Isabel II y la Primera Guerra Carlista

La primera guerra carlista (1833-1840) fue un conflicto armado que surgió en España tras la muerte de Fernando VII, en el que los partidarios de Carlos María Isidro, hermano del rey, se enfrentaron a los defensores de Isabel II para tomar el trono.

Los carlistas representaban los intereses del absolutismo y se oponían a las reformas liberales. Buscaban mantener las estructuras económicas del Antiguo Régimen.

Los isabelinos apoyaban a Isabel II y promovían las ideas liberales. Buscaban una monarquía constitucional y la modernización de la sociedad.

La guerra se extendió por zonas rurales del País Vasco, Navarra, parte de Cataluña, Aragón y Valencia. Contó con el apoyo de sectores contrarios al liberalismo, como parte del campesinado.

Las potencias contrarrevolucionarias, como Rusia, Prusia, Austria y Nápoles, apoyaron a los carlistas. Mientras que Francia y el Reino Unido, con quienes se firmó la Cuádruple Alianza de 1834, apoyaron a los isabelinos.

La ofensiva isabelina, liderada por Espartero, debilitó al carlismo. Al final, el Convenio de Vergara (1839) puso fin a la guerra. Maroto, líder carlista, firmó el acuerdo con Espartero.

Las consecuencias de la guerra fueron numerosas. Las hostilidades provocaron un gran número de muertes y episodios de violencia. También contribuyeron a acelerar el cambio político en España, impulsando las reformas liberales.

La guerra carlista no fue solo una disputa por la sucesión al trono, sino también un choque ideológico y social entre el absolutismo y el liberalismo.

La guerra carlista intensificó la deuda pública, limitó la desamortización y obstaculizó el desarrollo industrial.

En 1834, María Cristina aceptó la inclusión de los liberales moderados en el gobierno para obtener apoyo y promulgó el Estatuto Real.

El Estatuto Real limitaba el poder de las Cortes y restringía el sufragio a una minoría con recursos económicos.

Las protestas populares y el incendio de la fábrica de Bonaplata causaron una profunda crisis en el régimen del Estatuto Real.

Para calmar las protestas, la regente nombró un gobierno progresista liderado por Mendizábal, con el objetivo de reformar el estado y derrotar a los carlistas.

El programa reformista de Mendizábal, aunque popular, provocó su destitución y la vuelta de los moderados al poder.

Los gobiernos progresistas de Mendizábal y Calatrava eliminaron las estructuras del Antiguo Régimen y establecieron una monarquía parlamentaria.

La Constitución de 1837 incluyó elementos progresistas como la soberanía nacional y derechos civiles, pero también elementos moderados como la segunda cámara y la financiación del culto católico.

La abolición del régimen señorial y la desamortización de tierras fortalecieron la propiedad privada, beneficiaron a la burguesía y consolidaron los fundamentos del liberalismo económico.

La abolición de los señoríos, la desvinculación de mayorazgos y las desamortizaciones de bienes del clero fueron los tres componentes clave de la reforma agraria impulsada por el sistema liberal.

En 1837, tras la aprobación de la Constitución, los moderados ganaron las elecciones y suspendieron el funcionamiento de la Constitución, gobernando de forma autoritaria y restringiendo libertades.

El gobierno de los moderados acentuó la centralización política durante su periodo de gobierno.

Las revueltas ciudadanas, impulsadas por los progresistas, llevaron a la formación de juntas. La regente apoyó a los moderados, pero el enfrentamiento terminó con la victoria de los progresistas liderados por el general Espartero, obligando a María Cristina a renunciar a la regencia.

Espartero impulsó las libertades durante su gobierno, incluyendo la negociación de un arancel librecambista que abrió el mercado a los tejidos de algodón ingleses. Esto provocó protestas de la industria textil catalana, lo que llevó a Espartero a bombardear Barcelona y declarar el estado de guerra.

En 1843, las cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina, frente al levantamiento popular contra Espartero, impulsado por la oposición progresista y los generales moderados.

Bajo el gobierno moderado, se consolidó un estado liberal con carácter conservador y centralista. Este orden se basó en la burguesía conservadora, principalmente agraria, para frenar el carlismo y el avance de los sectores populares.

