Fundamentos de la Constitución Española

• España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho.
• Los valores superiores del ordenamiento jurídico español son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
• La soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado.
• La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
• La Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la Nación española, considerada la patria común e indivisible de todos los españoles.
• Se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España y la solidaridad entre todas ellas.
• El castellano es la lengua española oficial del Estado.
• Todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo.
• Las demás lenguas españolas también son oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, según sus Estatutos.
• La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección.
• La bandera de España está formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, con la franja amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
• Los Estatutos pueden reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y actos oficiales.
• La capital del Estado es la villa de Madrid.
• Los partidos políticos expresan el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, siendo un instrumento fundamental para la participación política.
• La creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos.
• Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
• La creación y el ejercicio de la actividad de los sindicatos y asociaciones empresariales son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos.
• Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
• Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución.
• Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
• Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
• Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la libertad y la igualdad, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
• La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Dignidad, Derechos y Libertades Fundamentales

• La dignidad de la persona, sus derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social.
• Las normas sobre derechos fundamentales se interpretan de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados internacionales ratificados por España.

Nacionalidad y Extranjería en España

• La nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde según lo establecido por la ley.
• Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad.
• El Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos con vínculos particulares con España.
• Los españoles pueden naturalizarse en estos países sin perder su nacionalidad de origen, incluso si estos países no reconocen reciprocidad.
• La mayoría de edad en España se alcanza a los 18 años.
• Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas garantizadas, según los tratados y la ley.
• Solo los españoles tienen los derechos del artículo 23, excepto el derecho al sufragio en elecciones municipales, que puede extenderse a extranjeros por tratado o ley bajo criterios de reciprocidad.
• La extradición se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley, bajo el principio de reciprocidad, excluyendo delitos políticos (pero no actos de terrorismo).
• La ley define los términos en que ciudadanos de otros países y apátridas pueden gozar del derecho de asilo en España.

Igualdad y Derechos Fundamentales

• Los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social.
• Todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin tortura ni tratos inhumanos o degradantes, queda abolida la pena de muerte, salvo en leyes penales militares en tiempos de guerra.
• Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, limitada solo por el orden público protegido por la ley.
• Nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias y ninguna confesión tiene carácter estatal.
• Los poderes públicos tienen en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y cooperan con la Iglesia Católica y otras confesiones.
• Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, y no puede ser privada de ella sino en los casos y formas previstos por la ley.
• La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones, con un máximo de 72 horas, tras las cuales el detenido debe ser liberado o puesto a disposición judicial.
• Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y de manera comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, sin obligación de declarar, y tiene garantizada la asistencia de abogado durante las diligencias policiales y judiciales.
• "Habeas corpus" es el procedimiento para la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
• La ley determina el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
• Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
• El domicilio es inviolable, y ninguna entrada o registro puede hacerse sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
• Se garantiza el secreto de las comunicaciones, especialmente postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
• La ley limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
• Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente de España, sin limitaciones por motivos políticos o ideológicos.
• Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
• Se reconocen y protegen los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y a la libertad de cátedra.
• Se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
• La ley regula el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
• El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante censura previa.
• La ley regula la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, garantizando el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
• Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
• El secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información sólo puede acordarse en virtud de resolución judicial.
• Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, no necesitando autorización previa.
• Se requiere comunicación previa a la autoridad para reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones.
• La autoridad solo puede prohibirlas si hay razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
• Se reconoce el derecho de asociación.
• Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito.
• Las asociaciones deben inscribirse en un registro a efectos de publicidad.
• Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas por resolución judicial motivada.
• Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
• Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
• También tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes (solo españoles).
• Todas las personas tienen derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos, sin que pueda producirse indefensión.
• Todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación, a un proceso público sin dilaciones y con garantías, a utilizar medios de prueba, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
• Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no constituyan delito, falta o infracción administrativa en el momento de cometerse.
• Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, sin trabajos forzados.
• Los condenados a prisión gozarán de los derechos fundamentales, salvo los limitados por la condena, el sentido de la pena y la ley penitenciaria, teniendo derecho a un trabajo remunerado, Seguridad Social, acceso a la cultura y desarrollo integral.
• La Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad.
• Se prohíben los Tribunales de Honor en la Administración civil y en las organizaciones profesionales.
• Todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza.
• La educación busca el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.
• Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones.
• La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
• Los poderes públicos garantizan el derecho a la educación mediante programación general y creación de centros docentes.
• Se reconoce la libertad de creación de centros docentes a personas físicas y jurídicas, dentro del respeto constitucional.
• Los profesores, padres y alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.
• Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
• Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos legales.
• Se reconoce la autonomía de las Universidades.
• Todos tienen derecho a sindicarse libremente, con posibles limitaciones o excepciones para las Fuerzas Armadas y otros cuerpos sometidos a disciplina militar.
• La libertad sindical incluye el derecho a fundar sindicatos, afiliarse, formar confederaciones y organizaciones sindicales internacionales.
• Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato.
• Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
• La ley regulará el ejercicio de este derecho, asegurando el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
• Los españoles tienen el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
• Los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercer este derecho individualmente y según su legislación específica.

Derechos y Deberes de los Ciudadanos

• Los españoles poseen el derecho y el deber de defender España.
• La ley regulará las obligaciones militares, la objeción de conciencia y otras causas de exención, pudiendo establecer una prestación social sustitutoria.
• Se podrá establecer un servicio civil para fines de interés general.
• Mediante ley, se pueden regular los deberes ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
• Todos contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos según su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio.
• El gasto público debe asignar equitativamente los recursos y ser eficiente y económico en su programación y ejecución.
• Solo se pueden establecer prestaciones personales o patrimoniales de carácter público conforme a la ley.
• Hombres y mujeres tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
• La ley regula las formas de matrimonio, edad y capacidad para contraerlo, derechos y deberes de los cónyuges, causas de separación y disolución y sus efectos.
• Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
• La función social delimitará el contenido de estos derechos, de acuerdo con las leyes.
• Nadie puede ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante indemnización conforme a ley.
• Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
• A las fundaciones les aplica lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22, sobre asociaciones.
• Los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para sus necesidades y las de su familia, sin discriminación por sexo.
• La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
• La ley regula las peculiaridades del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas.
• La estructura interna y funcionamiento de los Colegios deben ser democráticos.
• La ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre representantes de trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
• Se reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.
• La ley que regule este derecho incluirá garantías para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
• Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
• Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, según las exigencias de la economía general y la planificación.