PREGUNTAS LEC 210 en adelante

Las resoluciones que se dictan en una vista, audiencia o comparecencia se pronunciarán oralmente en el mismo acto.

La resolución se documentará con el fallo y una breve motivación.

Si todos los participantes están presentes y aceptan no recurrir, la resolución se declara firme en el acto.

Si no se declara firme en el acto, el plazo para recurrir comienza desde la notificación de la resolución escrita.

Las sentencias en procesos civiles no se dictarán oralmente.

Las resoluciones judiciales deben dictarse dentro del plazo establecido por la ley.

Si no se cumple el plazo, se puede aplicar una corrección disciplinaria, a menos que haya una justa causa.

Las sentencias y demás resoluciones definitivas se publican y depositan en la Oficina judicial.

Las sentencias que se dicten en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, deben ser comunicadas a la Comisión Nacional de la Competencia.

Cuando un tribunal no posee expediente judicial electrónico, se deben incluir certificaciones literales de las sentencias definitivas en los autos del caso.

Los tribunales con expediente judicial electrónico deben asegurar que la sentencia firmada electrónicamente se incorpore al expediente.

Cada tribunal debe mantener un libro de sentencias donde se registran las decisiones definitivas, autos de igual naturaleza y votos particulares.

Cada tribunal debe llevar un libro de decretos que registre las decisiones definitivas en orden cronológico.

Los tribunales no pueden modificar las resoluciones ya firmadas, pero pueden aclarar conceptos oscuros o rectificar errores materiales.

Las aclaraciones de una resolución se pueden solicitar dentro de los dos días hábiles tras la publicación de la resolución.

La falta de acción por parte de las partes en un proceso legal no conduce a la caducidad del caso o del recurso.

Un caso o recurso se considera abandonado si no hay actividad procesal durante dos años en primera instancia, y un año en segunda instancia o en casación, desde la última notificación a las partes.

La caducidad no se aplica si el proceso se detuvo por fuerza mayor o causas ajenas a la voluntad de las partes.

La caducidad no se aplica en los procesos de ejecución forzosa. Estos pueden continuar hasta que se cumpla lo juzgado, independientemente del tiempo transcurrido.

Si la caducidad ocurre en segunda instancia o en casación, la apelación o recurso se considera desistido y la resolución anterior se declara firme.

La caducidad en primera instancia significa desistimiento, permitiendo presentar una nueva demanda, pero la acción puede quedar caducada.

La declaración de caducidad no incluye costas a pagar, sino que cada parte paga sus propias costas y las comunes por mitad.

Cada parte paga los gastos y costas del proceso que se generan a su instancia, a medida que se produzcan.

Si no se menciona en la impugnación las cuentas o minutas concretas y las razones de la discrepancia, el Letrado de la Administración de Justicia inadmitirá la impugnación a trámite.

El Letrado de la Administración de Justicia puede mantener la tasación original o introducir modificaciones tras escuchar al abogado o perito y considerar los dictámenes de los colegios profesionales.

Se pide un dictamen al colegio profesional del abogado o perito para determinar si sus honorarios son excesivos.

Si se impugna por partidas indebidas o por gastos no incluidos, el Letrado da tres días a la otra parte para pronunciarse.

Se puede impugnar tanto la inclusión de partidas indebidas como el exceso de honorarios, pero la resolución del exceso se retrasa hasta que se decida sobre la validez de la partida.

Si una parte tiene derecho a asistencia jurídica gratuita, no se discute en la tasación de costas la obligación de la Administración de pagar los honorarios.

El Letrado de la Administración de Justicia puede dictar un decreto manteniendo la tasación original o introducir modificaciones.

Si la impugnación se refiere a honorarios de abogados o peritos, se oirá a estos profesionales y se pedirá un dictamen al colegio profesional respectivo.

La ley establece el plazo máximo para dictar resoluciones judiciales.

Si no se cumple el plazo máximo establecido para dictar una resolución, se puede sancionar al juez, a menos que haya un motivo justificado.

Los gastos del proceso son desembolsos directamente relacionados con la existencia del proceso. Las costas son una parte de los gastos que cubren conceptos específicos, como honorarios de abogados, publicación de anuncios, depósitos para recursos, honorarios de peritos, copias de documentos y tasas judiciales.

Son los honorarios de los abogados y representantes técnicos que son obligatorios en un caso. Se incluyen en las costas del proceso.

Se consideran costas del proceso los gastos de publicar avisos o edictos requeridos por la ley durante el desarrollo del proceso.

Las cantidades que deben depositarse para presentar recursos o apelaciones también se consideran costas.

Los honorarios de peritos y otros profesionales que hayan trabajado en el proceso se incluyen en las costas.

Las copias de documentos oficiales o certificaciones que se soliciten de acuerdo con la ley forman parte de las costas. Las copias solicitadas por el tribunal de registros públicos son gratuitas.

