Impunidad Ambiental en Países en Desarrollo

Actos dañinos al ambiente, como vertederos, emisiones, extracción de recursos o destrucción de especies protegidas, llevado a cabo de forma generalizada o sistemática.

Que se refiere a los daños que afectan a la seguridad del planeta, como la degradación global de ecosistemas o la pérdida de recursos vitales.

Las consecuencias del ecocidio en la salud de la población, como enfermedades, muertes o despojo de recursos.

La intención de provocar daños en la seguridad planetaria, incluyendo el dolo eventual. Esto significa que el autor era consciente o debería haber sido consciente del alto riesgo de su acción.

Una variante dentro del tipo subjetivo del delito, donde el autor no tenía intención de causar daño ambiental, pero actuó a pesar de conocer el riesgo.

Propuesta para tipificar el ecocidio como un delito sin necesidad de probar la intención del autor, responsabilizando a la empresa por cualquier daño al medio ambiente.

Propuesta de tipificación del ecocidio que incluye daños causados por accidentes o efectos colaterales de la actividad empresarial.

Propuesta para tipificar el ecocidio que toma en cuenta la intención o la negligencia del autor.

Delitos ambientales que cruzan fronteras nacionales, impactando a múltiples países.

La acción física o la inactividad que da lugar a la contaminación o el daño ambiental.

El impacto del delito ambiental se extiende más allá de los límites de un país.

Implica la contaminación del aire, agua, suelo, comercio ilegal de productos animales o vegetales.

La Convención que propone tipificar los delitos ecológicos transfronterizos, como la contaminación o el comercio ilegal.

Se enfoca en actividades peligrosas para el ambiente o la salud humana, sin llegar al punto de amenazas a la seguridad del planeta.

Incluye actividades que contaminan el aire, el agua o el suelo, así como la gestión de residuos y el manejo de materiales peligrosos.

Incluye acciones como la caza, captura o comercio ilegal de especies animales o vegetales protegidas.

Países en desarrollo con sistemas legales débiles, gobernanza deficiente y una fuerte dependencia de la explotación de recursos naturales. Atraen inversiones extranjeras pero son vulnerables a la corrupción y la explotación ambiental.

Las empresas multinacionales aprovechan las debilidades de los países en desarrollo para obtener beneficios a través de la explotación de recursos naturales, sin asumir responsabilidad por el daño ambiental.

Las empresas extractivas operan en países en desarrollo a pesar de los daños que causan al medio ambiente y las comunidades locales. La vulnerabilidad del sistema institucional facilita la captura de las autoridades.

El crecimiento económico de un país está basado en la explotación de sus recursos naturales, pero los beneficios son absorbidos por las empresas extranjeras, dejando a la población local en situación de pobreza.

Debido a la falta de control y la corrupción, los países en desarrollo se convierten en un espacio donde las empresas pueden operar sin rendir cuentas por sus acciones, incluyendo la contaminación y la destrucción ambiental.

Las estructuras criminales organizadas aprovechan el crimen ambiental para mover bienes de forma ilícita a través de las fronteras. Su red de contactos facilita el tráfico de personas, armas y drogas.

El cambio climático impacta desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables, mientras que las empresas multinacionales que contribuyen al problema obtienen beneficios. Es un ciclo injusto donde los más débiles sufren las consecuencias.

Para evitar la impunidad ambiental, es necesario fortalecer la justicia y la gobernanza, así como promover la transparencia y la participación ciudadana.

La corrupción o el cabildeo por parte de empresas influyentes puede llevar a la aprobación de leyes ambientales débiles que permiten actividades dañinas al medio ambiente.

La corrupción medioambiental es más común en países con economías débiles y sistemas democráticos frágiles.

La falta de control por parte de las instituciones democráticas facilita la corrupción ambiental.

Las empresas multinacionales aprovechan su poder económico para obtener beneficios a expensas del medio ambiente en países con sistemas débiles.

El ejecutivo promete ventajas a las empresas, el legislativo crea leyes laxas y el judicial no investiga a las empresas corruptas.

Las empresas multinacionales pueden usar su peso económico y reputacional para presionar a los gobiernos y obtener permisos para explotar recursos.

La corrupción medioambiental puede impedir el buen gobierno y favorecer la explotación de recursos naturales.

Es importante tener una definición clara de ilícito ambiental para proteger efectivamente el medio ambiente.

La ley no exige textualmente que la pena se acerque al máximo previsto, pero la graduación judicial puede considerarla en casos de agravantes.

Para considerar la agravación en la letra a), se requiere la falta de autorización para la actividad específica que se acusa. Si existe autorización para una actividad diferente (menos peligrosa), la agravación persiste.

La agravación en la letra b) se aplica cuando el autor ignora requerimientos explícitos de la autoridad. No basta con una desautorización general.

Las prohibiciones antes de la acción punible no se consideran para aplicar el artículo 327 b) del Código Penal.

Si se presenta una solicitud de autorización y luego se reconoce que se cumplían las condiciones, la extralimitación en la actividad permitida no se considerará como agravación.

La ley incorpora modificaciones en el artículo 18.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para crear Secciones de Medio Ambiente, encargadas de investigar y perseguir delitos relacionados con el medio ambiente e incendios forestales.

La Directiva establece que las conductas delictivas deben ser "ilícitas", lo que significa que violan la legislación comunitaria sobre el medio ambiente.

La Directiva exige que las conductas delictivas se cometan con intención o por negligencia grave.

La Directiva define el peligro como "causar o poder causar la muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales al medio ambiente".