.

Si la Entidad Pública no declara el desamparo, a pesar de la propuesta de la administración pública competente para apreciar la situación de riesgo, la administración pública que intervino en la situación de riesgo y el Ministerio Fiscal son informados.

El Ministerio Fiscal puede supervisar la situación del menor, pidiendo información a las escuelas, servicios sociales, sanitarios u otros.

La administración pública competente para intervenir en la situación de riesgo toma medidas para prevenir, intervenir y hacer un seguimiento de posibles riesgos durante el embarazo.

Se considera situación de riesgo prenatal la falta de cuidado físico de la madre embarazada, el consumo abusivo de drogas o cualquier acción que dañe el desarrollo del bebé.

Los servicios de salud y el personal sanitario deben informar a la administración pública competente y al Ministerio Fiscal sobre la situación de riesgo prenatal o cualquier otra situación que ponga al menor en peligro.

Después del nacimiento, se continúa con la intervención del menor y su familia para determinar si es necesario declarar la situación de riesgo o desamparo del menor para protegerlo.