Las tasas que se pagan por las actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso se consideran costas.

La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, si es necesaria, se considera una costa.

Los titulares de créditos derivados de las actuaciones procesales pueden reclamar su pago sin esperar a que el proceso termine, independientemente de la decisión final sobre las costas.

Una vez que la condena en costas es firme, se puede solicitar la tasación de las mismas para calcular el monto.

La parte que solicita la tasación de costas debe presentar los documentos que acrediten el pago de los gastos que están incluidos en la solicitud.

Los abogados, peritos y otros profesionales que hayan intervenido en el juicio pueden presentar una minuta detallada de sus honorarios y gastos para que se incluyan en la tasación de costas.

La tasación de costas la realiza el Secretario del Tribunal o el Letrado de la Administración de Justicia.

No se incluyen en la tasación los gastos por actuaciones inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley. Tampoco se incluyen los honorarios de los abogados u otros profesionales si no se han generado en el pleito o si no se expresan detalladamente.

El Letrado de la Administración de Justicia puede reducir el importe de los honorarios de los abogados y otros profesionales si son excesivos, a menos que se declare la temeridad del litigante condenado en costas.

La tasación de costas se traslada a las partes para que puedan impugnarla dentro de un plazo establecido.

El juicio ordinario es uno de los procesos declarativos en los que se resuelven demandas sobre temas legales complejos y con mayor cantidad de información.

Este proceso se aplica a demandas sobre la protección de la reputación y la imagen personal, así como otros derechos fundamentales.

En este proceso se resuelven disputas sobre la validez de decisiones tomadas por juntas o asambleas de empresas.

Este proceso se aplica a demandas sobre competencia desleal, protección de la competencia y propiedad intelectual.

El juicio verbal es otro proceso declarativo más simple y rápido que se utiliza para asuntos menos complejos.

Las normas de cuantía solo se aplican cuando no hay reglas específicas para el tipo de disputa.

Se aplica a demandas que buscan la protección de derechos colectivos o de consumidores y usuarios.

Se utilizan para resolver demandas sobre derechos económicos o personales que no requieren una investigación extensa.

La cantidad de dinero que se reclama en una demanda.

La cuantía se fija según el interés económico de la demanda, que se calcula de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo.

Si se reclama una cantidad de dinero específica, la cuantía de la demanda es esa cantidad.

Se usa el valor de los bienes muebles o inmuebles al momento de presentar la demanda, según los precios del mercado.

La regla de cálculo del valor de los bienes se aplica a las demandas sobre el dominio de los mismos.

Se utiliza el precio pactado en la compraventa, siempre que no sea inferior al valor catastral.

El valor de la demanda se fija atendiendo a la base imponible del impuesto sobre el derecho real en cuestión.

El valor se calcula por el importe total de las sumas garantizadas.

El valor se calcula por el importe de una anualidad multiplicado por diez, excepto para plazos menores a un año.

El valor se calcula por el importe total debido, aunque se pague a plazos.

La cuantía de la demanda es el importe de una anualidad de renta.

La cuantía se determina por la media del cambio medio ponderado de los valores durante el año anterior a la demanda.

La cuantía consiste en el coste de la prestación o el importe de los daños y perjuicios.

Reclamaciones de cantidades que se deben por impago de rentas u otras cantidades. También se utiliza para recuperar la posesión de inmuebles en caso de impago o expiración del plazo del contrato.

Se utiliza para recuperar la posesión de una finca rústica o urbana que ha sido cedida en precario. Se utiliza también para recuperar la posesión de un bien adquirido por herencia.

El juicio verbal se utiliza para obtener una resolución sumaria sobre la suspensión de nuevas obras. Esto significa que el tribunal decide rápidamente si se debe detener la construcción de una obra.

El juicio verbal sirve para obtener una resolución sumaria sobre la demolición o el derribo de estructuras en ruina que representan un peligro. Esto significa que el tribunal decide rápidamente si se debe demoler o derribar la estructura.

Se utiliza para que el tribunal reconozca y garantice la efectividad de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad.

El juicio verbal se utiliza para reclamar alimentos que se deben legalmente o por algún otro título.

Acción que busca corregir hechos inexactos y perjudiciales.

Se utiliza para resolver con carácter sumario el incumplimiento de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, como contratos de venta a plazos o de arrendamiento financiero.

El juicio verbal se utiliza para resolver de forma rápida el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, arrendamiento de bienes muebles o venta a plazos, si están inscritos en el Registro de Venta a Plazos.

El juicio verbal se usa para defender los intereses colectivos y difusos de los consumidores.

Se utiliza para resolver acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación. Se usa para resolver problemas entre usuarios y empresas.

El juicio verbal se utiliza para las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, siempre que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, sea cual fuere dicha cantidad

El juicio verbal se utiliza para resolver la acción de división de cosa común. Esto significa que el juicio se utiliza para dividir una propiedad que pertenece a varios dueños.