Financiación Servicios Sociales

Financiación del Sistema Público de Servicios Sociales

• La Comunidad Autónoma debe garantizar la financiación suficiente y estable para los servicios sociales, asegurando las prestaciones garantizadas
• Los Ayuntamientos, agrupaciones locales y Diputaciones deben incluir recursos para servicios sociales en sus presupuestos, siguiendo un reparto financiero establecido
• Las fuentes de financiación pública incluyen presupuestos de la Junta de Comunidades, Ayuntamientos/Diputaciones y posibles aportaciones del Gobierno central y otras entidades públicas.
• También se permite la financiación a través de contribuciones de usuarios, entidades privadas y otras aportaciones legales

Financiación de Servicios Sociales de Atención Especializada

• La administración responsable del servicio financia los servicios de atención especializada
• La administración decide la gestión, preferentemente propia, basándose en criterios de efectividad, calidad y eficiencia
• La consejería financia las prestaciones garantizadas reconocidas previamente
• Las entidades privadas financian sus propios servicios

Financiación de Equipamientos de Servicios Sociales

• La consejería colabora en la financiación de equipamientos públicos necesarios
• La Junta de Comunidades fomenta equipamiento para Atención Primaria y Especializada, con colaboración de los Ayuntamientos en el suelo y urbanización
• Las entidades privadas financian sus propios equipamientos, pudiendo participar en convocatorias públicas si se ajustan al sistema público.

Participación de Usuarios en la Financiación

• La Junta establece qué prestaciones del sistema público tendrán copago
• El copago se basa en equidad, progresividad, redistribución y universalidad
• Los criterios para determinar el copago se regulan, considerando capacidad económica, naturaleza del servicio y coste.
• Ningún usuario puede quedar excluido por falta de recursos, ni tampoco la calidad o prioridad del servicio debe depender del copago
• La Junta puede utilizar contratos para obtener pagos de los usuarios, basados en bienes heredados o en venta.

Modificación de la Ley 14/2010 (Ley 4/2021)

• Se modifica el artículo 67.3 para incluir la afectación de los ingresos económicos de los usuarios de servicios residenciales al pago de su participación en el coste del servicio.

Iniciativa Privada en Servicios Sociales

• Personas físicas y jurídicas privadas pueden crear centros y gestionar prestaciones públicas, ajustándose a la ley
• La Junta puede colaborar con iniciativa privada, especialmente social, para la provisión de servicios públicos, ajustándose a sus objetivos.
• Las entidades privadas pueden ser de iniciativa social (fundaciones, asociaciones) o mercantil (empresas con ánimo de lucro)
• Las entidades privadas se sujetan a autorizaciones y registros establecidos por la ley.

Este cuestionario aborda la financiación pública del sistema de servicios sociales en la Comunidad Autónoma. Se exploran las responsabilidades de diferentes entidades, incluyendo Ayuntamientos y Diputaciones, así como las fuentes de financiación disponibles y su gestión. Es importante para entender cómo se garantizan las prestaciones y la calidad de atención especializada.