Legislación sobre Protección de Datos

Un enfoque que garantiza la protección de datos desde las primeras etapas de diseño de un proyecto, incorporando medidas técnicas y organizativas para cumplir con los principios de protección de datos.

Un concepto que promueve la implementación de medidas técnicas y organizativas que minimizan la recopilación y procesamiento de datos personales desde el principio.

Conjunto de medidas implementadas para proteger los datos personales de accesos no autorizados, modificación, divulgación o destrucción.

Un registro que documenta los tratamientos de datos personales, incluyendo la finalidad, tipo de datos, destinatarios y medidas de seguridad implementadas.

Un proceso formal para evaluar el impacto potencial de un proyecto en la protección de datos, identificando riesgos y mitigando posibles daños.

El derecho fundamental a la protección de datos garantiza a las personas el control sobre sus datos personales y su uso, evitando el tráfico ilícito y protegiendo la dignidad y los derechos de los ciudadanos.

Este derecho permite a las personas oponerse al uso de sus datos personales para fines distintos a los que justificaron su obtención.

La Ley Orgánica 5/1992, conocida como LORTAD, marcó el comienzo de la regulación legal del tratamiento automatizado de datos personales.

La Ley Orgánica 15/1999 reemplazó a la LORTAD para incorporar la Directiva 95/46/CE europea.

La Directiva 95/46/CE europea, transpuesta a la legislación española, busca proteger la privacidad de las personas físicas y la libre circulación de datos.

El consentimiento proporcionado por un individuo para el tratamiento de sus datos personales debe ser verificable. La organización responsable del tratamiento debe poder demostrar que el individuo otorgó su consentimiento.

El RGPD exige transparencia en el manejo de datos personales. La información proporcionada a los individuos debe ser clara, concisa y fácil de entender, empleando un lenguaje sencillo.

El RGPD establece un conjunto de información que debe proporcionarse a los individuos sobre el tratamiento de sus datos personales. Esta información debe ser completa y abarcar aspectos como la base jurídica del tratamiento, la intención de transferencias internacionales y la existencia de decisiones automatizadas.

La información sobre el tratamiento de datos personales debe ser proporcionada por escrito, incluyendo los medios electrónicos cuando sea apropiado.

El responsable del tratamiento de datos debe designar un Delegado de Protección de Datos (DPO) si realiza tratamientos a gran escala o trata datos sensibles. El DPO actuará como punto de contacto para consultas relacionadas con la protección de datos.

El RGPD se aplica a las empresas dentro y fuera de la Unión Europea que procesan datos de ciudadanos de la UE, ya sea que ofrezcan bienes o servicios a estos o monitoreen su comportamiento.

El RGPD cubre a empresas que procesan datos de ciudadanos de la UE, incluso si no tienen una presencia física en la UE.

Los ciudadanos tienen nuevos derechos como el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad de datos, además de los derechos tradicionales de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

El derecho al olvido le permite a una persona solicitar que se eliminen sus datos personales si ya no hay una razón legítima para conservarlos.

El derecho a la portabilidad permite a un individuo obtener una copia de sus datos personales en un formato legible por máquina y transferirlos a otro proveedor.