Un levantamiento militar que expulsó a Isabel II del trono en 1868 y dio paso al Sexenio Democrático.

Un período político de seis años en España (1868-1874) caracterizado por la búsqueda de un sistema más democrático tras la expulsión de Isabel II.

El primer gobierno tras la Revolución Gloriosa, encargado de organizar elecciones y preparar una nueva Constitución.

La primera Constitución verdaderamente democrática de España, aprobada en 1869. Estableció la monarquía constitucional, el sufragio universal masculino y una amplia declaración de derechos.

Rey italiano elegido por las cortes españolas en 1870 para reinar durante el Sexenio Democrático. Su reinado fue corto y difícil, con la oposición de muchos sectores españoles.

Líder progresista clave en la Revolución Gloriosa y la posterior elección de Amadeo I como rey. Asesinado en 1870.

La incapacidad de los partidos políticos españoles para unirse y trabajar juntos para la estabilidad del país.

Los diferentes partidos políticos que existieron durante el Sexenio Democrático, con diferentes ideologías y agendas.

Consistió en la venta de tierras pertenecientes a la Iglesia y a los municipios para obtener fondos que redujeran la deuda pública y financiaran la industrialización.

El objetivo era crear una clase media agraria de campesinos propietarios, mejorar la productividad del campo y el desarrollo económico. Sin embargo, no se cumplieron las expectativas.

La mayor parte de las tierras fueron compradas por la nobleza y la burguesía urbana, mientras que los pequeños campesinos no pudieron acceder a ellas. Esto incrementó la desigualdad social y provocó el descontento campesino.

La Iglesia Católica vio reducidas sus bases económicas, mientras que el Estado se comprometía a mantener económicamente al clero.

El proceso de desamortización tuvo un impacto negativo en los ayuntamientos al privarlos de recursos provenientes de las tierras comunales. Esto afectó la educación pública.

La desamortización generalizada condujo a la eliminación de la propiedad colectiva y la consolidación de la propiedad privada. Este proceso benefició a la burguesía, que se convirtió en la nueva clase terrateniente.

Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, en conjunto, afectaron aproximadamente a una quinta parte de las tierras en España.

A pesar de sus resultados mixtos, las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz lograron reducir la deuda del Estado y consolidaron el apoyo de la nobleza y la burguesía al liberalismo.

La Primera República Española de 1873 fue un período de gran inestabilidad política y social marcado por diversos conflictos, incluyendo la Tercera Guerra Carlista, la oposición de la Iglesia Católica y el descontento social. Su incapacidad para resolver estos problemas condujo a su fin en 1874 con el golpe de estado del general Martínez Campos y el comienzo de la Restauración Borbónica.

La insurrección cantonal, un movimiento republicano de la pequeña burguesía y el movimiento obrero, buscaba dividir España en cantones con autonomía. Este movimiento es considerado un antecedente del anarquismo en España.

La desamortización es la expropiación de bienes vinculados, como los de la Iglesia y las corporaciones municipales, para su posterior venta en pública subasta. Este proceso se llevó a cabo en España durante el reinado de Isabel II, con la finalidad de fortalecer al Estado y generar recursos.

El proceso de desamortización tuvo diversos objetivos, incluyendo la obtención de ingresos para la deuda pública y la financiación de la Guerra Carlista. Además, se buscaba ampliar la base social del liberalismo al permitir la adquisición de bienes a nuevos sectores.

Juan de Mendizábal fue un importante político liberal del siglo XIX, conocido por las medidas de desamortización que implementó durante su gobierno.

La desamortización eclesiástica tuvo un impacto significativo en la economía y sociedad española. Se vendieron grandes cantidades de tierras pertenecientes a la Iglesia, lo que generó importantes ingresos para el estado y modificó la estructura de la propiedad.

La desamortización civil, que consistía en la expropiación de bienes municipales, se produjo con menos intensidad que la desamortización eclesiástica. Fue implementada a partir de 1855.

Las desamortizaciones de la época de Isabel II tuvieron un impacto profundo en la estructura social y económica de España. Con la introducción de nuevas formas de propiedad se impulsó el desarrollo del mercado interno, aunque este proceso también estuvo acompañado de desigualdades en la distribución de la riqueza.