Financiación de Servicios Sociales y Atención Especializada

<p>Cada administración pública titular de esos servicios. (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Con recursos propios y legales establecidos. (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Que se le reconozca el derecho a dicha prestación. (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Buscar la máxima eficiencia y calidad. (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Aportaciones de usuarios y entidades privadas. (B)</p> Signup and view all the answers

<p>La Consejería competente en servicios sociales (B), La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Suelo e infraestructuras de urbanización (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Beneficio privado (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Capacidad económica (D)</p> Signup and view all the answers

<p>La titularidad en los servicios sociales (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Está prohibido por insuficiencia de recursos económicos (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Cualquier modalidad contractual (B)</p> Signup and view all the answers

<p>La naturaleza del servicio y su coste (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Financiar equipamientos de su titularidad (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Respetando el criterio de capacidad económica (B)</p> Signup and view all the answers

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha garantiza la financiación suficiente y estable para los servicios sociales, asegurando las prestaciones garantizadas.

Los Ayuntamientos deben incluir en sus presupuestos la financiación necesaria para los servicios sociales de su competencia, según la participación financiera establecida.

El Sistema Público de Servicios Sociales puede financiarse con recursos del Estado, la Comunidad Autónoma, los Ayuntamientos, otras entidades públicas y aportaciones de usuarios y entidades privadas.

La administración responsable de un servicio social especializado es la que también lo financia.

La administración responsable de un servicio social especializado puede elegir el método de provisión, con preferencia por la gestión propia, siempre buscando la efectividad, calidad y eficiencia.

La Consejería de Servicios Sociales financia las prestaciones garantizadas de los servicios sociales especializados para las personas que tienen derecho a recibirlas.

Las entidades privadas son responsables de financiar los servicios sociales especializados que administran.

La Consejería de Servicios Sociales colabora con la financiación de equipamientos públicos necesarios para la prestación de servicios sociales. Esto se puede lograr mediante diferentes métodos legales.

El gobierno regional (Junta de Comunidades) promueve los equipamientos necesarios para la atención primaria y especializada de servicios sociales. Los ayuntamientos deben proporcionar terrenos e infraestructura para nuevos equipamientos.

Las entidades privadas financian sus propios equipamientos para servicios sociales. Sin embargo, pueden aplicar a fondos públicos si ofrecen servicios del catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.

El sistema público de servicios sociales puede incluir una cuota de copago para los usuarios. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha decide qué servicios conllevan copago.

El copago en los servicios sociales se basa en principios de equidad, progresividad, redistribución y universalidad. Esto significa que el pago debe ser justo, adaptado a la capacidad económica del usuario y no debe excluir a nadie del acceso a los servicios.

La cuantía del copago se determina según la capacidad económica del usuario, la naturaleza del servicio y su coste. La prioridad en atención y la calidad del servicio no deben verse afectadas por el copago.

El gobierno regional puede usar contratos para garantizar el pago de la aportación por parte de los usuarios. Esto puede incluir la obligación de pagar con bienes de propiedad del usuario.

Los ingresos económicos de las personas que usan servicios sociales de carácter residencial se consideran para calcular su participación en el coste del servicio.

La ley 4/2021 ha modificado la normativa sobre el copago en los servicios sociales. Se ha aclarado que el pago debe respetar el criterio de capacidad económica y universalidad, y que los ingresos económicos de los usuarios de servicios residenciales se consideran para el cálculo del copago.